Foto: Tracy L. Barnett

Las comunidades indígenas recurren a la ONU para ayudar a rectificar el “etnocidio”

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La represa hidroeléctrica de Barro Blanco dañó la cultura, la religión y el idioma Ngäbe-Buglé

por Tracy Barnettfebrero 8, 2019

 An English version of this article is available here La semana pasada, un grupo de gente caminó en silencio a su sitio ceremonial al borde de la inundada comunidad indígena de Kiad, en la provincia de Chiriquí, Panamá. De pie en la fangosa orilla del embalse de la represa hidroeléctrica de Barro Blanco, el grupo observó las aguas oscuras y estancadas, y recordó.
La triste y breve ceremonia marcó el tercer año que los Ngäbe-Buglé no han podido llevar a cabo su ceremonia anual, que previamente atrajo a cientos de fieles de la vasta comarca, o territorio Ngäbe-Buglé, a la comunidad de Kiad durante varios días de celebración y contemplación en las orillas de su sagrado Río Tabasará. Hoy en día, las enormes piedras cubiertas de antiguos petroglifos, un misterioso vínculo con sus antepasados, se encuentran en el fondo de las aguas malolientes.
“Fue una profunda tristeza para todos los participantes”, dijo Manolo Miranda, educador y líder Ngäbe. Había pasado más de una década desde que se había juntado con cientos de su pueblo en una batalla contra la represa hidroeléctrica de Barro Blanco, que ahora ha llegado a simbolizar los peores excesos del desarrollo internacional. A pesar de varios indicadores a lo largo del proceso de que la presa violaba las normas internacionales de derechos humanos y ambientales, la construcción de la represa continuó. Mientras se llevaban a cabo las “mesas de diálogo” entre los representantes indígenas y el gobierno, la empresa comenzó a llenar el reservorio en un proceso que terminaría destruyendo un río y el modo de vida de un pueblo.

Manolo Bagama revisando nuevo aporte en escrito en Ngabe por un estudiante de lectoescritura Ngäbe. Foto: Jonathan González Quiel

Pero los residentes de Kiad no se han rendido. Han rechazado los intentos del gobierno de compensar o reubicarlos, prefiriendo subsistir en una existencia precaria en las tierras marginales que les quedan y seguir luchando por sus derechos y su sagrado río. Ahora están a la espera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a quien enviaron una carta hace casi un mes.
La carta fue enviada el 9 de enero de 2019, casi cinco meses después de que el mecanismo de monitoreo del PNUD, SECU, dio a conocer su investigación, reconociendo que la agencia no siguió sus propios protocolos con respecto a la debida diligencia, transparencia, participación, consulta y consentimiento de los pueblos, y derechos humanos. Desde que se publicó el informe de investigación de 40 páginas el 15 de agosto de 2018, la comunidad ha estado esperando una decisión de Achim Steiner, administrador del PNUD.
Mientras tanto, los Miranda y otros residentes locales también esperan respuestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los bancos de desarrollo europeos que prestaron el dinero que hizo posible el proyecto, al igual que su propio sistema judicial, donde se presentó otra demanda penal contra Genisa (Generadora del Istmo SA, el propietario de la presa), que está a la espera de juicio.

Una religión desfigurada

Además de privar a varias comunidades de sus medios de subsistencia, dañar su principal fuente de agua e impactar severamente su libertad de movimiento y comunicación, la presa Barro Blanco, construida ilegalmente, ha privado a todo el grupo étnico Ngäbe Buglé del libre ejercicio de su religión, como explican miembros de las comunidades afectadas  en su carta a Achim Steiner.
La carta es una respuesta de la comunidad a una investigación realizada por el propio mecanismo de responsabilidad del PNUD, la Unidad de Cumplimiento Social y Ambiental (SECU), que encontró que la agencia violó sus propios protocolos en su participación en el proceso. Desde que se publicó el informe final de la investigación el 15 de agosto de 2018, la comunidad ha estado esperando una decisión de Steiner, pero sin respuesta. Finalmente, el 9 de enero, las comunidades escribieron a Steiner, solicitando una investigación del caso por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras solicitudes.
El gobierno panameño y la compañía hidroeléctrica, GENISA, ignoraron a sabiendas los lugares sagrados de los Ngäbe Buglé en la construcción de la represa, según la carta firmada por Goejet Miranda, presidente actual del Movimiento 10 de Abril, la organización que representa a las comunidades afectadas. El PNUD, como facilitador en un diálogo destinado a resolver el conflicto, también supo del problema y, por lo tanto, fue cómplice, según la carta.

