Declaración de la Comunidad Internacional sobre Barro Blanco

Weni Bagama del M10  hablando al MDL de la CMCC de la ONU sobre Barro Blanco

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18 de junio de 2013

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recibe solicitud de investigar las violaciones a derechos humanos causadas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco

Washington, DC – El viernes pasado, 12 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, que realice una investigación formal sobre los impactos a derechos humanos de la represa Barro Blanco ubicada en el Río Tabasará en Panamá.  Las organizaciones panameñas e internacionales también solicitaron al Relator Anaya pedir al gobierno de Panamá la suspensión inmediata de la construcción de la represa hasta tanto se haya atendido completamente los riesgos a los derechos del pueblo indígena ngäbe afectado por el proyecto. La controversia sobre este proyecto recibió particular atención durante las negociaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático llevadas a cabo la semana pasada en Bonn, Alemania, ya que el proyecto Barro Blanco se encuentra registrado como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), uno de los mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto.  

“La represa Barro Blanco afectará directamente al pueblo ngäbe; sin embargo, ni siquiera fuimos consultados antes de que el proyecto fuese aprobado”, dijo Weni Bagama, una de las líderes ngäbe del Movimiento 10 de abril, un movimiento local que defiende el Río Tabasará de los proyectos de desarrollo. En septiembre de 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo una inspección en el área del proyecto y entrevistó a los miembros de las comunidades ngäbe sobre los impactos del proyecto. El informe de la evaluación del PNUD confirmó que la represa provocará la inundación de casas y sitios religiosos, históricos y culturales en el territorio ngäbe-buglé. El informe también documentó los impactos del proyecto, incluyendo que la represa convertirá el flujo del Río Tabasará en un ecosistema de aguas estancadas, afectando la dieta y medios de subsistencia de los ngäbe.  

“A pesar de las evidencias de que la represa tendrá graves impactos en el modo de vida y herencia cultural del pueblo ngäbe, la construcción del proyecto continúa”, añadió Weni Bagama.  “Pedimos al Relator Anaya investigue la situación y haga todo lo que esté en sus manos para proteger los derechos de las comunidades indígenas afectadas”.  

“Los ngäbe no fueron invitados al foro público en donde se discutió el proyecto y ninguna de las personas que fueron consultadas eran indígenas o representaban los intereses de los indígenas afectados”, dijo Tania Arosemena, Directora Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). “El proceso de consulta pública no cumplió con los estándares mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales correspondientes”. CIAM presentó una demanda en 2011 en representación miembros del pueblo ngäbe, solicitando la declaración de la nulidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Aún se espera sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en este caso.

Varias de las organizaciones que escribieron al Relator Anaya también plantearon el caso de este proyecto en las negociaciones de la ONU sobre cambio climático en Bonn la semana pasada. “El proyecto Barro Blanco ilustra la urgente necesidad de reforma del MDL”, dijo Alyssa Johl, Abogada Sénior del Center for International Environmental Law (CIEL). “Una vez un proyecto ha sido registrado como MDL, las comunidades afectadas carecen de mecanismos para que sus preocupaciones sobre su impacto social y ambiental sean escuchadas. El régimen climático la ONU debe establecer un proceso que permita a las comunidades reclamar los daños asociados a proyectos MDL, así como un proceso para la remoción del registro de proyectos que claramente violan las normas del MDL como es el caso del proyecto Barro Blanco”.

“Dada la ausencia de un proceso de queja en el MDL y la falta de protección de los derechos del pueblo ngäbe por el gobierno panameño, las comunidades requieren el apoyo del Relator Anaya”, dijo Abby Rubinson, Abogada Asociada del Programa Internacional de Earthjustice. “Apreciamos los esfuerzos pasados del Sr. Anaya para involucrar al gobierno de Panamá en atender las preocupaciones de las comunidades ngäbe, y le pedimos que continúe desempeñando su muy requerido rol para prevenir futuras violaciones”.

Las organizaciones panameñas que firmaron la carta al Relator Anaya fueron CIAM, Movimiento 10 de Abril, y la Asociación Ambientalista de Chiriquí.  CIEL, Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), International Rivers, Carbon Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la Selva and Marin Interfaith Task Force on the Americas son las organizaciones internacionales que firmaron esta carta.  

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Center for International Environmental Law (CIEL) emplea la fuerza de la ley para la protección del ambiente, la promoción de los derechos humanos y el aseguramiento de una sociedad justa y sostenible. CIEL es una organización no gubernamental dedicada a la defensa del interés público global, incluyendo asesoría jurídica, investigación de políticas públicas, análisis, educación, entrenamiento y capacitación.  

