Indígenas apuestan por una gran coalición estratégica
ZELIDETH CORTEZ
Ambientalistas de todo el país unen esfuerzos para evitar que se sigan impulsando proyectos hidroeléctricos en el país. Demandarán la reciente Ley 18 que, aseguran, agiliza las expropiaciones
 |
| DENUNCIA. Los ambientalistas demandarán al Estado por la aprobación de la Ley 18 de marzo de 2013. Foto: Archivo | La Estrella |
2013-05-06 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Una gran alianza nacional para sumar a la mayor cantidad de agrupaciones ambientalistas es la nueva vía que proyecta el movimiento indígena 10 de Abril (M-10).
Así lo confirmó el dirigente ngäbe buglé Ricardo Miranda, quien adelantó que ‘están gestionando enlaces’ con los ambientalistas para protestar desde el 24 de mayo próximo.
Miranda habló sobre el malestar de la población indígena ante la ‘inercia’ de las autoridades que no agilizan la fecha del peritaje independiente de Barro Blanco, que representa una pieza clave para determinar el grado del impacto socioeconómico que tendrá este proyecto hidroeléctrico en las áreas anexas de la cComarca Ngäbe Buglé conocidas como Bakama, Kiad y Quebrada Caña.
Larissa Duarte, de la agrupación veragüense por la defensa del río Cobre, donde también se pretende impulsar un proyecto hidroeléctrico que hasta la fecha está detenido precisamente por la resistencia de las comunidades campesinas de esa región, secundó la iniciativa del M-10 al resaltar la importancia de buscar otras alternativas para que el gobierno escuche el clamor de la población.
ACTIVAN ALERTA AMBIENTAL
De acuerdo con la ambientalista, la lucha de las poblaciones comienza a adquirir otra connotación luego de estudiar en detalle la reciente aprobación en Consejo de Gabinete de la Ley 18 del 27 de marzo de 2013 —que solo lleva la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli; y el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez— por medio de la cual se modifica y adiciona artículos de la Ley 44 de 2011, concerniente a las centrales eólicas destinadas a la prestación del servicio público de electricidad y dicta otra disposición (Gaceta Oficial 27254).
La inquietud de la ambientalista Duarte radica en el artículo 3, por medio del cual se ordena que ‘cuando las partes no hayan logrado un acuerdo en un reducido plazo de 15 días calendario, el beneficiario de la concesión o de la licencia podrá solicitar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) la aplicación del procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, relacionadas con las actividades de generación, interconexión, transmisión y distribución de electricidad destinadas al servicio público, que haya sido calificada por la ASEP como de carácter urgente’.
Este procedimiento sumario incluye en primera instancia que la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) determinará el área estrictamente necesaria para la construcción de dicho proyecto, esta misma autoridad fijará la suma provisional como anticipo de la compensación e indemnización por servidumbre o del valor de adquisición, luego la concesionaria está obligada a pagar dicho importe al titular del predio, entre otras disposiciones.
La experta explicó que con esta nueva reglamentación aprobada en Semana Santa, ‘la situación se torna aún más grave y coloca a los ambientalistas contra la pared’ porque ‘se agiliza el proceso de expropiación para los que se nieguen a vender sus tierras para la construcción de este tipo de proyectos’.
Por esta razón, luego de haber discutido el contenido del documento el pasado domingo 28 de abril, agrupaciones ambientalistas reunidas en Veraguas emitieron un comunicado en el que expresan su rechazo a la Ley 18, bautizada como ‘ley guillotina’.
Como primera acción, el próximo 15 de mayo presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la aprobación de dicha ley, porque viola el artículo 48 de la Constitución que establece que ‘puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización’.
Así lo confirmó el dirigente ngäbe buglé Ricardo Miranda, quien adelantó que ‘están gestionando enlaces’ con los ambientalistas para protestar desde el 24 de mayo próximo.
Miranda habló sobre el malestar de la población indígena ante la ‘inercia’ de las autoridades que no agilizan la fecha del peritaje independiente de Barro Blanco, que representa una pieza clave para determinar el grado del impacto socioeconómico que tendrá este proyecto hidroeléctrico en las áreas anexas de la cComarca Ngäbe Buglé conocidas como Bakama, Kiad y Quebrada Caña.
Larissa Duarte, de la agrupación veragüense por la defensa del río Cobre, donde también se pretende impulsar un proyecto hidroeléctrico que hasta la fecha está detenido precisamente por la resistencia de las comunidades campesinas de esa región, secundó la iniciativa del M-10 al resaltar la importancia de buscar otras alternativas para que el gobierno escuche el clamor de la población.
