¿Repensar el agro para quién?
Juan Jované
Hace apenas unos días el grupo denominado Repensar Panamá lanzó un documento titulado "Comunicado a la Nación para el fortalecimiento del sector agropecuario". Llama la atención que, en el mismo, proviniendo de una agrupación que supuestamente está concebida para encontrar caminos para fortalecer el desarrollo nacional, no se hace mención alguna del concepto de soberanía alimentaria. Este último, como es conocido, se define como "el derecho de los pueblos y comunidades y países para definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas". No se trata, a nuestro juicio, de una omisión gratuita.
Es evidente del texto del documento que el mismo, siguiendo los lineamientos de las políticas neoliberales, enfatiza en la producción para la exportación en base a las inversiones extranjeras, para cuyo fin se debería generar todo un conjunto de infraestructuras físicas. Si bien se habla de seguridad alimentaria, no se realiza una crítica de la visión del Banco Mundial, que propone que esta se puede alcanzar en base a las importaciones.
Esta visión amerita varios comentarios. La misma, para comenzar, no constituye un elemento nuevo, sino la reafirmación de las políticas neoliberales practicadas por los gobiernos neoliberales post-invasión. Esto es claro en el Programa de Desarrollo y Modernización de la Economía de 1991, propuesto en el gobierno del presidente Endara, así como el programa titulado Desarrollo Social con Eficiencia Económica de 1997, aprobado por el gabinete en el gobierno del presidente Pérez Balladares. Esta política, que apunta hacia la exportación de los llamados bienes no tradicionales ya ha mostrado su completo fracaso en el país.
Resucitar esta política, en lugar de avanzar hacia una política de seguridad alimentaria y nutricional sostenida en la soberanía alimentaria, no tiene como objetivo superar el llamado modelo transitista – neoliberal de la economía, sino que significa simplemente agregar al mismo un elemento extractivista sumándole un componente minero y otro agrícola. Este acomodo del modelo vigente generará nuevos problemas que el documento evita señalar.
Las empresas multinacionales controlan prácticamente toda la cadena de valor en el caso de la producción y comercialización de los productos agropecuarios, lo que les otorga la capacidad oligopólica y monopsónica de aprovecharse de los países productores, quedándose con la parte del león. Es así, por ejemplo, que solo tres empresas multinacionales controlan el 53.4% del comercio internacional de semillas, mientras que diez empresas controlan el 95.0% de los agrotóxicos y un número similar controla el 41.0% del mercado de los fertilizantes.
En el otro extremo de la cadena aparecen nuevamente las empresas multinacionales, dado que las mismas controlan las actividades de exportación a nivel global. Es así que, solo para dar un ejemplo, cuatro grandes agroempresas controlan el 75.0% del comercio mundial de los cereales. Es evidente que el control de los mercados de insumos y de exportación les permite a las transnacionales agrícolas practicar un intercambio desigual en contra de los países productores.
Más aún, las técnicas de producción impuestas por estas empresas tienen un alto costo ecológico, que genera un alto impacto sobre el ambiente, los trabajadores y los consumidores (el glifosato es un ejemplo). Esta forma de producción atenta, además, contra la biodiversidad (semillas transgénicas).
El carácter neoliberal del documento que hemos venido comentando se puede observar en el hecho de que, en ningún lugar, como era de esperarse, se maneja el concepto de agroecología. Su carácter antinacional está en el hecho de que la ruta propuesta, como lo demuestra la experiencia, llevará a una plena dependencia de los productores nacionales a los dictados de las multinacionales, quienes dirán que producir, como producir y en beneficio de quien hacerlo. Se trata de fortalecer la nación no de debilitarla.
La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) hace un llamado al gobierno a atender en orden de prioridad las demandas por territorios en cumplimiento de los estándares internacionales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 