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) es una organización no gubernamental que ofrece apoyo legal a individuos y grupos de la sociedad civil cuando su derecho a un ambiente sano es amenazado o violentado. CIAM también promueve litigio estratégico para disminuir los efectos del reto más crítico de nuestros tiempos – el cambio climático.  

Earthjustice es una organización no gubernamental de interés público dedicada a la protección de los magníficos sitios, recursos naturales y vida silvestre de la Tierra, y la defensa del derecho de todas las personas a un ambiente sano.    

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Original English Version

FOR IMMEDIATE RELEASE

June 18, 2013

UN Representative on Indigenous Peoples Asked to Investigate Human Rights Violations Caused by Panama’s Barro Blanco Dam

Washington, DC – On Friday, 12 civil society organizations urged the United Nations (UN) Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya, to conduct a formal investigation into the human rights impacts of the Barro Blanco dam located on the Tabasará River in Panama.  The Panamanian and international organizations also asked Mr. Anaya to call on the government of Panama to immediately halt the dam’s construction until the threats to the rights of the indigenous Ngӓbe people affected by the project have been fully addressed.  The Barro Blanco controversy received special attention at the UN climate talks held last week in Bonn, Germany, because the project is registered under the Clean Development Mechanism (CDM), a carbon offsetting scheme established under the Kyoto Protocol.

“The Barro Blanco dam will directly affect Ngӓbe people, yet we were not even consulted about the project before it was approved,” said Weni Bagama, an indigenous Ngӓbe leader of the Movimiento 10 de Abril, a community-based movement defending the Tabasará River from development projects.  In September 2011, the UN Development Programme (UNDP) conducted a fact-finding mission at the project site and interviewed Ngäbe community members about projected impacts.  UNDP’s assessment report confirmed that the dam will flood homes and religious, historical and cultural sites in the Ngӓbe-Buglé territory.  The report further documented the project’s impacts, including that the dam will convert the flowing Tabasará River into a stagnant lake ecosystem, affecting the Ngäbe’s diet and means of subsistence.

“Despite proof that the dam will have grave impacts on the Ngӓbe way of life and cultural heritage, the construction of the dam continues,” added Ms. Bagama.  “We urge Mr. Anaya to investigate the situation and do all he can to protect the rights of the indigenous peoples affected by this project.”

“The Ngäbe were not invited to the public forum held to discuss this project, and none of the people who were consulted were indigenous or represented the interests of the indigenous peoples,” said Tania Arosemana, Legal Director of the Environmental Advocacy Center, Panama (CIAM by its Spanish initials).  “The consultation process did not comply with the minimum standards demanded by national and international law on this matter.”  CIAM filed a lawsuit in 2011 on behalf of members of the Ngäbe communities, who challenge the approval of the project’s environmental impact assessment.  That suit is pending.

Several of the organizations that wrote to Mr. Anaya also raised the Barro Blanco case at the UN climate talks in Bonn last week.  “The Barro Blanco project illustrates an urgent need for reform within the CDM,” said Alyssa Johl, senior attorney at the Center for International Environmental Law (CIEL). “Once a project has been registered under the CDM, affected communities have no means to voice their concerns regarding the project’s social and environmental impacts.  The UN climate regime must establish a process that allows communities to seek recourse for the harms associated with CDM projects, as well as a process to deregister projects where there are clear violations of CDM rules as in the case of Barro Blanco.”

“Given the CDM’s lack of a complaint procedure and the Panamanian government’s failure to protect the Ngäbe’s rights, the communities need Mr. Anaya’s support,” said Abby Rubinson, associate attorney in Earthjustice’s International Program.  “We appreciate Mr. Anaya’s past efforts to engage the Panamanian government to respond to the Ngäbe’s concerns, and we ask him to continue to play this much-needed role to prevent further violations.”

The Panamanian non-governmental organizations (NGOs) that signed the letter to Mr. Anaya were CIAM, Movimiento 10 de Abril, and Asociación Ambientalista de Chiriquí.  CIEL, Earthjustice, Inter-American Association for Environmental Defense (AIDA), International Rivers, Carbon Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la Selva and Marin Interfaith Task Force on the Americas comprised the international groups that signed the letter to Mr. Anaya.

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Center for International Environmental Law (CIEL) uses the power of law to protect the environment, promote human rights, and ensure a just and sustainable society. CIEL is a non-profit organization dedicated to advocacy in the global public interest, including through legal counsel, policy research, analysis, education, training and capacity building.

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