Panamá y sus compromisos ambientales con las áreas protegidas

Panamá y sus compromisos ambientales con las áreas protegidas

Ariel Rodríguez-Vargas

Biólogo de la Conservación y Sostenibilidad

La Agenda Ambiental Centroamericana está conformada por un conjunto de convenios regionales de cooperación en materia de biodiversidad y áreas protegidas, bosques, cambio climático y desechos tóxicos, así como por programas regionales como el Corredor Biológico Mesoamericano, el Sistema Arrecifal Mesoamericano y la Estrategia Forestal Centroamericana, que representan claros ejemplos de voluntad y de búsqueda de estrategias para lograr un uso sostenible de los recursos naturales (CCAD 2003).

Los convenios regionales internacionales suscritos y ratificados por los países de la región, son la concreción formal de las negociaciones, compromisos y acuerdos alcanzados en foros multilaterales de diferente nivel, relacionados con el tema de la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas. Estos acuerdos vinculantes (de estricto cumplimiento en cada país) hacen parte de las políticas y leyes nacionales, y obligan a los Gobiernos a realizar avances verificables en diferentes campos. Algunos convenios son los siguientes:

    • El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, 1992

      

    • El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, 1993 (Convenio Centroamericano de Bosques)

      

    • La Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), 1994 que incluye el Programa Estratégico del Corredor Biológico Mesoamericano

      

    • La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), 1992, entre otros.

Justo el 22 de abril de 2021 entra en vigencia plenamente el ACUERDO DE ESCAZÚ que obliga a todos los países firmantes a garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, según se decanta del artículo primero de dicho Acuerdo.

El acuerdo se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en el 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014. Estas naciones iniciaron un proceso de negociación que derivó en el Acuerdo Regional, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.

No menos firmes e importantes son las propias leyes y normas nacionales que protegen cada parque y área protegida, los planes de manejo y la ética en el buen entender de la leyes. 

Estamos vigilantes de cualquier intento de infracción del ordenamiento legal que protege espacios territoriales bajo el concepto de áreas protegidas, amparadas en decretos y leyes.

Panamá no se puede darse el lujo de ser un Estado paria en cuanto al respeto de las normas ambientales nacionales e internacionales y a la integridad de las áreas protegidas. Los ciudadanos, la sociedad organizada y los científicos solicitamos que como estado de derecho, nadie pisotee lo que hemos avanzado en derecho ambiental para el bien colectivo presente y futuro.

En la línea de la defensa del Estado de Derecho ambiental siempre nos van a tener de aliados, contra ello, nos tendrán en los tribunales buscando acceso a la justicia ambiental.