Desde el pasado viernes 27 de marzo las autoridades locales de la Provincia de Bocas del Toro han iniciado una persecución de dirigentes indígenas Naso y Ngobe luego de las masivas protestas que se dieron el domingo 22 de marzo, Día Mundial de Agua. Para esta ocasión, cientos de indígenas salieron a las calles y cerraron el transito vehicular en varios puntos de la Provincia, manifestándose en contra de los proyectos hidroeléctricos, mineros y turísticos que afectan sus territorios y su forma de vida.
A pesar de que un grupo de dirigentes se reunió de manera pacifica con la Gobernadora Esther Mena de Chiu el jueves en la tarde, la respuesta del Gobierno no ha sido nada conciliadora, despachando decenas de policías a las comunidades indígenas y girando ordenes de conducción en contra de los voceros de las comunidades. Hoy mismo, 30 de marzo, se ha enviado a un contingente de más de cien policías a la comunidad Naso de San San Durui para destruir casas en un área que está en litigio con la empresa Ganadera Bocas; y nos han llegado informes de que otro grupo de policías se ha dirigido a la comunidad de Bonyic para forzar la construcción del proyecto hidroeléctrico de las Empresas Publicas de Medellín (EEPPM). Estos sucesos se asemejan a episodios similares que se dieron en abril de 2005, junio de 2006, noviembre de 2007 y enero de 2008; y que han sido denunciados ante las autoridades competentes y ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Nos extraña sobremanera la manera arbitraria como están procediendo las autoridades de Bocas del Toro solo semanas después de que un informe de la Defensoria de Pueblo reconociera la violación a los derechos humanos en la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 promovido por AES Panamá, y de que dirigentes Naso y Ngobe convocaran al Panel de Inspección Independiente del Banco Mundial para que analizara los impactos que ha tenido el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) sobre las poblaciones indígenas de la Provincia de Bocas del Toro.
Por todo lo antes expuesto, hacemos a la Gobernadora Esther Mena de Chiu responsable principal de todo lo que está sucediendo, y exhortamos a las autoridades nacionales, en especial a la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde de Gómez, a que adelanten las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades sobre los abusos de autoridad y usos excesivos de la fuerza que se han venido dando en los territorios Naso y Ngobe desde 2005. A tres meses de que termine el presente periodo de gobierno, queremos recordarles a las autoridades de la Provincia de que los ojos del mundo están sobre Bocas del Toro, y de que esperamos que no pasen a la historia como las personas que sancionaron la represión y el despojo territorial de los pueblos indígenas.
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Alianza para la Conservación y el Desarrollo
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