jueves, 5 de diciembre de 2013
El Movimiento 10 de Abril denuncia la detención arbitraria del dirigente Toribio Garcia
¡Basta ya de atropellos! Por la pronta liberación del compañero Toribio Garcia
Consejo Municipal de Muna en Resolucion Rechaza el Proyecto Barro Blanco
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| El Cacique del Distrito de Mùna Chito Gallardo |
Ver Resolución 25 aqui
viernes, 15 de noviembre de 2013
Asep despoja a indígenas - La Prensa
PANORAMA
PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO
Para que Genisa construya su hidroeléctrica, Asep ordenó el desalojo de nativos y sugiere precios de compensación.
MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com
INFORME DE LA PNUD. Los impactos ecológicos de la hidroeléctrica afectarán el modo de vida y economía de las comunidades de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, dice el peritaje.
15/11/2013 - De “interés público y urgente”, así fue declarado por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Esto, a pesar de que su generación de 28.8 MW apenas funcionaría para cubrir la demanda de un centro comercial como el de Albrook.
Así lo indica una resolución del 21 de octubre pasado de esta institución y ahora indígenas ngäbes y buglés advierten el desalojo forzoso de tierras aledañas a su comarca, ordenado por la Asep.
El documento menciona que se mantiene una resolución anterior –la No. 6103 del 22 de abril pasado–, a pesar de haber sido impugnada.
El pronunciamiento ordena a nueve moradores de la zona a negociar sus tierras con la empresa, según los papeles de desalojo, y declara un “anticipo” que varía entre mil y $4 mil por sus terrenos.
El dirigente indígena Ricardo Miranda dijo que dicha resolución afecta a 200 indígenas de la comunidad de Kiad por el desalojo, pues se trata de tierras colectivas.
“Ya no hay diálogo, sino imposición y desalojo. La Ley 10 –que creó la comarca– establece que la tierra de comarca es colectiva y no se puede enajenar en ningún sentido, es un exabrupto de la Asep que se extralimita de sus funciones”, advirtió Miranda, y mencionó que su etnia exige el cierre del proyecto.
Este medio intentó obtener la versión de la Asep, pero al cierre de la edición, no hubo respuestas.
Los otrora indígenas Guaymíes pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –en un comunicado divulgado ayer– pronunciarse con la misma celeridad con la que actuó ante la demanda del grupo Panamá Avanza –autor de la campaña política negativa contra Juan Carlos Navarro– respecto a la demanda de nulidad del estudio de impacto ambiental de dicha hidroeléctrica, presentada en 2011.
Para el pueblo originario, es ilógico que se lleve a cabo un desalojo cuando la CSJ no se ha pronunciado.
El polémico proyecto hidroeléctrico –que construye la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) – se ubica en Tolé, Chiriquí, y abarca seis hectáreas de zonas adyacentes a la comarca Ngäbe Bugle.
Las contradicciones entre el estudio de impacto ambiental de la compañía respecto a informes de peritos internacionales y de Naciones Unidas han caracterizado esta inversión.
Los ngäbes cuestionan el hecho de que la empresa aseguraba que no se afectarían las poblaciones. Sin embargo, la decisión respaldada por la Asep refleja lo contrario.
Según el informe de Naciones Unidas, serían seis casas las afectadas por las inundaciones y otras 27 en la zona de amortiguamiento. A a su vez, peritos internacionales señalaron que habría más afectados, producto de la nueva orilla del embalse.
No se pierden seis hectáreas de zonas comarcales y cultivos, se perderá más, según el informe. Se “subestima el impacto total”, producto de la inundación del embalse, que llegará a niveles superiores a los que proyecta Genisa, por causa de las crecidas de los ríos, agrega.
Detalla el dirigente Miranda que 500 pobladores de las comunidades de Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada Caña serán perjudicados. Se anegarán sitios arqueológicos, petroglifos y cementerios de sus antepasados, un legado cultural invaluable para el mayor grupo aborigen del país.
¿QUÉ DICE LA ONU?
El peritaje del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en septiembre pasado, reveló como “aspecto crítico”, la pérdida de bosque de galería y alerta que el plan de reforestación “no incluye un censo detallado y geo-referenciado de árboles [...] tampoco se explica la forma cómo se restaurará” dicho bosque en las nuevas orillas del embalse”.
Confirma lo denunciado por los originarios: “hay una evidente falta de información y es obvio que los pobladores de estas comunidades no han sido consultados en forma correcta”.
La Prensa consultó a Julio Lasso, vocero de Genisa, pero no brindó declaración.
Silvano Vergara, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, que aprobó el estudio de impacto ambiental de la empresa para su construcción, dijo que sí se dieron las consultas. “[pero] no se puede consultar a todo el mundo”, sostuvo. Añadió que estarán pendientes de hacer cumplir las compensaciones ambientales.
jueves, 14 de noviembre de 2013
Ricardo Miranda del M10 habla sobre arbitrario desalojo por Barro Blanco - TVN
El activista Ricardo Miranda del Movimiento 10
de abril (M10) habla sobre las arbitrarias medidas de desalojo y ordenes de expropiación
sobre tierras de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe Bugle, tierras inenajenables
y protegidas por ley; acto violatorio de la Ley 10 del 7 de marzo de 1997 que creó
la Comarca Ngäbe Bugle y la Constitución Política de la Republica de Panamá. También
se refirió a la nefasta y recién aprobada Ley 18 de marzo 2013 también llamado expropiación
exprés y recién estrenada contra el indefenso y sacrificado pueblo Ngäbe Bugle.
