Panamá, domingo 5 de diciembre de 2010
Economía y Negocios
Análisis de una actividad que se extiende por toda América latina
Los dilemas de la minería
Mientras Chile y Costa Rica cuidan de zonas protegidas, Panamá promueve la minería en su Corredor Biológico.
Presione para ampliar
Presione para ampliar
Presione para ampliar
MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com
América Latina concentra el 25% de la inversión minera en el mundo, lo que ha hecho que los países industrializados le presten especial interés a la región, un proveedor de recursos que deja millonarias ganancias.
Se proyecta que para 201s5 este lado del mundo hospede inversiones mineras por 150 mil millones de dólares, de acuerdo con la Corporación de Fomento de la Producción de Chile.
La demanda de bienes básicos de China hace que las expectativas sean altas. Y Panamá al igual que Chile, Perú, Brasil está en el radar de los mineros, quienes vislumbran gloriosos días de exportación.
La Cámara Minera de Panamá (Camipa) estima que en los próximos cinco años la inversión de este negocio en el país será de por lo menos unos 6 mil millones de dólares.
En el último quinquenio la minería aportó a Panamá no más del 1.5% del producto interno bruto (PIB), porque las explotaciones de este sector no incluían costosos minerales como el oro.
Pero con la actual operación de Petaquilla Gold y la futura de Minera Panamá se estima que el aporte al PIB aumente a 7% y 12% anual, dependiendo de los precios de los metales.
Valor de los recursos
Estas dos empresas han escogido como sede de sus extracciones la provincia de Colón, específicamente en tierras que hacen parte del Corredor Biológico Mesoamericano, que se extiende por Centroamérica hasta el Sur de México.
El Gobierno ha declarado su deseo de impulsar la industria extractiva al mirarse en el espejo de países con tradición minera como Chile, en donde las exportaciones de cobre representan el 45% del total de sus envíos al extranjero.
Pero al mismo tiempo hay preocupación por parte de los ambientalistas y poblaciones indígenas sobre los efectos que traería el hecho de hacer grandes perforaciones y kilométricas piscinas de lavado de metales a cielo abierto.
Se alerta sobre la posibilidad de contaminación en un país de bosque tropical con una topografía distinta a la de los países andinos. También hay incertidumbre por la poca efectividad que podría tener la fiscalización de las autoridades.
De allí que haya surgido la inquietud de qué sería mejor: darle prioridad a la conservación de los recursos naturales o convertir al país en un destino minero.
La Camipa destaca que ambas cosas pueden coexistir porque es posible un desarrollo responsable en un área ambientalmente sensitiva.
Costa Rica, un país muy similar a Panamá en cuanto a sus recursos naturales, limitó en noviembre pasado el desarrollo de la minería.
El Parlamento tico sancionó una ley que prohíbe la explotación a cielo abierto, y el uso de cianuro y mercurio, aunque dejó una excepción para la exploración y explotación a pequeña escala.
Los proyectos ya concesionados culminarán sus operaciones hasta que expiren sus contratos, pero las que están en trámite serán archivadas.
Además, un tribunal acogió las demandas de grupos ambientales que alegaban irregularidades en la mina de oro Las Crucitas, por lo que se canceló la concesión.
La Corte Suprema de Chile impidió la construcción de una central térmica de Castilla por considerarla contaminante.
Este proyecto, que implicaba una inversión de 4 mil 200 millones de dólares, se ubicaría a 80 kilómetros de Copiapó, un lugar próximo a áreas protegidas donde habitan lobos marinos y pingüinos.
La decisión se suma a la paralización hace dos meses del proyecto de la central térmica Barrancones, de la franco-belga GDF Suez, a petición del presidente chileno, Sebastián Piñera, a pesar de que su estudio de impacto ambiental estaba aprobado.
La ley de moratoria minera de Costa Rica y las decisiones que tomó Chile manifiestan que ambos estados priorizan la protección del ambiente, según el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), distinto de lo que ocurre en Panamá.
Ambas situaciones reflejan una institucionalidad y separación de poderes consolidada, de acuerdo con la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
El viceministro de Industrias y Comercio, Ricardo Quijano, asegura que el desarrollo minero que impulsan será responsable.
Reveló que no darán nuevas concesiones en áreas protegidas y confía que las minas se conviertan en un generador de riqueza en zonas pobres.
¿Riqueza, para quién?
Siguiendo con el reflejo de los países con experiencia en este negocio, Perú es el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial, pero paradójicamente las zonas concesionadas con la minería coinciden con los lugares más pobres del país, según informes del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo en Perú.
Para la Camipa, hay actividades no reguladas que sí representan un peligro. Hablan de la tala anual de 40 mil hectáreas de bosque por la economía de subsistencia, y estiman que en 20 años desaparecerán los bosques del Corredor Biológico.
En cambio, la visión de este gremio es que en los proyecto mineros, incluyendo el de Minera Panamá, por cada árbol talado se siembran 10 especies nativas en las zonas deforestadas.
Sin embargo, ambientalistas advierten que el área nunca retomará a su estado natural y su rica biodiversidad. Advierten que el drenaje ácido causado por los proyectos durará cientos de años afectando ríos y suelos y Panamá dependerá de una de las actividades más contaminantes del mundo para desarrollarse.
Un sondeo no científico efectuado en prensa.com entre el 2 y 3 de diciembre reflejó que de 286 encuestados, un 64.3% se opone a los proyectos mineros metálicos argumentando como principal razón la posible contaminación ambiental.
Quijano insiste en que se tomarán todas las medidas de mitigación. La minería aparece dentro de los pilares económicos de este Gobierno.
