INVERSIONISTAS CONSIGUIERON SIN COSTO LOS DERECHOS para construir hidroeléctricas SOBRE LA MAYORÍA DE LOS RÍOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, Y SIN SER LOS DUEÑOS DE LAS TIERRAS VENDIERON ESOS DERECHOS A ALTOS PRECIOS
Los rostros detrás de las hidroeléctricas
Carlos Slim y un pequeño grupo de empresarios locales monopolizaron el negocio de la construcción de hidroeléctricas durante la gestión de Martín Torrijos.
1. Proyecto Prudencia, una de las tres hidroeléctricas que construye el grupo Suez Energy. 2. Proyecto Paso Ancho, localizado en Volcán 3. Proyectos Pedregalito 1 y 2 ubicados en el río Chico, propiedad de la empresa Panamá Power Holding, que lidera la familia González Revilla. 4. Proyecto Tizingal, otra de las hidroeléctricas que se construye en la cuenca del río Chiriquí Viejo. LA PRENSA/Eric Batista1379842 |
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
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“Esta era una zona de mucho turismo local, todos en el pueblo bajaban el fin de semana a bañarse y divertirse”, recuerda Maritza Chávez, viendo cómo ha cambiado el paisaje del río Chico en el sector de Boquerón, provincia de Chiriquí. Camiones, tractores y máquinas cementeras han invadido esa parte del río con un solo objetivo: erigir una hidroeléctrica.
Esto no solo sucede en el río Chico. A partir de 2006 –durante el gobierno de Martín Torrijos– los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos de Chiriquí empezaron a pasar a manos privadas por 50 años prorrogables, según los contratos de concesión para construir hidroeléctricas. En casi todos los casos, las concesiones fueron gratuitas.
Solo el 10% del agua de estos ríos quedará para abastecer de agua potable a las poblaciones de esta provincia. Esa pequeña porción también deberá alcanzar para el uso agrícola, toma de agua de animales, turismo y el resto de las actividades, según las reglas impuestas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).
El 90% del agua restante pasará a servir las necesidades de 17 hidroeléctricas que se construyen, otras 11 ya aprobadas y en diseño final, y 35 restantes que esperan aprobación oficial.
Detrás del sector de las pequeñas y medianas hidroeléctricas, donde el Estado regala la materia prima y restringe a varias poblaciones del uso de los ríos, se esconde un gran negocio que atrajo hasta al hombre más rico del mundo: Carlos Slim.
Su oferta de 31.7 millones de dólares, en mayo de 2007, por la concesión de dos hidroeléctricas y la promesa de una inversión de 321 millones de dólares, fue el disparador para la “fiebre” del sector.
Antes de ello, reveló una fuente a La Prensa, desde el Palacio de las Garzas –entonces a cargo de Torrijos– se hicieron todos los ajustes para facilitar la llegada del empresario mexicano con su firma de proyectos de infraestructura: Ideal S.A.
Ello incluyó –según la misma fuente– cambios a la legislación sobre producción de energía, reglamentació n para las concesiones de aguas y, por último, readjudicar por incumplimiento de inversión dos concesiones de hidroeléctricas que tenía Cesar Lisak: Bajo de Mina y Baitún.
A partir de ese momento se generó un mercado secundario entre especuladores y empresarios que también querían entrar en el negocio. Así, a Slim lo siguieron otros empresarios locales cómo González Revilla, Eleta, Lewis Navarro, Hanono, Harari, Delvalle y Virzi.
Otros allegados al gobierno de Torrijos también aprovecharon para conseguir en forma expedita aprobaciones pendientes que luego vendieron a terceros.
Hasta el actual presidente de la República, Ricardo Martinelli, entró en el negocio de las hidroeléctricas, aunque éste tiene sus proyectos en Veraguas.
El año clave
Para los especuladores, 2007 se convirtió en el año para convertir en efectivo el derecho de concesión logrado sobre el caudal de los ríos de Chiriquí, aprovechando que los requisitos que se exigían eran mínimos y que todo se hacía casi sin desembolsar fondos.