Señalo la flagrante falta de consulta con los pueblos Ngäbe y Campesinos y la
falta de un "consentimiento, previa, libre e informada" a los pueblos
afectados. Se refirió sobre la solicitud de agilización del proceso pendiente
por más de dos años contra el ASEP y el ANAM ante la Corte Suprema de Justicia.
miércoles, 13 de noviembre de 2013
martes, 12 de noviembre de 2013
Protesta por Barro Blanco ante la Corte Suprema de Justicia
http://youtu.be/yRcSsoFz5YI
Protesta por Barro Blanco en la Corte Suprema de Justicia
El día de hoy 12 de noviembre desde las 10 de la mañana se llevo a cabo una protesta por parte del Movimiento 10 de Abril M10 en las escalinatas ante la Corte Suprema de Justicia para exigirle a los magistrados la agilización del caso contra la Autoridad Nacional del Ambiente ANAM quien le aprobó el Estudio De Impacto Ambiental que le dio carta blanca al Proyecto Barro Blanco construido por Generadores del Istmo S.A. Genisa de capital hondureño. El cual no les consulto a las comunidades afectadas antes de seguir con su obra. Desde la corte suprema les aviso al grupo el Magistrado Benavides que para el día de mañana 13 les atenderá en su recinto. Por su parte los manifestantes piden la cancelación del proyecto.
martes, 5 de noviembre de 2013
La activista indigena Weni Bagama se pronuncia contra Barro Blanco ante la REDLAR en Guatemala
http://youtu.be/5dntpUct_Kk
Audio pronunciamiento completo:
https://app.box.com/s/aa24x6x1swzv9jj11x3d
Escuchar aqui:
Weni Bagama activista indígena Ngäbe Bugle de Panamá relata ante el V Encuentro Anti-Represas REDLAR en Retalteco, Peten, Guatemala el pasado mes de octubre, su lucha en torno al nefasto proyecto Barro Blanco que aunque construido afuera de la comarca, impactara directamente dentro del territorio comarcal inundando sus comunidades, viviendas, escuelas, iglesias, campos de cultivo, cementerios, patrimonio cultural y espiritual como petroglifos dejados por sus antepasados. Relata como el interés de represar el Rio Tabasará nombrado por unos de sus últimos caciques quien lucho contra la dominación española, remonta desde el tiempo del General Omar Torrijos quien pretendía construir un megaproyecto para dar energía al gigantesco proyecto minero de cobre Cerro Colorado en 1980. Igualmente relata como el pueblo lucho contra el Proyecto Tabasará 1 en 1999. En que afortunadamente el primer defensor del pueblo de Panamá también lucho junto contra el aquel proyecto. No fue sino hasta el año 2007 en que la empresa de capital hondureño-guatemalteco Generadora del istmo S.A. GENISA gana la concesión de Tabasará 1, esta vez con el nuevo nombre de Barro Blanco. Relata la lucha que la organización de las comunidades indígenas y campesinas el Movimiento 10 de Abril M10 lucha contra este nefasto nuevo proyecto. Detalla como su lucha se centro en el repudio de los mal llamado foros públicos y como la organización y comunidades sujeto a organizaron marchas, protestas, campamentos, cierres de carretera y ocupaciones del proyecto, grandes sacrificios y hasta muertos. Expresa decepción por el tibio apoyo de las Naciones Unidas y hasta del Relator Especial para los Pueblos Indígenas el Señor James Anaya quien le manifestó que los proyectos hasta pueden llegar a afectar los pueblos indígenas si estos son del mal llamado "interés público" algo totalmente inaceptable para sus pueblos.
viernes, 1 de noviembre de 2013
¿ES LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA VERDE?
El siguiente es un artículo publicado en los medios canadienses pero vemos su gran importancia en nuestro medio y lo compartimos con nuestros lectores.
El mito de los empresarios que dicen que "simplemente utilizan el agua y los vuelven a retornar", falso, ya que esta agua ni siquiera es apto para el consumo humano. chiriquinatural.
versión ingles original en: http://allianceromaine.wordpress.com/information-about-the-issues/is-hydroelectricity-green/
"Las grandes presas algún día serán recuerdos de un tiempo antiguo cuando los humanos pensaban que podían vencer la naturaleza y se vieron vencidos por ella en su lugar" Leslie (2005)
El verde es un color controversial. La producción de energía, de cualquier forma, no es bueno para la Tierra. ¿Qué nos dice el gobierno Charest y otros partidarios de la energía hidroeléctrica a gran escala es la hidroelectricidad no es tan malo como el carbón. En cualquier caso, las represas hidroeléctricas a gran escala, como los propuestos por el río Romaine no son verdes.
Las represas destruyen los ríos. A lo largo del mundo, muchos ríos grandes ya han sido represados o desviados. Como resultado, los grandes ríos, no tocados, como el Romaine se consideran especies en peligro (Le Devoir, 2009). En el caso de la Romaine, 500 kilometros de río se convertiría en una serie de cuatro embalses.
