• Juez decreta embargo contra propiedades de Carlos Slim

  domingo 23 de noviembre de 2014 - 12:00 a.m.Juan Bosco Molina Rivera, juez Quinto de Circuito de lo Civil, decretó formal embargo de los bienes inscritos en Panamá

  
  

  

  
  

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  Ana Cerrud
  acerrud@laestrella.com.pa
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  Las propiedades en Panamá del hombre más rico del mundo han sido embargadas.
  Que se sepa, son seis fincas en Chiriquí, dos en Panamá, un apartamento en la capital y la central hidroeléctrica Bajo de Mina, por la que lo ha arriesgado todo; hasta la reputación.
  El juez Juan Bosco Molina Rivera firmó el auto al que ha tenido acceso La Estrella de Panamá y por el que se decreta formal embargo de las propiedades inscritas bajo Ideal Panamá, S. A., relacionada con el grupo económico de Carlos Slim, ciudadano mexicano de origen libanés, con empresas de múltiple índole alrededor de todo el mundo.
  Quien ha doblegado al magnate es Julio César Lisac Jiménez, ciudadano panameño de 82 años cumplidos, que hace más de cinco emprendió una lucha titánica para reclamar los derechos que, creyó, le debía la justicia.
  La decisión judicial, emitida este 20 de noviembre, considera procedente la solicitud de embargo presentada por Lisac, que ya en 2006 denunció cómo el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos favoreció que le quitaran una concesión de explotación hidroeléctrica para dársela a Carlos Slim.
  Desde 1997, Mina Hydro-Power Corp, con inversión internacional y Lisac a la cabeza, contaba con los permisos para estudiar la factibilidad de tres proyectos hidroeléctricos. Uno de ellos, Bajo de Mina, para producir 54 Mw, tenía en 2006 todos los estudios y permisos aprobados, la concesión recibida y el contrato de construcción firmado, cuando apareció en la escena el grupo Slim.
  Los que se presentaron primero como potenciales asociados y luego interesados compradores se convirtieron, en menos de un año, en quienes se hacen cargo de la concesión, que la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) le retira a Lisac tras no concederle una extensión solicitada de cinco meses para empezar las obras , cuando ya habían firmado el contrato de concesión de generación de energía.
  En tiempo récord, según relató en su momento el mismo Lisac, se empezó a construir la Central Hidroeléctrica Bajo de Mina, sobre un modelo que identificó copiado del suyo, que actualmente cuenta con una capacidad instalada de 55 Mw y un volumen de negocio de 50 millones de dólares al año.
  Por abuso de poder, espionaje industrial, competencia desleal y otras irregularidades, Lisac acudió a la justicia, que le dio la razón en 2010, cuando la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución con la que la ASEP le retiró la concesión en la que había trabajado durante casi diez años.
  Según el fallo, la ASEP actuó de forma poco diligente en el manejo de sus responsabilidades administrativas y argumenta incluso que fue la propia institución la que no hizo lo necesario para que Mina Hidro-Power Corp. pudiera empezar los trabajos acordados.
  El fallo a su favor nunca se ejecutó y Lisac completó solo un largo calvario que parece llegar hoy a un justo y feliz final.
  Como peritos avaluadores del embargo, en representación del ejecutante (Lisac), se nombra a Rodrigo Sánchez Delgado y Roberto Chung Hernández, a la espera de que comparezcan y acepten sus cargos, y a Rogelio Cruz Ríos, como administrador judicial.
  El Tribunal designará también su perito, según dicta Juan Bosco Molina Rivera, juez Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
  En otros tribunales de arbitraje internacional, como el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el caso enfrenta a Panamá a una multa de hasta 2,500 millones de dólares por contravenir acuerdos bilaterales con Estados Unidos, algunos de cuyos inversores tienen intereses en el grupo de Julio César Lisac.
  La compañía estadounidense Transglobal Green Energy, también Transglobal Green Panama, socio estratégico de Lisac, emplazó al Gobierno panameño a un acuerdo amistoso sobre la anulación de la concesión antes de emprender acciones legales internacionales.
  El plazo debió cumplirse en octubre del año pasado.
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