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| Weni Bagama del M10 hablando al MDL de la CMCC de la ONU sobre Barro Blanco |
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18 de junio de 2013
El Relator
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recibe
solicitud de investigar las violaciones a derechos humanos causadas por el
proyecto hidroeléctrico Barro Blanco
Washington, DC – El viernes pasado, 12 organizaciones de la sociedad
civil pidieron al Relator
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James
Anaya, que realice una investigación formal sobre los impactos a derechos
humanos de la represa Barro Blanco ubicada en el Río Tabasará en Panamá. Las organizaciones panameñas e internacionales
también solicitaron al Relator Anaya pedir al gobierno de Panamá la suspensión
inmediata de la construcción de la represa hasta tanto se haya atendido
completamente los riesgos a los derechos del pueblo indígena ngäbe afectado por
el proyecto. La controversia sobre este proyecto recibió particular atención
durante las negociaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre
cambio climático llevadas a cabo la semana pasada en Bonn, Alemania, ya que el
proyecto Barro Blanco se encuentra registrado como Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL), uno de los mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento de los
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del
Protocolo de Kioto.
“La represa Barro Blanco afectará directamente al pueblo ngäbe; sin
embargo, ni siquiera fuimos consultados antes de que el proyecto fuese aprobado”,
dijo Weni Bagama, una de las líderes ngäbe del Movimiento 10 de abril, un
movimiento local que defiende el Río Tabasará de los proyectos de desarrollo. En
septiembre de 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) llevó a cabo una inspección en el área del proyecto y entrevistó a los
miembros de las comunidades ngäbe sobre los impactos del proyecto. El informe
de la evaluación del PNUD confirmó que la represa provocará la inundación de
casas y sitios religiosos, históricos y culturales en el territorio ngäbe-buglé.
El informe también documentó los impactos del proyecto, incluyendo que la
represa convertirá el flujo del Río Tabasará en un ecosistema de aguas
estancadas, afectando la dieta y medios de subsistencia de los ngäbe.
“A pesar de las evidencias de que la represa tendrá graves impactos en
el modo de vida y herencia cultural del pueblo ngäbe, la construcción del
proyecto continúa”, añadió Weni Bagama.
“Pedimos al Relator Anaya investigue la situación y haga todo lo que esté
en sus manos para proteger los derechos de las comunidades indígenas
afectadas”.
“Los ngäbe
no fueron invitados al foro público en donde se discutió el proyecto y ninguna
de las personas que fueron consultadas eran indígenas o representaban los intereses
de los indígenas afectados”, dijo Tania Arosemena, Directora Legal del Centro
de Incidencia Ambiental (CIAM). “El proceso de consulta pública no cumplió con
los estándares mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales
correspondientes”. CIAM presentó una demanda en 2011 en representación miembros
del pueblo ngäbe, solicitando la declaración de la nulidad de la aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Aún se espera sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de Panamá en este caso.
Varias de las organizaciones que escribieron al Relator Anaya también
plantearon el caso de este proyecto en las negociaciones de la ONU sobre cambio
climático en Bonn la semana pasada. “El proyecto Barro Blanco ilustra la
urgente necesidad de reforma del MDL”, dijo Alyssa Johl, Abogada Sénior del Center
for International Environmental Law (CIEL). “Una vez un proyecto ha sido
registrado como MDL, las comunidades afectadas carecen de mecanismos para que
sus preocupaciones sobre su impacto social y ambiental sean escuchadas. El
régimen climático la ONU debe establecer un proceso que permita a las
comunidades reclamar los daños asociados a proyectos MDL, así como un proceso
para la remoción del registro de proyectos que claramente violan las normas del
MDL como es el caso del proyecto Barro Blanco”.
“Dada la ausencia de un proceso de queja en el MDL y la falta de
protección de los derechos del pueblo ngäbe por el gobierno panameño, las
comunidades requieren el apoyo del Relator Anaya”, dijo Abby Rubinson, Abogada
Asociada del Programa Internacional de Earthjustice. “Apreciamos los esfuerzos
pasados del Sr. Anaya para involucrar al gobierno de Panamá en atender las
preocupaciones de las comunidades ngäbe, y le pedimos que continúe desempeñando
su muy requerido rol para prevenir futuras violaciones”.
Las organizaciones panameñas que firmaron la carta al
Relator Anaya fueron CIAM, Movimiento 10 de Abril, y la Asociación Ambientalista de
Chiriquí. CIEL, Earthjustice, la
Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), International
Rivers, Carbon Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la
Selva and Marin Interfaith Task Force on the Americas son las organizaciones
internacionales que firmaron esta carta.
