Noticias Socio - Ambientales
de la Comarca Ngäbe Buglé, Provincia de Chiriquí y República de Panamá.
------------- Celebración y ceremonia de los Petroglifos en Kiad. Patrimonio cultural Ngäbe sumergido por el infame Proyecto Barro Blanco
Distiguida y respetada periodista Castalia Pascual @castaliapascualf basta ya de querer usar argumentos baratos para justificar el servicio de salud deficiente que brinda el gobierno nacional al pueblo Ngäbe Bugle tratando de desviar la verdadera problematica haciendo señalamientos falsos e irresponsables, BASTA YA que a nosotros el pueblo Ngäbe Bugle nos traten como ciudadanos de cuarta y quinta categoria, nosotros tambien somos panameños más respeto por favor.
Aquí le dejo alguna información que estoy seguro que usted desconoce y que le reto a que investigue: -La regional del ministerio de salud comarcal no cuenta con presupuestos, ni los recursos para garantizar los servicios de salud al pueblo Ngäbe Bugle. -Un diputado del oriente Chiricano impidio que el gobierno asignara al hospital de San Felix una partida 3 millones 200mil dolares razón por la cual ese hospital está en abandono total, en ese hosital todos los pacientes estan en una sola sala revuelto con otros pacientes con enfermedades contagiosas sin tener el minimo cuidado y precaución ya que no tienen recursos economico para brindar una atención de salud eficiente. -En la comarca Ngäbe Bugle urge como minimo la construcción de 3 nuevos hospitales con sus respetivos presupuesto tomando en cuenta que nuestra población supera los 150 mil habitantes y que en este momento no tenemos dichos hospitales para garatizar un servicio de salud eficiente para nuestro pueblo. -Las ONGs estan recibiendo mas de 50 millones anuales para realizar giras medicas "Ligas de la salud" con esto se hace un negociado con el servicio de salud del pueblo Ngäbe Bugle, en vez de asignarle esos 50 millones de dolares directamente a la direccion regional de salud comarcal prefieren entregarselo a las ONGs para hacer sus negociados sin embargo esas ligas de la salud solo llegan a los poblados donde hay carreteras, mientras los diferentes puestos salud con desabastecimiento total porque no hay insumo medico.
No podemos aceptar que todo esto lo que ocurre en la comarca Ngäbe Bugle es culpa de los #MamaTadda.
Attt:
Ricardo Miranda Galindo
El hijo del Tabasará
Presidente del Consejo Nacional de la Juventud Ngäbe de Panamá.
An English version of this article is available here La
semana pasada, un grupo de gente caminó en silencio a su sitio
ceremonial al borde de la inundada comunidad indígena de Kiad, en la
provincia de Chiriquí, Panamá. De pie en la fangosa orilla del embalse
de la represa hidroeléctrica de Barro Blanco, el grupo observó las aguas
oscuras y estancadas, y recordó.
La triste y breve ceremonia
marcó el tercer año que los Ngäbe-Buglé no han podido llevar a cabo su
ceremonia anual, que previamente atrajo a cientos de fieles de la vasta
comarca, o territorio Ngäbe-Buglé, a la comunidad de Kiad durante varios
días de celebración y contemplación en las orillas de su sagrado Río
Tabasará. Hoy en día, las enormes piedras cubiertas de antiguos
petroglifos, un misterioso vínculo con sus antepasados, se encuentran en
el fondo de las aguas malolientes.
“Fue una profunda tristeza
para todos los participantes”, dijo Manolo Miranda, educador y líder
Ngäbe. Había pasado más de una década desde que se había juntado con
cientos de su pueblo en una batalla contra la represa hidroeléctrica de
Barro Blanco, que ahora ha llegado a simbolizar los peores excesos del
desarrollo internacional. A pesar de varios indicadores a lo largo del
proceso de que la presa violaba las normas internacionales de derechos
humanos y ambientales, la construcción de la represa continuó. Mientras
se llevaban a cabo las “mesas de diálogo” entre los representantes
indígenas y el gobierno, la empresa comenzó a llenar el reservorio en un
proceso que terminaría destruyendo un río y el modo de vida de un
pueblo.
Manolo
Bagama revisando nuevo aporte en escrito en Ngabe por un estudiante de
lectoescritura Ngäbe. Foto: Jonathan González Quiel
Pero los
residentes de Kiad no se han rendido. Han rechazado los intentos del
gobierno de compensar o reubicarlos, prefiriendo subsistir en una
existencia precaria en las tierras marginales que les quedan y seguir
luchando por sus derechos y su sagrado río. Ahora están a la espera del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a quien
enviaron una carta hace casi un mes.
