viernes, 15 de marzo de 2019

Las áreas revertidas y los depredadores de la naturaleza - La Prensa




AMBIENTE

Las áreas revertidas y los depredadores de la naturaleza
Isabel Arosemena de Arango  |  15 mar 2019 - 00:00h

Temas: Ministerio De Ambiente MOP (Ministerio De Obras Públicas) Municipio De Panamá

Según el Diccionario de la Lengua Española, se define depredar como: "robar, saquear con violencia y destrozo". Soy residente de las áreas revertidas desde hace 36 años; atrás de mi casa hay un bosque virgen y animales silvestres, y en los últimos meses un considerable número de vecinos ha protestado por la depredación del bosque de la avenida Omar Torrijos, bajo pretexto de ampliarla, para aliviar el tráfico cerca del puente de las Américas.

¿Qué les pasa a las autoridades del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, quiénes han mostrado oídos sordos a las protestas y cese de esta devastación, que puede afectar seriamente el caudal de agua de las riberas del Canal y de la ciudad? Vivimos en una ciudad en la que cada día hay más cemento que áreas verdes.

A diario vemos noticias de las contradicciones de los funcionarios con relación a los permisos de los proyectos (artículos, 32, 38 y 39) ; lo cuales no los tienen aún y de un estudio ambiental desconocido que haya permitido esta tala indiscriminada, en la que a la flora con su denso bosque y a la fauna con su cantidad de animales, les han destrozado su hábitat, causando a muchos de ellos su muerte. A nivel mundial se habla con frecuencia del daño a nuestra madre naturaleza, que debemos frenar ya.

Continúan las talas en Loma Cová hasta Arraiján, donde me ha causado estupor y dolor ver la densidad de los bosques destruidos, convertidos en colinas de polvo y lodo, en donde hubo hermosos y gigantes árboles; ya no hay nada. Tal vez con la intención de beneficiar a un grupo de empresarios con estas obras millonarias y jactarse las autoridades de que hicieron un bien para el país.


De chica me enseñaron a amar y proteger la naturaleza, de sembrar una semilla y ver crecer un árbol, que nos proporciona su fruto, de sus largas y frondosas ramas su sombra y de su balance de hojas su brisa fresca que añoramos en los veranos.

Por eso, esta depredación de la naturaleza debe suspenderse de inmediato. Las autoridades de estas instituciones deben pensar bien antes de autorizar el permiso de obras de esta magnitud, porque el daño que le hacen a la naturaleza es irreversible, y donde ustedes y nosotros sufriremos de esta destrucción.

La autora es relacionista pública

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lunes, 11 de marzo de 2019

Comentario sobre Petaquilla ... todo a dolar

¡INCREIBLE.! #NitoCemisOdebrecht y su virtal Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, están metidos de lleno en el negocio de la minería en Donoso que tiene reservas de oro y cobre por más de 400 mil millones de dólares. Nito cuando fue legislador por Solidaridad en el 3-2 otorgó la concesión por 40 años; su actual asesor y vicepresidente, José Gabriel Carrizo, es el abogado de la Minera y su madre, Lupe Jaén de Carrizo, era la Gerente y ahora cínicamente el candidato dice que hay que proteger el medio ambiente y los recursos naturales, cuando han devastado miles de hectáreas de bosques y ríos y además mantienen contratado el 98% del personal extranjero y en protestas pasadas le prendieron fuego a los ranchos de los campesinos y hasta lograron remover del area al padre Conrado Sanjur... #MasdeloMismo...NitoMasCorrupcion...

MEDIO AMBIENTE. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA MINERA AFECTARÁN UNAS 3 MIL 100 HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO - LA PRENSA

MEDIO AMBIENTE. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA MINERA AFECTARÁN UNAS 3 MIL 100 HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO.

Petaquilla: casi todo por un dólar
La firma pagará un dólar de canon anual –por cada hectárea– en los primeros años de la concesión.

