viernes, 14 de febrero de 2014

PROYECTO EN COMARCA INDÍGENA

Polémica por Barro Blanco

Dirigentes indígenas advierten que no saldrán de sus tierras a orillas del rió Tabasará, pese a que el gobierno ya autorizó el ingreso al área.
OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com
14/02/2014 - Indígenas denunciaron ayer que buscan sacarlos de sus tierras para dar paso al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en las aguas del río Tabasará, Tolé, provincia de Chiriquí.
Según Ricardo Miranda, coordinador del indigenista Movimiento 10 de Abril, fueron notificados de que, a partir del lunes 17 de febrero, la empresa responsable del proyecto, Generadora del Istmo S.A. (Genisa), está autorizada a ingresar a sus fincas cercanas al afluente.
Miranda no descarta que para ese día se pretendan llevar a cabo desalojos con ayuda de la Policía Nacional y maquinaria de la empresa, pues varias familias se negaron a vender los terrenos donde han vivido por años para dar paso a la hidroeléctrica.
De hecho, a través de un edicto de notificación con fecha de 28 de enero de 2014, la Autoridad de Servicios Públicos comunica que “el día 17 de febrero de 2014 a las 10:00 a.m. se procederá a ingresar a las fincas o predios, a fin de que la empresa Generadora del Istmo tenga acceso a los mismos”.
Incluso, por medio de esa notificación se gira oficio al Ministerio de Gobierno solicitándole el apoyo en dicha diligencia de entrada a esas tierras comarcales.
Para el dirigente indígena lo anterior no es más que una violación de los derechos humanos de los grupos étnicos del país y las normativas de la comarca Ngäbe Buglé, ya que se les quiere despojar de las tierras ancestrales para permitir el desarrollo de una obra inconsulta.
ESTUDIO INCONSULTO
Desde sus inicios, Barro Blanco ha encontrado el rechazo no solo de agrupaciones indígenas sino también de los ambientalistas.
Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental (EIA) para el proyecto fue demandado por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en 2011 ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente porque no hubo una consulta pública apropiada con las comunidades anexas y que pertenecen a la comarca Ngäbe Buglé.
Los reportes de los dirigentes indígenas dan cuenta de que Barro Blanco afectará directamente a 270 personas que viven cerca de la cuenca del río Tabasará e indirectamente a 3 mil que dependen de ese afluente para diversas actividades.
Luisa Araúz, de la parte legal del Ciam, sostuvo que la represa se ha continuado construyendo a pesar de la demanda de nulidad que presentaron. “La demanda se sustentó en las violaciones que cometió tanto la Autoridad Nacional del Ambiente como la empresa en el tema de consulta con las comunidades”, acotó.
Araúz subrayó que en el foro público organizado para sustentar el proyecto solo participaron 41 personas y no fue realizado en el área comarcal. “Realmente fue un proceso con varias anomalías”, dijo la activista, quien recordó que esas tierras están protegidas por la Ley 10 que estableció la comarca.
En el Ciam enfatizan que Barro Blanco no es un proyecto de “interés público y de carácter urgente” como dicen el Gobierno y la empresa.
PERITAJE
Precisamente, un peritaje que se entregó en septiembre sobre ese proyecto, luego de que se formara una mesa de diálogo con la Iglesia, representantes de la Organización de Naciones Unidas y autoridades comarcales señaló: “La falta de una consulta adecuada con respecto al proyecto Barro Blanco ha creado una situación de miedo y extrema ansiedad entre los pobladores. Los impactos directos e indirectos no han sido claramente explicados y ciertamente pueden afectar a la comunidad por lo que deben ser mitigados”.
Pese a esto, se continuó con las obras, que ahora tienen un 64% de avance.
Por su parte, la cacica general, Silvia Carrera, indicó que desde un principio esta obra estuvo rodeada de engaños, ya que se dijo que no afectaría a la población de la comarca, pero muchas familias tendrán que salir de allí.
Carrera indicó que la hidroeléctrica colinda con la zona comarcal y que el área de embalse podría inundar permanentemente cerca de seis hectáreas, sin considerar las posibles inundaciones adicionales en tiempos de crecida del río Tabasará.
No obstante, la empresa Genisa sostuvo en un comunicado que la obra continuará con apego estricto a la Constitución y a las leyes.
La nota también menciona que solo son cinco los propietarios que están dentro de las hectáreas del embalse. “Estos cinco propietarios serán debidamente indemnizados de conformidad al proceso legal vigente en el país”, añadió Genisa.
Además, planteó que en el foro con la Iglesia, como mediadora, nunca se evaluó la continuidad de la hidroeléctrica. “La mesa se instaló exclusivamente para la revisión técnica del EIA”, menciona el comunicado.



