El sufrimiento del pueblo naso

¿DERECHOS?

El sufrimiento del pueblo naso

Oscar Sogandares Guerra
opinion@prensa.com

La historia de los nasos se remonta a muchos siglos. Ellos recibieron a Colón en su cuarto viaje. Poblaban el occidente de Bocas del Toro hasta el río Sixaola y colindaban con los Brí-Brí y gnöbes, donde guerreaban frecuentemente. En el presente, los nasos tienen adversarios mucho más temibles que aquellos del pasado. Los nasos están arrinconados en su propia tierra, aún sin demarcar.

Debido el proyecto hidroeléctrico Bonyic (Empresas Públicas de Medellín), han sido sometidos al asedio y hostigamiento continuos. Al oeste, sus tierras se hallan invadidas por su eterno enemigo la Ganadera Bocas, cuyo propietario Mario Guardia, ha solicitado el violento desalojo y destrucción de las comunidades Naso de San San y San San Druy, en marzo y abril, utilizando antimotines y el empleo de gases tóxicos contra indefensos hombres, mujeres y niños.

Han provocado la muerte de pollos y cerdos, han empleado maquinaria (custodiadas en todo momento por agentes de la Policía) para realizar la sistemática destrucción de viviendas, con sus enseres domésticos, escuelas (incluyendo la telebásica), para luego abrir grandes fosas en la tierra, enterrando todas las evidencias. Han causado la destrucción de cultivos (plátanos, ñames, yuca), sin consideración a las necesidades de alimentación de los habitantes, sobre todo, de los niños. Han provocado la dantesca destrucción de inmensos árboles, que daban sombra a estas comunidades, astillados y desenraizados, sin aprovechamiento, lo que más que un delito ecológico se puede denominar como terrorismo ambiental. ¿Y la Anam qué? El paraje parecía una zona de guerra, por actos que más que violación a los derechos humanos, se puede denominar como una barbarie, ¿limpieza étnica?, crímenes de lesa humanidad. Todos estos hechos basados en un supuesto título de propiedad de la Ganadera Bocas, mostrado por arte de magia, después de siglos de histórica ocupación del pueblo naso.

El 24 de abril, en una visita que hicimos al lugar y que incluyó a indígenas mesoamericanos (ver www.almanaqueazul.org), los nasos relataron que en el pasado cedieron tierras a la Ganadera Bocas para evitar confrontaciones, y que se replegaron al otro lado del río San San, en donde establecieron las comunidades de San San y San San Druy. Ese día vimos a dos operarios de un bulldozer y una pala mecánica (uno con sombrero paisa y acento colombiano, escoltados por cinco policías), quienes al vernos, y no sin antes amenazar con confiscar nuestras cámaras, se retiraron. Fue una victoria para los nasos, quienes se habían mantenido tres noches en vigilia, protegiendo sus tierras y gritando consignas.

Allí estábamos reunidos con varios cientos de nasos, la mayoría niños. Muchos no habían comido por falta de alimentos. El jefe nos mostró un saco repleto de casquillos de lacrimógenas y preguntó: ¿dónde está Torrijos? Habían sido amenazado con que les tirarían bombas desde los helicópteros. ¿En qué país vivimos, Vietnam? Los derechos de la colectividad (y con mayor razón los históricos), deben prevalecer sobre los particulares y privados y sobre cualquier supuesto título de propiedad. Todos sabemos que por falta de demarcación de una comarca, cualquier ente inescrupuloso fácilmente puede hacerse de tierras nacionales, inclusive, con todo y habitantes.

No es la primera vez que esto ocurre en Bocas del Toro, como lo demuestra el caso de Bluff Centro, en la Isla de Bocas.

Lo último, el 11 de mayo cerraron el acceso hacia las comunidades, derribaron los zarzos construidos por Mireya Moscoso para los nasos y los gigantescos árboles de las orillas del río San San; y el capataz, Roberto Audibeth, ¿el colombiano? amenazante desenfundó su arma de fuego contra los nasos.

