sábado, 1 de junio de 2019

Inusual interés de Juan Carlos Varela por contrato con minera

POLÍTICA - 30/5/19 - 12:00 AM

Inusual interés de Juan Carlos Varela por contrato con minera

https://m.panamaamerica.com.pa/politica/inusual-interes-de-juan-carlos-varela-por-contrato-con-minera-1135835

Pedro Miguel González, considera como sospechoso que el presidente Juan Carlos Varela tenga interés en este proyecto, al punto de llevarlo a sesiones extraordinarias.

Seis de los nueve diputados de la comisión votaron en contra. Foto de cortesía

Tras el rechazo, en primer debate, del contrato del Estado con Minera Panamá, el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, considera como sospechoso que el presidente Juan Carlos Varela tenga interés en este proyecto, al punto de llevarlo a sesiones extraordinarias.

"Nos parece muy sospechoso la desesperación con la que Juan Carlos Varela está llamando directamente a los diputados para solicitarle el respaldo", expresó el también diputado.

González agregó que sería prudente averiguar si en el interés del presidente saliente existe alguna relación comercial con la empresa minera.

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"Valdría la pena averiguar si él no es socio de esta empresa; de haberlo hecho habría incurrido, sin duda, en un acto de corrupción", expresó el diputado.

El rechazo al contrato recibió el apoyo de seis de los diputados de la Comisión de Economía, entre estos, Iván Picota, Athenas Athanasiadis y Rosa Canto, del PRD; así como Nelson Jackson, Mario Miller y Absalón Herrera, de Cambio Democrático (CD).

El único panameñista presente en la sesión, Jorge Alberto Rosas, se abstuvo.

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Regalías

Nelson Jackson, quien es diputado del circuito electoral donde se desarrolla el proyecto minero, afirmó que su bancada (CD) no recibió línea para rechazar el contrato, pero el documento debe ser bien analizado para el beneficio del Estado.

En este orden, considera como irrisorio que el Estado solo reciba el 2% de las regalías de esta mina a cielo abierto.

"Es un gran daño que se le está haciendo al Estado. Hay que aumentar esas regalías que deberían ser de 10% y 20%", afirmó.

No solo eso. El diputado colonense considera necesario que se aumenten los ingresos que reciben los municipios donde se ubican estos proyectos, que actualmente es solo el 15% de ese 2% que recibe el Estado.

"Prácticamente, todas las escuelas de las comunidades aledañas tienen los comedores con pisos de tierra, los planteles están deteriorados, al igual que los centros de salud, y eso que allí se están invirtiendo 6 mil millones de dólares", señaló Jackson.

Pedro Miguel González espera que el próximo Gobierno pueda abrir un proceso de negociación con la empresa que le permita garantizar las mejores condiciones posibles al Estado y a la conservación del ambiente.

Mal mensaje

Para la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mercedes Eleta de Brenes, el rechazo del contrato es una señal peligrosa que atenta contra la activación económica del país.

"Estamos mandando señales al mundo muy peligrosas; nosotros queremos una reactivación económica", indicó.

Pueblo Bri Bri interpone una denuncia criminal contra el administrador de ANATI

Escrito por Amanda Robinson el 30 Mayo 2019Publicado en Nacionales

https://metrolibre.com/actualidad-y-política/nacionales/169928-pueblo-bri-bri-interpone-una-denuncia-criminal-contra-el-administrador-de-anati.html

Pueblo Bri Bri interpone una denuncia criminal contra el administrador de ANATI

Héctor Huertas, representante legal del pueblo indígena Bri Bri, interpuso hoy en la Procuraduría General de la Nación una denuncia criminal en contra del administrador encargado de la Autoridad Nacional de (ANATI), el ingeniero Adolfo Noirán, por los supuestos delitos de corrupción, abuso de autoridad en el trámite de titulación de 40 mil hectáreas.



En la querella interpuesta, solicitan a la Procuraduría General de la Nación investigar a Noirán, alegando que ha concedido títulos de propiedad a los colonos que invaden las tierras del pueblo Bri Bri. El abogado señaló que además el Parque Nacional de la Amistad estaría siendo también afectado por estos hechos.