Petaquilla admitió que el material residual que dejará en el área, tendrá restos de cianuro.

Rafael E. Berrocal R.  | rberrocal@prensa.com 31 oct 2007 - 00:00h

2 | DEFORESTADO Este cerro, ubicado en medio del bosque, será 'rebanado' para extraer el material que contiene pequeñas partículas de oro y plata.
La empresa ya construye –a orillas del río Molejón– la piscina de relave donde irá a parar todo el material procesado con cianuro. 
2 | DEFORESTADO Este cerro, ubicado en medio del bosque, será 'rebanado' para extraer el material que contiene pequeñas partículas de oro y plata.
La empresa ya construye –a orillas del río Molejón– la piscina de relave donde irá a parar todo el material procesado con cianuro. 
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La empresa ya construye –a orillas del río Molejón– la piscina de relave donde irá a parar todo el material procesado con cianuro.

Petaquilla Minerals firmó un contrato con el Estado que por sí solo es un gran negocio: la empresa tiene el aval legal para hacer y deshacer en las 13 mil 600 hectáreas que le otorgaron para la explotación y extracción de materiales metálicos como oro, plata y cobre. Tiempo le sobra: la concesión es por 20 años, con derecho a una prórroga por 40 años más.

El Estado de Panamá recibirá, por la explotación de la tierra, un dólar anual por hectárea durante los primeros años del contrato.

Pero, para la compañía, se trata de un negocio que les dejará altos dividendos a sus principales accionistas, las empresas canadienses Mining Corporation y Teck Cominco.

La propia Petaquilla Minerals informó que espera extraer en 12 años unas 893 mil onzas de oro como mínimo de la mina de Molejón, ubicada en el distrito de Donoso (Colón).

Si se toma como referencia el el precio actual del oro en el mercado internacional, el valor del metal que extraerá la empresa sería de 536 millones de dólares.

Para Petaquilla Minerals, empresa presidida por Richard Fifer, la mina de oro solo representa el 20% de su negocio. La mina de cobre es el "fuerte" del negocio y su explotación está programada para iniciarse en mayo próximo.

En total, la empresa proyecta que tendrá que intervenir y afectar unas 3 mil 100 hectáreas de bosque nativo.

Pero el atractivo negocio para los accionistas no se refleja en los dividendos que recibirá Panamá. El acuerdo –Ley 9 de febrero de 1997– establece que el Estado empezará a recibir en concepto de cánones superficiales un dólar por cada hectárea dada en concesión, un monto que subirá gradualmente hasta llegar a 3 dólares con 50 centésimos. Pero la empresa tiene la potestad de deducir de estos pagos, los gastos que tenga en exploraciones.

En los impuestos que debe pagar la empresa también se establecieron topes. En el impuesto de inmuebles, Petaquilla Minerals no pagará más de 100 mil dólares al año, al igual que en los impuestos municipales. Si se sobrepasa en el tope de los impuestos municipales, la empresa recibirá créditos fiscales contra el pago de impuesto sobre la renta.

La empresa se defendió: aseguró que su proyecto está basado en un "modelo de minería sostenible" que incluye la activación económica de lugares cercanos al proyecto, como los distritos de Donoso y La Pintada. Esto abarca la construcción de escuelas, carreteras, centros de salud, infraestructura gubernamental, electrificación, apoyo al sector agropecuario del país, becas estudiantiles, y la generación de más de mil 600 empleos solo en su primer proyecto, la mina de oro.

José Gabriel Carrizo –representante legal de Petaquilla Minerals– sostuvo que la empresa ha tenido fuertes gastos en estudios de impacto ambiental, viabilidad y contratación de fianzas que ascienden a 7 millones de dólares.


El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ente regulador de la actividad minera en el país, conoce de las grandes ventajas dadas a Petaquilla, pero actualmente no analiza renegociar el contrato. "Todas las ventajas, exoneraciones y beneficios que tiene esta concesión están descritas en una ley aprobada en 1997 y no en esta administración. En ningún momento se han otorgado nuevos beneficios", explicó la institución que está a cargo de Alejandro Ferrer.

