La Coordinadora Ngäbe Buglé y el M-10 aseguran que el gobierno no ha cumplido con todos los acuerdos. Mientras, la empresa Genisa continúa con la construcción de Barro Blanco
MOVIMIENTO. El 10 de abril de 1999 nació el Movimiento 10 de abril, mejor conocido como M-10, su objetivo: luchar por la defensa de los recursos naturales de la Comarca. Foto: Archivo| La Estrella
2013-01-27 — 12:00:00 AM —
PANAMÁ. Aquí todo resulta irónico. Mientras las empresas transnacionales están seducidas por las riquezas mineras e hídricas de la comarca Ngäbe Buglé, los indígenas siguen viviendo en condiciones precarias.
Y es que al cumplirse un año de la firma del Pacto de San Lorenzo 1, promovido por el gobierno de Ricardo Martinelli para poner fin al bloqueo que por casi 200 horas mantuvieron los indígenas contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en el río Tabasará, el mar de insatisfacciones persiste.
Es una mezcla de sentimientos. Algunos ngäbes recuerdan con dolor la muerte de sus seres queridos. Fueron dos los que cayeron a manos de la Policía Nacional aquel domingo negro en las protestas en San Félix, al oriente de Chiriquí. Otros, que corrieron con mejor suerte, viven la agonía de las lesiones en su cuerpo, que les han marcado sus vidas para siempre. Pero hay muchos más que prefieren no callar y reclaman que en el año que ha pasado el gobierno no ha hecho más que burlarse de ellos.
La Coordinadora por la Defensa de los Derechos Naturales de la comarca Ngäbe se ha decidido a corroborar que las autoridades han cumplido poco de lo acordado en San Lorenzo. Coinciden, tras un balance de lo alcanzado hasta ahora, que la dejazón oficial ha hecho gala allá. ‘El gobierno ha ido muy lento’, afirma el presidente de la coordinadora, Rogelio Montezuma.
La cacica Silvia Carrera interviene con un dato crudo: ‘no se ha cumplido ni el 20% de lo acordado’.
¿En qué consisten las fallas? El letargo, dicen, se ha acentúa en la falta de asistencia médica que deben recibir los heridos por impacto de bala, quienes prefirieron poner el pecho que permitir que los despojaran de sus bienes más preciados: la madre tierra y el agua.
EL M-10: LA GÉNESIS
La lucha de los ngäbes, contrario a lo que muchos podrían creer, no es nueva. Se remonta al año 1999, cuando el gobierno decidió impulsar el proyecto hidroeléctrico Tabasará I, sobre el río homónimo.
El afluente atraviesa el corazón del territorio indígena, donde viven de la agricultura, silvicultura, pesca y cría de animales domésticos. Un proyecto de esa naturaleza sería —dicen— catastrófico: las hidroeléctricas suelen utilizar embalses (una pequeña represa artificial) lo que aumenta el nivel del río e inunda zonas —y comunidades— en su ribera.
En ese interín nació la agrupación ambientalista Movimiento 10 de Abril (M-10), la de mayor número de adeptos en la comarca. Italo Jiménez, su fundador, dice que la lucha no ha variado mucho. ‘El gobierno ignora el clamor de las poblaciones que no quieren que se impulse el proyecto Barro Blanco’.
Y es que Italo asegura que catorce años después de la creación de este movimiento, la lucha es más intensa que nunca: el país, que crece a un ritmo de 11% anualmente, demanda más energía, y las autoridades no han encontrado mejor idea que instalar las plantas de generación en el territorio donde ellos viven, y en donde el desarrollo (o al menos la idea de tener luz eléctrica) es una utopía.
Los ngäbes dicen que el gobierno descaradamente se sigue burlando de ellos. Por esa razón han decidido ir a las calles a protestar, algo que años atrás era ‘impensable en una región pacífica’, relata Jiménez.
