miércoles, 30 de enero de 2013

Retienen a la cacica ngäbe buglé

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DENUNCIAN PERSECUCIÓN

AUTORIDAD. Carrera ha dicho que el gobierno ‘se
burló del pueblo’. Foto: Adriano Duff |La Estrella

ZELIDETH CORTEZ
zcortez@laestrella.com.pa 
La máxima autoridad comarcal informó que fue retenida injustificadamente por la policía

2013-01-29 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Luego de salir de una reunión en la provincia de Bocas del Toro el pasado domingo, un retén policial retuvo por más de media hora a la cacica de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, quien viajaba con su equipo de trabajo en un vehículo de la Asociación de Educadores Veragüenses.

En entrevista concedida a La Estrella, la cacica Carrera lamentó el hecho y aseguró que unidades policiales mandaron al conductor del vehículo a parquear el auto a un lado de la carretera, y luego les preguntaron de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Después la policía los siguió hasta la entrada de Chiriquí.

La máxima autoridad comarcal calificó el incidente como una ‘persecución, un acto de intimidación’ debido a que vivimos en un país democrático de libre tránsito y como autoridad comarcal ella tiene que visitar las tres regiones de la comarca (Nedri, Kodri y Ño Kribo).

Al ser consultada sobre el hecho, Mara Rivera, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, aclaró que a la cacica Carrera no se le detuvo, y si en el momento que iba pasando el vehículo había un retén, es normal que se le hicieran algunas preguntas.

‘No existe ninguna persecución; es más, es muy probable que las unidades no sabían quién era ella’, expresó Rivera.


 
 
 

lunes, 28 de enero de 2013

Memorias de la Represión Ngäbe

http://youtu.be/bYm6hWV6SGM

¿Cumplió el gobierno el Pacto de San Lorenzo 1?

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VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN ROMPEN EL SILENCIO

ZELIDETH CORTEZ
zcortez@laestrella.com.pa

Heridos y familiares de los caídos el año pasado hablan sobre el giro que han tomado sus vidas. Ellos piden justicia y reclaman al gobierno apoyo médico


2013-01-28 — 12:00:00 AM —  PANAMÁ. Omaira Silvera, una joven indígena de 32 años, se siente desconcertada, en su interior hay muchos sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción porque realizó la tarea que le encomendaron, y por el otro, frustración e impotencia.

Ella fue la encargada de recoger toda la información sobre los heridos y muertos indígenas que resultaron víctimas de los enfrentamientos, en febrero del año pasado, entre policías y población ngäbe. Además, le ha dado seguimiento a los casos para que el gobierno brinde la asistencia médica a los lesionados y apoyo económico a los familiares de los fallecidos.

Sin embargo, a solo una semana del primer aniversario de la firma del Pacto de San Lorenzo 1 —acuerdo que puso fin a las protestas de los ngäbe buglé por la defensa de los recursos hídricos en la comarca— su evaluación sobre los avances de los acuerdos no es muy alentadora.

‘Como encargada de los afectados de 2012, puedo decir que el gobierno ha tenido poca voluntad para darle apoyo a este pueblo’, enfatizó.

Silvera asegura que en el último informe consta que unos 77 hombres resultaron heridos por perdigones, balas, balines y gases lacrimógenos. De esta cifra —recalca— los casos de Santa Montero, Juan Cerrud, Catalino Bejerano, Leonel Cedeño, Anel Jirón y Santos Bejerano son los que requieren atención médica continua, pero ‘el gobierno no la ha dado’.

Dice que en varias ocasiones personalmente le ha entregado el reporte al ministro Jorge Ricardo Fábrega, quien por parte del gobierno se comprometió a dar la ayuda necesaria, pero ‘hasta la fecha no se ha recibido nada’, lamenta.

¿De qué sirve que manden a una trabajadora social si al final la asistencia médica para los heridos no llega?, cuestiona Omaira al tiempo que agrega: ‘¡Es que no hay respuestas concretas!’.

