Panamá: Ricardo Quijano y Raúl Hernández defienden intereses familiares en el “Diálogo” con indígenas

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 por FRENADESO
 Jueves, 16 de Febrero de 2012 02:56
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Raúl Hernández, Ricardo Martinelli y Ricardo Quijano
Foto de Internet
 ¿Por qué hoy el Diputado por Cambio Democrático, Raúl Hernández, preside la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados, y Raúl Quijano, el hurtador de decenas de miles de balboas de la cuota obrera de la Caja de Seguro Social (CSS), Ministro del ramo?

Ricardo Quijano y Raúl Hernández defienden intereses familiares en el “Diálogo” con indígenas

Así como, por ejemplo, Ricardo Martinelli y su Ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu colocaron sus fichas en ANATI para acaparar tierras de manera gratuita o a precios irrisorios para ellos y sus socios, Gabriel Btesh y Felipe “Pipo” Virzi, entre otros; o colocaron a Guillermo Sáez Llorens como Director de la Caja de Seguro Social (CSS) para hacer negocios en grande; asímismo acomodaron a los suyos en puestos claves a la hora de la definición de los temas mineros e hidroeléctricos en la Comarca Ngäbe Buklé.

¿Por qué hoy el Diputado por Cambio Democrático, Raúl Hernández, preside la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados, y Raúl Quijano, el hurtador de decenas de miles de balboas de la cuota obrera de la Caja de Seguro Social (CSS), Ministro del ramo?  ¿Por qué estos personajes se hayan comprometidos en controlar y manipular el diálogo que se lleva a cabo en la Asamblea con los grupos indígenas?

Estas y otras interrongantes serán respondidas en el siguiente artículo preparado por un equipo de investigación de FRENADESO, cuya misión es desentrañar la corrupción y descifrar los vínculos familiares y la telaraña de intereses de los clanes de la mafiocracia que han controlando y siguen controlando al país.

FRENADESO DENUNCIA EL CERCO DE LA MAFIOCRACIA CONTRA LOS GRUPOS INDÍGENAS

(Primera entrega)

El presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, donde se discute con los sectores indígenas la exclusión de minas e hidroeléctricas, Raúl Hernández López defiende los intereses de los empresarios por encima de cualquier interés social, sobre todo si son indígenas quienes reclaman, se ha portado altanero, grosero y hasta amenazante.  Su jefe original de partido lo era José Raúl Mulino, cuando existía Unión Patriótica.  Ahora es Cambio Democrático.  Mantiene negocios en varias empresas con John Moses Arias quien está casado con Mariela Martinelli.  Un hijo de esta última pareja, John Moses Martinelli, está casado con una hija de Ricardo Quijano, ministro ahora del MICI y también miembro de la comisión negociadora.  Quijano, como se sabe, ha sido uno de los principales defensores de la minería y las represas. De manera que estas discusiones en la Asamblea deben parecerle reuniones familiares y de negocios a Hernández y Quijano.  Sólo faltarían los Martinelli y John Moses padre. Hernández también es director de la Empresa de Generación Eléctrica Bayano, S.A., que se le atribuye las inundaciones de Los Llanos de Chepo el año pasado.  La empresa niega su responsabilidad en los hechos.  La Asamblea, por su parte, motivó un crédito extraordinario de 25 millones para cubrir daños a las víctimas, cuestión muy conveniente a la empresa extranjera AES con propiedad en la hidroeléctrica.  AES también lleva a cabo la hidroeléctrica Chan 75 lo que ha significado la expulsión de grupos indígenas Nasos y Gnöbe Buglé, con la complicidad de las autoridades y de la Policía Nacional. Por supuesto que todo esto el diputado Hernández lo justificará diciendo que eso es “desarrollo”.  Raúl Hernández también está involucrado en un conflicto de tierras en las playas de Antón, en el que se le señala junto al primo de su esposa Guillermo Ford Sosa, como los que utilizan todas las autoridades políticas y administrativas de la región para impedir el negocio de otro empresario en el área.

El país está atrapado por la avaricia desenfrenada de grupos de poder económico y político.  Esto no es nuevo en nuestra república, existiendo desde antes de la separacíón de Colombia, pero el acceso a la información y el aumento de la consciencia de los pueblos de sus derechos, ha hecho que esto sea cada vez más evidente.  La desvergüenza de quienes dirigen el Estado también se hace cada vez más patente.  Pareciera que poco les importa que el pueblo se entere de que mienten, que violan los derechos ciudadanos, que roban, que se apropian de bienes públicos, que caminan según convenga a sus intereses particulares y de pequeños grupos, en fín; nada les importa más que acrecentar su enriquecimiento.  Confían en que el pueblo olvidará sus atropellos para las siguientes elecciones, a través de la compra de conciencias.  Esta conducta, sumada a otras, conforma lo que llamamos la mafiocracia; la asociación de personas en pequeños grupos de poder económico y politico, aprovechándose de un falso discurso de democracia, para robarle las esperanzas a un pueblo, con absoluta desvergüenza.