A través de un comunicado, el Mici indicó que solo intervino para garantizar que la empresa se sometiera a la supervisión de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y se estableciera, además, una fianza ambiental por 3 millones de dólares. "Esto no limita la compensación por daño ambiental, si lo hubiese. Es solo una garantía de pago para cubrir gastos inmediatos", afirmó el Mici. Sin embargo, Petaquilla se ha resistido a la supervisión de la Anam.

Impacto ambiental

El estudio ambiental que presentó Petaquilla confirmó que con el desarrollo del proyecto minero se darán cambios en la composición de la fauna del lugar y se darán desvíos de quebradas. En total, se intervendrán de manera "directa y drástica" 160 hectáreas para la mina de oro. De esa superficie, un 80% perderá la cobertura boscosa y el 100% no tendrá la capacidad de mantener la biodiversidad original.

Ahora la empresa dijo que afectará 100 hectáreas como máximo en el primer proyecto (oro) y 3 mil más para la mina de cobre. La empresa ya deforestó el cerro de donde extraerá todo el material para refinarlo y sacar el oro. Por cada tonelada de tierra y piedra que se extraiga, quedarán 2.48 gramos de oro.

La empresa aceptó, en una entrevista con este diario, que se trata de una mina de cielo abierto como una cantera de tosca, pero aclaró que su sistema de procesamiento es cerrado y además contempla un proceso para neutralizar los efectos del cianuro.

El problema está en las tinas de relave: allí, al final de la refinación, se deposita todo el material de descarte junto con restos de cianuro producto de la actividad minera.

Los propios técnicos de la compañía admitieron que es imposible evitar el 100% de la salida del cianuro, una sustancia altamente contaminante.

Petaquilla Minerals aseguró, no obstante, que su planta de procesamiento de oro utiliza la tecnología más avanzada que hay en el mundo, y que el impacto al medio ambiente es mínimo.

Pero la relación entre la minera y la Anam no es la mejor. Natalia Young, directora de Calidad Ambiental del organismo, informó que se le inició a Petaquilla un proceso por daños a las aguas superficiales, suelos y vegetación. La Anam también acusó a la firma de empezar la construcción de una carretera y la planta de oro sin los permisos ambientales. Por ello, la empresa interpuso un recurso ante la Corte Suprema que logró frenar, por el momento, el proceso que adelanta la Anam (el caso lo tiene el magistrado Adán Arjona). Mientras tanto, la construcción del proyecto continúa.

Por su parte, Ramón Alvarado, consultor externo de Petaquilla, indicó que el plan de mitigación ambiental contempla un proyecto de cierre de la mina para dejar el área lo menos afectada posible. Agregó que en el futuro se contempla hacer un lago artificial en el cerro que explorarán

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MEDIO AMBIENTE. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA MINERA AFECTARÁN UNAS 3 MIL 100 HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO - LA PRENSA

MEDIO AMBIENTE. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA MINERA AFECTARÁN UNAS 3 MIL 100 HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO.

Petaquilla: casi todo por un dólar
La firma pagará un dólar de canon anual –por cada hectárea– en los primeros años de la concesión.

Petaquilla admitió que el material residual que dejará en el área, tendrá restos de cianuro.

Rafael E. Berrocal R.  | rberrocal@prensa.com 31 oct 2007 - 00:00h

2 | DEFORESTADO Este cerro, ubicado en medio del bosque, será 'rebanado' para extraer el material que contiene pequeñas partículas de oro y plata.
La empresa ya construye –a orillas del río Molejón– la piscina de relave donde irá a parar todo el material procesado con cianuro. 
2 | DEFORESTADO Este cerro, ubicado en medio del bosque, será 'rebanado' para extraer el material que contiene pequeñas partículas de oro y plata.
La empresa ya construye –a orillas del río Molejón– la piscina de relave donde irá a parar todo el material procesado con cianuro. 
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La empresa ya construye –a orillas del río Molejón– la piscina de relave donde irá a parar todo el material procesado con cianuro.