Las presas crean gases de efecto invernadero. Cuando las presas se construyen en Québec grandes extensiones de bosques boreales se inundan. Como resultado, la materia orgánica se descompone y libera metano y dióxido de carbono. Actualmente, se estima que los embalses canadienses contribuyen 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero canadienses totales (Rosenberg et al., 1997).
Las presas crean contaminación por mercurio. El mercurio inorgánico está presente en nuestros suelos. Ha estado allí desde hace miles de años como resultado de la actividad volcánica y los niveles van en aumento, más recientemente, como consecuencia de las actividades humanas. Almacenados en el suelo, este tipo de mercurio es relativamente seguro. Lamentablemente,cuando las áreas se inundan y las bacterias comienzan a digerir los suelos inundados, se cambia el mercurio inorgánico en metilmercurio. Metilmercurio es una neurotoxina potente. Como resultado de los embalses, el mercurio es liberado en la cadena alimenticia contaminando el zooplancton, peces, aves, mamíferos y seres humanos que dependen de los ecosistemas fluviales. Después de la construcción de presas, los peces en los ríos no se puede consumir durante un máximo de treinta años. Pese a las afirmaciones de que el metilmercurio en los embalses volverá a los niveles normales después de treinta años, es cada vez más evidente que puede tomar más tiempo y la concentración no será tan bajo como lo eran antes de la creación del embalse.
Las represas provocan la fragmentación del hábitat. Como resultado de las presas Hydro Québec, 28 000 km2 de bosque boreal de Quebec han sido inundados (página web Hydro Quebec), un área del tamaño de Haití. El río Romaine añadirá 278km2 de área inundada. Como resultado, los hábitats de los animales silvestres se dividen. Además de las inundaciones, 227 kilometros de nuevas carreteras se construyen, lo que permite la invasión de otras actividades humanas tales como la silvicultura y la minería, que aun más fragmenta los hábitats.
Las presas crean la pérdida de biodiversidad. Como resultado de la fragmentación de los hábitats, la fauna es menos capaz de reproducir y sus poblaciones sufren. Cambio de un ecosistema fluvial en la de un embalse también causa la pérdida de biodiversidad como las especies ya no pueden vivir en su nuevo hábitat. Además, los ecosistemas marinos cambian. El flujo de agua dulce a los océanos es el factor más influyente que afecta a la vida marina en los estuarios. Cuando el flujo de agua dulce se ve alterada como resultado de las represas hidroeléctricas, los ecosistemas marinos enteros se ven afectados.
Los ríos son lugares espirituales. Son las arterias y las venas de la Tierra. Cuando volvemos ríos en embalses, perdemos la conexión con nuestra Tierra. Es a través de la conservación de energía que podemos proteger nuestros ríos agrestes. Hasta que los gobiernos y las empresas de forma voluntaria hagan más, vamos a seguir exigiendo más de ellos.
“La Lucha por el Derecho a la Consulta es Continental, es un Derecho Ancestral”, Francisco Rocael Mateo Indígena Guatemalteco
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- Publicado: 25 Octubre 2013
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COPUDEVER participa en el V Encuentro Latinoamericano de Afectados por las Presas celebrado en Guatemala.
Angélica Castro Rodríguez. EDUCA. El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER estuvo presente los días 8 al 12 de Octubre en el V Encuentro Latinoamericano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos y las Comunidades. La presencia del COPUDEVER en Guatemala tuvo el objetivo de compartir su experiencia de lucha y resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina con otros movimientos y comunidades de países de Centroamérica y Sudamérica.
Días antes de iniciar el encuentro se realizaron varios intercambios de experiencias entre los países participantes. Las comunidades visitadas fueron: Departamento de Huehuetenango los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas; en el Departamento del Quiché el municipio de Ixcán; en el de Baja Verapaz, las comunidades de Ribacó y Peña del Ángel del municipio de Purulha, y en el Departamento del Petén la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria del municipio de Las Cruces.
El COPUDEVER compartió su experiencia con la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria del municipio de Las Cruces. En el intercambio de experiencias los Pobladores de la Cooperativa compartieron que “la comunidad fue fundada en 1970, llegaron de distintos lugares de Guatemala por el Río Usumacinta, el río más caudaloso de Mesoamérica, río donde se pretenden construir cinco presas desde los años 70.
Estos proyectos binacionales afectarían a territorios guatemaltecos y mexicanos porque como dicen los pobladores de La Técnica “el río es de todos, el río no nos divide, al contario nos une”. El Río Usumacinta nace en Guatemala y desemboca en el Golfo de México.
En el municipio de Las Cruces se llevó a cabo una consulta comunitaria en abril de 2012 donde más del 90% manifestó su rechazo a la construcción de las represas en el Río Usumacinta. Una de las pérdidas más grandes que tendría la humanidad, es la inundación de de la Zona Arqueológica Yaxchilán donde habitan gran diversidad de flora y fauna, en especial el mono araña, mono que vive y convive con la población. En el encuentro realizado en Retalteco, Guatemala, Gustavo Castro integrante de MAPDER denunció que “los proyectos de presas no son seguros ni sustentables, que el 60% de los ríos en el mundo están represados y que en el mundo por la construcción de presas existen 80 millones de personas desplazadas”.
Una denuncia constante en el evento fue la intención de implementar proyectos binacionales de presas en todo el territorio Latinoamericano, así como la relación de estos proyectos con la explotación minera. También se denunció que China, Inglaterra, Brasil, Canadá, España e Italia son algunos países que están invirtiendo en proyectos de presas y explotación minera.
