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por William Hughes (FRENADESO) Domingo, 29 de Enero de 2012 15:23
Caricatura La Estrella de Panamá Lunes 30 de enero, Asamblea Nacional de Diputados, todos contra la Sala V.
El presidente Ricardo Martinelli se ha afanado en modificar leyes relacionadas a la minería. Cuatro meses después de su toma de posesión, la empresa INMET-MINERA PANAMÁ de Petaquilla, presentó el estudio de impacto ambiental a la ANAM. También consultores peruanos trabajaron con el ministro Roberto Henríquez para modificar la ley y se aprobó la Ley 30, que provocó la masacre de Bocas del Toro y las justificaciones atroces del director de la policía Gustavo Pérez de tal barbarie.
La Ley permitía la impunidad de la policía, daba un duro golpe a la organización sindical y debilitaba la Ley Minera. La complejidad de la lucha fue aprovechada por los mineros y sectores empresariales para lograr que se disminuyeran las exigencias de los estudios de impacto ambiental y se eliminara el pago a los ciudadanos que denunciaran violaciones ambientales.
En cuanto a la policía, pese a que se consensuó la eliminación de tales privilegios, el presidente Martinelli, arbitrariamente, se rehusó a firmar tal acuerdo y la impunidad se mantuvo.
En febrero se aprobó la Ley 8 y la oposición de grupos indígenas y campesinos obligaron a derogarla. También aquí los mineros se aprovecharon con la complicidad de los diputados y del gobierno. Al derogarse la Ley 8 no se restituyeron los artículos que habían sido modificados por lo que los mineros no han pagado al Estado por la explotación de los recursos minerales.
Esto no era desconocido por el gobierno y los diputados. Lo hicieron intencionalmente para justificar hacer cambios en la Ley Minera, como pretenden hacerlo ahora. Hablan de un ‘vacío jurídico’, que ‘el Estado no recibe ingresos por la minería’, cuestión que sabían que ocurriría si no se restituían los artículos modificados por la Ley 8. Con la propuesta que se pretende aprobar en sesiones extraordinarias los mineros salen más beneficiados.
Los cobros propuestos para las concesiones son ridículos. Algunos ejemplos: en la Ley 8 las concesiones de exploración de minerales piedra, arena, cascajo, etc. pagarían B/.2,000.00 y los metálicos (oro, plata, cobre, etc.) B/.5,000.00. La extracción era de B/.3,000.00 a B/.5,000.00 para los no metálicos, y de B/.10,000.00 a B/.20,000.00 para los metálicos.
La ley que se pretende aprobar disminuye estos montos a B/.75.00 y B/.100.00 para el primer caso, y de B/.300.00 y B/.450.00 para el segundo caso. Las fianzas de garantía son reducidas drásticamente de B/.50.00 a B/.0.10, por hectárea, y de B/.200.00 a B/.0.25 por hectárea, para exploración y extracción, respectivamente.
Son cifras vergonzosas. Se anulan los cobros por servicios de inspección y fiscalización de las concesiones. Los mineros están felices. Esto contradice el argumento del gobierno de ‘reestablecer’ los artículos, porque el gobierno debe recibir mejores ingresos por la actividad minera.
La causa de los cambios en la Ley Minera es el poder económico y político de los mineros, nacionales y extranjeros.
Argumentamos la Tesis de que detrás de su principal cabeza visible, Richard Fifer, están intereses económicos y políticos muy poderosos, de todos los partidos políticos. La mayoría de las concesiones mineras representadas por Fifer fueron obtenidas durante el gobierno del expresidente Guillermo Endara.
Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, del PRD, Fifer fue designado dirigente de CODEMIN y representante del gobierno en cuestiones mineras. Con la presidenta Mireya Moscoso, panameñista, Fifer fue designado gobernador de Coclé y su copartidario Ricardo Anguizola, director de la ANAM. Durante Martín Torrijos, PRD, el asesor de seguridad del Ministerio de Gobierno y Justicia, Marcel Salamín, apareció en la directiva de Petaquilla.
