Presa en Panamá causa la muerte masiva de peces, devasta las comunidades ribereñas
Investigación interna de la ONU revela incumplimiento de las pautas sociales y ambientales en el caso Barro Blanco
An English version of this article is available here El
Río Tabasará, uno de los más grandes de Panamá y la fuente de vida para
el pueblo indígena Ngäbe-Buglé, fue vaciado para realizar trabajos de
mantenimiento en la Represa Hidroeléctrica Barro Blanco la semana
pasada, dejando miles y miles de las más de 30 variedades de peces y
crustáceos para perecer en el lodo.
Ricardo Miranda, coordinador
general del Movimiento 10 de Abril que representa a las comunidades
afectadas, parado en el barro y escombros justo en las aguas arriba de
la represa, recogió un bagre de medio metro de largo, sosteniéndolo en
alto para la cámara.
“Quisiera aprovechar para denunciar la
Generadora del Istmo SA (GENISA), el dueño del Proyecto Barro Blanco,”
dijo a un camarógrafo local que lo subió a YouTube. “También denuncio al
Banco FMO de Holanda y al Banco DEG de Alemania, por financiar un
proyecto como este, que ha causado daños irreversibles al ambiente.”
Los
informes iniciales de la muerte de peces y las fotos que fueron
enviadas la semana pasada desde la comunidad Ngäbe de Kiad fueron
señaladas inicialmente como falsas, dijo Miranda en una entrevista
telefónica el jueves.
El
Ministerio de Medio Ambiente de Panamá, MiAmbiente, envió personal para
investigar la muerte de peces el domingo 13 de mayo. La agencia
confirmó en un comunicado de prensa que había ocurrido una mortandad de
peces y que la empresa había informado sobre la necesidad de bajar el
nivel del agua para trabajos de mantenimiento.
Los inspectores de MiAmbiente ven la devastación, aparentemente desde la plataforma de la presa. (Ministerio de Medio Ambiente)
Miranda,
quien creció en el Río Tabasará junto con su familia, ahora vive al
otro lado del distrito Ngäbe-Buglé, pero se fue al río apenas escuchó
las noticias. A su llegada encontró miles de peces muriendo en el sol.
Coyotes comían los peces moribundos y una persona recogía algunos para
llevar. El río había sido virtualmente vaciado, dejando a la población
ribereña expuesta en una vasta extensión de lodo, según Miranda, quien
observó solo unos cuantos charcos de agua con barro espeso justo encima
de la presa.
MiAmbiente prometió en su comunicado de prensa el
lunes que “se mantendrá la vigilancia al sitio con el fin de garantizar
el cumplimiento de la normativa que aplica para estos eventos y que se
hayan tomado las acciones que garantizan el normal desenvolvimiento de
los recursos naturales en la zona.”
Cinco comunidades Ngäbe-Buglé
viven a lo largo del río y han luchado constantemente contra la represa
desde que se propuso por primera vez. Cuando el río se inundó, destruyó
su bosque de alimentos y los cultivos de cacao y café de los que
dependían para su sustento. Nubes gruesas de mosquitos, antes
desconocidas en el área, se volvieron comunes. La pesca se volvió mucho
más difícil, pero aún era posible. Ahora, con la mortandad de peces, se
quedan sin fuente de proteína, dijo Miranda. Además, el río, del que
también dependen para el agua, está rodeado por 18 hectáreas de barro
profundo, y llegar al río para cruzar al pueblo más cercano se ha
convertido en una situación casi imposible.
Los
residentes de la comunidad Ngäbe de Kiad observan a los peces que
mueren en el río frente a sus hogares. El acceso al río se ha convertido
en un calvario cotidiano para la comunidad, que debe cruzarlo para
salir de su aldea. (Foto: Movimiento 10 Abril)
El gobierno
ofreció pagar a las comunidades para reubicarse, pero la comunidad de
Kiad en particular se ha negado a aceptar — por una parte por sus
principios, pero por otra parte debido a que el área adyacente y la
comunidad misma es un sitio sagrado, que alberga varias colecciones de
petroglifos prehistóricos que han sido el sitio de reuniones
ceremoniales donde el pueblo Ngäbe-Buglé se ha conectado
tradicionalmente con sus antepasados.
“Obviamente cuando uno ve
esta situación, se siente una impotencia muy grande porque todo esto es
lo que nosotros advertimos”, dijo Miranda, consternado. “Entonces cuando
entramos y vemos todo un desastre ecológico a merced de la presencia
del gobierno y una empresa que su único interés es lucrar, causando
daños irreversibles y muerte, tanto a animales como a personas, porque
aquí está atentando contra de la alimentación de los mismos pobladores
de las comunidades que viven de esto.”