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Center for International
Environmental Law (CIEL) emplea la fuerza de la ley para la protección del
ambiente, la promoción de los derechos humanos y el aseguramiento de una
sociedad justa y sostenible. CIEL es una organización no gubernamental dedicada
a la defensa del interés público global, incluyendo asesoría jurídica,
investigación de políticas públicas, análisis, educación, entrenamiento y
capacitación.
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) es una
organización no gubernamental que ofrece apoyo legal a individuos y grupos de
la sociedad civil cuando su derecho a un ambiente sano es amenazado o
violentado. CIAM también promueve litigio estratégico para disminuir los
efectos del reto más crítico de nuestros tiempos – el cambio climático.
Earthjustice es una
organización no gubernamental de interés público dedicada a la protección de
los magníficos sitios, recursos naturales y vida silvestre de la Tierra, y la
defensa del derecho de todas las personas a un ambiente sano.
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Original English Version
FOR
IMMEDIATE RELEASE
June 18,
2013
UN Representative on Indigenous
Peoples Asked to Investigate Human Rights Violations Caused by Panama’s Barro
Blanco Dam
Washington,
DC – On Friday, 12 civil society organizations urged the United Nations (UN)
Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya, to conduct
a formal investigation into the human rights impacts of the Barro Blanco dam located
on the Tabasará River in Panama. The
Panamanian and international organizations also asked Mr.
Anaya to call on the government of Panama to immediately halt the dam’s
construction until the threats to the rights of the indigenous Ngӓbe people
affected by the project have been fully addressed. The Barro Blanco controversy received special
attention at the UN climate talks held last week in Bonn, Germany, because the
project is registered under the Clean Development Mechanism (CDM), a carbon
offsetting scheme established under the Kyoto Protocol.
“The
Barro Blanco dam will directly affect Ngӓbe people, yet we were not even
consulted about the project before it was approved,” said Weni Bagama, an
indigenous Ngӓbe leader of the Movimiento 10 de Abril, a community-based
movement defending the Tabasará River from development projects. In September 2011, the UN Development
Programme (UNDP) conducted a fact-finding mission at the project site and
interviewed Ngäbe community members about projected impacts. UNDP’s assessment report confirmed that the
dam will flood homes and religious, historical and cultural sites in the Ngӓbe-Buglé
territory. The report further documented
the project’s impacts, including that the dam will convert the flowing Tabasará River into a stagnant lake ecosystem,
affecting the Ngäbe’s diet and means of subsistence.
“Despite proof
that the dam will have grave impacts on the Ngӓbe way of life and cultural
heritage, the construction of the dam continues,” added Ms. Bagama. “We urge Mr. Anaya to investigate the
situation and do all he can to protect the rights of the indigenous peoples
affected by this project.”
“The Ngäbe were not invited to
the public forum held to discuss this project, and none of the people who were consulted
were indigenous or represented the interests of the indigenous peoples,” said
Tania Arosemana, Legal Director of the Environmental Advocacy Center, Panama
(CIAM by its Spanish initials). “The
consultation process did not comply with the minimum standards demanded by
national and international law on this matter.” CIAM filed a lawsuit in 2011 on behalf of
members of the Ngäbe communities, who challenge the approval of the project’s environmental
impact assessment. That suit is pending.
Several
of the organizations that wrote to Mr. Anaya also raised the Barro Blanco case at
the UN climate talks in Bonn last week. “The
Barro Blanco project illustrates an urgent need for reform within the CDM,” said
Alyssa Johl, senior attorney at the Center for International Environmental Law
(CIEL). “Once a project has been registered under the CDM, affected communities
have no means to voice their concerns regarding the project’s social and
environmental impacts. The UN climate
regime must establish a process that allows communities to seek recourse for
the harms associated with CDM projects, as well as a process to deregister projects
where there are clear violations of CDM rules as in the case of Barro Blanco.”
“Given
the CDM’s lack of a complaint procedure and the Panamanian government’s failure
to protect the Ngäbe’s rights, the communities need Mr. Anaya’s support,” said
Abby Rubinson, associate attorney in Earthjustice’s International Program. “We appreciate Mr. Anaya’s past efforts to
engage the Panamanian government to respond to the Ngäbe’s concerns, and we ask
him to continue to play this much-needed role to prevent further violations.”
The Panamanian
non-governmental organizations (NGOs) that signed the letter to
Mr. Anaya were CIAM, Movimiento 10 de Abril, and Asociación Ambientalista
de Chiriquí. CIEL, Earthjustice, Inter-American
Association for Environmental Defense (AIDA), International Rivers, Carbon
Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la Selva and Marin
Interfaith Task Force on the Americas comprised the international groups that
signed the letter to Mr. Anaya.
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Center for International
Environmental Law (CIEL) uses the power of law to protect the
environment, promote human rights, and ensure a just and sustainable society. CIEL is a non-profit organization dedicated to advocacy
in the global public interest, including through legal counsel, policy
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law organization dedicated to protecting the magnificent places, natural
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