Panamá
Nacional
La polémica del proyecto Barro Blanco es expuesta ante la CIDH
domingo 6 de septiembre de 2015 - 12:00 a.m. El proyecto Barro Blanco tiene un avance de 95% y los indígenas ngäbes mantienen una negociación con el Gobierno sobre e futuro de la obra.
La CIDH se reunió este viernes y sábado para abordar diferentes temas.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la
situación por la que atraviesan los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé a
consecuencia de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro
Blanco.
Susana Serracín, abogada del CIAM, participó en la reunión de la relatoría especial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) del organismo internacional, que se realizó este vienes y sábado en Costa Rica, donde está la sede de la CIDH.
Serracín pidió al organismo realizar una visita al proyecto para verificar las violaciones a los derechos humanos que ocurren allí. La jurista sostuvo que a los indígenas se le viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y a la cultura. En las cercanías del proyecto los ngäbes tienen un centro de culto de su religión, mama tatda, que desaparecería.
Además, el CIAM ha asegurado que petroglifos encontrados en la periferia de Barro Blanco y que quedarían que quedarían sumergidos en el agua cuando se construya el embalse de la hidroeléctrica, son fundamentales para que los ngäbes practiquen su religión. Eso ‘vulnera su derecho a la libertad religiosa', dijo Serracín.
Otros de los aspectos planteados ante la CIDH fueron la falta de adecuados mecanismos de consulta libre, previa e informada, y la criminalización de la protesta contra los defensores indígenas, incluyendo mujeres y niños.
Aunado, alegó la abogada de CIAM, el Estado ‘favorece los intereses económicos de las empresas', al priorizar la seguridad jurídica de los inversionistas, aunque estas violen derechos humanos.
En el ámbito judicial, la situación es similar. Serracín planteó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia aún no ha admitido un amparo de garantías que se presentó en contra del proyecto Barro Blanco en febrero. Sin embargo, aceptó en ocho días un recurso similar que presentó una empresa en contra de la decisión del Ministerio de Ambiente de declarar una moratoria por seis meses para concesiones hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí.
El proyecto Barro Blanco tiene un avance de 95% y los indígenas ngäbes mantienen una negociación con el Gobierno sobre e futuro de la obra. Las autoridades gubernamentales han planteado la posibilidad que quitarle la concesión a la empresa Generadora del Istmo, aunque ha exigido a los ngäbes permitir la finalización de las obras.
Susana Serracín, abogada del CIAM, participó en la reunión de la relatoría especial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) del organismo internacional, que se realizó este vienes y sábado en Costa Rica, donde está la sede de la CIDH.
Serracín pidió al organismo realizar una visita al proyecto para verificar las violaciones a los derechos humanos que ocurren allí. La jurista sostuvo que a los indígenas se le viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y a la cultura. En las cercanías del proyecto los ngäbes tienen un centro de culto de su religión, mama tatda, que desaparecería.
Además, el CIAM ha asegurado que petroglifos encontrados en la periferia de Barro Blanco y que quedarían que quedarían sumergidos en el agua cuando se construya el embalse de la hidroeléctrica, son fundamentales para que los ngäbes practiquen su religión. Eso ‘vulnera su derecho a la libertad religiosa', dijo Serracín.
Otros de los aspectos planteados ante la CIDH fueron la falta de adecuados mecanismos de consulta libre, previa e informada, y la criminalización de la protesta contra los defensores indígenas, incluyendo mujeres y niños.
Aunado, alegó la abogada de CIAM, el Estado ‘favorece los intereses económicos de las empresas', al priorizar la seguridad jurídica de los inversionistas, aunque estas violen derechos humanos.
En el ámbito judicial, la situación es similar. Serracín planteó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia aún no ha admitido un amparo de garantías que se presentó en contra del proyecto Barro Blanco en febrero. Sin embargo, aceptó en ocho días un recurso similar que presentó una empresa en contra de la decisión del Ministerio de Ambiente de declarar una moratoria por seis meses para concesiones hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí.
El proyecto Barro Blanco tiene un avance de 95% y los indígenas ngäbes mantienen una negociación con el Gobierno sobre e futuro de la obra. Las autoridades gubernamentales han planteado la posibilidad que quitarle la concesión a la empresa Generadora del Istmo, aunque ha exigido a los ngäbes permitir la finalización de las obras.
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