Julia Herrera Bustos integrante del COPUDEVER, manifestó en el encuentro: “estos proyectos se están llevando a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, violentando el derecho a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos y comunidades”. “La lucha por el derecho a la consulta es continental, es un derecho ancestral; la nueva invasión de los territorios busca romper la relación de los pueblos con la madre tierra”, reafirmó Francisco Rocael Mateo Morales de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango; Guatemala.
Los temas más recurrentes en el encuentro fueron: “la criminalización de la protesta social, la represión de los defensores y defensoras de los territorios por parte de los Estados Nación, la elaboración de leyes hechas a modo para privatizar los bienes comunes de las comunidades (ríos, agua, viento y territorios), así como la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas. El aumento de los conflictos sociales provocado por la imposición de los planes gubernamentales, sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades y el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas.
Por otro lado, Tatiana Paulino del Movimiento Brasileño contra las presas manifestó que “el modelo energético es un instrumentos de la dominación imperialista, es un modelo de expropiación de los bienes naturales, necesitamos tener un proyecto energético popular para combatir al imperialismo”.
Weni Bagama, indígena de Panamá de la etnia Ngöbe-Buglé, expresó: “nosotros no somos rehenes o valientes, únicamente estamos luchando por lo poco que nos queda…perder la tierra es perder la vida porque es el lugar para realizar lo que queremos”.
En el encuentro se confirmó que los pueblos indígenas y campesinos están siendo acosados e intimidados por las empresas con la intención de implementar proyectos de desarrollo en sus territorios, así mismo cómo los pueblos están organizados para defender su territorio y sus ríos de acuerdo a sus sistemas internos de organización.
El COPUDEVER compartió su experiencia de resistencia pacífica de los pueblos y comunidades para la defensa del Río Verde. También evidenció cómo la Presa Ricardo Flores Magón construida en 1992 en el Río Verde “supuestamente para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la costa de Oaxaca” fue la causante de la inundación de varias comunidades que integran el COPUDEVER el pasado mes de septiembre al pasar los huracanes Ingrid y Manuel en territorio oaxaqueño.
Leer el reportaje en versión pdf aquí (5 pág., con fotos)
http://educaoaxaca.org/1089-%E2%80%9Cla-lucha-por-el-derecho-a-la-consulta-es-continental,-es-un-derecho-ancestral%E2%80%9D,-francisco-rocael-mateo-ind%C3%ADgena-guatemalteco.html
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Marco von Borstel
Rios sin Presas
Pueblos Vivos
miércoles, 30 de octubre de 2013
V ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA.
DECLARACIÓN DEL PETÉN Guatemala, 14 de Octubre de 2013
(version ingles)
(version ingles)
Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén.
Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.
La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado. En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños.
Las empresas y gobiernos no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes. En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios.
La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos.
Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza. Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua. La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.
Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones. No son energía limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias.
El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. La REDLAR promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social.
Después de seis días de compartir saberes y experiencias:
▪ Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos.
▪ Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra.
▪ Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas
▪ Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones.
▪ Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.
▪ Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Monte Olivo, Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha.
Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina:
→ A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua.
→ A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio.
→ A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.
AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES
EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–
Retalteco, Las Cruces, El Petén, 12 de octubre de 2013
martes, 22 de octubre de 2013
martes, 15 de octubre de 2013
Comentarios de Panamá ante la REDLAR 2013
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| La dirigente Weni Bagama en el encuentro REDLAR 2013 |
Desenfrenada
Expansión Hidroeléctrica del País
En cuanto al acceso al agua potable de la
población, además de constituir un derecho humano, desafortunadamente también es
considerada una "mercancía" y fuentes de ingresos por los empresarios
inescrupulosos quienes no se solidarizan con la comunidad. Este suministro
decrece cada día con la instalación de nuevas hidroeléctricas. Un claro ejemplo de esto es la cuenca 102 o
del Rio Chiriquí Viejo fronterizo entre Costa Rica y Panamá. Una vez fuente
prístina de agua dulce y meca del 'river rafting' ahora con la
propuesta instalación de una cadena de hidroeléctricas se ha convertido en un
rio muerto de verdes aguas eutróficas y contaminadas con minerales tóxicos como
el cadmio, mercurio y otros. La potabilización del cercano distrito de Barú
cuya cabecera Puerto Armuelles se halla en peligro por carecer de equipo para
la limpieza de materias toxicas.
Las demás cuencas igualmente se hallan
afectadas en la cantidad y calidad del agua disponibles para la producción
agrícola poniendo en peligro la 'soberanía alimentaria' siendo el agua su insumo
principal; pero sobretodo el abastecimiento de agua potable a las poblaciones
siendo acaparada por las generadoras por encima del orden constitucional y de
los derechos humanos.
Derechos
Humanos y Pueblos Indígenas Caso de Barro Blanco
Se han librado grandes luchas contra los
intereses foráneos que han logrado construir grandes mega-represas como el
nefasto Chan 75 en el Rio Changuinola desplazando poblaciones enteras de sus cuencas.