Dice que el mismo letargo del Ejecutivo se ha visto en el Ministerio Público, donde aún no han concluido las investigaciones por las muertes de Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez. Tampoco las denuncias por presuntas violaciones de mujeres ngäbes en la represión del 5 de febrero del 2012, el ‘Domingo negro’.

Al respecto, La Estrella pudo conocer que el Tribunal Superior de Chiriquí le concedió a la Fiscalía Primera Superior una prórroga para realizar las investigaciones.

En el caso de Mauricio Méndez, fuentes judiciales relataron a este diario que hay resultados de una revisión a la armería policial de Panamá y Chiriquí, ordenada en abril, e informes sobre las órdenes giradas por la institución los días de represión.

La Fiscalía sabe desde mayo del año pasado que son cuatro agentes los que cargaban escopetas en el corregimiento de Las Lomas el día en el que mataron a Mauricio.

LO QUE DICE EL PACTO

Dos días después de la sangrienta represión del 5 de febrero, tras 200 horas de cierres de calles en diferentes puntos del país, el 7 de febrero del año pasado, el ministro Fábrega, en compañía de la cacica de la comarca, Silvia Carrera, miembros de la Coordinadora y el obispo de David, monseñor José Luis Lacunza, firmaron el Pacto de San Lorenzo 1, que en su numeral dos destaca ‘la atención urgente de los afectados e indemnización permanente a los familiares de Jerónimo Rodríguez Tugrí y otros fallecidos en la represión policial. . . ’.

La firma del pacto permitió la instalación de dos mesas técnicas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Panamá, ubicada en Ciudad del Saber.

EL ‘LETARGO’ DEL GOBIERNO

Y aunque ya han pasado casi 12 meses de intensas jornadas de diálogo, el sentimiento de insatisfacción de Omaira Silvera es compartido por el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales en la Comarca, Rogelio Montezuma: ‘el gobierno ha ido tomando esto muy lentamente, no a la velocidad que esperábamos’.

Justamente ese letargo en la ‘atención urgente’ para los heridos y familiares de las víctimas de la represión que menciona Montezuma lo está viviendo en carne propia la madre de Jerónimo Rodríguez Tugrí, el primer caído de la represión policial de aquel domingo 5 de febrero.

En su choza, ubicada en Llano Tugrí —la capital comarcal— Elena Tugrí Tugrí acompañada de su esposo y uno de sus hijos recibió a La Estrella.

—Pronto se cumple un año de la muerte de su hijo Jerónimo. . . ¿Siente que el gobierno ha cumplido con ustedes? —Nueve meses después de la muerte de mi hijo, la casa que me prometieron aún no está terminada, no fue hasta el 17 de diciembre que comenzaron a hacerla.

—Entonces. . . ¿está satisfecha? —No, aquí ha habido mucho problema, tuve que hablar con el ingeniero de la obra porque no me querían hacer una casa, sino un chiquero para pollos.

—Entiendo que también le iban a dar algún tipo de ayuda económica. . .

—Sí, esto también ha llegado tarde, el único cheque me lo dieron el pasado mes, fue por 500 dólares.

—¿Y a cuánto asciende el monto acordado? —Supuestamente me tocarían 375 dólares por mes, pero te digo algo. . . la vida de mi hijo no vale ni una casa. . . ni un real, porque yo lo que más quiero es que se haga justicia.

—¿Siente que no se ha hecho justicia? —¿Y tú has visto que han encarcelado al policía que lo mató. . . ? pero yo sé que hay un Dios muy grande y él se encargará de hacer justicia. . .

‘ME FALTA UNA TERCERA CIRUGÍA’

Aunque nos despedimos de Elena y el paisaje verde que bordea la cordillera indígena, encontramos que esa misma justicia la reclama Leonel Cedeño, un joven de 32 años que resultó herido por impacto de bala durante los disturbios del 2012 en el oriente chiricano contra la ley minera.

Leonel vive con su familia en la comunidad de Alto Caballero. Una bala le lesionó su pierna derecha. Antes de apoyar a sus hermanos ngäbes en las protestas, vivía en la ciudad de Panamá. Estudió un Técnico en Inglés y daba clases de matemáticas en la Universidad de Panamá.