La carta fue enviada el 9 de
enero de 2019, casi cinco meses después de que el mecanismo de monitoreo
del PNUD, SECU, dio a conocer su investigación, reconociendo que la
agencia no siguió sus propios protocolos con respecto a la debida
diligencia, transparencia, participación, consulta y consentimiento de
los pueblos, y derechos humanos. Desde que se publicó el informe de
investigación de 40 páginas el 15 de agosto de 2018, la comunidad ha
estado esperando una decisión de Achim Steiner, administrador del PNUD.
Mientras
tanto, los Miranda y otros residentes locales también esperan
respuestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los
bancos de desarrollo europeos que prestaron el dinero que hizo posible
el proyecto, al igual que su propio sistema judicial, donde se presentó
otra demanda penal contra Genisa (Generadora del Istmo SA, el
propietario de la presa), que está a la espera de juicio.
Una religión desfigurada
Además
de privar a varias comunidades de sus medios de subsistencia, dañar su
principal fuente de agua e impactar severamente su libertad de
movimiento y comunicación, la presa Barro Blanco, construida
ilegalmente, ha privado a todo el grupo étnico Ngäbe Buglé del libre
ejercicio de su religión, como explican miembros de las comunidades
afectadas en su carta a Achim Steiner.
La carta es una respuesta
de la comunidad a una investigación realizada por el propio mecanismo de
responsabilidad del PNUD, la Unidad de Cumplimiento Social y Ambiental
(SECU), que encontró que la agencia violó sus propios protocolos en su
participación en el proceso. Desde que se publicó el informe final de la
investigación el 15 de agosto de 2018, la comunidad ha estado esperando
una decisión de Steiner, pero sin respuesta. Finalmente, el 9 de enero,
las comunidades escribieron a Steiner, solicitando una investigación
del caso por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras solicitudes.
El
gobierno panameño y la compañía hidroeléctrica, GENISA, ignoraron a
sabiendas los lugares sagrados de los Ngäbe Buglé en la construcción de
la represa, según la carta firmada por Goejet Miranda, presidente actual
del Movimiento 10 de Abril, la organización que representa a las
comunidades afectadas. El PNUD, como facilitador en un diálogo destinado
a resolver el conflicto, también supo del problema y, por lo tanto, fue
cómplice, según la carta.
Archivo: Seguidores de la religión Mama Tata en los antiguos petroglifos (2014). Foto: Oscar Sogandares
“Además
de cementerios ancestrales que han quedado bajo el agua, han afectado
permanentemente el conjunto de petroglifos sagrados donde las
comunidades de toda la comarca se congregaban anualmente a rendirle
tributo al Cacique Tabasará, así como también un lugar de sanación”,
escribió Miranda, refiriéndose al mítico guerrero-líder venerado en sus
tradiciones. “Este embalse les está privando del ejercicio de su
cosmovisión religiosa ceremonial de una manera muy importante, no sólo
para las comunidades afectadas sino para toda la nación Ngäbe Bugle.
Existe la libertad de culto en esta nación y la empresa mediante su
embalse ha violado este derecho, así como el gobierno que lo ha
permitido; han violado la ley y han dañado los petroglifos sagrados,
aparte de hacerlos inaccesibles mediante su embalse y toneladas de
sedimento que lo cubren. Esto en sí constituye una imperdonable
violación a los Derechos Humanos, así como un etnocidio donde se asesina
una cultura, y se destruyen los lugares sagrados de su cultura
religiosa”.
En mayo de 2018, la compañía cerró el flujo del río
para mantenimiento, causando una matanza masiva de peces y destruyendo
efectivamente un ecosistema fluvial que una vez fue muy diverso. Miranda
se encuentra entre quienes demandan a GENISA por daños, dado que las
comunidades ribereñas han perdido no sólo una fuente primaria de
alimento y agua, sino también los huertos de cacao y café que
proporcionaban sus ingresos y el abundante bosque de alimentos que les
brindó su sustento y medicamento tradicional.
El
vaciado del embalse proporcionó a las comunidades una visión breve y
desgarradora de su monumento sagrado. Además de estar cubierto de barro,
aparentemente se han dañado en el proceso, hasta el punto de que apenas
eran reconocibles, según Jonathan Quiel González, geógrafo, conocedor
de los sitios arqueológicos y amigo de la comunidad Kiad desde hace
mucho tiempo.
