Location: Washington, DC
WASHINGTON, DC – Esta semana, en un voto histórico de 7-1, la Corte
Suprema de los Estados Unidos decidió en el caso Jam vs. Corporación
Financiera Internacional (IFC), que las organizaciones internacionales
como el Grupo Banco Mundial pueden ser demandadas en cortes
estadounidenses.
La decisión de la Corte marca un momento clave para la IFC – el brazo
del Grupo Banco Mundial que otorga préstamos al sector privado.
Durante años la IFC ha operado como si estuviese "por encima de la
ley", promoviendo proyectos irresponsables que han causado graves
violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales, dejando
que estas se defiendan por sí mismas.
Organizaciones internacionales como la IFC llevan declarando por años
que tienen el derecho a operar con inmunidad "absoluta", aun cuando
realicen actividades comerciales, como es el proyecto de la planta de
carbón sobre el cual se construyó este caso porque apelan al estatuto
correspondiente que les concede la misma inmunidad que a los gobiernos
extranjeros.
Sin embargo, los gobiernos extranjeros no tienen inmunidad absoluta en
las cortes estadounidenses cuando realizan prácticas comerciales, por
ello la Corte Suprema rechazó su posición diciendo: "La Corporación
Internacional Financiera, por esta razón, no es absolutamente inmune
de demandas."
Este caso gira alrededor de una planta de carbón financiada por la IFC
en Gujarat, India. Las y los demandantes son miembros de comunidades
locales dedicadas a la pesca y agricultura, y han visto su sustento de
vida, calidad de aire y fuentes de agua potable afectadas por la
ejecución del proyecto.
Ellas y ellos alegan que la IFC y las constructoras del proyecto
tenían conocimiento sobre estos riesgos de antemano; sin embargo,
decidieron realizar el proyecto sin implementar las medidas de
protección necesarias.
En un principio, las y los demandantes presentaron sus preocupaciones
ante el mecanismo interno de quejas de la IFC, no obstante, los
directivos de la IFC ignoraron las conclusiones de su propio organismo
interno.
En virtud de ello, como último recurso, las y los demandantes se
vieron obligados a presentar una demanda en los Estados Unidos.
EarthRights International y la Clínica de Litigio de la Corte Suprema
de la Escuela de Derecho de Standford representan a las comunidades.
La oficina principal de la IFC se encuentra en Washington, DC., al
igual que las demás organizaciones del Grupo Banco Mundial, porque el
gobierno de Estados Unidos es el mayor accionista de este grupo.
El gobierno de Estados Unidos, durante años ha apoyado la
interpretación de la ley realizada por los demandantes, en el sentido
de que las organizaciones internacionales pueden ser demandadas por
sus actividades comerciales o por causar daños en los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia y Estado de los Estados Unidos y miembros
del Congreso de ambos partidos, presentaron un amicus curiae en apoyo
a la posición de los demandantes.
Ahora que la Corte Suprema ha establecido que el Grupo Banco Mundial
puede ser demandado, el caso regresará a las cortes inferiores para
continuar con el curso del litigio.
En otro caso contra la IFC, EarthRights International representa a las
y los demandantes, cuyas identidades se mantienen en el anonimato para
protegerlos de represalias, el cual se espera que proceda en la Corte
Distrital del Estado de Delaware.
Este caso, denominado Juana Doe et al v. IFC, involucra proyectos de
la IFC ligados a asesinatos, tortura y otros tipos de violencia por
grupos paramilitares y escuadrones de muerte en Honduras.
Declaraciones
"Estamos extremadamente felices con la decisión de la Corte Suprema de
los Estados Unidos. Esta es una victoria inmensa, particularmente para
la gente de Mundra y de otros lugares en general, donde las malas
inversiones del Banco Mundial están destruyendo a las comunidades y el
medio ambiente. Este es un paso inmenso para hacer responsable al
Banco Mundial del impacto negativo que tienen sus inversiones."
– Dr. Bharat Patel, dirigente del grupo de derechos de pescadores
MASS, uno de los demandantes del caso.
"Estamos deleitados con esta sentencia. Esto es una victoria para
todos los que han luchado durante décadas por que el Banco Mundial sea
responsable por sus actos, y que han tenido enfrentamientos valientes
contra proyectos financiados por el Banco, exponiendo los monumentales
costos humanos y ambientales que tienen sus préstamos. Esta sentencia
fortalecerá los esfuerzos de nuestras comunidades por lograr que el
Banco Mundial rinda cuentas, y es un paso en la dirección correcta de
hacer responsables a todas las entidades financieras."