Hoy cuenta con tristeza que su vida es otra. Ya no puede caminar solo, un bastón de metal de color celeste se ha convertido en su inseparable compañero.

‘A veces siento dolor. . . pero qué puedo hacer’, dice con voz entrecortada el joven que asegura que ahora vive en zozobra constante.

En el Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega de Santiago fue sometido a dos cirugías, pero falta otra y no comprende por qué no se la hicieron. —‘Cuando pregunté cuándo sería la tercera cirugía me dijeron que están dando prioridad a los niños y ancianos, no sé si esto va a afectar la movilización de mi pierna en el futuro’, es la duda que a diario retumba en su interior.

Peor aún, Leonel asegura que nunca le dieron un expediente médico, y aunque sus padres también intentaron obtenerlo, nadie en el hospital les supo dar respuesta.

Ante este ensombrecedor panorama, Leonel espera que las autoridades ‘no sean cínicas y cumplan con los acuerdos que pactaron’.


 
 
 

La lucha los pueblos que rechazan las hidroeléctrica

MANIFESTACIONES. Moradores de Cañazas, durante
los cierres que protagonizaron la semana pasada en
la comunidad de Las Cruces. Fotos: María Fajardo | La Estrella

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VERAGUAS

MARÍA FAJARDO

provincia@laestrella.com.pa

Cañazas, el distrito más pobre de la provincia de Veraguas, libra una batalla a piedras y palos. El viernes pasado comenzaron los enfrentamientos en La Mesa

2013-01-28 — 12:00:00 AM — CAÑAZAS. De los 224 mil habitantes de la provincia de Veraguas, los que menos recursos tienen residen en Cañazas, al norte de la provincia.

Victoriano Jaramillo, uno de los 20 mil habitantes del distrito, relata: ‘Cañazas siempre ha sido visto como el distrito más pobre; nos faltan vías de comunicación y los terrenos no son buenos para un desarrollo económico’.

‘Con lo único que contamos es con los recursos hídricos y minerales. Pienso que debemos explotar esta riqueza de una manera adecuada, buscando un mejor desarrollo para la comunidad ’, comentó Jaramillo.

Anel Alvarado, un residente que recibe mil dólares mensuales por su trabajo como representante de corregimiento, aclara que lo del primer lugar entre los pobres era antes, que ahora son pobres, pero los más golpeados por la falta de dinero están en las comarcas.

Para Alvarado, los subsidios estatales han causado esa movilidad socioeconómica. La Red de Oportunidades, 100 a los 70 y la beca universal han ayudado a mejorar la calidad de vida en este sector.

Alvarado detalla que otro factor determinante en la batalla contra la desigualdad es que los jóvenes se están entrenando en diversas disciplinas, como manejo de equipo pesado. ‘Estamos avanzando, pero nos faltan carreteras’.

Héctor Fábrega, otro morador, considera que son las obras comunitarias, las que se construyen con los dineros del Canal, las que les han permitido mejorar las viviendas.

UN RÍO DE CONFLICTO

En mes de mayo del año pasado, un proyecto hidroeléctrico que se levanta sobre el río San Pablo, en el corregimiento de Las Cruces, enfrenta a cañaceños y unidades antidistubios.

La semana pasada, tras varios meses de conflictos, la fuerza policial los replegó con bombas lacrimógenas y detuvo a cuatro personas que fueron dejadas en libertad poco después.

Cristiano Rodríguez señala: ‘No me voy a dejar quitar las tierras que he trabajado durante toda mi vida. Me han pedido que les traspase las 74 hectáreas que tengo a orillas del río San Pablo y solo me quieren pagar por 10’.

Mientras las manifestaciones han cesado en Cañazas, el viernes pasado en horas de la noche ocurrió un hecho en el distrito de La Mesa, porque no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de La Hueca, San Bartolo: un grupo de manifestantes fue sorprendido por los antimotines.

Carlos Rumbo, jefe de la Policía en Veraguas, argumenta que se lanzaron bombas porque los campesinos estaban armados con machetes, piedras y palos.