 


Además, Huertas comentó que presentarán una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares y exigirle al Estado panameño que suspenda las titulaciones de tierras dentro del predio del pueblo.



"El señor Noiran lo que quiere es desaparecer al pueblo Bri Bri, dejando las tierras de los Bri Bri en la indefensión, no sé cuáles son las intenciones económicas del señor", afirmó el defensor.



Al mismo tiempo, agregó que "nosotros consideramos que hay algo delicado con respecto a esas 40 mil hectáreas que tienen un gran valor económico".



Joaquín González, rey Bri Bri, aseguró que Noirán les da el pase a otros campesinos dentro de su territorio, más no a ellos. También calificó como un acto de corrupción el proceso que ha venido llevando a cabo el administrador.



"Estamos tratando de evitar enfrentamientos, queremos resolver la situación vía legal", dijo el Rey.



El pueblo Bri Bri es miembro de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y habitan en las montañas situadas entre Panamá y Costa Rica. Desde hace aproximadamente 30 años luchan para que el área que habitan sea declarada tierra colectiva

sábado 1 de junio de 2019

De despojos y leguleyadas... en los tiempos de Banapiña

'Bonita oportunidad para que el nuevo Gobierno demuestre de qué está hecho y a los intereses de quiénes responde'.

Roberto Antonio Pinnock Rodríguez
opinion@laestrella.com.pa

Transcurrían los tiempos de Benito Juárez (1863) y de Porfirio Díaz (1894) cuando se aplicaban las 'Leyes de Baldíos', que sirvieron para despojar las tierras en las comunidades indígenas mexicanas, mereciendo también un lugar importante las 'Leyes de Colonización', tanto la provisional del año 1875, como la definitiva de 1883, las cuales entregaron a las clases pudientes de México las mejores tierras en poder de las poblaciones campesinas, alegando las autoridades que estas no tenían un título de propiedad o bien encontrarse 'defectuosa' la titulación. Leguleyadas y más leguleyadas, convertidas en barniz jurídico con las cuales se consumaban las más injustas expoliaciones contra las clases 'de abajo'. Trama repetida en toda Norteamérica y el resto del continente.

En Panamá, hubo la aplicación de toda clase de modalidades, desde la ley del encerramiento donde los más pudientes alcanzaron a 'encerrar' grandes extensiones de superficie territorial con cercas que los campesinos no podían costearse. A partir de aquí, la ley les daba todo a estos latifundistas para exigir a las autoridades el desalojo de los moradores originales, lo cual se ejecutaba incluso con la quema de sus viviendas.

Sin embargo, en los tiempos recientes grandes inversionistas ven con interés el monopolio de territorios con abundantes cuerpos de agua. Desde hace pocos años Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC, y otros, están invirtiendo en el acaparamiento de los territorios donde se encuentran las reservas de agua. Ergo, el acaparamiento de tierras cobró una dimensión global, pero con predominio en los países subdesarrollados (Rivero Villaverde, 2017).

Suscribiendo los hallazgos de Rivero Villaverde (2017), entendemos que los nuevos despojos territoriales están siendo más complejos que los de otras etapas históricas. En parte porque los sujetos más activos en las compras de tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder y se encuentran respaldadas por sus Gobiernos, su brazo armado y económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), etc.

También encontramos adquiriendo miles de tierras a sujetos que tradicionalmente no estaban vinculados con el sector primario. Se trata, de inversionistas que encontraron en la compra de tierras un refugio ante la caída de la cuota de ganancia que generó la crisis de la década pasada y a su vez, un sector que a partir de los altos precios de los alimentos y los minerales estratégicos, estaba generando importantes ganancias por el mercado especulativo.

En la etapa actual, hay más de cuatro inversionistas acaparando territorio panameño, bajo la figura de concesiones de 20 o más años que disfrazan la desposesión de los grupos más vulnerables ante las leguleyadas de autoridades que deberían aplicar la ley haciendo valer la justicia social.