Pero quizás la lucha más emblemática lo constituye el proyecto Barro Blanco el
cual ha tenido distintos nombres en el pasado. Actualmente construido en los
márgenes del Rio Tabasará aunque ubicada fuera de la Comarca Ngäbe Bugle, su
embalse de 258 hectáreas rebasa partes de la comarca. De acuerdo a los convenios 169 y 107 de la OIT respectivamente este proyecto
requirió desde un principio el “consentimiento previo, libre e informado” de
los afectados.
Este proyecto desplaza a comunidades enteras quienes
se han visto con órdenes de adquisición de servidumbre y que sus poblaciones se
hallan en inminente riesgo de inundación. También devastara decenas de
hectáreas de bosque de galería donde se hallan en peligro de extinción especies
como las ranas azules del Tabasará que solo habitan esta cuenca y requieren de
estos bosques para completar su ciclo de vida. Igualmente borrando e inundando
valiosas vestigios culturales y arqueológicos como petroglifos y cementerios
ancestrales de inmenso significado espiritual, violando los derechos humanos y de
los pueblos originarios, las leyes patrimoniales, los convenios de San Salvador
sobre los valores patrimoniales e incumpliendo el propio estudio de impacto
ambiental de la empresa que se compromete a proteger y salvaguardar estos
valores patrimoniales.
Si bien la naturaleza tiene sus derechos, en
este debate no podemos ignorar los derechos humanos de las comunidades y no
solamente la 'seguridad juridica' de las empresas e intereses creados que pretenden devastar los pocos
recursos naturales como el agua y las tierras que existen en el país a expensa
de las comunidades. Tampoco podemos
quedar callados ante el contubernio del Mecanismo de Desarrollo Limpio quienes
han aprobado los créditos o bonos de carbono a proyectos impuestos muchas veces a la fuerza con saldos trágicos
y claramente violatorios de los derechos
humanos y de los pueblos originarios aun
careciendo de verdaderas consultas a las comunidades afectadas.
Expansión
hidroeléctrica hacia el Interior del País y privatización del agua
Tampoco podemos ignorar las provincias de Veraguas y Coclé donde esta
expansión desenfrenada de hidroeléctricas no solo obedece a razones de
abastecer la Red Mesoamericana de Energía, sino de fuente energética para
actividades mineras de la zona.
Igualmente condenamos el escandaloso nexo de altos jerarcas del actual
gobierno con dichos proyectos.
No podemos dejar de soslayar la pretendida
privatización del elemento agua mediante un proyecto de ley inconsulto el cual
de hecho quitara de las manos la administración de los acueductos rurales de
los municipios y comunidades al gobierno central, no habiendo ellos puestos un
solo centavo para dichas obras, abriendo el camino mediante la creación de la
nueva Autoridad del Agua a una eventual privatización.
La
Criminalización de la Protesta
Tampoco podemos dejar de señalar la creciente militarización y propaganda mediática
criminalizando la protesta como las bestiales acometidas de Bocas del Toro en
el 2010 donde perdieron la vida 10 personas mayormente niños quienes se asfixiaron por los
gases lanzados sobre sus hogares, aunque el gobierno aduce “causas naturales” y donde también perdieron la vista por perdigones decenas de indígenas. Las salvajes represiones
de San Félix de 2011 y 2012, donde en este ultimo año perdieron la vida cuatro
manifestantes y varias mujeres indígenas Ngäbe fueron violadas por las hordas
militarizadas del régimen.
También los incidentes de marzo del 2013 donde fueron
salvajemente golpeadas señoras mayores indígenas que hacían acto de presencia en un campamento de
vigilia en torno a Barro Blanco. Igualmente los incidentes no esclarecidos de la cruenta golpiza que sufrieron dos indígenas Ngäbe Bugles en el poblado de Cerro Punta por al menos cuatro enmascarados. En la cual perdió la vida Onésimo Rodríguez después de participar en una masiva protesta contra el proyecto Barro Blanco. Se teme el surgimiento de los temidos escuadrones de la muerte en nuestro medio.
Infame
Ley 18 y tecnologías verdes
Este gobierno en su afán de facilitar la
expansión energética y desmedida sobreexplotación de las cuencas hidrográficas
ha promulgado la controversial Ley 18 también llamada “expropiación exprés”. Donde el legítimo propietario de las tierras
se halla en un estado de indefensión ante las pretensiones de las empresas
generadoras avaladas por la Autoridad de los Servicios Públicos o ASEP. Quienes
solo le dan 15 días para la compra por parte de la empresa luego para proceder
a expropiarle sus tierras por el mal llamado “interés público”.
En cuanto al desarrollo de otras tecnologías
“verdes” recientemente el actual mandatario había declarado que Panamá
pretendía ser líder de energía eólica en Centro América. Actualmente las fincas eólicas les alquilan las
tierras por 20 años a los propietarios quienes se dedican a sus habituales
actividades agrícolas bajo las aspas eólicas.
Pero a diferencia de estas generadoras del primer mundo, tres cuartas
partes de las concesiones eólicas están a nombre de empresas afines al
mandatario, quienes valiéndose de la infame Ley 18 pretenden expropiarle las
tierras de los legítimos dueños para lucrar con esta tierras para actividades
como ganadería de alta genética, etc. En otras palabras la energía eólica no
tiene nada de sucio, simplemente los hacen sucio los políticos.