Ricardo Quijano, ministro de Comercio e Industrias, ha declarado que el desarrollo demanda fuentes generadoras de energía. Los campesinos, por su parte, advierten que no se dejarán quitar las tierras.


 
 
 

domingo, 27 de enero de 2013

Memorias de la represión: un año sin respuestas

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SECUELAS DEL DOMINGO NEGRO
  La Coordinadora Ngäbe Buglé y el M-10 aseguran que el gobierno no ha cumplido con todos los acuerdos. Mientras, la empresa Genisa continúa con la construcción de Barro Blanco

MOVIMIENTO. El 10 de abril de 1999 nació el Movimiento 10 de abril, mejor conocido como M-10, su objetivo: luchar por la defensa de los recursos naturales de la Comarca. Foto: Archivo| La Estrella


2013-01-27 — 12:00:00 AM —

PANAMÁ. Aquí todo resulta irónico. Mientras las empresas transnacionales están seducidas por las riquezas mineras e hídricas de la comarca Ngäbe Buglé, los indígenas siguen viviendo en condiciones precarias.

Y es que al cumplirse un año de la firma del Pacto de San Lorenzo 1, promovido por el gobierno de Ricardo Martinelli para poner fin al bloqueo que por casi 200 horas mantuvieron los indígenas contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en el río Tabasará, el mar de insatisfacciones persiste.

Es una mezcla de sentimientos. Algunos ngäbes recuerdan con dolor la muerte de sus seres queridos. Fueron dos los que cayeron a manos de la Policía Nacional aquel domingo negro en las protestas en San Félix, al oriente de Chiriquí. Otros, que corrieron con mejor suerte, viven la agonía de las lesiones en su cuerpo, que les han marcado sus vidas para siempre. Pero hay muchos más que prefieren no callar y reclaman que en el año que ha pasado el gobierno no ha hecho más que burlarse de ellos.

La Coordinadora por la Defensa de los Derechos Naturales de la comarca Ngäbe se ha decidido a corroborar que las autoridades han cumplido poco de lo acordado en San Lorenzo. Coinciden, tras un balance de lo alcanzado hasta ahora, que la dejazón oficial ha hecho gala allá. ‘El gobierno ha ido muy lento’, afirma el presidente de la coordinadora, Rogelio Montezuma.

La cacica Silvia Carrera interviene con un dato crudo: ‘no se ha cumplido ni el 20% de lo acordado’.

¿En qué consisten las fallas? El letargo, dicen, se ha acentúa en la falta de asistencia médica que deben recibir los heridos por impacto de bala, quienes prefirieron poner el pecho que permitir que los despojaran de sus bienes más preciados: la madre tierra y el agua.

EL M-10: LA GÉNESIS

La lucha de los ngäbes, contrario a lo que muchos podrían creer, no es nueva. Se remonta al año 1999, cuando el gobierno decidió impulsar el proyecto hidroeléctrico Tabasará I, sobre el río homónimo.

El afluente atraviesa el corazón del territorio indígena, donde viven de la agricultura, silvicultura, pesca y cría de animales domésticos. Un proyecto de esa naturaleza sería —dicen— catastrófico: las hidroeléctricas suelen utilizar embalses (una pequeña represa artificial) lo que aumenta el nivel del río e inunda zonas —y comunidades— en su ribera.

En ese interín nació la agrupación ambientalista Movimiento 10 de Abril (M-10), la de mayor número de adeptos en la comarca. Italo Jiménez, su fundador, dice que la lucha no ha variado mucho. ‘El gobierno ignora el clamor de las poblaciones que no quieren que se impulse el proyecto Barro Blanco’.

Y es que Italo asegura que catorce años después de la creación de este movimiento, la lucha es más intensa que nunca: el país, que crece a un ritmo de 11% anualmente, demanda más energía, y las autoridades no han encontrado mejor idea que instalar las plantas de generación en el territorio donde ellos viven, y en donde el desarrollo (o al menos la idea de tener luz eléctrica) es una utopía.

Los ngäbes dicen que el gobierno descaradamente se sigue burlando de ellos. Por esa razón han decidido ir a las calles a protestar, algo que años atrás era ‘impensable en una región pacífica’, relata Jiménez.