Lo que ocurre en Puerto Armuelles con los campesinos a los que la corporación Del Monte —camuflada como Banapiña— les ha derrumbado sus plantaciones y con ello su modus vivendi , es que viene a ser una burda trama de la desposesión donde esta es cometida por autoridades haciendo alarde de aplicación de leguleyadas, en función de una empresa transnacional. Aquí, Anati alude que los campesinos ocupan tales tierras, porque estas son nacionales, para las cuales no proceden procesos de 'prescripción adquisitiva de dominio' y en consecuencia no pueden ser adquiridas por ellos y terminando calificándolos de 'invasores'.

Lo que la Anati Varelista sospechosamente ignora es que lo que los campesinos tienen en su favor es la posesión agraria a partir de la cual han solicitado la adjudicación de las tierras poseídas desde hace más de 15 años.

De acuerdo al experto en materia de derecho agrario del país, Santander Tristán, la irresponsabilidad de los personeros de Anati es, que debieron asegurar la atención especial a estos productores con base en lo que estipula el derecho agrario, que protege la posesión agraria sobre dichas tierras. Contrario a esto, tal institución ha sido artífice en el lanzamiento y descalificación de los legítimos poseedores, con leguleyadas.

Así, la tendencia universal del poder transnacional, acaparando tierras a costa del despojo contra campesinos, y embaucando al buen sentido de la ley, basada en el bien común, encuentra su versión en nuestro país, en estos tiempos de la arrogancia de Banapiña. Bonita oportunidad para que el nuevo Gobierno demuestre de qué está hecho y a los intereses de quiénes responde.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO


http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/despojos-leguleyadas-tiempos-banapina/24123479

viernes, 31 de mayo de 2019

Estado de derecho, seguridad jurídica y caso Minera Petaquilla | Susana Serracín

CONTRATO LEY 9

Estado de derecho, seguridad jurídica y caso Minera Petaquilla
Susana Serracín  |  02 oct 2018 - 00:00h

Temas: CSJ (Corte Suprema De Justicia) Minera Petaquilla


El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.

Se entiende por Estado de derecho a la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

No existe Estado de derecho cuando el Órgano Legislativo actúa desde una posición partidista o cuando el Órgano Ejecutivo actúa desde una perspectiva personal, violando la legislación, desconociendo los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y generando disconformidad en la ciudadanía. Todas las personas debemos cumplir las leyes vigentes, incluidas las autoridades, por muy alto que sea su cargo. Ambos ministros parecen haber olvidado que la seguridad jurídica de la inversión que defienden a ultranza nunca puede ir por encima de la Constitución. Existe un principio elemental en el derecho, que por encima de los contratos, e incluso por encima de la propia ley, está la Constitución Política, al grado de que ningún contrato puede celebrarse contraviniendo sus preceptos y aunque no suela hablarse del control de constitucionalidad de los contratos, esta es una consecuencia inevitable del principio de supremacía de la Constitución. Estamos conscientes de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia trae aparejada una secuela compleja de efectos jurídicos y situaciones que merecen un profundo análisis y que deben ser resueltas sabiamente, pero en ningún momento debemos ignorar que tenemos la obligación de ser respetuosos del Estado de derecho y la Constitución.


Urge modernizar nuestro Código Minero de 1963, especialmente en lo concerniente a la garantía en los planes de cierre de la mina y el establecimiento de áreas que deben ser cerradas a la minería, como las áreas protegidas y zonas de recarga acuífera. El caso de Minera Petaquilla es un ejemplo de lo que nunca más debe volver a repetirse en nuestro país.

La autora es abogada

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Diputados rechazan proyecto de ley sobre Minera Panamá

Panamá

POLÍTICA 29/05/2019 - 3:32 p.m.miércoles 29 de mayo de 2019

Diputados rechazan proyecto de ley sobre Minera Panamá


http://laestrella.com.pa/panama/politica/diputados-rechazan-proyecto-sobre-minera-panama/24123097

El primer proyecto de ley analizado en sesiones extraordinarias fue rechazado por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional

Seis diputados votaron en contra del proyecto de ley. / Gustavo Aparicio / La Estrella de PanamáGUSTAVO APARICIO / LA ESTRELLA DE PANAMÁ

Seis diputados votaron en contra del proyecto de ley.

Gustavo A. Aparicio O.
gustavo.aparicio@laestrella.com.pa

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Con seis votos en contra y una abstención, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazó el proyecto de ley sobre el contrato entre Minera Panama y el Estado.