Los ejemplos más recientes, las titulaciones de Juan Hombrón, de Bahia Honda, el terreno de Paitilla, el terreno para la construcción del Hospital de Chilibre, los terrenos de Costa del Este, las licitaciones amañadas de la Caja de Seguro Social (CSS), la compra de radares y helicópteros sobrevalorados, según se ha señalado, a una empresa que se vincula a Valter Lavitola, hasta hace poco, amigo personal del Presidente Italiano Silvio Berlusconi.

Pero, el listado es mucho más grande.  El enriquecimiento de personas durante la dictadura militar torrijista y al norieguismo, el uso del estado para obtener contratos, el cambio de leyes a su conveniencia, el financiamiento de campañas políticas, no son cosas nuevas.  Lo nuevo es que ahora podemos documentarlas y salen a la luz pública por sectores independientes o debido a las pugnas entre los partidos políticos.

Felipe Virzi, miembro del PRD, afirmó que el ahora Presidente Ricardo Martinelli había donado 100,000 balboas a la campaña de Pérez Balladares, cuestión que no negó, sino que además dijo que también había hecho donaciones a Mireya Moscoso, Rubén Blades y a varios aspirantes a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.  La empresa Agrícola Ganadera de Felipe Virzi fue señalada en un informe del Centro de Información y Seguridad Nacional de México, como parte de las inversiones del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a quien se le siguieron procesos penales por narcotráfico en ese país.  También fue acusado de brindarle refugio, junto a Gabriel Btesh, al hoy reo de Estados Unidos.  Virzi fue vicepresidente durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, fue beneficiado con algunas privatizaciones del período, incluyendo algunos ingenios azucareros en asocio con Ricardo Martinelli. David Virzi está casado con una hermana del Presidente, Glora Esther Martinelli Berrocal.

Gabriel Btesh, socio de Virzi en el proyecto hidroeléctrico Tabasará, el cual afecta territorio indígena, también se le identifica como socio y amigo del presidente Ricardo Martinelli, y también fue mencionado en el caso del exgobernador Villanueva.  Btesh ha obtenido concesiones para operar casinos, contratos de alquiler y para suministrar las impresoras fiscales. Junto con Virzi lograron contrato de 426,000 para alquilarle a la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre.  Quizás por ello el dirigente transportista converitido en diputado, Marco González, ataca iracundamente a quienes nos oponemos a las hidroeléctricas y a los proyectos mineros, proyectos de muerte. Un contrato para operar el Goleen Lion Casino, también le fue concedido a Btesh Se le vincula a la empresa The Factory HKA Panamá, S.A a la cual el MEF autorizó para que su “secretaria y socia” Ailedsabel González aparece como el agente residente de la sociedad.  También González inscribió el pacto social de Segura Ventures Inc., la empresa involucrada en el terreno de Paitilla, por lo que lo vinculan a Gabriel Btesh y Felipe Virzi.

Felipe Virzi y familia están directamente vinculado al Banco Universal, el cual opera desde 1994.  El presidente de la junta directiva es su hermano José Isaac Virzi Lopez, el tesorero es su hija, Elvira Virzi Vallarino, y su sobrino, José Virzi Saint Malo es director del Banco.  El vicepresidente es Olmedo Kieswetter Rubio, hermano del hasta hace poco, ministro de Desarrollo Agropecuario.   En 2007 se abrió investigación sobre presunto lavado de dinero al Banco Universal, en el que se involucró un banco de Costa Rica, sin embargo, apenas 6 meses después la Fiscalía de Drogas de Panamá ya había cerrado el caso.  “Nunca hubo un caso”, declararon.  La información dice que durante 2006 y 2007 “el Banco Universal de Panamá envió dinero a través de la frontera al Banco Popular de Ciudad Nelly” de Costa Rica.  El dinero se transportaba en vehículos regulares por empleados del Banco Popular, quienes viajaban a Panamá para tal propósito, y eran depositados en una cuenta del Banco Universal, y luego, dichos fondos eran transferidos a una cuenta que este banco poseía en el HSBC de Nueva York.  Las autoridades costarricenses señalaron que “se trataba de dinero que provenía de las cuentas bancarias que los empresarios Salem Safadi, Yorgg Safadi y Luis antonio Andujar tenían en el Banco Universal de Panamá”.  Funcionarios del Banco Popular recogían el dinero en efectivo del Banco Universal de Panamá.  Con este procedimiento se afirmó que el Banco Popular de Costa Rica “movilizó 9.9 millones de dólares provenientes del Banco Universal. En Panamá, el Banco Universal no recibió siquiera una leve reprimenda por parte de la Superintendencia Bancaria.  Nada había pasado.

Gabriel Btesh, junto a Alberto Eskhenazy, Moisés Levy, Henry Misrachi y Ricardo Chanis, liderizaron la compra de los períodicos de EPASA, y en su momento se señaló que el propio Presidente Martinelli había participado del negocio, debido a su relación con los compradores.  En el 2009 nombró a Ricardo Chanis miembro principal de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros.  También la empresa que administra, Traffic Safety, adquirió el contrato para el diseño, suministro y operación de nuevas cámaras de vigilancia  Ricardo Martinelli Linares, hijo del presidente, tiene negocios conjuntos con Ricardo Chanis y los hermanos Corcione Pérez Balladares, con los cuales el propio presidente ha hecho negocios.

