Juez decreta embargo contra propiedades de Carlos Slim
domingo 23 de noviembre de 2014 - 12:00 a.m.Juan Bosco Molina Rivera, juez Quinto de Circuito de lo Civil, decretó formal embargo de los bienes inscritos en Panamá
Las propiedades en Panamá del hombre más rico del mundo han sido embargadas.Que se sepa, son seis fincas en Chiriquí, dos en Panamá, un apartamento en la capital y la central hidroeléctrica Bajo de Mina, por la que lo ha arriesgado todo; hasta la reputación.El juez Juan Bosco Molina Rivera firmó el auto al que ha tenido acceso La Estrella de Panamá y por el que se decreta formal embargo de las propiedades inscritas bajo Ideal Panamá, S. A., relacionada con el grupo económico de Carlos Slim, ciudadano mexicano de origen libanés, con empresas de múltiple índole alrededor de todo el mundo.Quien ha doblegado al magnate es Julio César Lisac Jiménez, ciudadano panameño de 82 años cumplidos, que hace más de cinco emprendió una lucha titánica para reclamar los derechos que, creyó, le debía la justicia.La decisión judicial, emitida este 20 de noviembre, considera procedente la solicitud de embargo presentada por Lisac, que ya en 2006 denunció cómo el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos favoreció que le quitaran una concesión de explotación hidroeléctrica para dársela a Carlos Slim.Desde 1997, Mina Hydro-Power Corp, con inversión internacional y Lisac a la cabeza, contaba con los permisos para estudiar la factibilidad de tres proyectos hidroeléctricos. Uno de ellos, Bajo de Mina, para producir 54 Mw, tenía en 2006 todos los estudios y permisos aprobados, la concesión recibida y el contrato de construcción firmado, cuando apareció en la escena el grupo Slim.Los que se presentaron primero como potenciales asociados y luego interesados compradores se convirtieron, en menos de un año, en quienes se hacen cargo de la concesión, que la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) le retira a Lisac tras no concederle una extensión solicitada de cinco meses para empezar las obras , cuando ya habían firmado el contrato de concesión de generación de energía.En tiempo récord, según relató en su momento el mismo Lisac, se empezó a construir la Central Hidroeléctrica Bajo de Mina, sobre un modelo que identificó copiado del suyo, que actualmente cuenta con una capacidad instalada de 55 Mw y un volumen de negocio de 50 millones de dólares al año.Por abuso de poder, espionaje industrial, competencia desleal y otras irregularidades, Lisac acudió a la justicia, que le dio la razón en 2010, cuando la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución con la que la ASEP le retiró la concesión en la que había trabajado durante casi diez años.Según el fallo, la ASEP actuó de forma poco diligente en el manejo de sus responsabilidades administrativas y argumenta incluso que fue la propia institución la que no hizo lo necesario para que Mina Hidro-Power Corp. pudiera empezar los trabajos acordados.El fallo a su favor nunca se ejecutó y Lisac completó solo un largo calvario que parece llegar hoy a un justo y feliz final.Como peritos avaluadores del embargo, en representación del ejecutante (Lisac), se nombra a Rodrigo Sánchez Delgado y Roberto Chung Hernández, a la espera de que comparezcan y acepten sus cargos, y a Rogelio Cruz Ríos, como administrador judicial.El Tribunal designará también su perito, según dicta Juan Bosco Molina Rivera, juez Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.En otros tribunales de arbitraje internacional, como el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el caso enfrenta a Panamá a una multa de hasta 2,500 millones de dólares por contravenir acuerdos bilaterales con Estados Unidos, algunos de cuyos inversores tienen intereses en el grupo de Julio César Lisac.La compañía estadounidense Transglobal Green Energy, también Transglobal Green Panama, socio estratégico de Lisac, emplazó al Gobierno panameño a un acuerdo amistoso sobre la anulación de la concesión antes de emprender acciones legales internacionales.El plazo debió cumplirse en octubre del año pasado.
lunes, 24 de noviembre de 2014
Juez embarga propiedades de Carlos Slim en Panamá
RUBÉN POLANCO
DE LA PRENSA
ruben.polanco@prensa.comDE LA PRENSA
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Bloomberg
Diez propiedades del magante mexicano fueron embargadas.
24/11/2014 - El juez Quinto de Circuito de lo Civil de Panamá, Juan Bosco Molina, embargó bienes inscritos en Panamá del multimillonario mexicano Carlos Slim, confirmó hoy el Órgano Judicial.
La Secretaría de Comunicación de esa entidad indicó que “existe una resolución emitida por dicho tribunal dentro del proceso ejecutivo simple propuesto por el empresario Julio César Lisac en contra de Ideal Panamá, S.A., sin embargo no se puede revelar el contenido”.
Las propiedades confiscadas son seis fincas en Chiriquí, dos en Panamá, un apartamento y la hidroeléctrica Bajo de Mina. Estas propiedades están inscritas bajo la empresa Ideal Panamá, S.A.
El fallo del juez Molina responde a un proceso civil iniciado por Lisac en 1997, como representante de la Mina Hydro Power, luego que a Slim le otorgaran la concesión de explotación de la hidroeléctrica Bajo de Mina.
'Orden es ilegal e imprecisa'
La firma Ideal, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, la segunda persona más rica del mundo según Forbes, calificó hoy la orden de embargo de sus bienes en Panamá, de ilegal, imprecisa e incompleta, informó la agencia EFE.
"La referida orden de embargo en contra de bienes de nuestra empresa no se apega a derecho, no cumple con las formalidades necesarias ni señala monto o cuantía del referido embargo, no se encuentra firme, ni resuelve en definitiva el diferendo legal", indicó la compañía en un comunicado.