La decisión se dio tras la intervención de diversos grupos ambientalistas que cuestionaban los efectos ambientales que pudiera acarrear la explotación minera en el área de Donoso y de autoridades locales de la zona que indican que no les ha llegado el beneficio económico a las comunidades producto de esta actividad.

El presidente de la Comisión, el diputado Nelson Jackson, calificó como lesivo el contrato para el país y afirmó que como diputado del área de Donoso, no le daría su voto a este proyecto.

Votaron en contra de este proyecto los diputados Nelson Jackson, Absalon Herrera y Mario Miller; del partido Cambio Democrático (CD), Iván Picota, Rosa Canto y Athenas Athanasiadis; del PRD; mientras que el voto de abstención fue del diputado panameñista Jorge Alberto Rosas.

El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo, a raíz de que la Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional el contrato ley entre el Estado y la empresa Petaquilla Gold, quien cedió a Minera Panamá la explotación de cobre.

El fallo de la Corte, del año pasado y que dejó si sustento legal las actividades minera de Minera Panamá, se dio por una demanda de inconstitucionalidad que presentó la abogada Susana Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental

miércoles, 29 de mayo de 2019

El Buen Dios nos proteja del vice

Opinión

COLUMNISTAS 12:02 a.m.miércoles 29 de mayo de 2019

El Buen Dios nos proteja del vice

Los panameños debemos agradecerle al Buen Dios por habernos amparado lo suficientemente para escoger como presidente de Panamá

Carlos E. Rangel Martín
opinion@laestrella.com.pa

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Los panameños debemos agradecerle al Buen Dios por habernos amparado lo suficientemente para escoger como presidente de Panamá a alguien que, diferente a la mayoría de nuestros políticos, pareciera confiar más en Él que en el Padre de las Mentiras.

Ahora los panameños debemos pedirle al Buen Dios que ayude al presidente electo para que, tal como ha prometido, le inculque a todos los servidores públicos un sólido sentido de honradez, diligencia, respeto a los demás y cualesquiera otras cualidades necesarias para que pasemos de ser un país medio civilizado a uno realmente desarrollado, algo no necesariamente ligado al aumento del producto interno bruto, porque este podría beneficiar a solo unos pocos, sino que es producto de una más justa distribución de todos los bienes, como enseña la Doctrina Social de la Iglesia católica.

Un aspecto decepcionante de la pasada contienda electoral fue que, hasta donde pudimos percatarnos, ninguno de los candidatos a la Presidencia o la Vicepresidencia del país expresara su firme propósito de darle considerable mayor prioridad a la protección de nuestro medio ambiente o, como diría el papa Francisco, de nuestra casa común; porque, más que nada, se trata de proteger el bienestar de nuestros más cercanos descendientes, como serían los nietecitos del presidente electo.

La escueta realidad es que no bastaría si, por un lado, mejorásemos la nutrición, la salud y la debida educación de todos los niños panameños cuando, por otro lado no detuviésemos el enorme daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente, como lo son la deforestación en todo el país, el creciente consumo de combustibles fósiles, que lenta pero fatídicamente aumenta la contaminación del aire que respiramos, las numerosas hidroeléctricas con embalses, que aumentan el calentamiento global con gas metano, y las minas a cielo abierto para la extracción de metales que, durante sus años de operación, típicamente utilizan millones de galones de combustible y miles de toneladas de químicos como el mercurio, el arsénico y el cianuro, que contaminan las tierras circundantes a las minas y las aguas de nuestros ríos y costas.

Años atrás, en un popular programa de la televisión panameña, un renombrado comentarista, casi siempre acertado, quien había visitado una de estas minas a cielo abierto en el área de Coclesito, dijo que sus tinas de contención de desechos tóxicos eran muy seguras, porque unas tinas primarias de contención estaban ubicadas dentro de otras tinas de contención que eran 10 % más grandes que las internas; de forma que, de darse alguna rotura en alguna tina interior, los desechos tóxicos quedarían contenidos en la tina exterior. Y seguidamente añadió que el cura local le había señalado que un grupito de manifestantes que protestaba obstruyendo la carretera hacia la mina, era sufragado por agitadores que primero revuelven los ríos, para entonces ponerse a pescar, algo frecuente cuando a Panamá llegan grandes empresas extranjeras.

