La democracia arbitraria
Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com
La Prensa, 6 julio de 2010
La democracia tiene sus cosas buenas. Algunas de ellas son el sustento de su esencia y, sin ellas, el sistema político se diluye en leyes sin sentido y ejecuciones arbitrarias. Considero que una de las principales tiene que ver con la institucionalidad y las normas. Es decir, tenemos procedimientos escritos y leyes aprobadas que nos hacen iguales ante las autoridades y que minimizan el riesgo de arbitrariedades o de aplicaciones caprichosas de dichas normas.
Esta institucionalidad de los procedimientos era débil en Panamá, pero existía. Ahora es historia. Todo depende de “una llamada”, de las amistades que se tengan, de los contactos, del “capricho” de un funcionario o del mismísimo Presidente de la República, que decide hasta sobre el color de las camisetas que su familia borda para el Ejecutivo. Siempre estamos pendientes de las “órdenes” de un “superior”, de la benevolente decisión del mismo.
Así está el periodista Carlos Núñez, a sus 70 años durmiendo sobre un escritorio de la mugrienta subestación de El Chorrillo por culpa de una sentencia vieja que lo condena por el peligrosísimo acto de escribir. Nadie hace que se cumpla la ley que, como mínimo, ordena casa por cárcel debido a su edad. El escarmiento es parte de la política oficial y el mensaje es claro: el que rechiste lo va a pasar mal.
Así ocurrió conmigo el domingo, cuando fui retenido cuatro horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen sin explicación alguna, cuando fui “liberado” por el mismo no–procedimiento y cuando las autoridades reaccionan a la presión mediática con una excusa fiscal sin siquiera habérmelo notificado a mí y no dándose cuenta del ridículo que hacían al dictar un impedimento de entrada al país a alguien que supuestamente tiene deudas en el mismo.
El problema no es la retención, si es que se tenía que dar, ni si hay o no problemas fiscales –que no los hay– sino la arbitrariedad, el estilo finquero en el que las normas tienen importancia nula frente a las decisiones individuales de los funcionarios. Vivir en una democracia arbitraria es subsistir en la zozobra, en la duda, en la “inseguridad jurídica”. Una inseguridad que, además, no tiene consecuencia alguna: nunca nadie paga por los “errores” y cuando el Ejecutivo pone cartas en el asunto destituye a dedo sin permitir que los procesos legales contra los funcionarios lleven su ritmo adecuado. Es la ley de la selva, el sálvese quien pueda, el “yo tengo el correo de Martinelli” como medida de protección.
Los hechos se van sumando y el cuadro parece cada día más claro, pero es tanto el aluvión de noticias preocupantes que unas ocultan a otras.
En los últimos meses hemos conocido de acoso “fiscal” a representantes de la sociedad civil, de presión mediática a líderes sindicales y ambientalistas, detención arbitraria de activistas… No es juego lo que acontece en Panamá y nuestra actitud, por tanto, no puede ser liviana.
En mi caso, el “aviso” del domingo no ha tenido efecto. Es decir: el miedo, esa arma perversa del poder, no ha medrado ni en mi pluma ni en mi entorno.
Espero que así sea con la mayoría. Tenemos el derecho y el deber de expresar el disenso, de salir a las calles cuando lo consideremos adecuado, de defender esta precaria democracia que tanta sangre ha costado, de fiscalizar al Gobierno elegido por la mayoría, de cogobernar porque el gobierno, según el pacto social, es del pueblo y los funcionarios solo ejercen una “delegación” temporal. Callar no es una opción; esconderse, tampoco. Repite el abogado Félix Wing sin cesar en las últimas semanas las palabras de Bety Cariño, la activista mexicana asesinada hace poco por su actividad antiminera: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.
Hoy las suscribo y apelo al Ejecutivo para que entienda que un país es su gente, no sus autoridades ,y que el respeto se gana, no se impone.
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