Panamá, jueves 6 de agosto de 2009
La entidad realizó una investigación en el sector donde opera la minera y corroboró daños al ambiente y la comunidad.
Shelmar Vásquez Sweensvasquez@prensa.com
La Defensoría del Pueblo emitió ayer la Resolución DP-386p-05 en la que insta a las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) a elaborar un anteproyecto de ley que rescinda el Contrato Ley No. 9 que el Estado firmó con la minera Petaquilla S.A. en 1997, con base en que la empresa no cumple con las normas ambientales vigentes.
El ombusman, Ricardo Julio Vargas, también solicitó la suspensión inmediata de las actividades que lleva a cabo la empresa minera y sus afiliadas en el distrito de Donoso, provincia de Colón, aunque este punto no lo dejó consignado en la resolución.
Vargas detalló que durante la investigación que hicieron, comprobaron que la minera está causando un impacto negativo, tanto en los recursos naturales como en la calidad de vida de más de 50 comunidades del área.
Asimismo, advirtió que denunciará el problema ante organismos internacionales, si las autoridades locales hacen caso omiso a la resolución emitida por la entidad.
Su argumento consiste en que el Mici y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) estarían violando el artículo 257 y 259 de la Constitución Política de la República, que determina que se pueden otorgar concesiones sobre las riquezas del suelo, siempre y cuando no se afecte el bienestar social y el interés público.
“También se le estaría dando la espalda a los convenios internacionales que ha firmado el Estado en materia de derechos sociales y ambientales”, precisó.
Vargas conminó a las autoridades a “actuar con mayor diligencia y rigor contra la empresa, a fin de que pague la multa de casi dos millones de dólares que le impuso la Anam.
Tras conocer la petición de la Defensoría, el vocero del Comité Pro Cierre de Petaquilla, Julio Yao, dijo que la minera ha contaminado con cianuro unos ocho ríos.
“No confiamos en que el Mici haga mucho. En la última reunión con autoridades de la entidad, se nos dijo que no paralizarían los trabajos de la minera y que no importaba que murieran algunos peces”, comentó.
En tanto, María Núñez, de la Coordinadora de Campesinos de Coclecito, área de influencia del proyecto, dijo que los desperdicios químicos de la minera han destruido los sembradíos del área.
La Defensoría del Pueblo emitió ayer la Resolución DP-386p-05 en la que insta a las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) a elaborar un anteproyecto de ley que rescinda el Contrato Ley No. 9 que el Estado firmó con la minera Petaquilla S.A. en 1997, con base en que la empresa no cumple con las normas ambientales vigentes.
El ombusman, Ricardo Julio Vargas, también solicitó la suspensión inmediata de las actividades que lleva a cabo la empresa minera y sus afiliadas en el distrito de Donoso, provincia de Colón, aunque este punto no lo dejó consignado en la resolución.
Vargas detalló que durante la investigación que hicieron, comprobaron que la minera está causando un impacto negativo, tanto en los recursos naturales como en la calidad de vida de más de 50 comunidades del área.
Asimismo, advirtió que denunciará el problema ante organismos internacionales, si las autoridades locales hacen caso omiso a la resolución emitida por la entidad.
Su argumento consiste en que el Mici y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) estarían violando el artículo 257 y 259 de la Constitución Política de la República, que determina que se pueden otorgar concesiones sobre las riquezas del suelo, siempre y cuando no se afecte el bienestar social y el interés público.
“También se le estaría dando la espalda a los convenios internacionales que ha firmado el Estado en materia de derechos sociales y ambientales”, precisó.
Vargas conminó a las autoridades a “actuar con mayor diligencia y rigor contra la empresa, a fin de que pague la multa de casi dos millones de dólares que le impuso la Anam.
Tras conocer la petición de la Defensoría, el vocero del Comité Pro Cierre de Petaquilla, Julio Yao, dijo que la minera ha contaminado con cianuro unos ocho ríos.
“No confiamos en que el Mici haga mucho. En la última reunión con autoridades de la entidad, se nos dijo que no paralizarían los trabajos de la minera y que no importaba que murieran algunos peces”, comentó.
En tanto, María Núñez, de la Coordinadora de Campesinos de Coclecito, área de influencia del proyecto, dijo que los desperdicios químicos de la minera han destruido los sembradíos del área.
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