Pero un artículo con el título [libremente traducido del inglés] 'Compañía canadiense deja polvo y deuda después de abandonar su mina de oro en Panamá', en la edición del 11 de enero de 2018 del medio noticioso canadiense 'Canada's National Observer', reportó la queja de una extrabajadora de la minera Petaquilla Gold, con ocho años de antigüedad, quien declaró que 'Cuando la mina [de oro Molejón] empezó, todo estaba bien, ellos le daban empleo a cualquiera'. Pero las cosas andaban bien porque el precio del oro en el mercado internacional se mantenía elevado; y cuando el precio del oro se desplomó indefinidamente, la minera simplemente cerró operaciones, y quedó debiéndole B/11 millones en sueldos y beneficios a más de 600 empleados, muchos de los cuales, respaldados por sus buenos sueldos, habían obtenido préstamos bancarios, confiados en que podrían amortizarlos fácilmente; así que, además de limpios, quedaron endeudados.

La misma la extrabajadora también declaró que 'Cuando los contenidos de las tinas de contención se derramaban, los peces morían. Pero nosotros teníamos que callarnos para conservar nuestros empleos'. Es más, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) detectó sedimentos de la mina en las aguas cercanas, pero la compañía minera negó que fuera posible.

Más adelante, el artículo señala que Glenn Miller, Ph.D., profesor de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales en la Universidad de Nevada, EE.UU., visitó la mina abandonada y declaró que manejar una mina así era 'una pesadilla, particularmente en un país tropical', algo que nos hace recordar las excavaciones del Canal, a lo que añadió que, debido a las torrenciales lluvias, el único manejo realista era tratar [químicamente] las aguas contaminadas, 'pero el tratamiento es muy costoso', y luego vaciarlas en alguna corriente de agua que desembocara en el Caribe.

Días después, un artículo con el título [libremente traducido del inglés] 'Escape de la Protección: La Catástrofe de la Conservación en Panamá', en la edición del 18 de abril de 2018 del medio noticioso canadiense 'Foreign Policy Journal', señaló que 'Las lluvias intensas causan que las tinas de contención se desborden, enviando desechos metálicos y ácidos cuesta abajo en un cauce que desemboca en el [río Coclé del Norte y el] océano Atlántico'; pero esto revela que los desechos no eran primeramente tratados químicamente; lo que significa que la 'seguridad' provista por la minera nunca fue la adecuada.

El mismo artículo del Foreign Policy Journal continua diciendo que 'El daño ha sido tan grande que uno puede verlo desde Google Earth'. Cualquiera puede verificarlo introduciendo el URL https://satellites.pro/mapa_de_Panama#G9.076541,- 80.571129,18 en una computadora; buscando luego el poblado 'Coclé del Norte', al oeste de la ciudad de Colón, y, remontando el 'río Coclé del Norte', uno observará que, mientras las aguas del río Coclé del Norte son de color marrón, las aguas de sus afluentes son de color azul oscuro.

No es por capricho que los vecinos países de Costa Rica y El Salvador hayan prohibido todas las minas a cielo abierto, que el Gobierno español haya decidido cerrar la mayoría de las mismas, y que el Gobierno canadiense acabe de nombrar una 'Ombudsperson' para investigar los constantes pleitos contra las mineras canadienses, que incesantemente contaminan nuestro planeta, algo de lo que muchísimos canadienses se sienten realmente avergonzados. Y es que, como suele decir el papa Francisco, 'la corrupción entra por los bolsillos'.

JUBILADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE EE.UU

Bosques panameños se encuentran en peligro de desaparecer

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Nuevo contrato de Minera Panamá ampliaría su alcance para extraer oro

Economía

12:01 a.m. miércoles 29 de mayo de 2019

Nuevo contrato de Minera Panamá ampliaría su alcance para extraer oro

El proyecto de ley 766 iniciaría su discusión en sesiones extraordinarias, pesando sobre él un fallo de inconstitucionalidad previo y un amparo de garantías

El proyecto tiene un avance de construcción del 91%. / CIAMCIAM

El proyecto tiene un avance de construcción del 91%.

