Ngäbes denuncian que el gobierno incumple pactos
NICANOR ALVARADO DIXON
nalvarado@laestrella.com.pa
Heridos sin atención, detenidos, medidas cautelares y estudios en Barro Blanco sin respuestas. Los pendientes tras nueve meses de las protestas en San Félix
2012-11-27 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Si no fuera porque una bala policial perforó su pierna cuando protestaba contra la reforma minera en febrero pasado en San Félix y lo dejó postrado, Leonel Cedeño, un ngäbe de 23 años, estuviera a punto de graduarse como profesor de inglés en la Universidad de Panamá.
Pero no. En menos de lo que nunca imaginó, le tocó cambiar las aulas por una cama en la casa de sus padres, en Muna, un distrito comarcal colindante con el oriente de Chiriquí. De ellos depende para todo. Es que aunque el Estado prometió devolverle su vida, la de un joven que soñó con enseñar, hoy ve cómo se esfuma en su cara, sin mayor reparos.
Leonel es tan solo uno de los 136 de afectados por la última represión del gobierno, a través de la Policía y el Senafront, contra los ngäbes. De ellos, según balances de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, hay cuatro de gravedad. Están lisiados.
UN GOBIERNO EN DEUDA
Como la mayoría, aún esperan que el gobierno cumpla con parte del acuerdo firmado en la sede de las Naciones Unidad en Panamá en febrero, de indemnizar y proporcionar, a través del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS), las medicinas y tratamientos para superar las afectaciones que les dejaron las balas y perdigones aquellos días de horror en San Félix. Solo se ha escuchado del reparo a la familia de Jerónimo Rodríguez Tugrí, acabado de un escopetazo el 5 de febrero.
Hace aproximadamente un mes, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, y las autoridades de la comarca sostuvieron una reunión para coordinar el envío de funcionarios que evaluarían caso por caso a los afectados, sin embargo, explicó Ausencio Palacios, secretario de la coordinadora, eso no se ha concretado.
‘Cada familia debe costear la atención médica y los medicamentos’, denuncia.
En el Minsa no hubo respuestas. El ministro Javier Díaz confirmó que estaba en Canadá y por ello no podía hablar. Félix Bonilla, asesor del MINSA, dijo a La Estrella que no podía contestar por una reunión urgente en el ministerio.
LOS PROCESOS LEGALES
La saga de incumplimientos tras la represión va más allá. La dirigencia ngäbe reclama que aún nueve meses después de las manifestaciones, la justicia no haya cerrado todos los expedientes en su contra.
Si bien el gobierno se había comprometido a que no habrían represalias legales, el Ministerio Público mantiene medidas cautelares contra al menos 50 personas, por vandalismo y la quema de cuarteles en la semana de protesta en San Félix. También, asegura Palacios, hay detenidos y citaciones.
COMARCA VS. BARRO BLANCO
Pero no solo las tragedias personales arrinconan la relación Ngäbe Buglé-gobierno. También lo hacen los compromisos adquiridos alrededor del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
A mediados de año, un estudio topográfico ordenado por la ONU —explicó el dirigente del Movimiento 10 de Abril (M-10), Ricardo Miranda— determinó que aunque la hidroeléctrica está en Chiriquí, su embalse anega zonas comarcales.
La propietaria de la concesión —Generadora del Istmo (Genisa)— reconoció en febrero que su proyecto tiene una incidencia ‘pequeña’ sobre al menos siete hectáreas comarcales, en la ribera y servidumbre del río Tabasará. Los indígenas insisten en que afecta viviendas, cultivos y la vida de 14 especies en peligro.
Los disentimientos propiciaron una verificación de campo a finales de septiembre, cuyos resultados no han sido revelados, y que serían clave para determinar los daños y el futuro de la obra. El ministro Fábrega aseguró que esa gira de verificación significaría el agotamiento de los acuerdos. En un escenario paradójico, hoy el M-10 pedirá a la ONU respuestas. A su llamado se sumará la propia coordinadora, aunque el ministro Fábrega, en una entrevista para Al Jazeera, en marzo último, determinó: ‘Barro Blanco no será cerrado’.
En las comunidades cercanas al proyecto insisten en que su edificación se ha apresurado ante la ‘lentitud’ de los estudios.
¿Y EL PLAN DE DESARROLLO?
Hoy también, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé enviará una nota a Fábrega solicitándole el cumplimiento de los acuerdos.
‘No se le ha dado seriedad al asunto, y nosotros queremos acciones y que se busque una solución’, sostiene Ausencio Palacios.
Los reclamos se extienden a la falta de resultados en la mesa para el desarrollo integral de Ngäbe Buglé, una zona sumida en la desidia estatal: nueve de cada diez son pobres.
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