Víctor Urrutia, ex administrador de la Asep, admitió que hasta 2006 la regulación sobre la asignación de proyectos hidroeléctricos era muy flexible y vulnerable a la especulación. Por ello, explicó que el gobierno de Torrijos aplicó cambios para reactivar la construcción de las hidroeléctricas que hoy están en obra.
Eso generó que varios derechos de concesión otorgados a una persona o empresa cambiaran de dueños mediante ventas privadas en las que el Estado no recibió dinero.
Por ejemplo, el proyecto Paso Ancho, que tenía la empresa Intercarib, pasó a manos del hermano del ex canciller Samuel Lewis Navarro, José Guillermo Lewis Navarro.
La familia Lacayo-Krupnik, amigos y socios directos de ex presidente Torrijos en un negocio residencial, también consiguió en esa administració n la aprobación de todos los estudios de su hidroeléctrica para luego venderla al empresario alemán Peter Stern.
Entre todas las concesiones resaltan las siete que estaban en manos del empresario Patrick Kelly Pardini, quien en el auge de las hidroeléctricas en 2007, procedió a vender los derechos que había conseguido en los ríos chiricanos.
Cinco de estos proyectos pasaron al grupo de 45 empresarios liderado por Emanuel González Revilla (hijo) llamado Panamá Power Holding. Este mismo grupo adquirió los derechos de otros tres proyectos que tenía en trámite Pardini. Las otras dos concesiones de Pardini, llamadas Perla I y Perla II, fueron vendidas a la familia Hanono, por un monto desconocido.
Panamá Power Holding, junto con la compañía Electron Invesment de la familia Saint Malo-Eleta, Slim y Suez Energy, controlan la mayoría de las concesiones otorgadas hasta la fecha y esperan, en un futuro, abarcar más del pastel con otras de las 35 concesiones sobre los ríos de Chiriquí que están en trámite, lo que ha generado discrepancias con las comunidades afectadas y los grupos ambientalistas. (Ver infografía).
A los concesionarios también les tocó negociar con los dueños de las tierras que necesitan para desarrollar sus proyectos, generando varios conflictos que fueron a parar a la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la familia Romagosa Durán contra la concesión que tenía la familia Lacayo-Krupnik.
A pesar de las nuevas reglas para impulsar las hidroeléctricas, no se terminó con la especulación en el sector. Se dejó abierta la posibilidad de pedir una concesión de cualquier río para construir una hidroeléctrica solo a cambio de un pago al Estado de mil dólares por megavatio de generación.
El proyecto solo debe ir a remate si se presentan otras ofertas, luego de la publicación de la solicitud por parte de la Asep, según la reglamentació n establecida por ese organismo.
Es así como empresarios independientes e ingenieros, algunos sin capacidad económica, mantienen en trámite hasta tres y cuatro solicitudes para adjudicarse los derechos sobre ríos.
Por ejemplo, el empresario colombiano Jossué Levy Levy tiene cuatro solicitudes. Igualmente, el ingeniero Roberto Palma tiene tres solicitudes de concesiones y Guillermo de Roux, otras tres más.
El próximo 31 de mayo, la Asep tiene programado adjudicar cuatro concesiones más, tres de ellas en los ríos de Chiriquí. Y ello a pesar de que el jefe del departamento de gestión ambiental de la Asep, Fernando Vargas, aceptó que los principales ríos de esa provincia ya están llegando a su máxima capacidad.
Hoy hay 35 proyectos en trámite y se estudia la opción de levantar la restricción del río Caldera en Boquete para permitir el desarrollo de hidroeléctricas. La Alcaldía de Boquete ya presentó la solicitud a la Asep.
Mayoría de proyectos no tiene gran capacidad
Para el Gobierno, la prioridad son las hidroeléctricas. Pero las cifras oficiales indican que gran parte de los daños ambientales podrán ser más cuantiosos que los beneficios que traerán las nuevas obras.
Tomando solo en cuenta el caso de los proyectos que están en construcción y diseño final, se puede sostener que 19 de los 28 proyectos aprobados no tienen la capacidad para atender la demanda máxima que tiene un centro comercial del tamaño de Albrook Mall, que es de 17.5 megavatios. Solo los proyectos como Bajo de Mina, Lorena, Mendre, Prudencia, Baitún, Montelirio, Pando, El Alto y Bajo Frío superan esta demanda. (Ver infografía).