Rekha Chandiramani
rchandiramani@laestrella.com.pa

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El nuevo contrato que impulsa el gobierno de Juan Carlos Varela a través del proyecto de ley 766 en sesiones extraordinarias no solo otorgaría nueva vida jurídica a la concesión a nombre de Minera Panamá, sino que además ampliaría su derecho de extracción al oro. La discusión está pautada para iniciar el día de hoy, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, donde ocho de los nueve diputados que la componen no alcanzaron la reelección.

El contrato original concretado en 1997 concesionaba 13,600 hectáreas a Minera Petaquilla S.A. para la explotación de oro, cobre y otros minerales en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Después del abandono de la actividad por parte de Petaquilla, la canadiense First Quantum entra en el escenario y compra el 90% de la empresa; a través de una serie de acuerdos internos entre ellos, Minera Panamá extraería cobre. Sin embargo, como parte del proceso, también produce oro y molibdeno 'en pequeñas cantidades'.

Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), indicó que para cada metal que se pretenda extraer, la empresa debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según la compañía, el EIA que poseen es global.

La minera confirmó la producción de oro como 'separación del metal secundario' y a través del método de gravimetría. Sin embargo, las facilidades para su procesamiento continúan actualmente en construcción, indicaron voceros de Minera Panamá.

Susana Serracín, abogada ponente de la demanda original interpuesta por el CIAM y cuyo fallo fue favorable -declarando inconstitucional la Ley 9 del 26 de febrero de 1997 que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla— confirmó que el proyecto de ley 766 le abre un radio de acción más amplio, incluyendo la explotación de oro en el nuevo contrato.

'EL CONTRATO NO PUEDE APROBARSE PORQUE LA 'LEY BASE' FUE DECLARADA ILEGAL',

SUSANA SERRACÍN

PRESIDENTE DE LA ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

Un vacío legal no menor, ya que el precio del cobre se está cotizando a unos $3 la libra, mientras que el oro se vende a $1,200 por onza. El molibdeno se comercializa a unos $13.50 la libra, según los prospectos de negocio de First Quantum, dueña de Minera Panamá.

Para Minera Panamá, aprobar esta ley es mandar una 'señal a la comunidad internacional de que Panamá es un buen lugar para invertir, con seguridad jurídica y respeto a los acuerdos'.

Pero para Serracín, se está apelando a un discurso 'hasta cierto punto chantajista', cuando se insinúa que podrían surgir demandas millonarias contra el Estado, más aún cuando el contrato es 'leonino', en referencia al 2% de regalías que le toca al Estado.

La diputada independiente y excandidata presidencial Ana Matide Gómez declaró en TVN Noticias que un tema 'tan delicado' como el citado contrato ley debe abordarse en una discusión amplia, sobre todo si Panamá quiere seguir con un modelo económico extractivo 'con toda la desregulación y los conflictos laborales que hay allí (refiriéndose al sitio de Minera Panamá)'.

Serracín define la coyuntura como 'el dilema de Panamá'. Una discusión que aunque sea un poco tardía asegura que es necesaria. La coyuntura también es histórica. El vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, fue abogado de Petaquilla Minerals. Además, el contrato original de 1997 fue firmado por Nitzia Villarreal, afín al Partido Revolucionario Democrático y entonces ministra de Comercio e Industrias, hoy es subcontralora

A primer debate, polémico contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A.



NACIONAL 12:00 a.m.miércoles 29 de mayo de 2019

A primer debate, polémico contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A.

La Asamblea ya recibió las designaciones de Roberto Roy y de Marietta Jaén como directivos de la Autoridad del Canal de Panamá, y las de la fiscal Electoral y un directivo de la Superintendencia de Seguros

El pleno aún no tiene proyectos de ley en agenda para discutir. / Archivo | La Estrella de PanamáARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ

El pleno aún no tiene proyectos de ley en agenda para discutir.

Gustavo A. Aparicio O.
gustavo.aparicio@laestrella.com.pa

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La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, discutirá hoy en primer debate el proyecto de ley 766, que aprueba el contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A., actualmente denominada Minera Panamá, S.A.

