viernes, 15 de noviembre de 2013

Asep despoja a indígenas - La Prensa


PANORAMA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO
Para que Genisa construya su hidroeléctrica, Asep ordenó el desalojo de nativos y sugiere precios de compensación.
MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com
INFORME DE LA PNUD. Los impactos ecológicos de la hidroeléctrica afectarán el modo de vida y economía de las comunidades de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, dice el peritaje.
15/11/2013 - De “interés público y urgente”, así fue declarado por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Esto, a pesar de que su generación de 28.8 MW apenas funcionaría para cubrir la demanda de un centro comercial como el de Albrook.
Así lo indica una resolución del 21 de octubre pasado de esta institución y ahora indígenas ngäbes y buglés advierten el desalojo forzoso de tierras aledañas a su comarca, ordenado por la Asep.
El documento menciona que se mantiene una resolución anterior –la No. 6103 del 22 de abril pasado–, a pesar de haber sido impugnada.
El pronunciamiento ordena a nueve moradores de la zona a negociar sus tierras con la empresa, según los papeles de desalojo, y declara un “anticipo” que varía entre mil y $4 mil por sus terrenos.
El dirigente indígena Ricardo Miranda dijo que dicha resolución afecta a 200 indígenas de la comunidad de Kiad por el desalojo, pues se trata de tierras colectivas.
“Ya no hay diálogo, sino imposición y desalojo. La Ley 10 –que creó la comarca– establece que la tierra de comarca es colectiva y no se puede enajenar en ningún sentido, es un exabrupto de la Asep que se extralimita de sus funciones”, advirtió Miranda, y mencionó que su etnia exige el cierre del proyecto.
Este medio intentó obtener la versión de la Asep, pero al cierre de la edición, no hubo respuestas.
Los otrora indígenas Guaymíes pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –en un comunicado divulgado ayer– pronunciarse con la misma celeridad con la que actuó ante la demanda del grupo Panamá Avanza –autor de la campaña política negativa contra Juan Carlos Navarro– respecto a la demanda de nulidad del estudio de impacto ambiental de dicha hidroeléctrica, presentada en 2011.
Para el pueblo originario, es ilógico que se lleve a cabo un desalojo cuando la CSJ no se ha pronunciado.
El polémico proyecto hidroeléctrico –que construye la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) – se ubica en Tolé, Chiriquí, y abarca seis hectáreas de zonas adyacentes a la comarca Ngäbe Bugle.
Las contradicciones entre el estudio de impacto ambiental de la compañía respecto a informes de peritos internacionales y de Naciones Unidas han caracterizado esta inversión.
Los ngäbes cuestionan el hecho de que la empresa aseguraba que no se afectarían las poblaciones. Sin embargo, la decisión respaldada por la Asep refleja lo contrario.
Según el informe de Naciones Unidas, serían seis casas las afectadas por las inundaciones y otras 27 en la zona de amortiguamiento. A a su vez, peritos internacionales señalaron que habría más afectados, producto de la nueva orilla del embalse.
No se pierden seis hectáreas de zonas comarcales y cultivos, se perderá más, según el informe. Se “subestima el impacto total”, producto de la inundación del embalse, que llegará a niveles superiores a los que proyecta Genisa, por causa de las crecidas de los ríos, agrega.
Detalla el dirigente Miranda que 500 pobladores de las comunidades de Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada Caña serán perjudicados. Se anegarán sitios arqueológicos, petroglifos y cementerios de sus antepasados, un legado cultural invaluable para el mayor grupo aborigen del país.
¿QUÉ DICE LA ONU?
El peritaje del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en septiembre pasado, reveló como “aspecto crítico”, la pérdida de bosque de galería y alerta que el plan de reforestación “no incluye un censo detallado y geo-referenciado de árboles [...] tampoco se explica la forma cómo se restaurará” dicho bosque en las nuevas orillas del embalse”.
Confirma lo denunciado por los originarios: “hay una evidente falta de información y es obvio que los pobladores de estas comunidades no han sido consultados en forma correcta”.
La Prensa consultó a Julio Lasso, vocero de Genisa, pero no brindó declaración.
Silvano Vergara, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, que aprobó el estudio de impacto ambiental de la empresa para su construcción, dijo que sí se dieron las consultas. “[pero] no se puede consultar a todo el mundo”, sostuvo. Añadió que estarán pendientes de hacer cumplir las compensaciones ambientales.

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