lunes, 29 de septiembre de 2014

DEFENDAMOS EL DERECHO AL AGUA EN EL TABASARÁ...tomado de Panamá Profundo

DEFENDAMOS EL DERECHO AL AGUA EN EL TABASARÁ Y EN EL RÍO LA VILLA POR UNA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL QUE PROPICIE LA LIBERTAD, LA RESPONSABILIDAD Y LA TOLERANCIA

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  1. El agua
El MIREN ha observado que la actual administración presidencial de Juan Carlos Varela no está haciendo lo suficiente para contrarrestar la política de despojo del agua como un bien público que fue practicada sistemáticamente por su antecesor, Ricardo Martinelli. La represión de ríos enteros en múltiples segmentos ha provocado la escasez del líquido en amplias regiones, con perjuicio para la agricultura, la ganadería y la subsistencia misma de la flora y la fauna y de los comportamientos culturales asociados a su existencia. Ha habido, de hecho, una privatización del agua, cuyo uso obedece a factores de mercado y no para garantizar la vida humana.
Dos son los casos más emblemáticos de esta situación: la construcción de la represa de Barro Blanco y el envenenamiento sistemático y recurrente del río La Villa.
  1. La represa de Barro Blanco engulle las aguas del río Tabasará y perjudica a amplios sectores indígenas de la comarca Gnäbe-Buglé que vivían gracias a su cuenca en una sociedad de propiedad comunal y cultura ancestral, incompatible con el sistema capitalista que estimula el consumo desmedido, la propiedad privada y el atropello de las culturas conservadoras del ambiente. Los responsables de esta represa, ayudados por la represión policial, han continuado su construcción, con perjuicio para la vida silvestre y para las comunidades de la región.
El actual presidente de la República, en campaña, prometió públicamente que detendría la construcción de esta represa. La Corte Suprema de Justicia ha dictaminado que no es ilegal su estudio de impacto ambiental. Eso era de esperarse, dada la corrupción que impera en ese órgano del Estado. Lo que no es aceptable es que el presidente, Juan Carlos Varela, incumpla su promesa electoral.
El MIREN, por consiguiente, EXIJE al presidente el cumplimiento de su palabra. ¡Que se detenga Barro Blanco y que se llegue a un acuerdo justo con y para los indígenas!
  1. El envenenamiento del agua del río La Villa es imposible de pasar por alto, pues se da de forma recurrente y, por lo tanto, criminal. Dos veces se han repetido los altos niveles del tóxico artificial “Atrazina” en las aguas del río. Este compuesto, usado extensivamente en la agricultura para matar malezas, se filtra al río, única fuente de agua potable de la región, donde nuevamente ha alcanzado niveles alarmantes de concentración que han afectado la vida acuática. La Atrazina, en determinadas cantidades, puede producir desde enrojecimiento de los ojos y problemas en la piel, hasta afectaciones al hígado y a los riñones.
Esto es conocido por las autoridades sanitarias, ecológicas y agropecuarias del país; pero, negligentemente, han permitido que se siga usando este tóxico en las actividades agrícolas extensivas, obviando la gran cantidad de alternativas naturales y menos invasivas para el ambiente.
Es inexcusable este envenenamiento repetido e impune de las aguas del río La Villa. Por lo tanto, el MIREN EXIJE a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva que establezca quiénes son los culpables de estas acciones criminales y su correspondiente castigo, CONSIDERA al Gobierno, por su clara negligencia, responsable por los efectos dañinos que el veneno en el agua tiene para la vida y para la economía de la región y DEMANDA el seguimiento de sus efectos en la población de Azuero, las indemnizaciones que correspondan y el establecimiento de una política nacional que garantice la pureza y acceso al agua, no como un bien comercial, sino como un elemento vital para toda la sociedad.

  1. La educación sexual y la salud sexual y reproductiva
El MIREN ha observado con estupor cómo el tema de la educación sexual y de la salud sexual y reproductiva se ha ventilado de forma prejuiciada e incluso fundamentalista por círculos conservadores y religiosos. Hay casos como el de la Lic. Idalia Martínez, directora de la secretaría de la Niñez y la Familia, en que se ha llegado a confundir la sexualidad, que es propia de la naturaleza humana desde el nacimiento, con el coito; en otros, como los de la ex directora de Migración, Gloria Moreno de López y Geneva Aguilar, de la Alianza por la Vida y la Familia, se aducen atentados contra la patria potestad confundiéndolos con el derecho a la confidencialidad del paciente en caso de abuso sexual; e incluso está el caso del pastor Alberto González, presidente de la Alianza Evangélica de Chiriquí, quien considera que iniciativas como esta van contra la vida y contra la palabra de Dios.
Por otra parte, los promotores del Proyecto de Ley 61 han equivocado la estrategia al mantener dentro de un círculo cerrado sus consideraciones respecto de un asunto que, por su importancia y alcances, atañe a toda la población. Además, tal como ha sido redactado el proyecto, es evidente que hay errores de redacción que se prestan a interpretaciones difusas o erradas, cosa que es aprovechada por sus detractores para atribuir a su contenido una afectación profunda de las bases de la sociedad.
El MIREN detecta, igualmente, que los temas contemplados en el Proyecto de Ley 61 se quedan cortos, pues no consideran otros factores de la formación integral en sexualidad, como lo es, por ejemplo, la educación para la tolerancia de las orientaciones sexuales diversas; una política consistente de control de factores que estimulan el ejercicio irresponsable de la sexualidad, como determinada programación de medios de comunicación que promueve el morbo, y la proliferación, sin control y violatoria de las leyes, de garitos, prostíbulos, casas de masaje, casinos y locales de expendio de licor y drogas lícitas e ilícitas a ciencia y paciencia de las autoridades. Se trata, pues, de elementos del sistema económico-político que afectan a la sociedad, estimulan el hedonismo, el consumo, la consideración de las mujeres como un mero objeto y la afectación de los derechos humanos de las personas que ejercen en forma diferente su sexualidad.
La falta de una política integral e inclusiva sobre educación sexual ha llevado a los resultados que tristemente las estadísticas arrojan: una de cada cinco embarazadas es adolescente y en el 70% de esos casos, el padre es mayor de edad; 80% de las madres adolescentes no pueden continuar la escuela; aumentan los casos de violencia contra las mujeres (187 femicidios entre 2009 y 2013); se incrementan los abortos en condiciones peligrosas, los niños abandonados, los fetos en los basureros…
Estas cifras hablan de la inhumanidad de un sistema político y económico que promueve la discriminación social y la sexualidad irresponsable en aras del lucro de unos cuantos y que suele ocultarse tras pruritos pseudo morales, fanatismo y un conservadurismo que cuesta la vida de cientos de mujeres y niños y hace que se pierdan generaciones enteras en la enfermedad, el vicio o la delincuencia.
Por ello, el MIREN considera de la mayor urgencia ABRIR, PROMOVER y LLEVAR A TÉRMINO LO MÁS PRONTO POSIBLE una amplia discusión sobre el tema de la educación sexual y la salud sexual y reproductiva en aras de generar no solo leyes, sino una política integral sobre la materia y un involucramiento de la sociedad en el asunto que contribuya a la tolerancia, al ejercicio responsable de la sexualidad y a promover los cambios sociales y económicos indispensables para que esta política tenga éxito.
 
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE REFUNDACIÓN NACIONAL
MIREN
Dado en Panamá, a los 22 días del mes de septiembre de 2014.
 

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