modificaciones a la legislación minera
Concesiones paralizadas mientras cambian normas
El Mici intenta ordenar el sector minero, mientras las empresas están desesperadas por obtener respuesta a sus solicitudes de operación.
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| EXTRACCIÓN ILEGAL. Autoridades indican tener ‘interés especial de regular las concesiones ilegales’, por lo que se contempla contratar a más personal para las inspecciones. En la foto se muestra la extracción ilegal en el río Pacora. LA PRENSA/Carlos Lemos1303983 |
mzea@prensa.com
Hace aproximadamente cinco meses no se otorgan solicitudes de exploración o explotación de recursos minerales.
La razón del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) es que están revisando el Código Minero para modificarlo.
“No es que estén paralizadas [las concesiones], estamos en un proyecto muy especial solicitado por el Presidente”, dijo Zahadia Barrera, directora nacional de Recursos Minerales del Mici, al referirse a la revisión de la política minera del país.
Entre los cambios que podrían hacerse se encuentra un aumento de las multas, que para el caso de extracciones ilegales pasarían de 10 mil dólares a un millón de dólares.
También se evalúa el incremento de regalías, impuestos de extracción, cánones y fianzas de cumplimiento. Los aumentos se harían en relación al precio de los minerales que se exploten.
El Gobierno quiere que las solicitudes que están actualmente pendientes se rijan bajo las nuevas normas.
“Todo está paralizado, y a nivel metálico la parálisis viene desde hace mucho más tiempo que desde hace cinco meses”, dijo Zorel Morales, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).
El empresario explicó que desde la administración del presidente Martín Torrijos hay una cantidad de solicitudes que no se gestionaron en su momento.
Esto afecta la competitividad del país teniendo en cuenta que a nivel internacional hay una gran disputa por captar las inversiones del sector, además se perjudicará la construcción, alertó Morales.
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) reclama que les falta tosca, piedra y arena.
El gremio espera que se atiendan pronto sus solicitudes, ya que, según afirman, la cantidad instalada de las canteras está al tope de producción, por lo que el próximo año la demanda podría sobrepasar la oferta.
Enrique Asensio, de la Capac, advierte que “con las nuevas restricciones e impuestos se encarecerán los materiales de construcción y se afectarán los proyectos de viviendas de interés social”.
Para Barrera, lo importante es que para el próximo año se pretende cambiar el Código Minero en su totalidad, incluyendo aspectos ambientales y de seguridad, basados en una consultoría efectuada en 2003 que en su momento no fueron acogidas.
Tanto los ambientalistas como los mineros critican que no han sido consultados en este asunto.
Sin la participación de las organizaciones ambientalistas, no se le dará la debida consideración a los impactos sociales y económicos adversos de los proyectos, manifestó Fernando Manfredo, ex ministro de Comercio.
A su juicio, hay que tener cuidado con aquellas políticas que solo apuntan al crecimiento económico a cualquier costo.
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