INTERESES CONTRA DERECHOS

Justicia para los indígenas

Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com

WASHINGTON, D.C. –Cuando los abogados del bufete Akin, Gump Strauss, Hauer & Feld quieren reunirse con sus más atropellados clientes en Panamá, llegar a esos encuentros requiere viajar por avión, avioneta, 4 x 4, y, finalmente, cayuco. Allí, en un bosque bocatoreño que es un mundo aparte de la selva burocrática de Washington, los abogados de uno de los bufetes más prestigiosos de Estados Unidos se reúnen con los líderes de los nasos.

Akin Gump normalmente cobra unos mil dólares por hora, pero su representación de los nasos es “pro bono” –gratuita– de acuerdo a una gran tradición estadounidense en la que tanto bufetes como abogados individuales regalan de su tiempo y de su talento a personas y pueblos sin recursos. El estándar es que cada abogado haga 50 horas anuales de representación “pro bono” y los grandes bufetes reconocen el deber de aceptar gratis los casos que sean complejos, difíciles y lentos. Debiera avergonzarnos como panameños que Akin Gump esté defendiendo gratuitamente a los nasos cuando ningún bufete panameño lo ha hecho; y esa falta de representación legal en Panamá es crítica porque entiendo que las empresas interesadas en invadir las tierras naso siempre llegan a las reuniones con sus abogados. Frente a ellos, los indígenas quedan desprotegidos.

Eso es en Panamá, pero acá en Washington, por gestión de una ONG ambiental en Estados Unidos, Akin Gump aceptó representar a los nasos para ayudarlos con la demarcación de una comarca y hacer valer sus derechos bajo el derecho internacional. Su más reciente acción ha sido presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya había celebrado una audiencia sobre la situación de los indígenas panameños en octubre del año pasado. “... Cada día lo que vemos es más indígenas desalojados de sus tierras y de sus casas. Incluso hoy cuando duermen, no saben si van a amanecer con sus techos”, advirtió un representante de los wounaan en esa audiencia.

Eso exactamente es lo que está ocurriendo con los nasos, que llevan 38 años de estar pidiendo su comarca, y que viven hoy bajo gravísima amenaza de que poderosos intereses comerciales les arrebaten lo que queda de sus tierras ancestrales. A fines de marzo, alega la petición ante la CIDH, unos 150 policías llegaron a dos poblaciones naso para desalojarlos a la fuerza de sus viviendas. Se acusa que derribaron 30 casas, dejando a la intemperie a 150 adultos y 65 niños; estos han rehusado abandonar el lugar. Desde entonces, me dicen, el enfrentamiento entre los nasos y representantes de la empresa Ganadera Bocas, S.A. se ha vuelto más violento, y una delegación naso ha hecho campamento en la Plaza Catedral. Mientras tanto, los nasos también se encuentran amenazados por un proyecto de represa.

Si los nasos tuvieran su comarca, todos estos problemas se resolverían, enfatizó la abogada Faith Barter, de Akin Gump. Es decir, toda la “inseguridad jurídica” de los nasos parte del hecho de que el Gobierno rehúsa demarcarles la comarca. Según leo en La Prensa, ellos son la única comunidad indígena panameña que todavía no tiene comarca.

Pero un activista pro indígena me comentó privadamente que lo que pasa es que las otras comarcas fueron creadas cuando todavía no se comprendía el enorme valor comercial de esas tierras. Cuando hay importantes intereses comerciales de por medio, como ahora, observó ese activista estadounidense, “en estos enfrentamientos, la empresa siempre gana”.

No, no, no. Sabemos que Panamá, tristemente, es un lugar donde todo está a la venta y donde el billete pesa más que cualquiera otra consideración, pero no por eso debemos permitir el atropello premeditado de nuestros pueblos indígenas. Nuevo liderazgo político y nuevo compromiso social debiera motivarnos a garantizar justicia para todos, buscando la manera de avanzar como nación sin pisotear a los indefensos.