Después de la breve ceremonia frente al embalse, la
comunidad también marcó su conferencia anual que promueve el lenguaje
escrito Ngäbe-Buglé. La comunidad, donde se recibió el lenguaje escrito
como una transmisión divina, es el hogar de un centro educativo y de
investigación para el idioma, así como el sitio sagrado.
Alrededor
de 100 participantes lucharon para llevar a cabo los tres días de
reuniones debido a la falta de agua para cocinar, beber y lavar, dijo
Weni Bagama, una de los organizadores de la conferencia. “Se ha vuelto
extremadamente difícil organizar eventos ahora debido al hecho de que
nuestro manantial se está agotando y ya no tenemos nuestro río”, dijo
Bagama, quien se encontraba en la Ciudad de Panamá al momento de la
publicación, reunida con una organización nacional de lectoescritura,
para obtener apoyo para su escuela de idiomas.
Weni
Bagama, líder Ngäbe y miembro de la comunidad afectada de Kiad,
presenta la agenda de la reunión anual de la Organización Lecto
Escritura Ngäbe (OLEN). Foto: Jonathan González Quiel
En la
carta a Steiner, solicitaron una nueva investigación por parte de la
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, dando seguimiento a la investigación realizada en el
2013 por el ex relator James Anaya, recomendando que la presa no entrara
en funcionamiento sin la aprobación de las autoridades representativas
de los Ngäbe Bugle, una recomendación que el gobierno y la empresa
hidroeléctrica ignoraron.
También solicitan que el nivel de agua
del embalse se reduzca más allá del límite del territorio Ngäbe Bugle.
Piden que el PNUD se responsabilice de los daños a la comunidad, que los
ha privado de su sustento, y que cualquier pago realizado para
rectificar la situación actual no se considere una compensación por sus
tierras.
“Es
necesario que Naciones Unidas pueda con esto limpiar su imagen que ha
quedado comprometida con la parcialidad con la que participó como PNUD
en la mesa de diálogo en donde el Gobierno Nacional impuso el Proyecto
Hidroeléctrico Barro Blanco limitándole el derecho a la comunidad
afectada en la reclamación de sus derechos”, concluyó la carta.
Informe de la SECU: Historia de un diálogo descarrilado
La
Unidad de Cumplimiento Social y Ambiental se estableció el 1 de enero
del 2015 para monitorear las actividades del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, una agencia que administra presupuestos
anuales de más de $ 5 mil millones de dólares. Es uno de los más nuevos
de una docena de mecanismos de responsabilidad institucional
supervisados por el Accountability Counsel, una organización sin fines
de lucro que busca mejorar la respuesta a las numerosas reclamaciones
en torno al desarrollo del sector público.
Si bien el PNUD no
contribuyó específicamente al proyecto de la presa en este caso, se le
pidió que facilitara un diálogo entre las partes en el 2015, cuando
claramente habían alcanzado un callejón sin salida. Se gastaron más de $
66 millones de dólares en dos proyectos apoyados por el PNUD en Panamá
que incluyeron una serie de 11 “Mesas de Diálogo” que terminaron de la
misma manera en que comenzaron: La Comisión Indígena que representa a la
gente Ngäbe-Buglé no estaba dispuesta a aceptar una presa en su río, y
el gobierno no estaba dispuesto a abandonar una represa que ya estaba
construida en un 95 por ciento.
Después de que los representantes
de las comunidades afectadas se retiraron de las conversaciones, el
gobierno continuó negociando con otros funcionarios de los Ngäbe Buglé, firmando un acuerdo que nunca recibió la necesaria ratificación del Congreso Ngäbe Buglé y fue rechazado en todo el territorio, lo que provocó conflictos amargos.
Miranda
y otros miembros del grupo M10 presentaron una queja ante la agencia el
15 de agosto del 2017, por sugerencia de la Alianza para la
Conservación y el Desarrollo, una de las organizaciones ambientales más
activas de Panamá. En el transcurso de un año, como se evidencia en el
documento de 40 páginas, los investigadores Richard Bissell y Anne
Perrault revisaron minuciosamente los montones de documentos generados
en los años de conflicto alrededor de la represa; entrevistaron a todas
las partes involucradas y viajaron a las comunidades afectadas, donde
vieron por sí mismos sus impactos sociales y ambientales. Ninguno de los
investigadores concedió una entrevista a esta reportera, pero una
lectura cuidadosa del informe permite vislumbrar el infructuoso y
doloroso intento de diálogo para salvar las diferencias
irreconciliables, y lo que sucedió después de ese intento fracasó.
