A lo largo y ancho del país, desde los años ’90 y sobre todo tras la desarticulación del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), se viene expresando una creciente preocupación por el desarrollo de un programa hidroenergético que, a la fecha, abarca más de 12 cuencas madres de las 52 existentes en el territorio nacional.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informa que en Panamá han sido otorgadas 71 concesiones de hidroeléctricas, entre las que ya están en diseño o construcción y las que están aún en trámite. A esto hay que agregar 22 plantas que están ya funcionando, según los registros de la Autoridad Nacional del Ambiente del año 2013.
Todo esto ocurre en un país de apenas 75.000 km2, de cuencas cortas que corren hacia dos litorales y con crecientes vulnerabilidades ambientales en materia hídrica, que se agravan por nuevos factores de riesgo como los derviados del cambio climático.
Sesenta y cuatro de las mencionadas concesiones, o sea la gran mayoría, se concentran en apenas 6 cuencas, todas en las provincias de Chiriquí y Veraguas, cuando el consumo principal está en el corredor interoceánico de Panamá-Colón, a distancias entre 250 km y 500 km del centro de generación. Esto significa que mientras el grueso de la huella hídrica por consumo energético se produce en el corredor interoceánico, el peso del gasto ecológico y social lo soportan fundamentalmente las zonas rurales de dos provincias y seis cuencas, sin recibir ningún beneficio.
Pero hay más en este diagnóstico… 55 de estos proyectos están por debajo de los 10 MW, sin ninguna garantía de sostener un nivel de energía eficiente, porque ninguna trabaja con la regulación apropiada de las aguas, en correspondencia con un país como el nuestro que tiene dos estaciones climáticas. Medianas, pequeñas o micros hidroeléctricas, todas causan el mismo daño ecológico que cualquiera de 100 MW y más. Esto es así porque el impacto de la actividad hidráulica ambiental no radica en la dimensión del proyecto, sino en la exigencia de administrar masivamente el agua: esto es lo que cambia el orden ambiental.
Cabe señalar, como referencia, que si sumamos las capacidades instaladas de las 71 hidroeléctricas mencionadas, obtendríamos un total de 978,4 MW equivalentes a lo que podrían producir sólo dos termoeléctricas de gas, en una finca de 15 hectáreas.
Este caos tiene su origen en la política neoliberal impuesta a nuestra sociedad. El programa que nos aplican está fundamentalmente montado sobre el despojo de los recursos naturales de la nación así como de las tierras productivas del campesinado. Esto, en vez de promover un crecimiento económico con equidad, estimula la la inequidad social, la insostenibilidad ambiental y de la violación indiscriminada a los derechos humanos.
De esto resulta un desarrollo anárquico e irracional en el país, basado en la dinámica ciega del mercado y no en las necesidades de la sociedad y las limitaciones de la naturaleza.
En este marco, el movimiento contra las actuales políticas hidroenergéticas, convocado a instancias de la Alianza Estratégica Nacional pregunta al Gobierno Nacional:
· ¿Cómo explican que la cuenca del río Chiriquí Viejo, por dar un ejemplo, con un área de 1.376 km2 y una longitud de apenas 161 km, acoja 17 concesiones hidroenergéticas adicionales a las que ya tiene funcionando, todo lo cual representa un sismo que trastoca en contenido y forma el territorio de la cuenca, junto a su población?
· ¿Cómo es posible que se pretenda expropiar mediante procesos sumariales, al margen de las instancias judiciales constitucionales establecidas, tierras que son propiedad colectiva de los pueblos originarios, por derecho nacional y consuetudinario?
· ¿Tenemos la normativa jurídica adecuada y la capacidad técnico-científica para garantizar la debida gestión integrada del recurso hídrico que exige esta aventura?
· ¿Estamos frente a un desarrollo de negocios energéticos ambientalmente sostenibles, o ante negocios financieros que necesitan simplemente mover depósitos exorbitantes de activos líquidos?
· ¿Hasta cuándo se seguirá considerando a la participación social organizada como parte del problema, cuando es la clave para la solución del desarrollo equitativo y sostenible del país?
· ¿Hasta cuándo carecerán las organizaciones comunitarias de los servicios de formación técnica, del acceso al financiamiento y del apoyo necesario para contribuir como pueden, como deben y como quieren al desarrollo equitativo y sostenible de Panamá?
El problema energético no se va a resolver construyendo, por una divina providencia del mercado, cientos de medianas y pequeñas hidroeléctricas ‒que degradarán las cuencas y el agua sin garantizar la sostenibilidad de la oferta‒, sino racionalizando la demanda. Esto requiere promover una nueva cultura del consumo; ordenar científicamente y con visión de desarrollo y equidad, la base hidroenergética de generación; modernizar el parque térmico y diversificar con creatividad la matriz productiva, y garantizar que los subsidios a la producción energética se concentren en los sectores sociales y en las actividades productivas de las regiones más rezagadas en el desarrollo del país.
Por todo esto el Movimiento del Foro Nacional Contra Las Políticas Hidroenergéticas convocado por la Alianza Estratégica Nacional, considera:
‒ Solicitar al Gobierno Nacional, declarar una moratoria en el otorgamiento de las concesiones que no estén cumpliendo con los términos del contrato, que estén en trámite o sean solicitadas a futuro para la generación de hidroeléctricas en todo el territorio nacional, hasta tanto no se hayan creado las condiciones de un ordenamiento racional del sector y la capacidad científico-técnica para darle el cumplimiento a esta decisión.
‒ Solicitar a las instancias correspondientes, que todas las hidroeléctricas en operación o construcción sean sometidas a una auditoría ambiental que evalúe no solamente el cumplimiento de los planes establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental, sino también, si efectivamente son compatibles con las condiciones ecológicas y sociales de la cuenca, de forma a tomar los correctivos pertinentes.
‒ Solicitar a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) reglamentar el Caudal Ambiental, bajo el criterio de que deben garantizarse los usos sociales y ecológicos del agua como factor prioritario, tanto durante los periodos de lluvia como de estiaje de los ríos. En este sentido, apoyar la iniciativa de las organizaciones ambientales de la sociedad civil, que presentaron a esta entidad ambiental la “Propuesta de Clasificación de los Recursos Hídricos y de Caudal Ambiental” en reemplazo de la norma actual de un 10% del caudal promedio anual de los ríos.
‒ Solicitar una base normativa nacional que favorezca las condiciones para que organizaciones productivas comunitarias (cooperativas, empresas asociativas, etc.) puedan hacer gestión del agua, reteniendo el valor producido por su trabajo para reinvetir en su propio desarrollo.
‒ Solicitar al Ministerio de Educación y a la red nacional de universidades, ordenar una educación cónsona con las necesidades ambientales el país, haciendo énfasis en la formación técnica y científica de las carreras que corresponden a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
‒ Respaldar la libre determinación de los pueblos Ngäbé-Buglé y el respeto y cumplimiento de las leyes de la comarca y convenios internacionales sobre sus tierras, y la libertad del río Tabasará que consiste en la cancelación del Proyecto Barro Blanco.
‒ Convocar a todo el movimiento contra las políticas hidroenergéticas, a apoyar militantemente el proceso de aprobación del Proyecto de Ley 120 que deroga el Artículo 138-A del Texto Único de la Ley 6 de 1997.
Dado en la ciudad de Natá, provincia de Coclé, a los 24 días del mes de Enero de 2015.