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      Eso es lo que busca Martinelli y su banda, mas muertos como Maduro en Venezuela... por las protestas



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          ya todos sabemos que Panama pertenece a diez familias, que hacen y deshacen cuanta cosa quieran,estas ventas salvages y exageradas, les haran pasar factura al pueblo mas adelante y actualemente, jajajajajajajajajajajaja



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              En la época de Martín Torrijos se concesionaron e iniciaron varias hidroeléctricas fuera de las comarcas en lugares donde habian asentamientos indígenas es el caso de Changuinola 1. En Barro Blanco la obra está fuera de la comarca pero muy cerca colindan áreas de cultivos. En ninguno de los casos hubo consulta previa por lo que ocasionó muchos desacuerdos con las poblaciones. Pasados ya 6 a 7 años han ingresado a vivir en esos lugares indígenas que se trasladaron de la comarca, por lo que ahora están reclamando. El tema principal es que intervienen personas con distintos intereses politicos y económicos (abogados, ambientalistas, ideólogos, etc.) para sacar provecho, además algunos de los indígenas tienen afán de ganar liderezgo entre su población. En conclusión, es importante la consulta previa con las comunidades antes de la concesión y que personas inescrupulosas saquen sus manos frente a una situación tan delicada.



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                gracias Martinelli por vender las tierras que no te pertenecen jajajajajajajajaja



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                  Este es un tema bien complicado, mientras los ambientalistas en Costa Rica avalan los proyectos hidroeléctricos como una solución de energía renovable limpia, en Panamá lo atacan porque prefieren que usemos térmica por carbón o combustible. El país necesita desarrollarse y para eso necesita energía, unos apoyan la eólica, pero la eólica ahora preocupa a otro grupo de ambientalistas porque mata un gran número de aves migratorias. Si el problema es que esta fuera de la Comarca, y los indígenas quieren algo a cambio, denle caminos, electricidad y salud que lo necesitan y coloquenlo como parte del costo, aunque al final todos los pagaremos.



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                      los indigenas no quieren caminos, ni electricidad ni salud,,, hay que reformar esa ley que les ha regalado tanto terretirio a tan poca gente, como es posible que los panameños son extranjeros en su propia tierra??? la energia hidroelectrica es de las mas limpias y menos perjudiciales para el medio ambiente, y como dijiste por los parques eolicos tambien se oponen,,, la energia termica es la verdadera enemida del medio ambiente y del bolsillo de la gente tambien,,, no se puede poner en duda la seguridad energetica de un pais por correrle gustos a una minoria,, al final esas tierras no las utilizan para nada, porque ni culantro siembran,,,