Archivo: Seguidores de la religión Mama Tata en los antiguos petroglifos (2014). Foto: Oscar Sogandares

“Además de cementerios ancestrales que han quedado bajo el agua, han afectado permanentemente el conjunto de petroglifos sagrados donde las comunidades de toda la comarca se congregaban anualmente a rendirle tributo al Cacique Tabasará, así como también un lugar de sanación”, escribió Miranda, refiriéndose al mítico guerrero-líder venerado en sus tradiciones. “Este embalse les está privando del ejercicio de su cosmovisión religiosa ceremonial de una manera muy importante, no sólo para las comunidades afectadas sino para toda la nación Ngäbe Bugle. Existe la libertad de culto en esta nación y la empresa mediante su embalse ha violado este derecho, así como el gobierno que lo ha permitido; han violado la ley y han dañado los petroglifos sagrados, aparte de hacerlos inaccesibles mediante su embalse y toneladas de sedimento que lo cubren. Esto en sí constituye una imperdonable violación a los Derechos Humanos, así como un etnocidio donde se asesina una cultura, y se destruyen los lugares sagrados de su cultura religiosa”.
En mayo de 2018, la compañía cerró el flujo del río para mantenimiento, causando una matanza masiva de peces y destruyendo efectivamente un ecosistema fluvial que una vez fue muy diverso. Miranda se encuentra entre quienes demandan a GENISA por daños, dado que las comunidades ribereñas han perdido no sólo una fuente primaria de alimento y agua, sino también los huertos de cacao y café que proporcionaban sus ingresos y el abundante bosque de alimentos que les brindó su sustento y medicamento tradicional.
El vaciado del embalse proporcionó a las comunidades una visión breve y desgarradora de su monumento sagrado. Además de estar cubierto de barro, aparentemente se han dañado en el proceso, hasta el punto de que apenas eran reconocibles, según Jonathan Quiel González, geógrafo, conocedor de los sitios arqueológicos y amigo de la comunidad Kiad desde hace mucho tiempo.
Después de la breve ceremonia frente al embalse, la comunidad también marcó su conferencia anual que promueve el lenguaje escrito Ngäbe-Buglé. La comunidad, donde se recibió el lenguaje escrito como una transmisión divina, es el hogar de un centro educativo y de investigación para el idioma, así como el sitio sagrado.
Alrededor de 100 participantes lucharon para llevar a cabo los tres días de reuniones debido a la falta de agua para cocinar, beber y lavar, dijo Weni Bagama, una de los organizadores de la conferencia. “Se ha vuelto extremadamente difícil organizar eventos ahora debido al hecho de que nuestro manantial se está agotando y ya no tenemos nuestro río”, dijo Bagama, quien se encontraba en la Ciudad de Panamá al momento de la publicación, reunida con una organización nacional de lectoescritura, para obtener apoyo para su escuela de idiomas.

Weni Bagama, líder Ngäbe y miembro de la comunidad afectada de Kiad, presenta la agenda de la reunión anual de la Organización Lecto Escritura Ngäbe (OLEN). Foto: Jonathan González Quiel

En la carta a Steiner, solicitaron una nueva investigación por parte de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dando seguimiento a la investigación realizada en el 2013 por el ex relator James Anaya, recomendando que la presa no entrara en funcionamiento sin la aprobación de las autoridades representativas de los Ngäbe Bugle, una recomendación que el gobierno y la empresa hidroeléctrica ignoraron.
También solicitan que el nivel de agua del embalse se reduzca más allá del límite del territorio Ngäbe Bugle. Piden que el PNUD se responsabilice de los daños a la comunidad, que los ha privado de su sustento, y que cualquier pago realizado para rectificar la situación actual no se considere una compensación por sus tierras.
“Es necesario que Naciones Unidas pueda con esto limpiar su imagen que ha quedado comprometida con la parcialidad con la que participó como PNUD en la mesa de diálogo en donde el Gobierno Nacional impuso el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco limitándole el derecho a la comunidad afectada en la reclamación de sus derechos”, concluyó la carta.

