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| La dirigente Weni Bagama en el encuentro REDLAR 2013 |
Desenfrenada
Expansión Hidroeléctrica del País
En cuanto al acceso al agua potable de la
población, además de constituir un derecho humano, desafortunadamente también es
considerada una "mercancía" y fuentes de ingresos por los empresarios
inescrupulosos quienes no se solidarizan con la comunidad. Este suministro
decrece cada día con la instalación de nuevas hidroeléctricas. Un claro ejemplo de esto es la cuenca 102 o
del Rio Chiriquí Viejo fronterizo entre Costa Rica y Panamá. Una vez fuente
prístina de agua dulce y meca del 'river rafting' ahora con la
propuesta instalación de una cadena de hidroeléctricas se ha convertido en un
rio muerto de verdes aguas eutróficas y contaminadas con minerales tóxicos como
el cadmio, mercurio y otros. La potabilización del cercano distrito de Barú
cuya cabecera Puerto Armuelles se halla en peligro por carecer de equipo para
la limpieza de materias toxicas.
Las demás cuencas igualmente se hallan
afectadas en la cantidad y calidad del agua disponibles para la producción
agrícola poniendo en peligro la 'soberanía alimentaria' siendo el agua su insumo
principal; pero sobretodo el abastecimiento de agua potable a las poblaciones
siendo acaparada por las generadoras por encima del orden constitucional y de
los derechos humanos.
Derechos
Humanos y Pueblos Indígenas Caso de Barro Blanco
Se han librado grandes luchas contra los
intereses foráneos que han logrado construir grandes mega-represas como el
nefasto Chan 75 en el Rio Changuinola desplazando poblaciones enteras de sus cuencas.
Pero quizás la lucha más emblemática lo constituye el proyecto Barro Blanco el
cual ha tenido distintos nombres en el pasado. Actualmente construido en los
márgenes del Rio Tabasará aunque ubicada fuera de la Comarca Ngäbe Bugle, su
embalse de 258 hectáreas rebasa partes de la comarca. De acuerdo a los convenios 169 y 107 de la OIT respectivamente este proyecto
requirió desde un principio el “consentimiento previo, libre e informado” de
los afectados.
Este proyecto desplaza a comunidades enteras quienes
se han visto con órdenes de adquisición de servidumbre y que sus poblaciones se
hallan en inminente riesgo de inundación. También devastara decenas de
hectáreas de bosque de galería donde se hallan en peligro de extinción especies
como las ranas azules del Tabasará que solo habitan esta cuenca y requieren de
estos bosques para completar su ciclo de vida. Igualmente borrando e inundando
valiosas vestigios culturales y arqueológicos como petroglifos y cementerios
ancestrales de inmenso significado espiritual, violando los derechos humanos y de
los pueblos originarios, las leyes patrimoniales, los convenios de San Salvador
sobre los valores patrimoniales e incumpliendo el propio estudio de impacto
ambiental de la empresa que se compromete a proteger y salvaguardar estos
valores patrimoniales.
Si bien la naturaleza tiene sus derechos, en
este debate no podemos ignorar los derechos humanos de las comunidades y no
solamente la 'seguridad juridica' de las empresas e intereses creados que pretenden devastar los pocos
recursos naturales como el agua y las tierras que existen en el país a expensa
de las comunidades. Tampoco podemos
quedar callados ante el contubernio del Mecanismo de Desarrollo Limpio quienes
han aprobado los créditos o bonos de carbono a proyectos impuestos muchas veces a la fuerza con saldos trágicos
y claramente violatorios de los derechos
humanos y de los pueblos originarios aun
careciendo de verdaderas consultas a las comunidades afectadas.
Expansión
hidroeléctrica hacia el Interior del País y privatización del agua
Tampoco podemos ignorar las provincias de Veraguas y Coclé donde esta
expansión desenfrenada de hidroeléctricas no solo obedece a razones de
abastecer la Red Mesoamericana de Energía, sino de fuente energética para
actividades mineras de la zona.
Igualmente condenamos el escandaloso nexo de altos jerarcas del actual
gobierno con dichos proyectos.
No podemos dejar de soslayar la pretendida
privatización del elemento agua mediante un proyecto de ley inconsulto el cual
de hecho quitara de las manos la administración de los acueductos rurales de
los municipios y comunidades al gobierno central, no habiendo ellos puestos un
solo centavo para dichas obras, abriendo el camino mediante la creación de la
nueva Autoridad del Agua a una eventual privatización.