La
líder Ngäbe, Weni Bagama, observa el daño a su comunidad de Kiad y sus
alrededores por las inundaciones causadas por la presa Barro Blanco en
febrero de 2017. (Foto: Tracy L. Barnett)
El vaciado del río
ocurrió en los días finales del período de comentarios públicos para el
borrador del informe de la Unidad de Cumplimiento Ambiental y Social
(SECU, por sus siglas en inglés) establecido para monitorear las
actividades relacionadas con el PNUD. Los investigadores concluyeron que
el PNUD violó sus propios protocolos en el proceso de diálogo que tuvo
como objetivo desactivar el conflicto que rodeaba a la presa Barro
Blanco. Los proyectos (principalmente una serie de mesas redondas
celebradas en 2015 y 2016 y un programa destinado a apoyar las reformas
dentro de la principal agencia gubernamental a cargo del proyecto Barro
Blanco) fueron financiados a un costo de más de $ 66 millones de
dólares.
El informe fue una respuesta a la denuncia formal
presentada el 22 de agosto de 2017 por el Movimiento 10 de Abril, que
representa a las comunidades afectadas por el proyecto. Se emitirá un
informe final al recibir y analizar los comentarios públicos.
Los
residentes de la comunidad afectada de Kiad, una de las cinco
comunidades indígenas de Ngäbe Buglé inundadas por la presa, revisaron
el informe en sus teléfonos móviles desde la lodosa orilla de su sagrado
río Tabasará. Desde que las compuertas se cerraron hace más de un año y
destruyeron la base agrícola de la comunidad y muchos hogares, los
residentes han tenido grandes problemas para sustentar la vida.
“Ya
hemos leído el informe y, en términos generales, estamos de acuerdo”,
dijo una de los líderes del Movimiento 10 de Abril, Adelaida Miranda
(Weni Bagama, por su nombre Ngäbe). “El informe hace análisis totalmente
en cómo fueron los procesos, e investigaron. Ese informe no solamente
es un informe de oficina sino que esas gentes vinieron al área e
hicieron entrevistas, vieron la situación del embalse y entonces ellos
emitieron eso en el informe. Estamos conformes, claro que esto no
soluciona todo, pero al menos estamos de acuerdo donde la SECU admite
que las Naciones Unidas no cumplió el papel que tenía que jugar.”
Los resultados del borrador del informe de SECU incluyeron lo siguiente:
•
La Oficina de País del PNUD en Panamá no aplicó los procedimientos
requeridos de evaluación ambiental y social a los proyectos en cuestión.
• El PNUD no preparó un análisis de interesados y un plan de
participación antes de la mesa de dialogo, como se requiere para los
compromisos del PNUD con los Pueblos Indígenas – compromisos que
presentan riesgos moderados (y probablemente significativos) para las
comunidades.
• El PNUD no cumplió con los requisitos de debida
diligencia, transparencia, consulta / consentimiento y derechos de los
pueblos indígenas después de que el Diálogo de Mesa Redonda concluyera
alrededor de junio de 2015. El PNUD, por ejemplo, no aseguró la
coherencia con las advertencias y conclusiones del Relator Especial de
la ONU. incluyendo advertencias de que procesos inadecuados de consulta y
consentimiento fueron la fuente de la mayoría de los problemas
relacionados con el respeto y la protección de los derechos indígenas, y
las medidas necesarias para garantizar el respeto de esos derechos.
El
Dr. Donaldo Sousa, presidente de la Asociación por los Derechos
Ambientales en la ciudad de Panamá, dijo que el borrador del informe
parece validar la demanda presentada por su asociación en 2016, contra
todos los implicados en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco,
incluida la empresa, funcionarios gubernamentales y no gubernamentales
como el PNUD, que fue la primera y única demanda penal contra un
proyecto de presa hidroeléctrica en Panamá hasta la fecha.
“Este
informe demuestra claramente que esta denuncia que nosotros introducimos
tenía fundamento y debió haber sido suspendido este proyecto como
medida precautoria por el daño que iba a causar, y no lo hicieron. El
problema era que tenía el apoyo de organismos internacionales tan
importantes como el PNUD, es lógico que se tiene un elemento que ha sido
determinante en todo este caso; pero también ha sido determinante la
corrupción e impunidad que existe en este caso. Y los intereses
económicos que se han antepuesto una vez más, destruyendo el
medioambiente y sobre todo impactando de una manera violenta a las
comunidades que ahí viven.”
Para Weni Bagama y su familia, cada día se ha convertido en una odisea, pero no tienen ninguna intención de darse por vencidos.
“Nosotros
seguimos haciendo la lucha,” dijo Bagama. “A las Naciones Unidos le
pedimos una disculpa y también lo pedimos a la autoridad nacional que
deben cancelar ese proyecto, porque ahorita mismo andamos por aquí
viendo el desastre que ha causado el vaciado…. Nosotros no hemos
renunciado a la cancelación de ese proyecto. Nosotros seguimos adelante
en la lucha, porque la lucha no ha terminado.”
La
líder Ngäbe Weni Bagama (derecha) estuvo entre los arrestados durante
las protestas de la presa Barro Blanco. (Foto: Oscar Sogandares)