Ampliación
del Canal
Si bien la polémica ampliación del canal, no
existe ningún estudio o datos precisos que se haya hecho pública. El actual diseño se proyecta sobre una falla
geológica que de darse un cataclismo pondría en peligro las áreas
metropolitanas de la capital Panamá.
El otro problema no atendida de salinización
tampoco está debidamente contemplada, la no utilización en el actual diseño de
un embalse de amortiguación, como es el lago Miraflores, el cual debido a las
grandes variaciones de marea del Pacifico es fuente principal de la entrada de
sal. Este lago una vez dulce, se halla actualmente salobre.
Este problema de dejarse desatendida pondría
en peligro el abastecimiento de agua dulce de las áreas urbanas de Panamá y Colon. Además creándose un "puente"
interoceánico para especies invasivas el cual constituiría una catástrofe
ecológica marina.
También obligaría a la expansión de la cuenca con
nuevas represas, con desplazamiento de comunidades enteras e inundando fértiles
valles de la provincia de Coclé y Colon, pero también áreas mineras con deslaves
tóxicos que irremediablemente contaminaría el Lago Gatún.
Caserío de Retalteco, Las Cruces, Peten, Guatemala
12 octubre 2013
Red Nacional para la Defensa del Agua
Movimiento 10 de Abril para Defensa del Rio Tabasará, M10
Asociación Ambientalista de Chiriquí, ASAMCHI
Coordinadora de Tierras y Aguas de Coclé, CODETAC
La Red Ecológica, Social, Agropecuaria de Veraguas.
RESAVE
Alianza Ambiental Pro-Desarrollo Integral Unidos por Panamá,
AAPRODIUPA
Colectivo Voces Ecológicas
Alianza Pro-Panamá
Red busca proteger ríos
14/10/13 - 00:00 PETÉN
Red busca proteger ríos
Integrantes de la Red Latinoamericana contra Represas efectuaron en El Retalteco, Las Cruces, Petén, el quinto encuentro internacional, con el objetivo de proteger el ambiente, bajo el lema “Ríos para la vida y no para la muerte”, que concluyó el sábado recién pasado. Agustín Tebalam, presidente del Frente Petenero contra las Represas, indicó que en la actividad participaron delegaciones de Norte, Centro y Suramérica, con el propósito de defender las cuencas y mantos acuíferos, por las amenazas de construcción de hidroeléctricas.
Agregó que en el caso de Petén, en la cuenca del Usumacinta, existe la idea de construir una presa, proyecto que ha sido rechazado desde hace dos décadas, ya que de efectuarse causaría inundaciones en la microrregión del Usumacinta y afectaría viviendas y sembradíos. Julia Herrera Busto, de Oaxaca, México, refirió que el objetivo es compartir experiencias y estrategias en cuanto al rechazo de represas para uso de hidroeléctricas.
Añadió que los problemas que arrastra una represa, tanto en México como en Petén, son similares porque los ríos tienden a bajar su nivel, lo que afecta la economía de los pueblos.
jueves, 26 de septiembre de 2013
Barro Blanco proyecto de la Muerte
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foto Oscar Sogandares julio 2013 |
Revelan peritaje de Barro Blanco - La Estrella
INFORME DE PNUD
REDACCIÓN NACIONAL
Se detectó que la obra provoca efectos económicos y culturales a las poblaciones ngäbes
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| IMPACTO. El informe revela que los impactos de la presa son reales e importantes en el área. Foto: María Fajardo | La Estrella |
2013-09-11 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Luego de las recomendaciones y conclusiones del informe de la misión conjunta de verificación en campo y la revisión técnica de la evaluación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se construye en el río Tabasará, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el resultado del peritaje internacional independiente, ante representantes del Gobierno, autoridades tradicionales Ngäbe-Buglé, de la Iglesia Católica y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
RESULTADOS DEL ESTUDIO
En dicho peritaje se determinó que Barro Blanco es un proyecto relativamente simple y de efectos fácilmente mitigables comparados con otros a nivel internacional. Sin embargo, se reconoció que a nivel local provoca efectos importantes en el río Tabasará que se traducen en impactos económicos y culturales para las poblaciones ngäbes de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, por la desaparición del bosque de galería y los cambios de la fauna acuática.
En el reporte final, ambos especialistas, con trayectoria internacional en las áreas de hidrología, hidráulica, ecología y biología de poblaciones, señalan que los impactos de la presa son reales e importantes y no se limitan a las áreas a ser inundadas directamente, sino también a las comunidades en su conjunto, porque incluye el acceso a los recursos del lugar.
Mientras que en el campo ambiental, no se encontraron impactos en ecosistemas o especies de importancia global, toda vez que las áreas a ser inundadas por el embalse son principalmente áreas ya degradadas y sin valor como hábitats naturales críticos para especies de importancia o para la biodiversidad global.
‘La identificación proactiva e implementación de acciones tangibles para elevar la calidad de vida y el desarrollo local de las comunidades afectadas se considera una buena práctica que puede mejorar sustancialmente la sustentabilidad social de la inversión’, recomienda el informe del PNUD.
Después de un análisis intenso, los peritos propusieron que el área afectada por el embalse debe delimitarse en función de la zona inundable en crecida y no de la zona correspondiente a embalse normal (103 metros sobre el nivel del mar), como se había hecho.
De igual modo, la afectación del embalse debe establecerse por comparación entre los niveles en crecida sin y con la presa.