Informe de la SECU: Historia de un diálogo descarrilado

La Unidad de Cumplimiento Social y Ambiental se estableció el 1 de enero del 2015 para monitorear las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una agencia que administra presupuestos anuales de más de $ 5 mil millones de dólares. Es uno de los más nuevos de una docena de mecanismos de responsabilidad institucional supervisados ​​por el Accountability Counsel, una organización sin fines de lucro que busca mejorar la respuesta a las numerosas reclamaciones en torno al desarrollo del sector público.
Si bien el PNUD no contribuyó específicamente al proyecto de la presa en este caso, se le pidió que facilitara un diálogo entre las partes en el  2015, cuando claramente habían alcanzado un callejón sin salida. Se gastaron más de $ 66 millones de dólares en dos proyectos apoyados por el PNUD en Panamá que incluyeron una serie de 11 “Mesas de Diálogo” que terminaron de la misma manera en que comenzaron: La Comisión Indígena que representa a la gente Ngäbe-Buglé no estaba dispuesta a aceptar una presa en su río, y el gobierno no estaba dispuesto a abandonar una represa que ya estaba construida en un 95 por ciento.
Después de que los representantes de las comunidades afectadas se retiraron de las conversaciones, el gobierno continuó negociando con otros funcionarios de los Ngäbe Buglé, firmando un acuerdo que nunca recibió la necesaria ratificación del Congreso Ngäbe Buglé y fue rechazado en todo el territorio, lo que provocó conflictos amargos.
Miranda y otros miembros del grupo M10 presentaron una queja ante la agencia el 15 de agosto del 2017, por sugerencia de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una de las organizaciones ambientales más activas de Panamá. En el transcurso de un año, como se evidencia en el documento de 40 páginas, los investigadores Richard Bissell y Anne Perrault revisaron minuciosamente los montones de documentos generados en los años de conflicto alrededor de la represa; entrevistaron a todas las partes involucradas y viajaron a las comunidades afectadas, donde vieron por sí mismos sus impactos sociales y ambientales. Ninguno de los investigadores concedió una entrevista a esta reportera, pero una lectura cuidadosa del informe permite vislumbrar el infructuoso y doloroso intento de diálogo para salvar las diferencias irreconciliables, y lo que sucedió después de ese intento fracasó.
Desde el principio, la Comisión Indígena dejó en claro que su posición no cambiaría con respecto a la existencia y operación de una represa en el Río Tabasará, y le suplicaron al gobierno  que pusiera fin al proceso si no había posibilidad de cancelación del proyecto.
“Tenemos más de 15 años en esta lucha. Seamos honestos y díganos cuanto antes lo que va a pasar,” dijo uno de los participantes en la segunda reunión, el 27 de febrero de 2015.”Queremos la cancelación de Barro Blanco porque esta empresa no consultó con nosotros… Decidamos si se cancelará o no, y dejemos de malgastar tantos papeles aquí”.
En cada una de las once reuniones, los representantes indígenas repitieron su solicitud de cancelación, basándose en la falta de consulta, una declaración de impacto ambiental defectuosa y otras violaciones.
En la mesa redonda final, el 18 de mayo, los representantes del gobierno propusieron reemplazar a Genisa con una compañía diferente y continuar el diálogo a través de una serie de “mesas técnicas”; la Comisión Indígena se negó.
“El problema no es seleccionar a un tercero, sino que se violaron los derechos de los pueblos indígenas y que el proyecto, finalmente, no va a cancelarse…”, dijo la Comisión Indígena.  “Han perdido la confianza en el Gobierno”.
Los representantes gubernamentales luego organizaron una segunda ronda de reuniones con autoridades individuales de los Ngäbe Buglé que estaban dispuestas a continuar a pesar de la decisión del M10 de retirarse. Los representantes locales del PNUD continuaron su participación en las discusiones. El 22 de agosto de 2016, el entonces presidente panameño, Juan Varela, firmó un acuerdo con la Cacica General de los Ngäbe-Buglé Silvia Carrera para permitir la operación del proyecto en una ceremonia a la que asistió el representante de la PNUD para Panamá. La ceremonia fue interrumpida por los opositores de la represa, y eventualmente tuvo que ser trasladada a otro lugar.
El acuerdo es duramente impugnado por miembros de las comunidades Ngäbe Buglé que señalan que, según su ley, los caciques no están autorizados a realizar dichos acuerdos sin la ratificación del Congreso.
El informe de la SECU encontró numerosas deficiencias en el proceso y, en particular, con el representante de Panamá del PNUD. Si bien no se nombra a ningún individuo, Martín Santiago Herrero desempeñó ese papel en ese momento.
Una vez que terminó el proceso de diálogo, Santiago Herrero se convirtió en el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Colombia, en el último tramo del problemático proceso de paz de ese país. La oficina de Panamá del PNUD retiró su participación en el caso Barro Blanco.
El equipo de la SECU reconoció el reto de rectificar la situación. Normalmente, en una revisión de cumplimiento, escribieron, SECU puede identificar medidas específicas para corregir el incumplimiento y mitigar los daños a las comunidades afectadas. En este caso, cuando el representante local del PNUD ha terminado su participación en el caso, “la adopción de medidas específicas es menos perceptible”.
Sin embargo, dado el hecho de que el PNUD tiene prohibido participar en proyectos que violan los derechos de los indígenas como se describe en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y dada la preocupación del equipo, “las inundaciones pasadas y presentes del territorio Ngäbe-Bugle (que ocurrieron y siguen ocurriendo sin el consentimiento explícito de todos los representantes pertinentes de Ngäbe-Bugle , p. ej., el Congreso de Ngäbe-Buglé) están relacionadas con el proceso de diálogo respaldado por el PNUD”, decidieron recomendar que la oficina de Panamá del PNUD vuelva a involucrarse en el caso.
El PNUD debería tomar medidas para garantizar los derechos de los indígenas en virtud de la UNDRIP, y de los hallazgos relacionados de Anaya, dijeron. Por ejemplo, podría promover el estudio y la discusión de propuestas como la reducción del nivel de inundación para evitar impactos en las comunidades Ngäbe Bugle; y asegurar ingresos en un fideicomiso para la comarca Ngäbe-Buglé, así como el asesoramiento seguro de una entidad de la ONU encargada de vigilar los derechos de los indígenas (como por ejemplo el Relator Especial de la ONU).
Otras recomendaciones tenían que ver con la aplicación de las lecciones de Barro Blanco para asegurarse de que la historia no se repita, y que la participación futura del PNUD respete las directrices de la agencia con respecto a la transparencia, la inclusión y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. En particular en Panamá, que tiene un historial de violaciones de derechos indígenas y una serie de proyectos problemáticos en el horizonte en tierras indígenas, el equipo recomendó una mayor atención en la detección de riesgos sociales y ambientales.