ACTIVAN ALERTA AMBIENTAL
De acuerdo con la ambientalista, la lucha de las poblaciones comienza a adquirir otra connotación luego de estudiar en detalle la reciente aprobación en Consejo de Gabinete de la Ley 18 del 27 de marzo de 2013 —que solo lleva la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli; y el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez— por medio de la cual se modifica y adiciona artículos de la Ley 44 de 2011, concerniente a las centrales eólicas destinadas a la prestación del servicio público de electricidad y dicta otra disposición (Gaceta Oficial 27254).
La inquietud de la ambientalista Duarte radica en el artículo 3, por medio del cual se ordena que ‘cuando las partes no hayan logrado un acuerdo en un reducido plazo de 15 días calendario, el beneficiario de la concesión o de la licencia podrá solicitar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) la aplicación del procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, relacionadas con las actividades de generación, interconexión, transmisión y distribución de electricidad destinadas al servicio público, que haya sido calificada por la ASEP como de carácter urgente’.
Este procedimiento sumario incluye en primera instancia que la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) determinará el área estrictamente necesaria para la construcción de dicho proyecto, esta misma autoridad fijará la suma provisional como anticipo de la compensación e indemnización por servidumbre o del valor de adquisición, luego la concesionaria está obligada a pagar dicho importe al titular del predio, entre otras disposiciones.
La experta explicó que con esta nueva reglamentación aprobada en Semana Santa, ‘la situación se torna aún más grave y coloca a los ambientalistas contra la pared’ porque ‘se agiliza el proceso de expropiación para los que se nieguen a vender sus tierras para la construcción de este tipo de proyectos’.
Por esta razón, luego de haber discutido el contenido del documento el pasado domingo 28 de abril, agrupaciones ambientalistas reunidas en Veraguas emitieron un comunicado en el que expresan su rechazo a la Ley 18, bautizada como ‘ley guillotina’.
Como primera acción, el próximo 15 de mayo presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la aprobación de dicha ley, porque viola el artículo 48 de la Constitución que establece que ‘puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización’.
Comentarios - 1
<1>
1 | Jorge E Macías Jaramillo - 2013-05-06 - 9:32:45 PM - IP: 187.139.*.*
A las autoridades del gobierno central de panamá en específico al presidente ricardo martinelli y sus ministros de estado no les interesa que realicen el peritaje independiente de barro blanco, (porque es muy sencillo si les interesara ya lo hubieran hecho sin necesidad de que se les insistiera en este) ya tenemos el desagradable antecedente del estudio de impacto ambiental que anam el gabinete de estado y martinelli aprobaron el 28 de diciembre del 2011 para darle vía libre al avance de la doble guerra destructiva y química que nos impone la megaminería en panamá, y ese estudio amañado que presentó las empresa minera fue aprobado a sabiendas de los grandes y graves impactos negativos para que no se conozca el importante grave impacto negativo a la ecología y biodiversidad con sus graves efectos colaterales muy negativos socioeconómico que tendrá este proyecto hidroeléctrico en las áreas anexas de la comarca ngäbe buglé conocidas como bakama, kiad y quebrada caña. si desarrolláramos en panamá las nuevas tecnologías que generan electricidad mas amigables con el medio ambiente evitaríamos los impactos negativos que producen las hidroeléctricas. por lo qeu no se justifica la construcción de ni una solas hidroeléctrica mas en todo panamá.
A las autoridades del gobierno central de panamá en específico al presidente ricardo martinelli y sus ministros de estado no les interesa que realicen el peritaje independiente de barro blanco, (porque es muy sencillo si les interesara ya lo hubieran hecho sin necesidad de que se les insistiera en este) ya tenemos el desagradable antecedente del estudio de impacto ambiental que anam el gabinete de estado y martinelli aprobaron el 28 de diciembre del 2011 para darle vía libre al avance de la doble guerra destructiva y química que nos impone la megaminería en panamá, y ese estudio amañado que presentó las empresa minera fue aprobado a sabiendas de los grandes y graves impactos negativos para que no se conozca el importante grave impacto negativo a la ecología y biodiversidad con sus graves efectos colaterales muy negativos socioeconómico que tendrá este proyecto hidroeléctrico en las áreas anexas de la comarca ngäbe buglé conocidas como bakama, kiad y quebrada caña. si desarrolláramos en panamá las nuevas tecnologías que generan electricidad mas amigables con el medio ambiente evitaríamos los impactos negativos que producen las hidroeléctricas. por lo qeu no se justifica la construcción de ni una solas hidroeléctrica mas en todo panamá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Favor dejar sus comentarios, le agradeceremos su nombre y direccion si fuera posible, aunque no es imprescindible y que sea respetuoso. Muchas Gracias.