El inicio de la discusión del proyecto se da en medio de objeciones por parte de grupos ambientalistas, como el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM-Panamá), que presentó un amparo de garantías constitucionales contra el Decreto Ejecutivo No. 126 de 22 de mayo de 2019 por el cual el Órgano Ejecutivo convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias.

En su amparo, el CIAM argumenta que se ha violado la garantía constitucional que establece que el interés público es superior al interés privado, toda vez que al incluirse en la convocatoria a sesiones extraordinarias este proyecto de ley, se busca revivir un contrato leonino que ya fue declarado ilegal e inconstitucional por la Corte.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. considerando que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.

El contrato, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido el 21 de diciembre de 2017, no representaba los mejores intereses para el Estado. Era, además, ajeno al bienestar social y al interés público.

El mismo destaca además que antes de aprobarse un contrato ley, la Asamblea Nacional debió cerciorarse de que se cumpla con las formalidades establecidas porque, de lo contrario, se entraría en contradicción con las leyes.

El documento judicial destaca que el interés de las mayorías debió ser protegido.

CIAM, en alerta

El CIAM se encuentra en estado de alerta y varios de sus miembros acudirán a la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas, que se realizará en el Salón Azul, desde las once de la mañana.

VETO PRESIDENCIAL

Carrera de Protección Civil.

El proyecto de Ley que instituye la Carrera de Protección Civil, vetado parcialmente por el Ejecutivo, tambipen incluido en esta sesiones, ya fue remitido a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea.

Esta instancia está integrada por nueve miembros, entre estos su presidente, el diputado Nelson Jackson, Mario Miller (vicepresidente), Iván Picota (secretario), Absalón Herrera, Athenas Athanasiadis, Rosa Canto, Jorge Alberto Rosas, Luis Eduardo Quirós y Miguel Salas.

'El CIAM no ha cambiado de posición. Ellos van a tratar de aprobar el mismo contrato que se aprobó en 1997. Los únicos artículos que cambian son los que permiten que se lleve a discusión a la Asamblea. Básicamente es el mismo contrato', precisó María Soledad Porcell, integrante del CIAM.

Explicó que su organización, además de oponerse a la explotación minera a cielo abierto, objeta que el Estado tenga la obligación de otorgarle y cumplir con todas las concesiones que pida la empresa. En muchas de estas concesiones está exenta del pago de derecho y eso es lo que le ha dado derecho a explotar la piedra, el muelle, el fondo de mar, construir una termoeléctrica, obligar al Estado a construir la cuarta línea de interconexión eléctrica; todo esto está en el contrato de Petaquilla', precisó Porcell.

Futuro incierto

Ayer el presidente electo, Laurentino Cortizo Cohen, se reunió con la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encuentro en el cual se trató la agenda de temas incluidos en las sesiones extraordinarias. Entre los temas tratados estuvo el del proyecto minero, las ratificaciones de los magistrados de la Corte Suprema; principal y suplentes y de directivos del Canal de Panamá; entre otros.

El diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, ha sido enfático en señalar que las designaciones enviadas por el Ejecutivo en esas sesiones extraordinarias deben ser analizadas por el próximo gobierno.

En cuanto al proyecto con Minera Panamá, González indicó que no está muy claro ese contrato y consideró que debe ser revisado por la próxima administración, no debe ser aprobado por esta Asamblea en sesiones extraordinarias, hasta que se garantice que a través del mismo se le revierta al Estado lo que Panamá merece.

Llegan proyectos de ley

Ayer el Órgano Ejecutivo presentó ante la Secretaría General de la Asamblea los dos proyectos de leyes que guardan relación con los jubilados y pensionados, por lo que el receso del Pleno se mantiene hasta recibir los informes de las comisiones de trabajo que deben analizar estas propuestas en primer debate.

Uno de los proyectos es el 777, que busca la creación de una Comisión Nacional para la Revisión de las Pensiones y Jubilaciones, y el proyecto de ley 778, que crea el bono extraordinario para los jubilados. Ambos proyectos serán remitidos a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, para su primer debate