El veterano, de 56 años, asegura que su cuerpo aún no está cansado y su espíritu se rejuvenece para continuar con el mismo reclamo. ‘Solo queremos que nos dejen vivir en paz, nosotros no vamos allá a la capital a molestar a nadie, ¿por qué, entonces, vienen a quitarnos la paz de nuestro hogar?’.

EL RETORNO DE LA LUCHA

El gobierno ha dicho que no parará Barro Blanco, porque no forma parte de los acuerdos. El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, no se cansa de repetir que el gobierno sí cumplió con todo lo pactado.

El M-10, frente a ello, advierte que no bajará la guardia. De hecho, el pasado 9 de enero salió a las calles, y no habían pasado ni 20 minutos de corte de la Interamericana cuando de inmediato intervino una represión policial.

Los ngäbes exigen que se detenga la construcción de Barro Blanco y se inicie un peritaje independiente sobre su implicancia en comunidades ngäbes, que aunque están en el distrito chiricano de Tolé son consideradas ‘tierras anexas’ a la comarca.

‘Mientras se decide el método, seguirán construyendo la represa, entonces lo que va a pasar es que cuando termine el peritaje, ya estará la hidroeléctrica funcionando, y entonces de nada va a valer todos estos años de lucha’, advierte Carrera.

El punto discordante ha sido precisamente por el grado de afectación en las áreas anexas de la comarca.

La empresa responsable de la obra, Generadora del Istmo (Genisa), asegura que solo habrá ‘una incidencia menor a siete hectáreas de terreno en una área anexa a la comarca’. Son —dice la compañía— ribera y servidumbre del Tabasará, en su mayor parte, por lo que ‘no habrá mayores afectaciones’.

Pero las poblaciones indígenas que viven en los alrededores del afluente alegan que el impacto ‘será mayor’, así lo explicó Manolo Miranda, del M-10, quien asegura que unas 500 personas que habitan en las comunidades de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, tendrán que abandonar sus hogares tras la construcción de la hidroeléctrica, esto sin contar los que viven en la parte alta de la cuenca del río, donde habitan unas 800 personas.

En Kiad se encuentra la iglesia de mamatata, el centro de educación de la lengua ngäbe y es la comunidad más numerosa.

EL INFORME DE LA ONU

La situación se puso más tensa luego de que el pasado 15 de diciembre la ONU entregara los resultados de la Misión de Verificación de Campo, que haría una exploración en el terreno sobre las condiciones de vida en la comarca. La gira comprobó la existencia de una cultura indígena enraizada en las riberas del Tabasará.

Durante la sesión de entrevistas con los pobladores la misión guiada por el organismo internacional confirmó, además, el rechazo que sienten los indígenas hacia el proyecto hidroeléctrico Baro Blanco. ‘Varios de los entrevistados fueron enfáticos en afirmar que ellos están acostumbrados a contar con el río, y que no desean que este sea transformado en un lago’, se lee en el documento, a la vez que destaca que ‘existe una gran desinformación acerca de los posibles impactos del proyecto’.

SECUELAS DE LA REPRESIÓN

El año pasado por más de una semana la dirigencia Ngäbe Buglé logró movilizar a más de tres mil indígenas de las tres regiones de la comarca: Nedri, Kodri y Ño Kribo.

De hecho, los efectos de las protestas en contra de Barro Blanco escenificaron su etapa más sangrienta el día 5 de febrero pasado en una operación policial sin precedentes: los antimotines en colaboración con el Servicio Nacional de Fronteras desplegaron a los indígenas de la carretera Interamericana con gases lacrimógenos, perdigones y armas de alto calibre.

Además de los dos muertos y afectados por las balas que la Policía lanzó —pese a que lo tienen prohibido como método para disipar manifestaciones—, hay lisiados por las bombas lacrimógenas y los perdigones. Son, en total, 77, según el último recuento de la coordinadora.