El colombiano Josue Levy Levy es otro de los beneficiados con las concesiones hidroeléctricas. Se le concesionó 5 proyectos en la provincia de Chiriquí en los rios Caldera, Chorcha y Gariché.  Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroeléctricos, junto a su hermano Ruben Levy Levy y sus parientes Ori Zbeda y Edih Zbeda de Rand.  Su abogada, Neslin Arce Mendizábal, es la hiza del diputado del PRD de la provincia de Chiriquí, Denis Arce Morales, cuestión que podría explicar la ferviente actitud defensora de los proyectos hidroeléctricos de este diputado.  Estuvo en negocios directos con Josué Levy Levy por la venta de su emisora chiricana, Stereo Horizonte, S.A.  La empresa de Levy involucarada en el negocio, Mujer 680AM, S.A. es representada por la hija de Arce.  Arce Mendizábal fue Cónsul de Panamá en Italia cuando el gobierno de Pérez Balladares.  Su socia Carmen Arias, fundadora de la firma Arias & Arce, fue asesora legal del Consulado de Panamá en Venecia (1994-1997), aunque también reconoce que durante 1994-1995 fue consejera legal del 1er Vicepresidente de la Asamblea Nacional, controlada entonces por el PRD.  Denis Arce ha estado haciendo lobby en las discusiones sobre el tema minero y de hidroeléctricas, desde el primer día que iniciaron las conversaciones con las representaciones indígenas.

La Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A. tiene los proyectos hidrológicos de Barro Blanco dentro de la Comarca Gnobe Buglé, Las Cruces y San Bartolo, área también de comunidades indígenas y campesinas.  Se vinculan a la empresa Eduardo Jaén Limnio, Javier José Daza Pretelt y Rolando Cuevas La Vera y Rolando Cuevas Silva. Roberto Cuevas La Vera, como miembro de la Cámara Minera de Panamá es un gran defensor de la minería.  Jaén Limnio fue designado por el Presidente Martinelli como Director de la Autoridad de Innovación Guernamental. Está casado con Aracelly Maria Roy, hermana de Roberto Roy, actualmente director del proyecto del Metro, y quien mantiene diferentes negocios con el mandatario panameño.

Eduardo Jaén Limnio es socio del Mayor Alfredo Alemán en la empresa GLP Fashion Corp, a quién el gobierno de Ernesto Pérez Balladares le entregara los terrenos de la Terminal de Albrook por una insignificante suma.  Actualmente dirige la Terminal el ex mayor de las fuerzas de defensa Humberto Macea, encargado de ejecutar el aumento del uso de la Terminal a los usuarios. Los hermanos Jaén Limnio son socios de el ex ministro de Pérez Balladares y miembro del PRD, Olmedo Miranda en Cable TV Panamá, S.A., y con y Marisa Arias Thayer en C T y Redes & Telecomunicaciones, fundada en el 2004 con un millón de dólares de capital.  Marisa es esposa de Pablo Thayer, pariente de Roosevelt Thayer, el amigo del Presidente Pérez Balladares y quien ayudara al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Pereira Burgos a cubrir un cheque sin fondo que girara a su propio nombre. Los Jaén Limnio también son socios de Aaron Mizrachi en Brickell Plaza, S.A., Topkapi Financial, S.A., entre otras.

Roberto Ramón Roy también es miembro de la Junta Directiva de la empresa National Investment And Holding Corp., constituida en 1995, con el gobierno de Pérez Balladares.  Lo acompañan Olmedo Miranda, Mario Barletta, Julio Cesar Benedetti, Eduardo Jaén Limnio, Rafael Bárcenas, Ricardo Martinelli, Virgilio Sosa y Dense Porcell.

Javier José Daza Pretelt, el otro socio de Jaén Limnio en los proyectos hidroeléctricos, es un colombiano al que la fiscalía de Colombia llamó a juicio por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado”, el desalojo de la población de las tierras en Chocó.  Entre los otros llamados a juicio estuvo Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, ex cabecilla de las fuerzas paramilitares que organizó el gobierno colombiano. En mayo de 2010 la fiscalía dio órdenes de captura, según trascendió.  Los hechos señalan que en 1997 grupos paramilitares obligaron al desalojo de la población “de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, del municipio de Riosucio, y también en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó”, en el mismo ocasionando el desplazamiento forzado de la población. La investigación abarcó la apropiación de tierras por parte de empresas para desarrollar la palma aceitera y la ganadería extensiva, entre las que se encontraba Daza Pretelt. En abril de 2010, pocos días de la barbarie policiaca en San Félix y áreas aledañas, la empresa de Jaén Limnio y Daza Pretelt anunciaron la construcción de la planta de San Bartola que realizaría la española TSK a un costo de 35 millones de dólares.

Continuará…