CONCESIONES DE HIDROELÉCTRICAS EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO PREOCUPAN A LA COMUNIDAD Y A LOS AMBIENTALISTAS
En el río Chiriquí Viejo hay ocho concesiones para hidroeléctricas: Baitún y Bajo Mina, de la empresa Ideal, S.A.; Bajo Frío, de Fountain Intertrade Corp.; Burica, de Hidro Burica, S.A.; El Alto, de Hydro Caisán; Terra 4-Tizingal, de Hidroeléctrica Tizingal, y Montelirio y Pando, de Electron Investment, S.A. Funcionarios de Anam reconocieron que no existe un plan de manejo del recurso hídrico para la cuenca 102 y que se trabaja en ello, luego de la visita de la oficina de reclamos Compliance Advisor Ombusman (CAO) en enero de 2010. Sin embargo, las concesiones hidroeléctricas ya están dadas
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Los lugareños y productores de las áreas aledañas de la cuenca 102 –conocida como río Chiriquí Viejo– ven con preocupación cómo su principal fuente de agua es concesionada a grandes proyectos hidroeléctricos.
“El charco lo han secuestrado”, señaló Felipe Castillo, quien por 35 años ha vivido en la comunidad de Las Perlas, a las faldas del volcán Barú.
“Ahora no tenemos dónde pescar, porque el mayor caudal se lo llevan las hidroeléctricas y han realizado desvíos en el cauce del río”, dijo.
A Castillo también le preocupa que las fincas cercanas al río –que nace en el Parque Nacional Volcán Barú y baña con sus 161 kilómetros las fértiles tierras de Renacimiento, Bugaba y Barú– son compradas por empresas hidroeléctricas, impidiendo así el paso de los moradores al río, porque alegan que es propiedad privada.
El desarrollo de estos proyectos influyó en que migrara la mano de obra agrícola de la zona, fuerte productora de granos y ganado lechero, y en que el agua escaseara, afirman los pobladores.
“Tengo ganas de irme, ya no se puede dormir. El ruido de las maquinarias es a toda hora”, expresó con frustración Guido De Gracia, quien vive a pocos metros del lugar donde se construye el proyecto Bajo de Mina.
Al padre de Guido, la empresa Ideal S.A. le pagó sus tierras a 2 mil 500 dólares, lo que calificó como un “engaño”.
Por lo mismo pasa Florinda Montezuma, una indígena de Volcán, a quien la hidroeléctrica Pando-Montelirio le cambió la vida. Ella afirma que grandes piedras y arena es lo que queda donde antes corría el caudal del río, aquel al que acudían las familias a bañarse.
Concesiones
En el río Chiriquí Viejo hay ocho concesiones: Baitún y Bajo Mina, de Ideal, S.A.; Bajo Frío, de Fountain Intertrade Corp.; Burica, de Hidro Burica, S.A.; El Alto, de la empresa Hydro Caisán; Terra 4-Tizingal, de Hidroeléctrica Tizingal, y Montelirio y Pando, de Electron Investment.
El poderío de las hidroeléctricas no solo se registra en el Chiriquí Viejo. Desde 2006 –cuando gobernaba Martín Torrijos– los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos (Chiriquí, Caldera y Tabasará, entre otros) pasaron a manos privadas por un período de 50 años prorrogables, según los contratos de concesión.
Las reglas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) establecen que el 10% del caudal de estos ríos queda para abastecer de agua potable a las poblaciones. Esa pequeña cantidad también debe alcanzar para el uso agrícola, toma de agua de animales, turismo y el resto de las actividades.
El 90% del agua restante pasa a servir las necesidades de las ocho hidroeléctricas en construcción en la cuenca 102, trabajos que deben culminar en 2013.
Ante esta realidad, las aguas de los ríos de Chiriquí están agitadas. En total son 58 proyectos que se instalarán en la provincia, cambiando el entorno y la vida de sus habitantes cercanos.
Hay 26 proyectos en concesión y 32 solicitudes en trámite para la generación eléctrica, según un informe de la Dirección Nacional de Electricidad de la Asep.
Aspectos ambientales
En un recorrido terrestre y aéreo, este diario constató que las comunidades han tenido que cambiar sus costumbres de trabajo y forma de vida. Los distritos de Renacimiento, Bugaba y Barú son los más afectados.
Este sinnúmero de proyectos en concesión no solo preocupa a las comunidades; también a los ecologistas, por ser una amenaza directa al ambiente.
Damaris Sánchez, de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (Fundiccep), reconoce que la producción energética es necesaria para fomentar el desarrollo, pero este no debe estar por encima de la conservación del recurso hídrico.
Sánchez señaló que no hay políticas para el manejo del recurso y que nunca se realizó un estudio integral del río Chiriquí Viejo para establecer su capacidad de abastecimiento a las hidroeléctricas y las comunidades, para luego tomar una decisión y dar las concesiones.
“Los contratos se han dado sin analizar quiénes son las personas que dependen de la cuenca 102, ya que las autoridades no han ido al campo a verificar la realidad de los distritos afectados”, se quejó.
Los ambientalistas de Chiriquí han llevado esta discusión a los foros internacionales. En enero de 2010, 16 organizaciones comunitarias y ambientales presentaron una reclamación al Compliance Advisor Ombudsman (CAO), mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales.
Los reclamantes plantearon que serían afectados por todos los proyectos de energía hidroeléctrica que tienen concesiones en la cuenca del Chiriquí Viejo, incluido Pando-Monte Lirio, financiados por la CFI.