Mientras tanto, de vuelta en Kiad

Los Miranda estaban contentos al recibir el informe de la SECU, aunque tardaron un tiempo en poder acceder a él, y aún más en descifrar el lenguaje denso. Pero no tuvieron mucho tiempo para reflexionar sobre estos hallazgos. En estos días, pasan gran parte de su tiempo tratando de sacar algún cultivo de los pobres suelos de tierras altas y las escasas aguas de su manantial que disminuye constantemente. Viven con el temor de que los pequeños se alejen y caigan en el lodo como arenas movedizas que rodea el reservorio, como ya lo ha hecho parte del ganado. Se preocupan por las enfermedades extrañas, posiblemente debido a los enjambres de mosquitos que antes nunca solían ver.
Recuerdan tiempos mejores, cuando la vida fluía con abundantes cosechas de frutas y verduras y medicinas, peces y camarones de sus aguas, ganado que pastoreaba en abundantes tierras y dinero de las cosechas de cacao y café, para comprar lo que no podían cultivar. Hubo tiempo para actividades culturales e intelectuales, como los libros sobre el idioma y la cosmovisión Ngäbe escritos por el padre de Manolo, también llamado Manolo; para pintar murales y relajarse con una taza de café; para jugar con los niños y regocijarse en las claras aguas que fluían de su amado Tabasará. Los techos de paja y la construcción simple y abierta de sus hogares y centros culturales podrían no haber llamado la atención a los ajenos. Pero para ellos era el hogar, y mirando hacia atrás, era el paraíso.
En estos días, cuando hay tiempo para leer o estudiar, se trata del derecho ambiental y de los derechos indígenas y humanos, y por lo general es a la luz de su único panel solar. Es una ironía punzante que Barro Blanco ni siquiera les proporcione energía eléctrica.
Weni Bagama, hermana de Manolo y líder de Ngäbe por derecho propio, viajó por su cuenta junto con otros dos activistas indígenas a Washington, DC en diciembre, buscando las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a una audiencia. Hace dos años emitieron una medida cautelar que hasta el momento no ha dado resultados. Pudo ubicar el archivo de su comunidad en el vasto laberinto de oficinas, y a una persona que estaba familiarizada con el proceso y la aconsejó sobre los próximos pasos que deben seguir para reactivar ese caso.
El informe de la SECU trajo recuerdos amargos de un proceso cargado de engaño, manipulación y represión, dijo. Pero al menos el equipo tuvo el coraje de venir a la aldea y enfrentarlos, escuchar su historia y ver por sí mismos. El informe refleja eso, y ella está agradecida.
“Perdimos nuestro río, perdimos todo lo que teníamos, y las Naciones Unidas fueron cómplices en ese proceso”, reflexiona. “Pero al menos SECU lo aceptó responsablemente, en un foro público, y eso me hizo sentir mejor, porque al menos se atrevieron a reconocer y ver la verdad”.