La
Criminalización de la Protesta
Tampoco podemos dejar de señalar la creciente militarización y propaganda mediática
criminalizando la protesta como las bestiales acometidas de Bocas del Toro en
el 2010 donde perdieron la vida 10 personas mayormente niños quienes se asfixiaron por los
gases lanzados sobre sus hogares, aunque el gobierno aduce “causas naturales” y donde también perdieron la vista por perdigones decenas de indígenas. Las salvajes represiones
de San Félix de 2011 y 2012, donde en este ultimo año perdieron la vida cuatro
manifestantes y varias mujeres indígenas Ngäbe fueron violadas por las hordas
militarizadas del régimen.
También los incidentes de marzo del 2013 donde fueron
salvajemente golpeadas señoras mayores indígenas que hacían acto de presencia en un campamento de
vigilia en torno a Barro Blanco. Igualmente los incidentes no esclarecidos de la cruenta golpiza que sufrieron dos indígenas Ngäbe Bugles en el poblado de Cerro Punta por al menos cuatro enmascarados. En la cual perdió la vida Onésimo Rodríguez después de participar en una masiva protesta contra el proyecto Barro Blanco. Se teme el surgimiento de los temidos escuadrones de la muerte en nuestro medio.
Infame
Ley 18 y tecnologías verdes
Este gobierno en su afán de facilitar la
expansión energética y desmedida sobreexplotación de las cuencas hidrográficas
ha promulgado la controversial Ley 18 también llamada “expropiación exprés”. Donde el legítimo propietario de las tierras
se halla en un estado de indefensión ante las pretensiones de las empresas
generadoras avaladas por la Autoridad de los Servicios Públicos o ASEP. Quienes
solo le dan 15 días para la compra por parte de la empresa luego para proceder
a expropiarle sus tierras por el mal llamado “interés público”.
En cuanto al desarrollo de otras tecnologías
“verdes” recientemente el actual mandatario había declarado que Panamá
pretendía ser líder de energía eólica en Centro América. Actualmente las fincas eólicas les alquilan las
tierras por 20 años a los propietarios quienes se dedican a sus habituales
actividades agrícolas bajo las aspas eólicas.
Pero a diferencia de estas generadoras del primer mundo, tres cuartas
partes de las concesiones eólicas están a nombre de empresas afines al
mandatario, quienes valiéndose de la infame Ley 18 pretenden expropiarle las
tierras de los legítimos dueños para lucrar con esta tierras para actividades
como ganadería de alta genética, etc. En otras palabras la energía eólica no
tiene nada de sucio, simplemente los hacen sucio los políticos.
Ampliación
del Canal
Si bien la polémica ampliación del canal, no
existe ningún estudio o datos precisos que se haya hecho pública. El actual diseño se proyecta sobre una falla
geológica que de darse un cataclismo pondría en peligro las áreas
metropolitanas de la capital Panamá.
El otro problema no atendida de salinización
tampoco está debidamente contemplada, la no utilización en el actual diseño de
un embalse de amortiguación, como es el lago Miraflores, el cual debido a las
grandes variaciones de marea del Pacifico es fuente principal de la entrada de
sal. Este lago una vez dulce, se halla actualmente salobre.
Este problema de dejarse desatendida pondría
en peligro el abastecimiento de agua dulce de las áreas urbanas de Panamá y Colon. Además creándose un "puente"
interoceánico para especies invasivas el cual constituiría una catástrofe
ecológica marina.
También obligaría a la expansión de la cuenca con
nuevas represas, con desplazamiento de comunidades enteras e inundando fértiles
valles de la provincia de Coclé y Colon, pero también áreas mineras con deslaves
tóxicos que irremediablemente contaminaría el Lago Gatún.
Caserío de Retalteco, Las Cruces, Peten, Guatemala
12 octubre 2013
Red Nacional para la Defensa del Agua
Movimiento 10 de Abril para Defensa del Rio Tabasará, M10
Asociación Ambientalista de Chiriquí, ASAMCHI
Coordinadora de Tierras y Aguas de Coclé, CODETAC
La Red Ecológica, Social, Agropecuaria de Veraguas.
RESAVE
Alianza Ambiental Pro-Desarrollo Integral Unidos por Panamá,
AAPRODIUPA
Colectivo Voces Ecológicas
Alianza Pro-Panamá
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