Desde
el principio, la Comisión Indígena dejó en claro que su posición no
cambiaría con respecto a la existencia y operación de una represa en el
Río Tabasará, y le suplicaron al gobierno que pusiera fin al proceso si
no había posibilidad de cancelación del proyecto.
“Tenemos más de
15 años en esta lucha. Seamos honestos y díganos cuanto antes lo que va
a pasar,” dijo uno de los participantes en la segunda reunión, el 27 de
febrero de 2015.”Queremos la cancelación de Barro Blanco porque esta
empresa no consultó con nosotros… Decidamos si se cancelará o no, y
dejemos de malgastar tantos papeles aquí”.
En cada una de las once
reuniones, los representantes indígenas repitieron su solicitud de
cancelación, basándose en la falta de consulta, una declaración de
impacto ambiental defectuosa y otras violaciones.
En la mesa
redonda final, el 18 de mayo, los representantes del gobierno
propusieron reemplazar a Genisa con una compañía diferente y continuar
el diálogo a través de una serie de “mesas técnicas”; la Comisión
Indígena se negó.
“El
problema no es seleccionar a un tercero, sino que se violaron los
derechos de los pueblos indígenas y que el proyecto, finalmente, no va a
cancelarse…”, dijo la Comisión Indígena. “Han perdido la confianza en
el Gobierno”.
Los representantes gubernamentales luego organizaron
una segunda ronda de reuniones con autoridades individuales de los
Ngäbe Buglé que estaban dispuestas a continuar a pesar de la decisión
del M10 de retirarse. Los representantes locales del PNUD continuaron su
participación en las discusiones. El 22 de agosto de 2016, el entonces
presidente panameño, Juan Varela, firmó un acuerdo con la Cacica General
de los Ngäbe-Buglé Silvia Carrera para permitir la operación del
proyecto en una ceremonia a la que asistió el representante de la PNUD
para Panamá. La ceremonia fue interrumpida por los opositores de la
represa, y eventualmente tuvo que ser trasladada a otro lugar.
El
acuerdo es duramente impugnado por miembros de las comunidades Ngäbe
Buglé que señalan que, según su ley, los caciques no están autorizados a
realizar dichos acuerdos sin la ratificación del Congreso.
El
informe de la SECU encontró numerosas deficiencias en el proceso y, en
particular, con el representante de Panamá del PNUD. Si bien no se
nombra a ningún individuo, Martín Santiago Herrero desempeñó ese papel
en ese momento.
Una vez que terminó el proceso de diálogo,
Santiago Herrero se convirtió en el Coordinador Residente de las
Naciones Unidas en Colombia, en el último tramo del problemático proceso
de paz de ese país. La oficina de Panamá del PNUD retiró su
participación en el caso Barro Blanco.
El
equipo de la SECU reconoció el reto de rectificar la situación.
Normalmente, en una revisión de cumplimiento, escribieron, SECU puede
identificar medidas específicas para corregir el incumplimiento y
mitigar los daños a las comunidades afectadas. En este caso, cuando el
representante local del PNUD ha terminado su participación en el caso,
“la adopción de medidas específicas es menos perceptible”.
Sin
embargo, dado el hecho de que el PNUD tiene prohibido participar en
proyectos que violan los derechos de los indígenas como se describe en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (UNDRIP) y dada la preocupación del equipo, “las inundaciones
pasadas y presentes del territorio Ngäbe-Bugle (que ocurrieron y siguen
ocurriendo sin el consentimiento explícito de todos los representantes
pertinentes de Ngäbe-Bugle , p. ej., el Congreso de Ngäbe-Buglé) están
relacionadas con el proceso de diálogo respaldado por el PNUD”,
decidieron recomendar que la oficina de Panamá del PNUD vuelva a
involucrarse en el caso.
El PNUD debería tomar medidas para
garantizar los derechos de los indígenas en virtud de la UNDRIP, y de
los hallazgos relacionados de Anaya, dijeron. Por ejemplo, podría
promover el estudio y la discusión de propuestas como la reducción del
nivel de inundación para evitar impactos en las comunidades Ngäbe Bugle;
y asegurar ingresos en un fideicomiso para la comarca Ngäbe-Buglé, así
como el asesoramiento seguro de una entidad de la ONU encargada de
vigilar los derechos de los indígenas (como por ejemplo el Relator
Especial de la ONU).