‘El proyecto sigue pero nosotros nos mantendremos aquí’, exclama Irene Jiménez, una humilde mujer que vive en Nuevo Palomar, la primera comunidad al sur de la confluencia de los ríos Cuvíbora y Tabasará. Ella no quiere ni imaginarse cómo sería su vida en otro lugar. Se niega a abandonar la tierra en la que ha visto crecer más de una generación, esa en donde crecieron sus padres, abuelos, tíos y hermanos.

‘¡De aquí nadie me va a sacar, yo nací aquí y aquí me voy a morir!’, exclama enfática la mujer.

EL PARAÍSO EN LA TIERRA

Acompañada de su familia, Irene comparte que en Nuevo Palomar tiene todo para ser feliz.

Y esa felicidad no solo se percibe en sus expresiones, el propio ambiente lo dice todo: terrenos fértiles donde cultivan diversos tipos de árboles frutales yuca, otoe, maíz, frijol, zapallo, ñame, pixvae, ñampí, pepino, mango, aguacate, plátano, papaya, entre otros productos contribuyen a la dieta alimenticia de los ngäbes.

Esto sin contar lo que les ofrece el río. En sus prodigiosas aguas, hombres, mujeres y hasta niños se dedican a la silvicultura. Este imponente recurso hídrico les ofrece sábalo, macana, robalo, chinigua, congo, barbú, y al menos dos tipos de camarones de río, estos últimos, dice entre risas Carmen, ‘se sancochan con sal y yuca y ¿qué mejor almuerzo que éste?’, se pregunta la robusta mujer que acababa de salir del río con unos ocho camarones en su mano que de seguro pondría en la paila esa misma tarde.

DESCONTENTO QUE NO CESA

Y es precisamente la existencia de una cultura étnica que posee además un legado histórico a través de la existencia de petroglifos en Quebrada Caña y cementerios que son considerados sitios sagrados la que se empeñan en defender.

Así están las cosas en la comarca. El pueblo ha perdido la confianza en el gobierno, la cacica Carrera se siente decepcionada de las autoridades. ‘¿Y qué de las necesidades de la comarca?, se pregunta la dirigente comarcal. Hacen falta más proyectos y carreteras; todavía existen escuelas multigrados y, tal como lo menciona el padre de la Iglesia Católica de Soloy, José Fitzgerald, ‘aún no se ha potencializado la educación intercultural bilingüe’. Esta realidad se refleja en el último informe preparado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y UNICEF en el 2011, que dejó al descubierto que el 14.1% de la población indígena no tiene acceso a los sistemas formales de enseñanza. Para rematar, la respuesta en temas de salud llega a cuentagotas. Y es que de acuerdo con el último Diagnóstico Situacional y Plan de Salud para los pueblos indígenas de Panamá, los mayores índices de mortalidad en la comarca ngäbe se dan por casos de diarrea, gastroenteritis y desnutrición. En Soloy, por ejemplo, una localidad sureña de la comarca donde habitan más de 600 personas no hay una ambulancia, por lo que muchos pacientes mueren camino al hospital de San Félix, narra Francisco Javier Palacios, morador de la comunidad.Muchos enfermos son trasl adados a pie desde sitios distantes por largas horas y a veces al llegar a los centros de salud, se encuentran con la dura realidad de que no hay medicamentos. Ante este panorama la cacica es enfática: ‘nadie culpa a ningún gobierno, todos comen del mismo plato’.

LOS ACTOS CONMEMORATIVOS

Mientras tanto, en el corazón de la comarca hay una población que no olvida.

Su madre, Adriana Méndez, reclama que las autoridades del Ministerio Público no le han dicho qué pasó con las investigaciones, porque, asegura, ‘fue un policía el que mató a mi hijo’.

En solidaridad por lo acontecido el año pasado, grupos populares del país se aliaron para realizar una movilización nacional. ¿Será que volveremos a ser reprimidos?, se preguntan dirigentes del M-10. Ellos dicen que no tienen temor, y se alistan para iniciar nuevas acciones de protesta.

El sonido del caracol está a punto de volver a sonar, como en febrero pasado, lo que significa que el retorno de la lucha parece inevitable.

(Lea mañana la segunda entrega: ‘¿Cumplió el gobierno el pacto de San Lorenzo 1?’)