Lucha campesina: Pastor E. Durán Espino
La lucha de campesinos ngäbes, buglés y latinos contra la minería y las hidroeléctricas –en especial la de Barro Blanco sobre el río Tabasará– se encuentra en un impasse, es decir, en un punto muerto. El gobierno empresarial de Ricardo Martinelli ha incumplido los acuerdos de San Lorenzo, pactados a principios de 2012 en los que –entre otras cosas– se comprometió a realizar un estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica de Barro Blanco.
El pasado 17 de marzo, terminó en cerro Venado, comarca Ngäbe-Buglé, una reunión de afectados directos del proyecto hidroeléctrico en mención. Allí los presentes decidieron desconocer la mesa de diálogo que algunos sectores sostenían con el Gobierno en torno al proyecto hidroeléctrico, con la mediación de la Iglesia y la facilitación de Naciones Unidas, porque consideran que el “diálogo” no es más que una táctica para imponer la obra, toda vez que la represa sigue poniendo en peligro la sobrevivencia de muchas comunidades en la comarca. Transcurrido un año, se ha entretenido al pueblo con ese “diálogo”, mientras la empresa Genisa prosigue la construcción de la hidroeléctrica. Los estudios hechos y el peritaje pendiente no garantizan la suspensión definitiva del proyecto ni su cancelación total.
Los ambientalistas han denunciado que debido a las labores de dinamitado y excavaciones, desde enero del año pasado se registra una mortandad masiva de peces, esto ya se ha denunciado ante la Autoridad Nacional del Ambiente.
Tradicionalmente, los pueblos ngäbe y buglé se organizan y eligen sus autoridades mediante congresos masivos. En 2010 –para dividirlos– el Gobierno actual aprobó un decreto que creó un congreso “por delegados”, por ese motivo, actualmente tienen dos congresos, uno por delegados y otro mediante el estilo tradicional (la tradición está por encima de las leyes según los juristas y más aún por encima de un simple decreto).
Se han organizado protestas pacíficas y vigilias en la localidad de Viguí, limítrofe entre Chiriquí y Veraguas, pero las fuerzas represivas del Gobierno han dispersado a los activistas. En una de estas represiones, según el comunicado No. 22 de 19 de marzo del presente, firmado por Celio Guerra, presidente del Congreso Tradicional Ngäbe-Buglé, cuatro policías detuvieron al dirigente indígena Isidro Acosta, quien estando en el suelo recibió por parte de los agentes golpes con las manos, con toletes y patadas. También denunciaron que montaron una “corregiduría improvisada”, para sancionar a cuatro indígenas que participaban en una vigilia. Otras protestas se dieron, recientemente, en Cerro Punta, provincia de Chiriquí, en donde murió el indígena Onésimo Rodríguez, debido a la represión.
En áreas habitadas por campesinos latinos, en Veraguas y Los Santos, también se han registrado protestas, por la posible implementación de proyectos hidroeléctricos. Los depredadores de estos proyectos mineros también acechan a los campesinos indígenas y latinos. Este año, probablemente, se explotará la mina de oro de Cerro Quema, en Los Santos, proyecto que en la década de 1990 provocó muchas movilizaciones, durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares, del PRD. Es decir, que no solo ahora en la administración del mandatario Martinelli se producen estas acechanzas de minería e hidroeléctricas. En la administración pasada, del gobernante Martín Torrijos, también del PRD, el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, compró una concesión hidroeléctrica, en 50 mil dólares, que después valía cinco millones. Durante esa administración, en el año 2005, hubo un grupo de personas que registraron 12 empresas para desarrollar proyectos hidroeléctricos, según el investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, Marco A. Gandásegui, hijo.
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