El estudio, que forma parte de los acuerdos establecidos en la Mesa Técnica del Diálogo, fue realizado por los expertos internacionales Luis López García y Gonzalo Castro de la Mata.
TEMAS ABORDADOS
En este estudio se abordaron temas de tipo hidráulico, ecológico y económico, los cuales desde hace unos meses vienen generado controversias entre el gobierno, la empresa constructora Genisa e indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé.
El estudio incluyó, además, una encuesta participativa en las tres comunidades, entre hombres, mujeres y niños , para conocer el nivel de conocimiento de los habitantes respecto al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco y se determinó que en la gran mayoría de los casos, el conocimiento es rudimentario, muchas veces errado y producto de rumores, en muchos casos sin fundamento. Esto, aunado a la falta de una consulta adecuada, ha ocasionado una situación de miedo y extrema ansiedad entre los pobladores.
RESULTADOS DEL ESTUDIO
En dicho peritaje se determinó que Barro Blanco es un proyecto relativamente simple y de efectos fácilmente mitigables comparados con otros a nivel internacional. Sin embargo, se reconoció que a nivel local provoca efectos importantes en el río Tabasará que se traducen en impactos económicos y culturales para las poblaciones ngäbes de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, por la desaparición del bosque de galería y los cambios de la fauna acuática.
En el reporte final, ambos especialistas, con trayectoria internacional en las áreas de hidrología, hidráulica, ecología y biología de poblaciones, señalan que los impactos de la presa son reales e importantes y no se limitan a las áreas a ser inundadas directamente, sino también a las comunidades en su conjunto, porque incluye el acceso a los recursos del lugar.
Mientras que en el campo ambiental, no se encontraron impactos en ecosistemas o especies de importancia global, toda vez que las áreas a ser inundadas por el embalse son principalmente áreas ya degradadas y sin valor como hábitats naturales críticos para especies de importancia o para la biodiversidad global.
‘La identificación proactiva e implementación de acciones tangibles para elevar la calidad de vida y el desarrollo local de las comunidades afectadas se considera una buena práctica que puede mejorar sustancialmente la sustentabilidad social de la inversión’, recomienda el informe del PNUD.
Después de un análisis intenso, los peritos propusieron que el área afectada por el embalse debe delimitarse en función de la zona inundable en crecida y no de la zona correspondiente a embalse normal (103 metros sobre el nivel del mar), como se había hecho.
De igual modo, la afectación del embalse debe establecerse por comparación entre los niveles en crecida sin y con la presa.
El estudio, que forma parte de los acuerdos establecidos en la Mesa Técnica del Diálogo, fue realizado por los expertos internacionales Luis López García y Gonzalo Castro de la Mata.
TEMAS ABORDADOS
En este estudio se abordaron temas de tipo hidráulico, ecológico y económico, los cuales desde hace unos meses vienen generado controversias entre el gobierno, la empresa constructora Genisa e indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé.
El estudio incluyó, además, una encuesta participativa en las tres comunidades, entre hombres, mujeres y niños , para conocer el nivel de conocimiento de los habitantes respecto al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco y se determinó que en la gran mayoría de los casos, el conocimiento es rudimentario, muchas veces errado y producto de rumores, en muchos casos sin fundamento. Esto, aunado a la falta de una consulta adecuada, ha ocasionado una situación de miedo y extrema ansiedad entre los pobladores.
miércoles, 11 de septiembre de 2013
El trasfondo del negocio del petróleo en Panamá por Yaritza Espinosa
PERSPECTIVA AMBIENTAL, LEY 53
El trasfondo del negocio del petroleo en Panamá
Yaritza Espinosa
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| Foto: Archivo | La Estrella |
2013-09-11 — 1:07:00 PM — La economía panameña desarrollada con una perspectiva de servicio e inversión inmobiliaria en los últimos años, gira y busca afianzamiento en nuevos mercados a través de actividades meramente extractivista y contaminantes. Sorpresa para algunos, no tanto para otros, la línea es según este Gobierno el gas natural y los hidrocarburos.
La reciente Ley 53 nos hace recordar como el Estado permite la exploración y explotación de los minerales estratégicos que posee el país a costos y ganancias ridículas como pagar anualmente $0. 25 por hectáreas para realizar exploraciones en tierra firme o en aguas interiores y $5 por hectárea anuales en la etapa de explotación.
Con estas políticas para “fomentar” y supuestamente “regular” las actividades de exploración y explotación de yacimientos de petróleos, de asfalto en su estado natural, de gas natural, y demás hidrocarburos, en Panamá, es inevitable pensar en el rol del Estado a través de las instituciones débiles que tenemos y la falta de controles para hacer cumplir las leyes panameñas sobre todo en materia ambiental.
Preocupa más aún observar como hemos ido perdiendo territorio para ponerlo a expensas de actividades desarrollas por capitales extranjeros en algunos casos y en otras con capital nacional ocupando a leguleyos que sirven a la aparente legalidad y responsabilidad social y ambiental de estas industrias; la existencia de reservas de petróleo en Darién según el estudio geológico que realizó la empresa estadounidense OTS Latin America LLC junto a la aprobación de la ley 53 es la muestra de ello.