El veterano, de 56 años, asegura que su cuerpo aún no está cansado y su espíritu se rejuvenece para continuar con el mismo reclamo. ‘Solo queremos que nos dejen vivir en paz, nosotros no vamos allá a la capital a molestar a nadie, ¿por qué, entonces, vienen a quitarnos la paz de nuestro hogar?’.
EL RETORNO DE LA LUCHA
El gobierno ha dicho que no parará Barro Blanco, porque no forma parte de los acuerdos. El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, no se cansa de repetir que el gobierno sí cumplió con todo lo pactado.
El M-10, frente a ello, advierte que no bajará la guardia. De hecho, el pasado 9 de enero salió a las calles, y no habían pasado ni 20 minutos de corte de la Interamericana cuando de inmediato intervino una represión policial.
Los ngäbes exigen que se detenga la construcción de Barro Blanco y se inicie un peritaje independiente sobre su implicancia en comunidades ngäbes, que aunque están en el distrito chiricano de Tolé son consideradas ‘tierras anexas’ a la comarca.
‘Mientras se decide el método, seguirán construyendo la represa, entonces lo que va a pasar es que cuando termine el peritaje, ya estará la hidroeléctrica funcionando, y entonces de nada va a valer todos estos años de lucha’, advierte Carrera.
El punto discordante ha sido precisamente por el grado de afectación en las áreas anexas de la comarca.
La empresa responsable de la obra, Generadora del Istmo (Genisa), asegura que solo habrá ‘una incidencia menor a siete hectáreas de terreno en una área anexa a la comarca’. Son —dice la compañía— ribera y servidumbre del Tabasará, en su mayor parte, por lo que ‘no habrá mayores afectaciones’.
Pero las poblaciones indígenas que viven en los alrededores del afluente alegan que el impacto ‘será mayor’, así lo explicó Manolo Miranda, del M-10, quien asegura que unas 500 personas que habitan en las comunidades de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, tendrán que abandonar sus hogares tras la construcción de la hidroeléctrica, esto sin contar los que viven en la parte alta de la cuenca del río, donde habitan unas 800 personas.
En Kiad se encuentra la iglesia de mamatata, el centro de educación de la lengua ngäbe y es la comunidad más numerosa.
EL INFORME DE LA ONU
La situación se puso más tensa luego de que el pasado 15 de diciembre la ONU entregara los resultados de la Misión de Verificación de Campo, que haría una exploración en el terreno sobre las condiciones de vida en la comarca. La gira comprobó la existencia de una cultura indígena enraizada en las riberas del Tabasará.
Durante la sesión de entrevistas con los pobladores la misión guiada por el organismo internacional confirmó, además, el rechazo que sienten los indígenas hacia el proyecto hidroeléctrico Baro Blanco. ‘Varios de los entrevistados fueron enfáticos en afirmar que ellos están acostumbrados a contar con el río, y que no desean que este sea transformado en un lago’, se lee en el documento, a la vez que destaca que ‘existe una gran desinformación acerca de los posibles impactos del proyecto’.
SECUELAS DE LA REPRESIÓN
El año pasado por más de una semana la dirigencia Ngäbe Buglé logró movilizar a más de tres mil indígenas de las tres regiones de la comarca: Nedri, Kodri y Ño Kribo.
De hecho, los efectos de las protestas en contra de Barro Blanco escenificaron su etapa más sangrienta el día 5 de febrero pasado en una operación policial sin precedentes: los antimotines en colaboración con el Servicio Nacional de Fronteras desplegaron a los indígenas de la carretera Interamericana con gases lacrimógenos, perdigones y armas de alto calibre.
Además de los dos muertos y afectados por las balas que la Policía lanzó —pese a que lo tienen prohibido como método para disipar manifestaciones—, hay lisiados por las bombas lacrimógenas y los perdigones. Son, en total, 77, según el último recuento de la coordinadora.
‘El proyecto sigue pero nosotros nos mantendremos aquí’, exclama Irene Jiménez, una humilde mujer que vive en Nuevo Palomar, la primera comunidad al sur de la confluencia de los ríos Cuvíbora y Tabasará. Ella no quiere ni imaginarse cómo sería su vida en otro lugar. Se niega a abandonar la tierra en la que ha visto crecer más de una generación, esa en donde crecieron sus padres, abuelos, tíos y hermanos.