Petaquilla Minerals firmó un contrato con el Estado que por sí solo es un gran negocio: la empresa tiene el aval legal para hacer y deshacer en las 13 mil 600 hectáreas que le otorgaron para la explotación y extracción de materiales metálicos como oro, plata y cobre. Tiempo le sobra: la concesión es por 20 años, con derecho a una prórroga por 40 años más.

El Estado de Panamá recibirá, por la explotación de la tierra, un dólar anual por hectárea durante los primeros años del contrato.

Pero, para la compañía, se trata de un negocio que les dejará altos dividendos a sus principales accionistas, las empresas canadienses Mining Corporation y Teck Cominco.

La propia Petaquilla Minerals informó que espera extraer en 12 años unas 893 mil onzas de oro como mínimo de la mina de Molejón, ubicada en el distrito de Donoso (Colón).

Si se toma como referencia el el precio actual del oro en el mercado internacional, el valor del metal que extraerá la empresa sería de 536 millones de dólares.

Para Petaquilla Minerals, empresa presidida por Richard Fifer, la mina de oro solo representa el 20% de su negocio. La mina de cobre es el "fuerte" del negocio y su explotación está programada para iniciarse en mayo próximo.

En total, la empresa proyecta que tendrá que intervenir y afectar unas 3 mil 100 hectáreas de bosque nativo.

Pero el atractivo negocio para los accionistas no se refleja en los dividendos que recibirá Panamá. El acuerdo –Ley 9 de febrero de 1997– establece que el Estado empezará a recibir en concepto de cánones superficiales un dólar por cada hectárea dada en concesión, un monto que subirá gradualmente hasta llegar a 3 dólares con 50 centésimos. Pero la empresa tiene la potestad de deducir de estos pagos, los gastos que tenga en exploraciones.

En los impuestos que debe pagar la empresa también se establecieron topes. En el impuesto de inmuebles, Petaquilla Minerals no pagará más de 100 mil dólares al año, al igual que en los impuestos municipales. Si se sobrepasa en el tope de los impuestos municipales, la empresa recibirá créditos fiscales contra el pago de impuesto sobre la renta.

La empresa se defendió: aseguró que su proyecto está basado en un "modelo de minería sostenible" que incluye la activación económica de lugares cercanos al proyecto, como los distritos de Donoso y La Pintada. Esto abarca la construcción de escuelas, carreteras, centros de salud, infraestructura gubernamental, electrificación, apoyo al sector agropecuario del país, becas estudiantiles, y la generación de más de mil 600 empleos solo en su primer proyecto, la mina de oro.

José Gabriel Carrizo –representante legal de Petaquilla Minerals– sostuvo que la empresa ha tenido fuertes gastos en estudios de impacto ambiental, viabilidad y contratación de fianzas que ascienden a 7 millones de dólares.


El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ente regulador de la actividad minera en el país, conoce de las grandes ventajas dadas a Petaquilla, pero actualmente no analiza renegociar el contrato. "Todas las ventajas, exoneraciones y beneficios que tiene esta concesión están descritas en una ley aprobada en 1997 y no en esta administración. En ningún momento se han otorgado nuevos beneficios", explicó la institución que está a cargo de Alejandro Ferrer.

A través de un comunicado, el Mici indicó que solo intervino para garantizar que la empresa se sometiera a la supervisión de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y se estableciera, además, una fianza ambiental por 3 millones de dólares. "Esto no limita la compensación por daño ambiental, si lo hubiese. Es solo una garantía de pago para cubrir gastos inmediatos", afirmó el Mici. Sin embargo, Petaquilla se ha resistido a la supervisión de la Anam.