– Joe Athialy, Director Ejecutivo del Centro de Responsabilidad
Financiera, India
"La inmunidad frente a cualquier responsabilidad legal no ayuda al
desarrollo de las metas de las organizaciones internacionales. Lo que
hace es ayudarlos a ser descuidadas, que es lo que pasó acá. Al igual
que cualquier otra institución, desde gobiernos hasta corporaciones,
la posibilidad de rendir cuentas va a motivar a estas organizaciones a
proteger a las personas y al medio ambiente".
– Marco Simons, Consejo General, EarthRights International
"Las actividades comerciales de organizaciones internacionales como la
IFC pueden tener impactos significativos en la vida de norteamericanos
y otras personas en todo el mundo. Celebramos la sentencia de hoy."
– Prof. Jeffrey Fisher, Codirector, Clínica de Litigio de la Corte
Suprema de la Escuela de Derecho de Standford
Antecedentes
Desde un inicio la IFC reconoció que la planta de carbón de Tata
Mundra sería un proyecto de alto riesgo que podría tener impactos
significativamente adversos en comunidades locales, así como en el
ambiente.
A pesar de conocer los riesgos, la IFC realizó un préstamo de US$ 450
millones en el 2008 facilitando la realización del proyecto, lo que le
dio una fuerte influencia sobre el diseño y operación de la planta.
Sin embargo, la IFC no tomó las medidas razonables para prevenir los
daños previstos, y para asegurar que el proyecto se realizará bajo
adecuadas condiciones ambientales y sociales.
Como fue previsto, la planta de carbón causó daños significativos a
las comunidades que viven a su alrededor. La construcción de la planta
destruyó fuentes importantes de agua utilizadas para el consumo humano
y el riego.
La ceniza del carbón ha contaminado sembríos y al pescado que se
estaba secando al aire libre. Además, los niveles contaminación del
aire son peligrosos para la salud humana, y ha habido un incremento de
problemas respiratorios en niños y adultos mayores, particularmente.
La enorme cantidad de contaminación térmica – agua caliente que sale
de la planta – ha destruido los ecosistemas marinos locales y a la
población de peces, que personas como Budha Ismail Jam usaban como
sustento para proveer a sus familias.
Aunque en el 2015 la ley requería que todas las plantas de carbón en
la India debían instalar torres de enfriamiento para minimizar la
contaminación térmica, para finales del 2017 la planta de Tata Mundra
todavía no las había implementado.
Una faja transportadora de carbón de 14 kilómetros de largo, que
transporta dicho material del puerto a la planta, corre al lado de
aldeas locales y cerca de terrenos de pesca. El polvo de carbón que
sale de la faja, vuela y contamina los pescados que han sido dejados
por los pobladores al aire libre, reduciendo su valor, dañando la
producción agrícola y cubriendo casas y propiedades privadas.
El mecanismo interno de la IFC para quejas, el Asesor de Cumplimiento
Ombudsman (CAO), presentó un informe determinante en el 2013,
confirmando que la IFC había fallado en asegurar que el proyecto de
Tata Mundra cumpliese con las condiciones sociales y ambientales
necesarias para obtener un financiamiento por esta institución. Las
fallas fueron cometidas prácticamente en cada etapa del proyecto. La
CAO finalizó su informe solicitándole a la IFC que tome medidas
correctivas inmediatas.
La administración de la IFC respondió el informe de la CAO, rechazando
la mayoría de sus argumentos e ignorando otros. En un reporte de
seguimiento del 2017, la CAO observó que la IFC seguía sin cumplir y
que no tomó ninguna medida significativa para remediar la situación.
Los daños sufridos por los demandantes son particularmente lamentables
cuando se considera que el proyecto no era rentable desde un
principio.
De hecho, en el 2017, Tata Power comenzó a tratar de liberarse de la
mayor cantidad de acciones del proyecto, vendiéndolas por la suma de
una rupia (que equivale a 0.014 centavos de dólar), debido a las
pérdidas que han tenido y seguirán teniendo. Además, la planta solo
funciona a un quinto de su capacidad, en parte, porque en la India hay
una sobreoferta de electricidad.
Documents:
Jam v IFC SCOTUS opinion
https://earthrights.org/wp-content/uploads/Jam-v-IFC-SCOTUS-opinion.pdf
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