PROYECTO
Eduardo A. Esquivel R.
INGENIERO
Recientemente escuche en un programa de televisión al ministro Roberto Henríquez, llamado por los ambientalistas “El Ministro Minero”, por causas obvias, explicar y defender con entusiasmo exagerado, el nuevo Código Minero, y tras la enclenque exposición, no me quedan dudas de que este es totalmente innecesario .
Desde luego que los burdos “señuelos” de esta Ley, para convencer a los ambientalistas y el pueblo en general son los aumentos en las regalías que recibe el estado, y los aspectos ambientales específicos en la minería. Pero para esto no es necesaria una ley especial. La Ley General del Ambiente es clara en que la ANAM puede regular por decreto todos los aspectos ambientales de la minería. Asimismo el Ministerio de Economía y finanzas puede regular las regalías de las mineras, como lo ha hecho anteriormente.
Es por esto falso que si no se aprueba el nuevo código minero, las mineras que actualmente tienen concesiones con el Estado, seguirán pagando lo mismo o perjudicando el medio ambiente, como alega el ministro Henríquez. Bastaría un par de decretos ejecutivos para arreglar este asunto.
De hecho el proyecto de Código Minero de marras, trata blandamente los aspectos ambientales y de las regalías que deben pagar las mineras. Cómo es posible que una empresa minera pague el 4% del oro extraído (o que dice que extrajo), cuando en otros países deben pagar hasta el 25% o más. Cómo es posible que las empresas mineras contaminen y destruyan ecosistemas, y perjudiquen la salud de ciudadanos, y se burlen de las autoridades a través de tretas legales. La flamante Ley de Delitos Ecológicos no se ha aplicado una sola vez en casos relacionados con la minería, a pesar de que existen muchos y con abundantes evidencias.
La verdadera finalidad del Código Minero, como dijo un medio recientemente, es “Permitir obtener concesiones a personas jurídicas en las que participen financieramente otros países”. Esto tiene un tufillo a inconstitucionalidad. Si esto sigue así, en pocos años todas las empresas importantes de Panamá y gran parte del territorio nacional estarán en manos de extranjeros. Esta política económica malinchista puede que beneficie a algunos, para los que no tiene significado la soberanía, la identidad nacional o nuestra cultura. Es el “Himno Nacional” de las cajas registradoras de los neo-fariseos que nos acosan ahora. Hasta que el pueblo lo permita.
Eduardo A. Esquivel R.
INGENIERO
Recientemente escuche en un programa de televisión al ministro Roberto Henríquez, llamado por los ambientalistas “El Ministro Minero”, por causas obvias, explicar y defender con entusiasmo exagerado, el nuevo Código Minero, y tras la enclenque exposición, no me quedan dudas de que este es totalmente innecesario .
Desde luego que los burdos “señuelos” de esta Ley, para convencer a los ambientalistas y el pueblo en general son los aumentos en las regalías que recibe el estado, y los aspectos ambientales específicos en la minería. Pero para esto no es necesaria una ley especial. La Ley General del Ambiente es clara en que la ANAM puede regular por decreto todos los aspectos ambientales de la minería. Asimismo el Ministerio de Economía y finanzas puede regular las regalías de las mineras, como lo ha hecho anteriormente.
Es por esto falso que si no se aprueba el nuevo código minero, las mineras que actualmente tienen concesiones con el Estado, seguirán pagando lo mismo o perjudicando el medio ambiente, como alega el ministro Henríquez. Bastaría un par de decretos ejecutivos para arreglar este asunto.
De hecho el proyecto de Código Minero de marras, trata blandamente los aspectos ambientales y de las regalías que deben pagar las mineras. Cómo es posible que una empresa minera pague el 4% del oro extraído (o que dice que extrajo), cuando en otros países deben pagar hasta el 25% o más. Cómo es posible que las empresas mineras contaminen y destruyan ecosistemas, y perjudiquen la salud de ciudadanos, y se burlen de las autoridades a través de tretas legales. La flamante Ley de Delitos Ecológicos no se ha aplicado una sola vez en casos relacionados con la minería, a pesar de que existen muchos y con abundantes evidencias.
La verdadera finalidad del Código Minero, como dijo un medio recientemente, es “Permitir obtener concesiones a personas jurídicas en las que participen financieramente otros países”. Esto tiene un tufillo a inconstitucionalidad. Si esto sigue así, en pocos años todas las empresas importantes de Panamá y gran parte del territorio nacional estarán en manos de extranjeros. Esta política económica malinchista puede que beneficie a algunos, para los que no tiene significado la soberanía, la identidad nacional o nuestra cultura. Es el “Himno Nacional” de las cajas registradoras de los neo-fariseos que nos acosan ahora. Hasta que el pueblo lo permita.
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