El comunicado precisó que esta orden fue emitida por el Juzgado Quinto de Circuito Civil de Panamá como resultado de una demanda en torno a la concesión de explotación de la hidroeléctrica.
La compañía recordó que en enero de 2012 el Consejo del Gabinete panameño instruyó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) a proceder con el "Rescate Administrativo del Contrato de Concesión de la mina Hydropower Corporation, representada por Julio César Lisac".
Agregó que contrario a esta decisión, el 3 de febrero de 2014 Lisac "presentó demanda ejecutiva contra Ideal Panamá y la ASEP", por lo que, en respuesta, ambas entidades interpusieron recursos de apelación y otros medios de defensa en mayo y junio de este año.
Explicó que actualmente estos recursos se encuentran "pendientes de ser resueltos por parte del Tribunal Superior", al igual que otros medios de defensa que interponga Ideal Panamá contra la orden de embargo.
La empresa aseguró que las decisiones dentro este "Proceso Ejecutivo no están firmes ni ejecutoriadas" ya que todos los recursos interpuestos tanto por Ideal Panamá como por la ASEP deben ser resueltos por las instancias superiores, "por lo que este proceso se encuentra en una etapa no resolutiva".
El origen de este conflicto legal se remonta a una demanda del empresario panameño Julio César Lisac Jiménez, de 82 años, quien hace más de un lustro comenzó un proceso contra la decisión de otorgar la concesión a Slim.
Lisac argumenta que su empresa, la Mina Hydropower, contaba con la concesión del proyecto Bajo de Mina, pero que el Gobierno se la quitó para entregarla a Slim.
Según organismos de arbitraje internacional, Panamá afronta una multa por hasta 2 mil 500 millones de dólares por violación de acuerdos bilaterales con Estados Unidos debido a los daños a inversiones de ese país.
Asimismo, el socio estratégico de Lisac, la firma estadounidense Transglobal Green Energy, emplazó al Gobierno panameño a llegar a un acuerdo amistoso sobre la anulación de la concesión antes de emprender acciones legales internacionales.
(Con información de EFE)
domingo, 23 de noviembre de 2014
NACIONALES
Congreso ngäbe da espaldarazo a cacica
DEMETRIO ÁBREGO SAMUDIO
nacionales@prensa.com
SILVIA CARRERA RECIBIÓ EL APOYO DE SU PUEBLO. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Demetrio Ábrego.
23/11/2014 - Reunidos en Hato Chamí, dirigentes tradicionales, organizaciones indígenas, alcaldes, representantes de corregimiento, caciques regionales y locales, así como delegados locales y regionales de esta etnia, rechazaron ayer la decisión de la junta directiva del Congreso General Ngäbe Bugle de destituir a Silvia Carrera Concepción como su cacica general.
En un encuentro interregional de autoridades tradicionales, administrativas y de organizaciones que están dentro de la comarca, los asistentes descalificaron la acción de la junta directiva del Congreso General, presidida por Edilberto Sánchez, la cual calificaron de “ilegal y carente de sustento moral”.
En su momento, Carrera aceptó como buenas las muestras de apoyo que le brindaron los dirigentes y autoridades tradicionales presentes en el encuentro.
“Las acciones del presidente del Congreso, Edilberto Sánchez, están haciendo sufrir a mi pueblo, que ha tenido que movilizarse por días para estar presente en este lugar y pedir una revisión de sus actuaciones”, manifestó la dirigente.
Aseguró que ella fue elegida por votación popular y que es ese mismo pueblo el único que puede ordenar su destitución. “Yo fui elegida por ley, no son ocho personas y Edilberto Sánchez quienes pueden destituirme”, aseveró.
Mientras, Alberto Montezuma, fiscal de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, solicitó a las partes sentarse a dialogar y buscar un entendimiento, “que logre establecer la paz en las comunidades indígenas”.
“La Coordinadora desea hacer un papel de mediación”, afirmó.
BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ
Municipio favorece a hidroeléctricas
Reduce de 10% a 5.5% el pago que en concepto de construcción deben hacer estas empresas que se instalen en su jurisdicción.
BORIS GÓMEZ
nacionales@prensa.com
DESACUERDO. Pancarta en mano y algunos con las bocas tapadas, los ambientalistas protestaron este jueves en el Consejo Municipal de Bugaba. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez.
23/11/2014 - El Municipio de Bugaba, provincia de Chiriquí, redujo de 10% a 5.5% el pago que en concepto de construcción deben hacer las empresas hidroeléctricas que se instalen en su jurisdicción, siempre y cuando la inversión sea superior a los $50 millones, medida que ha provocado la protesta de grupos ambientalistas.
Javier Grajales, vocero de los ambientalistas, señaló que con esta baja se beneficia directamente a la empresa Hidro Burica, que construirá un complejo hidroeléctrico en la cuenca media-alta del río Chiriquí Viejo, por un monto superior a $221 millones.
Sin embargo, Luis Rovira, representante de esta compañía, evitó referirse al acuerdo municipal, limitándose a indicar las bondades del proyecto.
Esta obra sería la número 27 que se instala en los 128 kilómetros del Chiriquí Viejo, y su capacidad de generación será de 63 megas.
Por su parte, Grajales aseguró que de los aproximadamente $17 millones que esta empresa debería cancelar, ahora solo pagará cerca de $9.7 millones.
SUGERENCIA
El proponente de esta iniciativa fue el tesorero municipal, Ernesto Rodríguez, quien junto al asesor legal, Héctor Caballero, defendió la reforma, asegurando que atraerá más inversión, según consta en el acta municipal del pasado 28 de octubre.
Pero, el alcalde encargado, Celso Feijoo, dijo que el Concejo escuchará la próxima semana a los ambientalistas, porque el acuerdo municipal aún no ha entrado en vigencia.
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