Otras recomendaciones tenían que ver con la
aplicación de las lecciones de Barro Blanco para asegurarse de que la
historia no se repita, y que la participación futura del PNUD respete
las directrices de la agencia con respecto a la transparencia, la
inclusión y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas. En particular en Panamá, que tiene un historial de
violaciones de derechos indígenas y una serie de proyectos problemáticos
en el horizonte en tierras indígenas, el equipo recomendó una mayor
atención en la detección de riesgos sociales y ambientales.
Mientras tanto, de vuelta en Kiad
Los
Miranda estaban contentos al recibir el informe de la SECU, aunque
tardaron un tiempo en poder acceder a él, y aún más en descifrar el
lenguaje denso. Pero no tuvieron mucho tiempo para reflexionar sobre
estos hallazgos. En estos días, pasan gran parte de su tiempo tratando
de sacar algún cultivo de los pobres suelos de tierras altas y las
escasas aguas de su manantial que disminuye constantemente. Viven con el
temor de que los pequeños se alejen y caigan en el lodo como arenas
movedizas que rodea el reservorio, como ya lo ha hecho parte del ganado.
Se preocupan por las enfermedades extrañas, posiblemente debido a los
enjambres de mosquitos que antes nunca solían ver.
Recuerdan
tiempos mejores, cuando la vida fluía con abundantes cosechas de frutas
y verduras y medicinas, peces y camarones de sus aguas, ganado que
pastoreaba en abundantes tierras y dinero de las cosechas de cacao y
café, para comprar lo que no podían cultivar. Hubo tiempo para
actividades culturales e intelectuales, como los libros sobre el idioma y
la cosmovisión Ngäbe escritos por el padre de Manolo, también llamado
Manolo; para pintar murales y relajarse con una taza de café; para jugar
con los niños y regocijarse en las claras aguas que fluían de su amado
Tabasará. Los techos de paja y la construcción simple y abierta de sus
hogares y centros culturales podrían no haber llamado la atención a los
ajenos. Pero para ellos era el hogar, y mirando hacia atrás, era el
paraíso.
En estos días, cuando hay tiempo para leer o estudiar, se
trata del derecho ambiental y de los derechos indígenas y humanos, y
por lo general es a la luz de su único panel solar. Es una ironía
punzante que Barro Blanco ni siquiera les proporcione energía eléctrica.
Weni
Bagama, hermana de Manolo y líder de Ngäbe por derecho propio, viajó
por su cuenta junto con otros dos activistas indígenas a Washington, DC
en diciembre, buscando las oficinas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para dar seguimiento a una audiencia. Hace dos años emitieron una medida cautelar que
hasta el momento no ha dado resultados. Pudo ubicar el archivo de su
comunidad en el vasto laberinto de oficinas, y a una persona que estaba
familiarizada con el proceso y la aconsejó sobre los próximos pasos que
deben seguir para reactivar ese caso.
El informe de la SECU trajo
recuerdos amargos de un proceso cargado de engaño, manipulación y
represión, dijo. Pero al menos el equipo tuvo el coraje de venir a la
aldea y enfrentarlos, escuchar su historia y ver por sí mismos. El
informe refleja eso, y ella está agradecida.
“Perdimos
nuestro río, perdimos todo lo que teníamos, y las Naciones Unidas
fueron cómplices en ese proceso”, reflexiona. “Pero al menos SECU lo
aceptó responsablemente, en un foro público, y eso me hizo sentir mejor,
porque al menos se atrevieron a reconocer y ver la verdad”.
Archivo: Las inundaciones de la presa de Barro Blanco tienen comunidades y bosques sumergidos. Foto: Chiriquí Natural
Lecciones aprendidas de Barro Blanco
“Para
ser honesto, Barro Blanco es un ejemplo dramático de todo lo que puede
salir mal en un proyecto de mitigación del clima y del daño que se puede
hacer”, dijo Miriam Vicente Marcos, de Carbon Market Watch, una ONG con
sede en Bruselas que luchó contra la designación de Barro Blanco bajo
el Mecanismo de Desarrollo Limpio, un sistema de comercio de carbono
basado en el mercado establecido en virtud de los Protocolos de Kyoto,
lo que puede terminar haciendo mucho más daño que bien, como lo demostró
Barro Blanco.
