Los ngäbes y la comisión de alto nivel que estudia el conflicto Barro Blanco se reunirán mañana por primera vez desde que el gobierno ordenó la suspensión de la polémica central hidroeléctrica.
La canciller Isabel de Saint Malo, designada por el presidente para dirigir la mesa de diálogo, aseguró que el encuentro será en Tolé, aunque no confirmó si se había accedido a la solicitud de Generadora del Istmo (que construye la obra) de abrirle un espacio en la discusión.
La cita gira en torno a las fallas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Barro Blanco, documento que la Autoridad Nacional del Ambiente objetó, por lo que decidió parar la construcción, ya avanzada en un 99%.
Las anomalías habían sido resumidas ya en un peritaje independiente financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2013 a la represa de la hidroeléctrica, en el río Tabasará, afluente del que dependen directamente tres comunidades ngäbes (Nuevo Palomar, Kiad y Quebrada Caña).
Ese informe reconoce que la construcción de la presa no sería el único factor que generaría inundaciones sobre los 103 metros sobre el nivel del mar, el máximo en algunas zonas del río, y asegura que ‘no habrá alteraciones de la calidad del agua’.
El documento insiste, sin embargo, en el escaso flujo de información que ha habido sobre el proyecto. ‘Es obvio que los pobladores de estas comunidades no han sido consultados en forma correcta’, agrega.
La investigación del PNUD concluye, no obstante, que Barro Blanco se apega a los criterios de la comisión mundial de presas del Banco Mundial, aunque refleja que el proyecto podría generar ‘un impacto en el modo de vida tradicional de las poblaciones ngäbe’ alrededor del río, ‘que mantienen una fuerte conexión entre la naturaleza, sus recursos y un dios creador’.
El peritaje valora el apego de los ngäbes a la tierra. ‘Los pobladores tienen una vida muy sencilla, pero perciben que no tienen ninguna necesidad importante insatisfecha’.