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                          Es que el PRD puede secar los rios del pais y no salen los cholos estos a protestar vainas, ahora que Eisenmann y los dinosaurios los ajuparon, quien los para.
                          Se
                          trata del proyecto hidroeléctrico llamado Barro Blanco, cuyo embalse
                          afectará aproximadamente 7 hectáreas de un área anexa de la comarca
                          indígena, aunque las estructuras civiles están dentro del territorio de
                          la provincia de Chiriquí, en el paso del río Tabasará en el sector de
                          Tolé.
                          La hidroeléctrica fue otorgada en el 2007 a la empresa Generadora del Istmo S.A., de capital Hondureño, y está siendo construida por la empresa Panam Energy.
                          La fiebre por las hidroeléctricas se inició en el 2006, cuando el Gobierno de Martín Torrijos flexibilizó
                          los trámites de concesión y entregó gratuitamente la mayoría de estos
                          derechos. Esto atrajo al hombre más rico de la tierra, Carlos Slim;
                          familias adineradas del país y hasta salieron beneficiados amigos y
                          allegados del Gobierno de Torrijos.
                          En la administración de Torrijos se otorgaron 27
                          concesiones para hidroeléctricas, entre ellas Paso Ancho, que se
                          entregó a favor de la empresa Hydro Power y José Guillermo Lewis
                          Navarro, siendo en ese momento hermano del primer vicepresidente de la
                          República, Samuel Lewis Navarro.
                          Casi
                          para la misma fecha, la familia Kupnik-Lacayo, allegada de Torrijos,
                          recibió otra concesión gratuita para una hidroeléctrica llamada Bajos
                          del Totuma. Más tarde la concesión fue vendida al empresario Petter
                          Stern.
                          Otra
                          concesión que generó un problema legal fue la hidroeléctrica Bajo de
                          Mina, adjudicada a la empresa Ideal S.A., del magnate mexicano Carlos Slim, luego de que se le anulara en un proceso administrativo a César Lisac.
                          En
                          noviembre del 2010 la Corte Suprema de Justicia ordenó retornarle los
                          derechos de esta concesión a Lisac. Ahora la ASEP resolvió pedir el
                          rescate administrativo de la hidroeléctrica e indemnizar a Lisac.
                          Sin
                          embargo, Slim se mantiene en el negocio con otra hidroeléctrica llamada
                          Baitún, también otorgada en la administración de Torrijos.
                          Dentro de los grupos de familias locales que recibieron otras concesiones en el Gobierno de Torrijos también está la familia González Revilla,
                          que con la empresa Panama Power Holding tiene cinco hidroeléctricas en
                          construcción y diseño, y los Eleta, que con las empresa Electron
                          Invesment y Café Eleta S.A. tienen otras tres concesiones en la
                          provincia de Chiriquí.
                          Despues de 6 años que se otorgo la concesion de Barro Blanco, la cacica Silvia Carrera manifestó que es necesario un peritaje para corroborar que, en efecto, el proyecto hace daño a la Comarca Ngäbe-Buglé.
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                            La gran pregunta, porque no protestaron antes que comenzará el proyecto.



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                                Amigo Pedro, siempre lo han hecho y no solo los ngäbes, sino campesinos también, porque a todos afecta por igual. Desde 1999, el 10 de Abril se hizo una gran manifestación en contra de las 2 hidroeléctricas que pretendían imponer en este majestuoso Río Tabasará. Los Proyectos Tabasará 1 (en el actual sitio de Barro Blanco) y Tabasará 2. Ambas fueron impulsadas por el clan Virzi-Btesh con su Consorcio Tabasará SA. Se dieron violentas represiones contra los manifestantes, no solo indígenas sino campesinos también. Estas fueron ordenados por el tristemente célebre gobernador de Chiriquí de entonces a servicio de Mireya Moscoso y actualmente diputado Miguel Fanovich. De allí el inicio del grupo M-10 en recordación de aquella fatídica fecha. El proyecto Tabasará 1 fue desechado en la Corte y el Tabasará 2 pasó al limbo del olvido. No fue sino hasta 2007 cuando se resucitó el monstruo del Tabasará 1 ahora con otro nombre Barro Blanco. Esta vez del magnate hondureño Luis Kafie y capital centroamericano. Hay que enfatizar que este grupo llamado Luz y Fuerza San Lorenzo SA. o LUFUSSA maneja termoeléctricas en su país que producen el 30% de energía e inclusive se le acusa de delitos ambientales en aquella nación. Aquí manejan la empresa PANAM que también produce buena proporción de energía térmica. Las plantas de Chorrera y Bahía Las Minas están en su cartera. Esta empresa carece de toda experiencia en hidroeléctricas, ya que Barro Blanco es su primer proyecto y todo lo han querido improvisar. La historia se repite, La lucha continúa.



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                                  Indios de la v..... claro... ellos no necesitan luz .... pero afectan a la ciudad y al Metro.




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