jueves, 9 de febrero de 2012

Llueven demandas contra gobierno panameño por ultraje a indígenas

PANAMÁ | Tras las protestas por la ley minera
Llueven demandas contra gobierno panameño por ultraje a indígenas
Las refriegas terminaron con dos muertos, decenas de heridos y detenidos, y decenas de millones de dólares en pérdidas a la economía nacional.

Personas protestan ante la Embajada de Panamá en Costa Rica (Efe)
EL UNIVERSAL
jueves 9 de febrero de 2012 11:50 AM
http://www.eluniversal.com/internacional/120209/llueven-demandas-contra-gobierno-panameno-por-ultraje-a-indigenas
Ciudad de Panamá.- El gobierno de Panamá enfrentará diversas demandas por el ultraje a indígenas Ngöbe-Buglé, en la occidental provincia de Chiriquí, y la violación de derechos humanos, confirmaron hoy juristas y ambientalistas panameños.

La ambientalista Carmen Tedman dijo este lunes a través de la radioemisora local RPC Radio, que la Policía Nacional ejecutó una operación militar contra indígenas que hace una semana bloquearon la vía Interamericana y utilizó granadas y otras armas de guerra, reseñó DPA.

Indicó que los Ngöbe-Buglé habían resistido durante varios días y consumían arroz, yuca, otoe y ñame, producidos en su comarca, cuando fueron atacados por aire y tierra por los agentes policiales.

La ambientalista sostuvo que los uniformados convirtieron el escenario en una "zona de guerra", en la que implantaron el "terror", que incluyó la detención de manifestantes opuestos a los proyectos mineros e hidroeléctricos en zonas comarcales.

De hecho, se investiga la muerte del adolescente Mauricio Méndez, de 16 años, acaecida la madrugada del martes en la comunidad de Las Lomas en la provincia de Chiriquí. Méndez murió a causa del estallido de un artefacto que le desfiguró el rostro. Sus familiares exigen justicia.

Tedman acusó al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de violar la Convención de Ginebra sobre los Derechos Humanos y tratados internacionales, sobre la atención de heridos en conflictos armados, al negar el acceso al área a socorristas de la Cruz Roja.

"No pudimos sacar a los heridos hasta dos días después. Teníamos heridos con las manos mutiladas", que habrían recibido el impacto de granadas, indicó la ambientalista, en contraste con versiones oficiales sobre un "manejo profesional" de la policía para despejar la bloqueada vía Interamericana.

Por su parte, el abogado Silvio Quiñones denunció la violación sexual de una niña indígena de 13 años de edad, quien fue capturada y sometida por agentes de la Policía Nacional.

Quiñones confirmó la redacción de un informe de abusos contra pueblos originarios que reclaman el derecho a la vida y vigilan el cumplimiento del acuerdo San Lorenzo 1, firmado el domingo para el cese de hostilidades y el inicio del diálogo.

Las refriegas terminaron con dos muertos, decenas de heridos y detenidos, y decenas de millones de dólares en pérdidas a la economía nacional. Sin embargo, el movimiento indígena se declaró en "estado de alerta", para evitar que sean burladas sus aspiraciones.

Quiñones atribuyó al gobierno la responsabilidad de la crisis, en la que fueron suspendidas en forma arbitraria las comunicaciones telefónicas provinciales, lo que ha sido calificado de violación a los derechos humanos y un atentado a la democracia.

Al respecto, el opositor Partido Popular interpuso el miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra una resolución de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que cortó el servicio de comunicaciones en Chiriquí, previo al ataque contra los indígenas, quienes respondieron con contraataques.

Milton Henríquez, presidente del Partido Popular, manifestó que sin ninguna autorización constitucional la ASEP emitió una resolución que ordenó a las empresas telefónicas suspender el servicio en Viguí, Chiriquí, y dejó incomunicada a esa parte de la población, que ha sido convertida en víctima de atropellos.

A su vez, el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens, denunció el "espionaje telefónico" contra figuras de la oposición, pero estimó que sería una "pérdida de tiempo" recurrir al Ministerio Público, ante el control que ejerce Martinelli en esa instancia.

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