INTERESES CONTRA DERECHOS

Justicia para los indígenas

Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com

WASHINGTON, D.C. –Cuando los abogados del bufete Akin, Gump Strauss, Hauer & Feld quieren reunirse con sus más atropellados clientes en Panamá, llegar a esos encuentros requiere viajar por avión, avioneta, 4 x 4, y, finalmente, cayuco. Allí, en un bosque bocatoreño que es un mundo aparte de la selva burocrática de Washington, los abogados de uno de los bufetes más prestigiosos de Estados Unidos se reúnen con los líderes de los nasos.

Akin Gump normalmente cobra unos mil dólares por hora, pero su representación de los nasos es “pro bono” –gratuita– de acuerdo a una gran tradición estadounidense en la que tanto bufetes como abogados individuales regalan de su tiempo y de su talento a personas y pueblos sin recursos. El estándar es que cada abogado haga 50 horas anuales de representación “pro bono” y los grandes bufetes reconocen el deber de aceptar gratis los casos que sean complejos, difíciles y lentos. Debiera avergonzarnos como panameños que Akin Gump esté defendiendo gratuitamente a los nasos cuando ningún bufete panameño lo ha hecho; y esa falta de representación legal en Panamá es crítica porque entiendo que las empresas interesadas en invadir las tierras naso siempre llegan a las reuniones con sus abogados. Frente a ellos, los indígenas quedan desprotegidos.

Eso es en Panamá, pero acá en Washington, por gestión de una ONG ambiental en Estados Unidos, Akin Gump aceptó representar a los nasos para ayudarlos con la demarcación de una comarca y hacer valer sus derechos bajo el derecho internacional. Su más reciente acción ha sido presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya había celebrado una audiencia sobre la situación de los indígenas panameños en octubre del año pasado. “... Cada día lo que vemos es más indígenas desalojados de sus tierras y de sus casas. Incluso hoy cuando duermen, no saben si van a amanecer con sus techos”, advirtió un representante de los wounaan en esa audiencia.

Eso exactamente es lo que está ocurriendo con los nasos, que llevan 38 años de estar pidiendo su comarca, y que viven hoy bajo gravísima amenaza de que poderosos intereses comerciales les arrebaten lo que queda de sus tierras ancestrales. A fines de marzo, alega la petición ante la CIDH, unos 150 policías llegaron a dos poblaciones naso para desalojarlos a la fuerza de sus viviendas. Se acusa que derribaron 30 casas, dejando a la intemperie a 150 adultos y 65 niños; estos han rehusado abandonar el lugar. Desde entonces, me dicen, el enfrentamiento entre los nasos y representantes de la empresa Ganadera Bocas, S.A. se ha vuelto más violento, y una delegación naso ha hecho campamento en la Plaza Catedral. Mientras tanto, los nasos también se encuentran amenazados por un proyecto de represa.

Si los nasos tuvieran su comarca, todos estos problemas se resolverían, enfatizó la abogada Faith Barter, de Akin Gump. Es decir, toda la “inseguridad jurídica” de los nasos parte del hecho de que el Gobierno rehúsa demarcarles la comarca. Según leo en La Prensa, ellos son la única comunidad indígena panameña que todavía no tiene comarca.

Pero un activista pro indígena me comentó privadamente que lo que pasa es que las otras comarcas fueron creadas cuando todavía no se comprendía el enorme valor comercial de esas tierras. Cuando hay importantes intereses comerciales de por medio, como ahora, observó ese activista estadounidense, “en estos enfrentamientos, la empresa siempre gana”.

No, no, no. Sabemos que Panamá, tristemente, es un lugar donde todo está a la venta y donde el billete pesa más que cualquiera otra consideración, pero no por eso debemos permitir el atropello premeditado de nuestros pueblos indígenas. Nuevo liderazgo político y nuevo compromiso social debiera motivarnos a garantizar justicia para todos, buscando la manera de avanzar como nación sin pisotear a los indefensos.