Esto evidencia la poco coherencia entre la política económica y la política ambiental, queda claro que no habrá parque nacional, poblaciones y territorio indígena, acuerdos y tratados internacionales que pueda definir este tipo de inversión previamente a su aprobación por las autoridades que pensemos sufren de el síndrome de la ignorancia ecológica.
Como ciudadanos podemos pensar en opciones para fortalecer e incentivar la agricultura como prioridad para la seguridad y soberanía alimentaria del país por ejemplo, priorizar el desarrollo humano evitando toda actividad extractivista que genere costos sociales (desplazamiento de personas) y ambientales (contaminación) no internalizados, los que al final asumimos todos los panameños y panameñas.
La autora es: abogada de Colibri Asociación Ecologista de Panamá.
La reciente Ley 53 nos hace recordar como el Estado permite la exploración y explotación de los minerales estratégicos que posee el país a costos y ganancias ridículas como pagar anualmente $0. 25 por hectáreas para realizar exploraciones en tierra firme o en aguas interiores y $5 por hectárea anuales en la etapa de explotación.
Con estas políticas para “fomentar” y supuestamente “regular” las actividades de exploración y explotación de yacimientos de petróleos, de asfalto en su estado natural, de gas natural, y demás hidrocarburos, en Panamá, es inevitable pensar en el rol del Estado a través de las instituciones débiles que tenemos y la falta de controles para hacer cumplir las leyes panameñas sobre todo en materia ambiental.
Preocupa más aún observar como hemos ido perdiendo territorio para ponerlo a expensas de actividades desarrollas por capitales extranjeros en algunos casos y en otras con capital nacional ocupando a leguleyos que sirven a la aparente legalidad y responsabilidad social y ambiental de estas industrias; la existencia de reservas de petróleo en Darién según el estudio geológico que realizó la empresa estadounidense OTS Latin America LLC junto a la aprobación de la ley 53 es la muestra de ello.
Esto evidencia la poco coherencia entre la política económica y la política ambiental, queda claro que no habrá parque nacional, poblaciones y territorio indígena, acuerdos y tratados internacionales que pueda definir este tipo de inversión previamente a su aprobación por las autoridades que pensemos sufren de el síndrome de la ignorancia ecológica.
Como ciudadanos podemos pensar en opciones para fortalecer e incentivar la agricultura como prioridad para la seguridad y soberanía alimentaria del país por ejemplo, priorizar el desarrollo humano evitando toda actividad extractivista que genere costos sociales (desplazamiento de personas) y ambientales (contaminación) no internalizados, los que al final asumimos todos los panameños y panameñas.
La autora es: abogada de Colibri Asociación Ecologista de Panamá.
Palabras Claves: petroloe, exploración, explotación, negocio, darién, trasfondo
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Comentarios - 3
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3 | Amarillys Taylor - 2013-09-11 - 11:39:04 PM - IP: 10.5.*.*Buen artículo. la ignorancia ambiental, la codicia y el espíritu vende todo es lo que prevalece en esta gobierno de comerciantes inescrupulosos! ahora van a arruinar también uno de los últimos ecosistemas inexplorados que nos quedan.
2 | Jorge E Macías Jaramillo - 2013-09-11 - 9:21:32 PM - IP: 187.139.*.*Yaritza espinosa la felicito por tan interesante clarificador actual y objetivo artículo.
1 | Jorge E Macías Jaramillo - 2013-09-11 - 9:20:00 PM - IP: 187.139.*.*El gobierno de panamá el dictador ricardo martinelli con sus políticas neoliberales y macroeconómicas que dictan los multimillonarios empresaurios del planeta y del club de bilderberg y les entrega nuestros recursos naturales para que los exploten sus amigos empresarios sin escrúpulos empresaurios tanto de panamá como de otros países en una actitud de entreguismo de nuestros recursos naturales , “esto es traicion a l a patria” y un desacato total a la constitución política de panamá que obliga a ciudadanos y sobre todo a gobiernos as conservar la integridad de nuestra ecología biodiversidad para asegurar su permanencia y subsistencia para a las futuras generaciones. y la actual constitución que para algunos es mala es muy eficaz eficiente y buena en materia ecológica y es esta misma constitución que el sr martinelli viola frecuentemente y en el tema ecológicos la viola todo los días el presidente martinelli a pesar de que el 1 de julio del 2009 juro cumplir respeta y hacer cumplir nuestra constitución. el presidente martinelli y su gabinete de estado deben entender que los panameños nos oponemos a la destrucción contaminación y daños irreversibles que ocasiona la megaminería y la explotación petrolera. en el tema de la megaminería ya sabemos que para proteger nuestros sanos bosques el agua dulce y sana de nuestros ríos tropicales debemos exigir hasta logar el cierre de las puertas de panamá a la megaminería. dada su avidez por el oro les recordamos que el récord histórico de la onza de oro data del 06 septiembre del 2011 cuando estuvo en 1,923. 20 dólares. que hoy 11 de septiembre estuvo en 1366 dólares la onza de oro. lo que resulta en menos 557.2 dólares las onza. en porcentaje tenemos que la onza de oro hoy está 29% menos que en dicha fecha. y seguirá bajando porque no podemos tomar ni comer oro en un mundo en crisis económica donde hay escasez de alimentos y mucha hambre que padecen muchos millones de personas y donde el agua dulce sana y cristalina de los ríos tropicales como los de panamá ya escasea de manera acelerada como efecto negativo de la megaminería.
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