‘¡De aquí nadie me va a sacar, yo nací aquí y aquí me voy a morir!’, exclama enfática la mujer.
EL PARAÍSO EN LA TIERRA
Acompañada de su familia, Irene comparte que en Nuevo Palomar tiene todo para ser feliz.
Y esa felicidad no solo se percibe en sus expresiones, el propio ambiente lo dice todo: terrenos fértiles donde cultivan diversos tipos de árboles frutales yuca, otoe, maíz, frijol, zapallo, ñame, pixvae, ñampí, pepino, mango, aguacate, plátano, papaya, entre otros productos contribuyen a la dieta alimenticia de los ngäbes.
Esto sin contar lo que les ofrece el río. En sus prodigiosas aguas, hombres, mujeres y hasta niños se dedican a la silvicultura. Este imponente recurso hídrico les ofrece sábalo, macana, robalo, chinigua, congo, barbú, y al menos dos tipos de camarones de río, estos últimos, dice entre risas Carmen, ‘se sancochan con sal y yuca y ¿qué mejor almuerzo que éste?’, se pregunta la robusta mujer que acababa de salir del río con unos ocho camarones en su mano que de seguro pondría en la paila esa misma tarde.
DESCONTENTO QUE NO CESA
Y es precisamente la existencia de una cultura étnica que posee además un legado histórico a través de la existencia de petroglifos en Quebrada Caña y cementerios que son considerados sitios sagrados la que se empeñan en defender.
Así están las cosas en la comarca. El pueblo ha perdido la confianza en el gobierno, la cacica Carrera se siente decepcionada de las autoridades. ‘¿Y qué de las necesidades de la comarca?, se pregunta la dirigente comarcal. Hacen falta más proyectos y carreteras; todavía existen escuelas multigrados y, tal como lo menciona el padre de la Iglesia Católica de Soloy, José Fitzgerald, ‘aún no se ha potencializado la educación intercultural bilingüe’. Esta realidad se refleja en el último informe preparado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y UNICEF en el 2011, que dejó al descubierto que el 14.1% de la población indígena no tiene acceso a los sistemas formales de enseñanza. Para rematar, la respuesta en temas de salud llega a cuentagotas. Y es que de acuerdo con el último Diagnóstico Situacional y Plan de Salud para los pueblos indígenas de Panamá, los mayores índices de mortalidad en la comarca ngäbe se dan por casos de diarrea, gastroenteritis y desnutrición. En Soloy, por ejemplo, una localidad sureña de la comarca donde habitan más de 600 personas no hay una ambulancia, por lo que muchos pacientes mueren camino al hospital de San Félix, narra Francisco Javier Palacios, morador de la comunidad.Muchos enfermos son trasl adados a pie desde sitios distantes por largas horas y a veces al llegar a los centros de salud, se encuentran con la dura realidad de que no hay medicamentos. Ante este panorama la cacica es enfática: ‘nadie culpa a ningún gobierno, todos comen del mismo plato’.
LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
Mientras tanto, en el corazón de la comarca hay una población que no olvida.
Su madre, Adriana Méndez, reclama que las autoridades del Ministerio Público no le han dicho qué pasó con las investigaciones, porque, asegura, ‘fue un policía el que mató a mi hijo’.
En solidaridad por lo acontecido el año pasado, grupos populares del país se aliaron para realizar una movilización nacional. ¿Será que volveremos a ser reprimidos?, se preguntan dirigentes del M-10. Ellos dicen que no tienen temor, y se alistan para iniciar nuevas acciones de protesta.
El sonido del caracol está a punto de volver a sonar, como en febrero pasado, lo que significa que el retorno de la lucha parece inevitable.
(Lea mañana la segunda entrega: ‘¿Cumplió el gobierno el pacto de San Lorenzo 1?’)
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