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos prefiere ver las cifras globales: todas las obras en construcción en Chiriquí prometen generar 820.5 megavatios tomando su capacidad máxima instalada.
La justificación técnica: garantizar la electricidad
El desarrollo de un gran número de hidroeléctricas en los ríos chiricanos tiene sus defensores. Unos afirman que las hidroeléctricas son necesarias porque el crecimiento de la demanda de energía puede superar pronto la oferta existente, lo que causaría apagones. Otros no son tan dramáticos en términos de la oferta existente, sino que se enfocan en que la energía hídrica es necesaria para reducir el costo de la tarifa eléctrica y bajar la dependencia del petróleo.
En Panamá, el 54% de la electricidad es generada por plantas hídricas y el otro 46%, por plantas térmicas, según datos oficiales.
Para el ex administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) en la gestión de Martín Torrijos, Víctor Urrutia, en esos momentos existía una necesidad imperante de agilizar los proyectos que estaban congelados o en manos de personas que no tenían la capacidad económica para desarrollarlos. “Desde 1999 a 2005 no se inició una sola obra eléctrica en el país, lo que a futuro podría poner en riesgo la capacidad de oferta energética”, comentó. Urrutia aseguró que los proyectos aprobados durante la gestión de Torrijos llegarán a la fase de operación, pero vaticinó que una porción de los que están en trámite no se concretarán porque no serán financieramente viables. Aun así, Urrutia proyectó que la nueva oferta será suficiente para que el precio mayorista del megavatio de electricidad baje de 200 a 100 dólares, tomando en cuenta el crecimiento de la demanda.
Fernando Vargas, jefe del departamento de gestión ambiental de la Asep, asegura que las nuevas hidroeléctricas solo garantizarán la oferta para abastecer el crecimiento de la demanda, que en el último período medido aumentó 12%. Vargas negó que las nuevas obras solo generarán energía para exportar. “En las horas de consumo mínimo las nuevas hidroeléctricas tendrán la disposición de exportar, pero la prioridad es el mercado interno”, alegó el funcionario.
Hidroeléctricas defienden sus proyectos de energía
Son pocos los promotores que salieron a defender sus hidroeléctricas. Solo el Grupo Electron, de la familia Saint Malo-Eleta, Suez Energy y la empresa Hydro Power, de los Lewis Navarro, lo hicieron ante la solicitud de La Prensa. Los cuatros aseguraron que cumplieron con las normas ambientales exigidas por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). José Lewis Navarro, presidente de Hydro Power, se negó a revelar en qué monto adquirió los derechos del proyecto Paso Ancho en Chiriquí, pero afirmó que está invirtiendo más de 20 millones de dólares que espera recuperar en 12 años. Lewis Navarro aseguró que no ha habido especulación alguna en la obra, y que existe una persona –que no identificó– que por razones personales “ha tratado de boicotear el proyecto”.
- ¿Hay especulación en este sector?
- No la hay. Somos una empresa 100% panameña comprometida con un segmento de la industria eléctrica, aseguró Lewis Navarro.
También recalcó que Paso Ancho es el proyecto más pequeño del área “y seguramente el que menos impacto tendrá”.
En tanto, Kevin Taylor, presidente ejecutivo de Electron, aclaró que esta empresa no adquirió los derechos en el mercado secundario sino que tramitó su concesión ante el Estado. Taylor, quien se negó a revelar el monto de su inversión, también señaló que el estudio de impacto ambiental de sus dos proyectos cumple con todos los requerimientos de la Anam.
Por su parte, el gerente de Suez Energy, Philippe Delmonte, declaró que su empresa realizó aportes al Municipio de Gualaca por 400 mil dólares en pago de impuestos, el mejoramiento de tres acueductos y la construcción de un vertedero”. Además –añadió– aportó un millón 600 mil dólares a la Alcaldía de David.
La Prensa hizo contacto con otros grupos de empresas, entre ellos Ideal, Panamá Power y el inversionista Jossué Levy, pero no hubo respuestas a la solicitud.