Impacto ambiental

El estudio ambiental que presentó Petaquilla confirmó que con el desarrollo del proyecto minero se darán cambios en la composición de la fauna del lugar y se darán desvíos de quebradas. En total, se intervendrán de manera "directa y drástica" 160 hectáreas para la mina de oro. De esa superficie, un 80% perderá la cobertura boscosa y el 100% no tendrá la capacidad de mantener la biodiversidad original.

Ahora la empresa dijo que afectará 100 hectáreas como máximo en el primer proyecto (oro) y 3 mil más para la mina de cobre. La empresa ya deforestó el cerro de donde extraerá todo el material para refinarlo y sacar el oro. Por cada tonelada de tierra y piedra que se extraiga, quedarán 2.48 gramos de oro.

La empresa aceptó, en una entrevista con este diario, que se trata de una mina de cielo abierto como una cantera de tosca, pero aclaró que su sistema de procesamiento es cerrado y además contempla un proceso para neutralizar los efectos del cianuro.

El problema está en las tinas de relave: allí, al final de la refinación, se deposita todo el material de descarte junto con restos de cianuro producto de la actividad minera.

Los propios técnicos de la compañía admitieron que es imposible evitar el 100% de la salida del cianuro, una sustancia altamente contaminante.

Petaquilla Minerals aseguró, no obstante, que su planta de procesamiento de oro utiliza la tecnología más avanzada que hay en el mundo, y que el impacto al medio ambiente es mínimo.

Pero la relación entre la minera y la Anam no es la mejor. Natalia Young, directora de Calidad Ambiental del organismo, informó que se le inició a Petaquilla un proceso por daños a las aguas superficiales, suelos y vegetación. La Anam también acusó a la firma de empezar la construcción de una carretera y la planta de oro sin los permisos ambientales. Por ello, la empresa interpuso un recurso ante la Corte Suprema que logró frenar, por el momento, el proceso que adelanta la Anam (el caso lo tiene el magistrado Adán Arjona). Mientras tanto, la construcción del proyecto continúa.

Por su parte, Ramón Alvarado, consultor externo de Petaquilla, indicó que el plan de mitigación ambiental contempla un proyecto de cierre de la mina para dejar el área lo menos afectada posible. Agregó que en el futuro se contempla hacer un lago artificial en el cerro que explorarán

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domingo, 10 de marzo de 2019

Histórica victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos: El Grupo Banco Mundial no está por encima de la Ley.

Caso Budha Ismail Jam vs. International Finance Corp, No. 17-1011.
Location: Washington, DC

WASHINGTON, DC – Esta semana, en un voto histórico de 7-1, la Corte
Suprema de los Estados Unidos decidió en el caso Jam vs. Corporación
Financiera Internacional (IFC), que las organizaciones internacionales
como el Grupo Banco Mundial pueden ser demandadas en cortes
estadounidenses.

La decisión de la Corte marca un momento clave para la IFC – el brazo
del Grupo Banco Mundial que otorga préstamos al sector privado.

Durante años la IFC ha operado como si estuviese "por encima de la
ley", promoviendo proyectos irresponsables que han causado graves
violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales, dejando
que estas se defiendan por sí mismas.

Organizaciones internacionales como la IFC llevan declarando por años
que tienen el derecho a operar con inmunidad "absoluta", aun cuando
realicen actividades comerciales, como es el proyecto de la planta de
carbón sobre el cual se construyó este caso porque apelan al estatuto
correspondiente que les concede la misma inmunidad que a los gobiernos
extranjeros.

Sin embargo, los gobiernos extranjeros no tienen inmunidad absoluta en
las cortes estadounidenses cuando realizan prácticas comerciales, por
ello la Corte Suprema rechazó su posición diciendo: "La Corporación
Internacional Financiera, por esta razón, no es absolutamente inmune
de demandas."

Este caso gira alrededor de una planta de carbón financiada por la IFC
en Gujarat, India. Las y los demandantes son miembros de comunidades
locales dedicadas a la pesca y agricultura, y han visto su sustento de
vida, calidad de aire y fuentes de agua potable afectadas por la
ejecución del proyecto.

