El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), Santiago Cantón, confirmó por correspondencia oficial, la solicitud que le hicieron al Gobierno Nacional de Panamá para que adopte medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngäbe asentado en el Valle del Río Changuinola, provincia de Bocas del Toro, afectados por los proyectos hidroeléctricos de AES-Changuinola.
"Suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en varios artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos", será la solicitud que el Gobierno Nacional tendrá que cumplir y brindar informes de avances en los próximos 20 días.
El fundamento de esta decisión se basa en el artículo 25 del Reglamento Oficial de la CIDH, que trata sobre medidas provisionales. Este artículo menciona que "en cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia; y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes...".
La denuncia ante la CIDH se realizó el 7 de marzo de 2008 y fue admitida en junio de 2008. La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá y Cultural Survival (CS) de EE.UU. ratificamos con documentación adicional y nuevas pruebas ante la CIDH, nuestra solicitud de medidas cautelares, en el mes de julio de 2008 y refutamos la defensa del Gobierno de Panamá ante esta instancia internacional que evalúa el avance del Proyecto Hidroeléctrico Changuinola I (Chan 75) y los daños que está causando a los bienes, honra y cultura de los Ngäbe asentados en el valle del Río Changuinola. Ahora, demandamos cumplimiento inmediato, por parte del Gobierno Nacional de Panamá a cargo del Presidente Martín Torrijos, como su debido seguimiento por el nuevo Presidente Ricardo Martinelli.
Hasta el momento el gobierno de Panamá ha negado de manera reiterada que el Estado panameño haya incurrido en violaciones a los Derechos Humanos de los indígenas residentes en el valle del Río Changuinola. Sin embargo, los propios indígenas Ngäbes han reiterado las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en los diferentes procesos administrativos y civiles que ha ejecutado el Estado panameño y la empresa AES Changuinola en el área del conflicto. Muestra de ello fue la participación directa del compañero Ernesto Lopez de la comunidad indígena Ngäbe de Charco de la Pava, como peticionarios oficial junto a la abogada Karine Rinaldi, Cultural Survival y ACD.
ACD como organización de la sociedad civil panameña, ha estado denunciando la gravedad de la situación, con el fin de evitar daños irreparables a las culturas indígenas y a la magnífica área protegida de categoría internacional como lo es La Amistad, que protege la inmensa riqueza biótica, paisajística y cultural de la cuenca del Río Changuinola. Nos complace en gran manera que luego de un año la CIDH ha resuelto de manera provisional, otorgar las medidas cautelares del caso denunciado y esperamos el informe de actuación del Gobierno de Panamá donde se observe el acatamiento de las mismas.
Carta de CIDH