Las quejas están relacionadas con la falta de un proceso de consulta participativa con las comunidades, la ausencia de un estudio de impacto acumulativo de los proyectos hidroeléctricos de la cuenca y la posibilidad de inundación de las comunidades río abajo.
Además, está la restricción del acceso al agua; los altos niveles de sedimentación que podrían afectar la calidad del líquido y la infraestructura de tratamiento del agua corriente abajo (como en Barú), y las afectaciones en el entorno natural y los manglares localizados cerca de la desembocadura en el golfo de Chiriquí.
El dirigente ambiental de Volcán, Jorge Pittí, recordó que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió de las graves consecuencias ambientales y sociales de los proyectos.
Los impactos descritos por el BID van desde modificaciones del caudal del río, la disminución de la calidad del agua y la afectación de las actividades turísticas.
Sin plan de manejo
Roberto Galán, director de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam), explicó que las hidroeléctricas utilizan el agua para generar energía y como no la consumen tanto como el sector agrícola, vuelve a su cauce.
Por eso la comunidad no debe preocuparse, ya que el agua estará disponible.
Agregó que la cuenca 102 tiene 200 usuarios con concesiones o permisos; las otras personas que adquieren el agua del río Chiriquí para sus actividades la utilizan ilegalmente.
Para tener una pequeña parcela de producción agrícola, los lugareños deben tener un permiso que cuesta 60 dólares al año, dijo Freddy Vega, de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas.
En la Anam reconocieron que no hay un plan de manejo para la cuenca 102 y que se trabaja en ello, tras una visita del CAO. La elaboración de un plan de manejo cuesta de 300 mil a 400 mil dólares, calculó.
En tanto, el pasado 9 de junio, el Consejo Municipal de Renacimiento prohibió por decreto que en los ríos Candela, Caña Blanca, Caisán, Cotito, Pavón, Sereno, Guisado y Chevo se construyeran más hidroeléctricas.
El objetivo de la norma es garantizar la seguridad alimentaria debido a que los ríos abastecen la producción agrícola, y también son atractivo turístico, indica el decreto. La medida no aplica para los proyectos aprobados y en construcción.
Si bien el país requiere de energía para evitar racionamientos por el incremento de la demanda por el crecimiento del país, empresarios como Philippe Delmotte, gerente de GDF Suez Panamá, indican que hay otras opciones más amigables.
GDF Suez tiene un proyecto hidroeléctrico en el río Chiriquí llamado Dos Mares, que producirá 118 MW. En Guanacaste, Costa Rica, tiene una planta eólica de 50 MW.
“El centro de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica decide quién va a operar en base al costo de cada planta para obtener el costo menor. Si un día la empresa no genera energía, tiene que comprarla al mercado ocasional y esto es un riesgo para una planta eólica”, contó. En Costa Rica, el contrato es diferente: si la planta genera, venden; si no, no.
Otro obstáculo es que el Gobierno fijó un máximo de 5% a la participación del sector eólico en el mercado energético local. Inversionistas indican que esto obstaculiza el desarrollo de fuentes limpias y reclaman que debió ser entre 20% y 25%, como en otros países.
Este medio solicitó entrevistas, en reiteradas ocasiones, a los representantes de las hidroeléctricas. Estos no atendieron el llamado.
Auge económico pasajero
El distrito de Renacimiento refleja un auge económico, ya que en la zona se construyen grandes proyectos hidroeléctricos y el dinero que ello genera se empieza a reflejar en las comunidades.
Los lugareños reconocen que el empleo que tienen hoy no es para siempre, y aprovechan el momento de bonanza para construir mejores viviendas, ahorrar e invertir en sus fincas de cultivo.
Otros, menos cautelosos, se lo gastan en cualquier bar de la comunidad, locales que han proliferado, según los moradores.
Para Quintín Pittí, representante de Montelirio, la llegada de las hidroeléctricas ha generado empleo en la zona, aunque ese auge tiene su aspecto negativo.
En las pequeñas fincas, los dueños pasan trabajo para conseguir empleados.
El principal atractivo para abandonar las fincas productoras es el salario en los proyectos –el cual está en 20 dólares por día, frente a los bajos salarios que se devengan en los campos de producción –10 dólares diarios–, explica Pittí.
El alcalde de Renacimiento, Onelio Miranda, señala que hay cinco hidroeléctricas que están en construcción dentro de ese distrito, pero es muy poco el beneficio, pues casi ninguna apoya la parte social de las comunidades.
Destaca que Electron Investment, S.A., de Pando-Montelirio, es una de las que más se han comprometido con obras sociales.
La empresa ya desembolsó 90 mil dólares para comités comunitarios de los corregimientos de Montelirio, Santa Clara y Caisán, dijo.
En los proyectos hidroeléctricos solamente están trabajando unas 600 personas de esa región, lo que representa el 40% del total de empleos que las obras han generado. El resto proviene de otras partes de la provincia de Chiriquí.
Se prevé que esta prosperidad terminará cuando finalicen las obras.
“A pesar de los ingresos y los empleos que han surgido, tantos proyectos hidroeléctricos en un solo río como el Chiriquí Viejo no es positivo, porque ponen en riesgo la cuenca, y además se engañó a la población con falsas promesas de mejoras a la comunidad que no se han cumplido”, dijo el alcalde de Renacimiento.
FLOR ROSARIO BOCHAREL