Archivo: Las inundaciones de la presa de Barro Blanco tienen comunidades y bosques sumergidos. Foto: Chiriquí Natural

Lecciones aprendidas de Barro Blanco

“Para ser honesto, Barro Blanco es un ejemplo dramático de todo lo que puede salir mal en un proyecto de mitigación del clima y del daño que se puede hacer”, dijo Miriam Vicente Marcos, de Carbon Market Watch, una ONG con sede en Bruselas que luchó contra la designación de Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, un sistema de comercio de carbono basado en el mercado establecido en virtud de los Protocolos de Kyoto, lo que puede terminar haciendo mucho más daño que bien, como lo demostró Barro Blanco.
Vicente está usando el caso como un ejemplo de por qué se debería eliminar el MDL. “El MDL le dio credibilidad al reclamo de reducción de emisiones”, dijo. “Una vez que se ha demostrado que estos daños sociales y ambientales han estado ocurriendo en el terreno, el MDL se elimina de la lista, pero eso no impide que el proyecto se construya. Había una mesa redonda, y luego todo sigue”.
Both Ends, una ONG con sede en Holanda, ha estado trabajando en este caso desde que el Banco Europeo de Inversiones estaba considerando invertir en él y luego se retiró debido a la presión pública. Fue entonces cuando el banco holandés de desarrollo FMO intervino. Anna Van Ojik, portavoz de Both Ends, ha visto cómo se desarrollaba la tragedia, incapaz de convencerlos del error de esta decisión de inversión. La compañía tuvo un segundo desastre de relaciones públicas con el asesinato de la activista indígena hondureña Bertha Cáceres. Entre los implicados en el asesinato estuvieron empleados de DESA, la compañía que ejecuta la represa de Agua Zarca, que Cáceres murió combatiendo y que fue financiada por el FMO.
“Que también fue una gran bomba en sus operaciones”, dijo Van Ojik. “Todos juntos creo que están extrayendo algunas lecciones de estos proyectos como Barro Blanco y Agua Zarca”.
La conclusión para las instituciones financieras, dice, es que antes de tomar la decisión de invertir en un proyecto, es imperativo que las instituciones de desarrollo se responsabilicen de verificar o aclarar para asegurarse de que realmente existe consentimiento en el caso de los pueblos indígenas, y que también hay apoyo de la comunidad en el caso de las comunidades no indígenas.
“Cualquier cosa que se pueda hacer para mejorar el intercambio de información y la inclusión de las comunidades afectadas por un proyecto es muy importante,” dijo. “Las personas deberían tener una voz en los proyectos de desarrollo que ocurren en sus tierras y afectan sus medios de vida.
“Si no, entonces al final, el problema también es tuyo”.
Paul Hartogsveld, portavoz de FMO, reconoció en una entrevista por correo electrónico que la compañía ha cambiado sus procedimientos en parte como resultado del caso de Barro Blanco. “Después de que se presentó una queja en nuestro mecanismo independiente de quejas y un panel independiente investigó nuestra inversión, se desprendió de las conclusiones del panel que FMO debería haber tomado más en serio las preocupaciones de ciertos representantes de la comunidad indígena”, escribió. Después de un largo proceso consultivo, la compañía actualizó su política de sostenibilidad en 2017, más específicamente sus declaraciones de posición sobre derechos humanos y derechos sobre la tierra, e incluye requisitos de diligencia debida más intensivos para proyectos de alto riesgo que tienen un impacto significativo en las comunidades locales.
Los Miranda y otros en las comunidades afectadas están muy conscientes de la infamia internacional que su caso ha ganado, aunque en círculos limitados. También son conscientes de que la financiación para las ONG que los han apoyado en el pasado se está agotando, ya que se apresuran a responder a las múltiples emergencias causadas por las industrias extractivas que continúan construyendo mega represas y minas en todo el país y en todo el mundo.
Mientras las familias en Brumadinho, Brasil, excavaron desesperadamente en el barro en busca de sus familiares desaparecidos en la última catástrofe de una mega represa, los Miranda endurecieron su resolución, determinados a que su caso, al menos, sirva como una lección para prevenir que algo similar le suceda a cualquier otra comunidad.
Nota del Editor: La decisión del administrador del PNUD, Achim Steiner, se publicó mientras se preparaba esta historia para su publicación. La decisión habló de las lecciones aprendidas, de prevenir deficiencias similares en el futuro y de desarrollar un programa de sensibilización y capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas para el personal de la oficina panameña del PNUD. Se desarrollará un plan de trabajo para implementar las recomendaciones. Aún no está claro si eso incluye a las comunidades afectadas, que no se mencionaron en la decisión. Mientras tanto, las comunidades esperan.

