Banapiña en Barú: un Estado al servicio del despojo
Así, está planteado aquello que Warren Buffett denominó hace una década atrás como una guerra de clases sociales
Roberto Antonio Pinnock Rodríguez
En tierras bananeras del Barú, se viene dando una serie de anomalías consumadas en el contrato firmado el año pasado (2017) entre el Estado y la empresa Banapiña (cuya propietaria es la transnacional Del Monte).
Una de ellas alude a la situación de acoso judicial (judicialización de la lucha entre clases sociales) que se da a raíz de una demanda que la Anati ha interpuesto en contra de cientos de productores por el único supuesto delito de trabajar y producir para la región y sus hogares.
La acusación judicial, que consiste en 'lanzamiento por intrusos', es poco más que sarcástica, toda vez que se trata de familias que cuidaron y volvieron a producir por más de 20 años —más del tiempo que la ley les permite para ser sus dueños por la vía de la 'prescripción adquisitiva'— esas fincas que fueron abandonadas por la Chiriquí Land Company y el propio Estado.
Últimamente, se han dado incursiones desde la Procuraduría de la Administración, a través de la juez de paz del área de Barú, y posteriormente —el 11 de octubre—, en el área de La Grapa, esta autoridad de la administración de justicia local le comunicó a estos trabajadores bananeros su imposibilidad de introducirse a las fincas a realizar sus trabajos cotidianos. Siendo que por lo demás, una medida de esta naturaleza le correspondería al Juzgado Agrario y no a la Procuraduría de la Administración.
La cuestión es que esta funcionaria tiene el respaldo de la institución policial y Alcaldía del distrito de Barú —esta última obnubilada por lo que presuponen les ingresaría al tesoro municipal por las operaciones de esta empresa frutera—, lo que a su vez ha puesto de manifiesto que no hay contradicción alguna con las pretensiones del actual Ejecutivo de imponer, a como dé lugar, el despojo de las tierras en referencia para beneficio de las operaciones de Banapiña.
El meollo de este problema plantea intereses contrapuestos entre grupos de propietarios de capitales económicos —Banapiña y sus proveedores de servicios y bienes locales, nacionales e internacionales— y grupos de trabajadores que dependen de sus salarios o de pequeñas propiedades que no dan mucha oportunidad a acumular grandes capitales económicos.
Así, está planteado aquello que Warren Buffett denominó hace una década atrás como una guerra de clases sociales. En las ciencias sociales de teorización crítica, esto es equivalente a denominar esa confrontación cada vez más intensa en las bananeras del Pacífico, como una Lucha de clases. El proceso y el resultado es lo mismo, dicho por ese acaudalado multimillonario estadunidense o por Marx o por Theotonio Dos Santos.
Esto es doblemente irónico, por cuanto los 'jueces de paz' de la Procuraduría de la Administración, aquí parecen obedecer a consignas de confrontación. Las instituciones promovedoras de paz —oficiales, no gubernamentales, académicas y hasta eclesiales— andan mirando para otro lado, algunas esperando que la sangre llegue al río para luego hacer su 'aporte' mediador, con lo cual se convierten en cómplices de lo que resulte de esa contienda al no intervenir con ímpetu preventivo de manera oportuna.
Llama la atención que buena parte de la población baruense, fuera de los grupos que han trabajado estas fincas inicialmente abandonadas, hace dos décadas, se han creído las promesas de bonanza económica, multitudinarios empleos excelentemente remunerados... lo que para nada ocurrirá en esa región, por el tipo de puestos de trabajo que requiere la empresa en mención. Esto es poco estímulo al desarrollo humano regional que cabe esperar cuando los requerimientos de mano de obra enfatizan fuerza de trabajo de baja o ninguna cualificación laboral.
Lo peor de esta realidad es que, dada esta quimera comprada por la población, los productores que han trabajado las fincas aparecen en este escenario como 'obstáculos' para la consumación de esas esperanzas vendidas por las autoridades y esta poderosa empresa. Ojalá que no, pero tal imaginario podría ser caldo de cultivo para que los actores con 'grandes intereses' manipulen a esas poblaciones baruenses otrora combativas y unidas, para que se entretengan en altercados locales y no tengan fuerza ni ánimo para enfrentar el despojo de los que unos están siendo víctimas ahora, pero que todos terminarán sufriendo en esa región productiva.
Las universidades, cuando no la Iglesia católica, deberían estar interviniendo en esta disputa de David y Goliat, que creíamos superadas desde 1970 en ese distrito.
SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
