domingo, 5 de abril de 2009

COMUNICADO URGENTE:

REPRESIÓN A SAN SAN DRUY, POBLACIÓN NASO TJËR-DI.

Las organizaciones suscritas, en defensa de las comunidades, los recursos naturales, los ecosistemas y el derecho a la vida y a la dignidad, denunciamos ante la faz del país y de la comunidad internacional el atropello inaudito y salvaje de que han sido objeto los moradores de la comunidad Naso de San San Druy, próxima a la frontera con Costa Rica, desde las 6 a.m. de hoy, lunes 30 de marzo de 2009.

Sin aviso previo, sin consideración ni contemplación de ninguna clase, unos cien policías llegaron en dos buses y, entrando con mucha fuerza, reprimieron a la comunidad originaria que aún dormía o recién se despertaba, obligando a los moradores a un desalojo forzoso de sus casas. De esta manera, hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos en brazos de sus madres, corrieron despavoridos buscando su salvación y huyendo de las bombas lacrimógenas.

La gente se refugió en una casa comunal de dos pisos, y la policía, que llegó sin ninguna orden de desalojo (que se le pidió), los sacaron a la fuerza, alegando haber sido enviados por la Corregidora. Los policías destruyeron unas 15 casas con todo dentro, incluyendo enseres de cocina, herramientas, ropa, abastos, y enseguida trazaron un cerco en torno a la indefensa población: nadie entra, nadie sale.

La empresa Ganadera Bocas, que ha ampliado a través del tiempo su apropiación de tierras, quitándoselas a sus dueños legítimos, está tratando -- pese a garantías internacionales en protección de los pueblos originarios -- de desalojar a los Nasos de sus territorios ancestrales para extender su proyecto ganadero..

El proyecto hidroeléctrico de Bonyik, de Empresas Públicas de Medellín (EPM) se encuentra más abajo sobre el Río Teribe, cercano a Changuinola, y ha sido acusada de iguales atropellos contra los Nasos, por lo que no se descuenta la cooperación entre ambas compañías.

La represión de hoy se suma a las de meses anteriores, y llama la atención que ocurre luego de las protestas indígenas en el Día Internacional del Agua, el pasado 22 de marzo. Los policías no permiten hablar a los indígenas mediante celulares ni tener comunicación alguna con sus dirigentes, abogados y otras organizaciones de la sociedad civil, teniendo que hacerlo a escondidas.

Denunciamos este nuevo atropello y exigimos a las autoridades, particularmente al presidente Martín Torrijos, a la Procuradora de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y a la gobernadora de Bocas del Toro, detener este cruel atropello que ha dejado sin ropa, sin comida, sin medicina ni atención alguna a niños, mujeres, ancianos, cuyas vidas corren peligro.

Panamá se expone nuevamente a sanciones internacionales por violación de acuerdos especiales que protegen a los indígenas que viven en sus tierras desde siglos sin que se les reconozca una comarca ni autonomía alguna. Golpeados por la brutal represión, el hambre y las enfermedades, los moradores, especialmente niños, sufren de vómitos, y no ha sido posible hacerles llegar ayuda médica.

El gobierno de Martín Torrijos es conscientemente responsable de la extinción de los Nasos y de otros pueblos originarios al irrumpir con proyectos insostenibles de hidroeléctricas y minería a cielo abierto en territorios que ancestralmente les ha pertenecido a ellos y al entregar, gratuitamente en muchos casos, nuestros recursos naturales que son patrimonio de la Nación panameña, a empresas transnacionales y a voraces apetitos de empresarios y funcionarios corruptos.

En San San Druy, en Bonyik, en Cerro Chorcha, en Guaribiara, en Cerro Quema, en Soná y La Palma, así como en Petaquilla y en muchos otros sitios del país, el gobierno está apoyando a las empresas y dándoles las espaldas a las comunidades, en una acción que por una parte destruirá nuestras reservas boscosas y ecosistemas pero, por la otra, contribuirá a la unidad solidaria de dichas poblaciones en defensa del derecho a la vida y a la dignidad.

Exigimos a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que deben encarnar las aspiraciones de las comunidades, pronunciarse sobre esta inaceptable e ilegal intrusión en nuestros pueblos originarios.

Carmencita Tedman MacIntyre, Elvia Lefevre, Celma Moncada, María Muñoz, Anabel Herrera, Rubén Bernal, Fredesvindo Sáez, Julio Yao., en representación de: Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas CONADETIAGUAS, Asociación pro Defensa de Las Cuencas Hidrográficas, Fundación Humanitas, Coordinadora Campesina por la Vida, Liga para la Protección Animal y Ambiental, Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada, Coordinadora Colonense (Kuna Yala) por el Derecho a la Vida y la Dignidad, Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá).

Panamá, 30 de marzo de 2009.

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