Boris Gómez
david, chiriquí
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Celio Guerra, fiscal del Congreso General Ngäbe Buglé, declaró que sería “inmoral” el otorgamiento de bonos o certificados de reducción de emisiones, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para empresas que construyen hidroléctricas en Panamá.
“Las hidroeléctricas en Panamá sólo dejan un 10% del caudal ecológico y se quedan con el otro 90% del total lo que deja a la comunidad sin agua para su consumo, sanidad o agroganadería”, dijo Guerra, quien junto a unas 15 organizaciones ambientalistas ratificaron el rechazo a la solicitud de la empresa Suez, que construye en Gualaca tres complejos, con las aguas del río Chiriquí y que producirían 115 megavatios.
“La energía hidroeléctrica en Panamá ha traído pobreza a las comunidades donde se construyen los complejos y pone en riesgo a la población que se queda sin agua”, dijo el catedrático universitario Demetrio Miranda. Michel Núñez, representante de SGS Panamá, dijo que el pago de bonos está regulado por el protocolo de Kyoto y la misión de la consultora era hacer un análisis objetivo de la producción de energía.
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