Nota acompañante

Algunos de los hallazgos del equipo de la SECU (Unidad para el Cumplimiento Ambiental y Social) del Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) sobre Barro Blanco  fueron:

• El representante panameño del PNUD no cumplió con los requisitos de la agencia para aplicar sus procedimientos de evaluación ambiental y social. El uso de esos procedimientos de diagnóstico probablemente habría revelado la probabilidad de “impactos adversos en el disfrute de los derechos humanos”, el riesgo de violencia; e “impactos en la cultura indígena, es decir, fue evidente que el diálogo podría llevar a un acuerdo que impactaría negativamente en los petroglifos y otras formas de afectación a la cultura de la comunidad”.
• Si bien el representante panameño del PNUD cumplió con los “compromisos importantes del PNUD en relación con la debida diligencia, transparencia, participación, consulta/consentimiento y derechos humanos durante la Mesa de Diálogo,” el representante “no cumplió con estos requerimientos después de la conclusión de la Mesa de Diálogo”.
• El consentimiento de las comunidades indígenas no recibió la atención requerida. Por ejemplo, el PNUD continuó avanzando y participando en el proceso de diálogo relacionado con Barro Blanco a pesar de la inundación de territorios indígenas, incluso durante el proceso de diálogo, sin el consentimiento de la población indígena.
• La disposición del representante de Panamá para continuar el diálogo sin la participación de las comunidades afectadas fue problemática. “Se estaba involucrando claramente en una situación plagada de asuntos problemáticos, en especial, aquellos asuntos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, la violencia e incluso la muerte,” escribieron. “En las actas de las primeras reuniones de la Mesa de Diálogo, se hizo amplia referencia a la necesidad de participación de las comunidades afectadas, además, se describe el potencial de violencia, paro de actividades del proyecto, y división entre las comunidades sin la participación de las comunidades clave en el proceso de diálogo”.
• La participación continua de la oficina local del PNUD ” puede haber sido percibida como una señal de que la posición de la ONU respecto al diálogo y al PHBB (Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco) fueron suficientemente respetuosos de los derechos de los pueblos indígenas”.
• La participación del PNUD fue particularmente problemática debido a los obvios problemas que provocaron otras investigaciones de las Naciones Unidas: primero, en una investigación técnica del PNUD en 2013 que reveló fallas importantes en el estudio del impacto ambiental y, en segundo lugar, por James Anaya, en ese entonces el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien advirtió sobre las irregularidades en el proceso y la falta de consulta adecuada con el pueblo Ngäbe. Anaya advirtió que ” no se debería proceder a la inundación de las tierras del pueblo Ngäbe, ni afectar de otra manera sus tierras, sin un acuerdo previo con las autoridades representativas de este pueblo sobre las condiciones de tal inundación o afectación”