Dirigentes indígenas advierten que no saldrán de sus tierras a orillas del rió Tabasará, pese a que el gobierno ya autorizó el ingreso al área.
14/02/2014 - Indígenas denunciaron ayer que buscan sacarlos de sus tierras para dar paso al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en las aguas del río Tabasará, Tolé, provincia de Chiriquí.
Según Ricardo Miranda, coordinador del indigenista Movimiento 10 de Abril, fueron notificados de que, a partir del lunes 17 de febrero, la empresa responsable del proyecto, Generadora del Istmo S.A. (Genisa), está autorizada a ingresar a sus fincas cercanas al afluente.
Miranda no descarta que para ese día se pretendan llevar a cabo desalojos con ayuda de la Policía Nacional y maquinaria de la empresa, pues varias familias se negaron a vender los terrenos donde han vivido por años para dar paso a la hidroeléctrica.
De hecho, a través de un edicto de notificación con fecha de 28 de enero de 2014, la Autoridad de Servicios Públicos comunica que “el día 17 de febrero de 2014 a las 10:00 a.m. se procederá a ingresar a las fincas o predios, a fin de que la empresa Generadora del Istmo tenga acceso a los mismos”.
Incluso, por medio de esa notificación se gira oficio al Ministerio de Gobierno solicitándole el apoyo en dicha diligencia de entrada a esas tierras comarcales.
Para el dirigente indígena lo anterior no es más que una violación de los derechos humanos de los grupos étnicos del país y las normativas de la comarca Ngäbe Buglé, ya que se les quiere despojar de las tierras ancestrales para permitir el desarrollo de una obra inconsulta.
ESTUDIO INCONSULTO
Desde sus inicios, Barro Blanco ha encontrado el rechazo no solo de agrupaciones indígenas sino también de los ambientalistas.
Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental (EIA) para el proyecto fue demandado por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en 2011 ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente porque no hubo una consulta pública apropiada con las comunidades anexas y que pertenecen a la comarca Ngäbe Buglé.
Los reportes de los dirigentes indígenas dan cuenta de que Barro Blanco afectará directamente a 270 personas que viven cerca de la cuenca del río Tabasará e indirectamente a 3 mil que dependen de ese afluente para diversas actividades.
Luisa Araúz, de la parte legal del Ciam, sostuvo que la represa se ha continuado construyendo a pesar de la demanda de nulidad que presentaron. “La demanda se sustentó en las violaciones que cometió tanto la Autoridad Nacional del Ambiente como la empresa en el tema de consulta con las comunidades”, acotó.
Araúz subrayó que en el foro público organizado para sustentar el proyecto solo participaron 41 personas y no fue realizado en el área comarcal. “Realmente fue un proceso con varias anomalías”, dijo la activista, quien recordó que esas tierras están protegidas por la Ley 10 que estableció la comarca.
En el Ciam enfatizan que Barro Blanco no es un proyecto de “interés público y de carácter urgente” como dicen el Gobierno y la empresa.
PERITAJE
Precisamente, un peritaje que se entregó en septiembre sobre ese proyecto, luego de que se formara una mesa de diálogo con la Iglesia, representantes de la Organización de Naciones Unidas y autoridades comarcales señaló: “La falta de una consulta adecuada con respecto al proyecto Barro Blanco ha creado una situación de miedo y extrema ansiedad entre los pobladores. Los impactos directos e indirectos no han sido claramente explicados y ciertamente pueden afectar a la comunidad por lo que deben ser mitigados”.
Pese a esto, se continuó con las obras, que ahora tienen un 64% de avance.
Por su parte, la cacica general, Silvia Carrera, indicó que desde un principio esta obra estuvo rodeada de engaños, ya que se dijo que no afectaría a la población de la comarca, pero muchas familias tendrán que salir de allí.
Carrera indicó que la hidroeléctrica colinda con la zona comarcal y que el área de embalse podría inundar permanentemente cerca de seis hectáreas, sin considerar las posibles inundaciones adicionales en tiempos de crecida del río Tabasará.
No obstante, la empresa Genisa sostuvo en un comunicado que la obra continuará con apego estricto a la Constitución y a las leyes.
La nota también menciona que solo son cinco los propietarios que están dentro de las hectáreas del embalse. “Estos cinco propietarios serán debidamente indemnizados de conformidad al proceso legal vigente en el país”, añadió Genisa.
Además, planteó que en el foro con la Iglesia, como mediadora, nunca se evaluó la continuidad de la hidroeléctrica. “La mesa se instaló exclusivamente para la revisión técnica del EIA”, menciona el comunicado.