Ellas y ellos alegan que la IFC y las constructoras del proyecto
tenían conocimiento sobre estos riesgos de antemano; sin embargo,
decidieron realizar el proyecto sin implementar las medidas de
protección necesarias.

En un principio, las y los demandantes presentaron sus preocupaciones
ante el mecanismo interno de quejas de la IFC, no obstante, los
directivos de la IFC ignoraron las conclusiones de su propio organismo
interno.

En virtud de ello, como último recurso, las y los demandantes se
vieron obligados a presentar una demanda en los Estados Unidos.
EarthRights International y la Clínica de Litigio de la Corte Suprema
de la Escuela de Derecho de Standford representan a las comunidades.

La oficina principal de la IFC se encuentra en Washington, DC., al
igual que las demás organizaciones del Grupo Banco Mundial, porque el
gobierno de Estados Unidos es el mayor accionista de este grupo.

El gobierno de Estados Unidos, durante años ha apoyado la
interpretación de la ley realizada por los demandantes, en el sentido
de que las organizaciones internacionales pueden ser demandadas por
sus actividades comerciales o por causar daños en los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia y Estado de los Estados Unidos y miembros
del Congreso de ambos partidos, presentaron un amicus curiae en apoyo
a la posición de los demandantes.

Ahora que la Corte Suprema ha establecido que el Grupo Banco Mundial
puede ser demandado, el caso regresará a las cortes inferiores para
continuar con el curso del litigio.

En otro caso contra la IFC, EarthRights International representa a las
y los demandantes, cuyas identidades se mantienen en el anonimato para
protegerlos de represalias, el cual se espera que proceda en la Corte
Distrital del Estado de Delaware.

Este caso, denominado Juana Doe et al v. IFC, involucra proyectos de
la IFC ligados a asesinatos, tortura y otros tipos de violencia por
grupos paramilitares y escuadrones de muerte en Honduras.

Declaraciones

"Estamos extremadamente felices con la decisión de la Corte Suprema de
los Estados Unidos. Esta es una victoria inmensa, particularmente para
la gente de Mundra y de otros lugares en general, donde las malas
inversiones del Banco Mundial están destruyendo a las comunidades y el
medio ambiente. Este es un paso inmenso para hacer responsable al
Banco Mundial del impacto negativo que tienen sus inversiones."

– Dr. Bharat Patel, dirigente del grupo de derechos de pescadores
MASS, uno de los demandantes del caso.

"Estamos deleitados con esta sentencia. Esto es una victoria para
todos los que han luchado durante décadas por que el Banco Mundial sea
responsable por sus actos, y que han tenido enfrentamientos valientes
contra proyectos financiados por el Banco, exponiendo los monumentales
costos humanos y ambientales que tienen sus préstamos. Esta sentencia
fortalecerá los esfuerzos de nuestras comunidades por lograr que el
Banco Mundial rinda cuentas, y es un paso en la dirección correcta de
hacer responsables a todas las entidades financieras."

– Joe Athialy, Director Ejecutivo del Centro de Responsabilidad
Financiera, India

"La inmunidad frente a cualquier responsabilidad legal no ayuda al
desarrollo de las metas de las organizaciones internacionales. Lo que
hace es ayudarlos a ser descuidadas, que es lo que pasó acá. Al igual
que cualquier otra institución, desde gobiernos hasta corporaciones,
la posibilidad de rendir cuentas va a motivar a estas organizaciones a
proteger a las personas y al medio ambiente".

– Marco Simons, Consejo General, EarthRights International

"Las actividades comerciales de organizaciones internacionales como la
IFC pueden tener impactos significativos en la vida de norteamericanos
y otras personas en todo el mundo. Celebramos la sentencia de hoy."

– Prof. Jeffrey Fisher, Codirector, Clínica de Litigio de la Corte
Suprema de la Escuela de Derecho de Standford

Antecedentes

Desde un inicio la IFC reconoció que la planta de carbón de Tata
Mundra sería un proyecto de alto riesgo que podría tener impactos
significativamente adversos en comunidades locales, así como en el
ambiente.