El gobierno del presidente Martinelli, CD, designó a Mario Jaramillo embajador de Panamá en EE.UU. Jaramillo está casado con Elsa Fifer, fue vicepresidente de Petaquilla y director de varias empresas junto con Fifer. A este poder se añaden las cementeras, canteras y extractoras de arena. No importa de qué gobierno se traté, este grupo de poder económico y político mantiene su influencia. El dinero sobre todas las cosas parece ser la consigna.
PROFESOR DE ECONOMÍA Y MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DE FRENADESO.
La Ley permitía la impunidad de la policía, daba un duro golpe a la organización sindical y debilitaba la Ley Minera. La complejidad de la lucha fue aprovechada por los mineros y sectores empresariales para lograr que se disminuyeran las exigencias de los estudios de impacto ambiental y se eliminara el pago a los ciudadanos que denunciaran violaciones ambientales.
En cuanto a la policía, pese a que se consensuó la eliminación de tales privilegios, el presidente Martinelli, arbitrariamente, se rehusó a firmar tal acuerdo y la impunidad se mantuvo.
En febrero se aprobó la Ley 8 y la oposición de grupos indígenas y campesinos obligaron a derogarla. También aquí los mineros se aprovecharon con la complicidad de los diputados y del gobierno. Al derogarse la Ley 8 no se restituyeron los artículos que habían sido modificados por lo que los mineros no han pagado al Estado por la explotación de los recursos minerales.
Esto no era desconocido por el gobierno y los diputados. Lo hicieron intencionalmente para justificar hacer cambios en la Ley Minera, como pretenden hacerlo ahora. Hablan de un ‘vacío jurídico’, que ‘el Estado no recibe ingresos por la minería’, cuestión que sabían que ocurriría si no se restituían los artículos modificados por la Ley 8. Con la propuesta que se pretende aprobar en sesiones extraordinarias los mineros salen más beneficiados.
Los cobros propuestos para las concesiones son ridículos. Algunos ejemplos: en la Ley 8 las concesiones de exploración de minerales piedra, arena, cascajo, etc. pagarían B/.2,000.00 y los metálicos (oro, plata, cobre, etc.) B/.5,000.00. La extracción era de B/.3,000.00 a B/.5,000.00 para los no metálicos, y de B/.10,000.00 a B/.20,000.00 para los metálicos.
La ley que se pretende aprobar disminuye estos montos a B/.75.00 y B/.100.00 para el primer caso, y de B/.300.00 y B/.450.00 para el segundo caso. Las fianzas de garantía son reducidas drásticamente de B/.50.00 a B/.0.10, por hectárea, y de B/.200.00 a B/.0.25 por hectárea, para exploración y extracción, respectivamente.
Son cifras vergonzosas. Se anulan los cobros por servicios de inspección y fiscalización de las concesiones. Los mineros están felices. Esto contradice el argumento del gobierno de ‘reestablecer’ los artículos, porque el gobierno debe recibir mejores ingresos por la actividad minera.
La causa de los cambios en la Ley Minera es el poder económico y político de los mineros, nacionales y extranjeros.
Argumentamos la Tesis de que detrás de su principal cabeza visible, Richard Fifer, están intereses económicos y políticos muy poderosos, de todos los partidos políticos. La mayoría de las concesiones mineras representadas por Fifer fueron obtenidas durante el gobierno del expresidente Guillermo Endara.
Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, del PRD, Fifer fue designado dirigente de CODEMIN y representante del gobierno en cuestiones mineras. Con la presidenta Mireya Moscoso, panameñista, Fifer fue designado gobernador de Coclé y su copartidario Ricardo Anguizola, director de la ANAM. Durante Martín Torrijos, PRD, el asesor de seguridad del Ministerio de Gobierno y Justicia, Marcel Salamín, apareció en la directiva de Petaquilla.
El gobierno del presidente Martinelli, CD, designó a Mario Jaramillo embajador de Panamá en EE.UU. Jaramillo está casado con Elsa Fifer, fue vicepresidente de Petaquilla y director de varias empresas junto con Fifer. A este poder se añaden las cementeras, canteras y extractoras de arena. No importa de qué gobierno se traté, este grupo de poder económico y político mantiene su influencia. El dinero sobre todas las cosas parece ser la consigna.
PROFESOR DE ECONOMÍA Y MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DE FRENADESO.
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