A pesar de conocer los riesgos, la IFC realizó un préstamo de US$ 450
millones en el 2008 facilitando la realización del proyecto, lo que le
dio una fuerte influencia sobre el diseño y operación de la planta.

Sin embargo, la IFC no tomó las medidas razonables para prevenir los
daños previstos, y para asegurar que el proyecto se realizará bajo
adecuadas condiciones ambientales y sociales.

Como fue previsto, la planta de carbón causó daños significativos a
las comunidades que viven a su alrededor. La construcción de la planta
destruyó fuentes importantes de agua utilizadas para el consumo humano
y el riego.

La ceniza del carbón ha contaminado sembríos y al pescado que se
estaba secando al aire libre. Además, los niveles contaminación del
aire son peligrosos para la salud humana, y ha habido un incremento de
problemas respiratorios en niños y adultos mayores, particularmente.

La enorme cantidad de contaminación térmica – agua caliente que sale
de la planta – ha destruido los ecosistemas marinos locales y a la
población de peces, que personas como Budha Ismail Jam usaban como
sustento para proveer a sus familias.

Aunque en el 2015 la ley requería que todas las plantas de carbón en
la India debían instalar torres de enfriamiento para minimizar la
contaminación térmica, para finales del 2017 la planta de Tata Mundra
todavía no las había implementado.

Una faja transportadora de carbón de 14 kilómetros de largo, que
transporta dicho material del puerto a la planta, corre al lado de
aldeas locales y cerca de terrenos de pesca. El polvo de carbón que
sale de la faja, vuela y contamina los pescados que han sido dejados
por los pobladores al aire libre, reduciendo su valor, dañando la
producción agrícola y cubriendo casas y propiedades privadas.

El mecanismo interno de la IFC para quejas, el Asesor de Cumplimiento
Ombudsman (CAO), presentó un informe determinante en el 2013,
confirmando que la IFC había fallado en asegurar que el proyecto de
Tata Mundra cumpliese con las condiciones sociales y ambientales
necesarias para obtener un financiamiento por esta institución. Las
fallas fueron cometidas prácticamente en cada etapa del proyecto. La
CAO finalizó su informe solicitándole a la IFC que tome medidas
correctivas inmediatas.

La administración de la IFC respondió el informe de la CAO, rechazando
la mayoría de sus argumentos e ignorando otros. En un reporte de
seguimiento del 2017, la CAO observó que la IFC seguía sin cumplir y
que no tomó ninguna medida significativa para remediar la situación.

Los daños sufridos por los demandantes son particularmente lamentables
cuando se considera que el proyecto no era rentable desde un
principio.

De hecho, en el 2017, Tata Power comenzó a tratar de liberarse de la
mayor cantidad de acciones del proyecto, vendiéndolas por la suma de
una rupia (que equivale a 0.014 centavos de dólar), debido a las
pérdidas que han tenido y seguirán teniendo. Además, la planta solo
funciona a un quinto de su capacidad, en parte, porque en la India hay
una sobreoferta de electricidad.
Documents:
Jam v IFC SCOTUS opinion
https://earthrights.org/wp-content/uploads/Jam-v-IFC-SCOTUS-opinion.pdf



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Eco Informativo IDIMA 09 marzo 2019








Eco Informativo IDIMA (Instituto de Investigacion y Manejo Ambiental) dirigido por el Profesor Demetrio Miranda los sabados de 12:30 PM a 1:30 PM por Radio Chiriqui (www.radiochiriqui.com)














Eco Informativo IDIMA 02 marzo 2019









Eco Informativo IDIMA (Instituto de Investigacion y Manejo Ambiental) dirigido por el Profesor Demetrio Miranda los sabados de 12:30 PM a 1:30 PM por Radio Chiriqui (www.radiochiriqui.com)


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