Vicente está usando el caso como un ejemplo de por
qué se debería eliminar el MDL. “El MDL le dio credibilidad al reclamo
de reducción de emisiones”, dijo. “Una vez que se ha demostrado que
estos daños sociales y ambientales han estado ocurriendo en el terreno,
el MDL se elimina de la lista, pero eso no impide que el proyecto se
construya. Había una mesa redonda, y luego todo sigue”.
Both Ends,
una ONG con sede en Holanda, ha estado trabajando en este caso desde
que el Banco Europeo de Inversiones estaba considerando invertir en él y
luego se retiró debido a la presión pública. Fue entonces cuando el
banco holandés de desarrollo FMO intervino. Anna Van Ojik, portavoz de
Both Ends, ha visto cómo se desarrollaba la tragedia, incapaz de
convencerlos del error de esta decisión de inversión. La compañía tuvo
un segundo desastre de relaciones públicas con el asesinato de la
activista indígena hondureña Bertha Cáceres. Entre los implicados en el
asesinato estuvieron empleados de DESA, la compañía que ejecuta la
represa de Agua Zarca, que Cáceres murió combatiendo y que fue
financiada por el FMO.
“Que también fue una gran bomba en sus
operaciones”, dijo Van Ojik. “Todos juntos creo que están extrayendo
algunas lecciones de estos proyectos como Barro Blanco y Agua Zarca”.
La
conclusión para las instituciones financieras, dice, es que antes de
tomar la decisión de invertir en un proyecto, es imperativo que las
instituciones de desarrollo se responsabilicen de verificar o aclarar
para asegurarse de que realmente existe consentimiento en el caso de los
pueblos indígenas, y que también hay apoyo de la comunidad en el caso
de las comunidades no indígenas.
“Cualquier cosa que se pueda
hacer para mejorar el intercambio de información y la inclusión de las
comunidades afectadas por un proyecto es muy importante,” dijo. “Las
personas deberían tener una voz en los proyectos de desarrollo que
ocurren en sus tierras y afectan sus medios de vida.
“Si no, entonces al final, el problema también es tuyo”.
Paul
Hartogsveld, portavoz de FMO, reconoció en una entrevista por correo
electrónico que la compañía ha cambiado sus procedimientos en parte como
resultado del caso de Barro Blanco. “Después de que se presentó una
queja en nuestro mecanismo independiente de quejas y un panel
independiente investigó nuestra inversión, se desprendió de las
conclusiones del panel que FMO debería haber tomado más en serio las
preocupaciones de ciertos representantes de la comunidad indígena”,
escribió. Después de un largo proceso consultivo, la compañía actualizó
su política de sostenibilidad en 2017, más específicamente sus
declaraciones de posición sobre derechos humanos y derechos sobre la
tierra, e incluye requisitos de diligencia debida más intensivos para
proyectos de alto riesgo que tienen un impacto significativo en las
comunidades locales.
Los Miranda y otros en las comunidades
afectadas están muy conscientes de la infamia internacional que su caso
ha ganado, aunque en círculos limitados. También son conscientes de que
la financiación para las ONG que los han apoyado en el pasado se está
agotando, ya que se apresuran a responder a las múltiples emergencias
causadas por las industrias extractivas que continúan construyendo mega
represas y minas en todo el país y en todo el mundo.
Mientras las
familias en Brumadinho, Brasil, excavaron desesperadamente en el barro
en busca de sus familiares desaparecidos en la última catástrofe de una
mega represa, los Miranda endurecieron su resolución, determinados a que
su caso, al menos, sirva como una lección para prevenir que algo
similar le suceda a cualquier otra comunidad. Nota del Editor:
La decisión del administrador del PNUD, Achim Steiner, se publicó
mientras se preparaba esta historia para su publicación. La decisión
habló de las lecciones aprendidas, de prevenir deficiencias similares en
el futuro y de desarrollar un programa de sensibilización y
capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas para el
personal de la oficina panameña del PNUD. Se desarrollará un plan de
trabajo para implementar las recomendaciones. Aún no está claro si eso
incluye a las comunidades afectadas, que no se mencionaron en la
decisión. Mientras tanto, las comunidades esperan.
Nota acompañante
Algunos
de los hallazgos del equipo de la SECU (Unidad para el Cumplimiento
Ambiental y Social) del Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo
(PNUD) sobre Barro Blanco fueron:
El representante panameño
del PNUD no cumplió con los requisitos de la agencia para aplicar sus
procedimientos de evaluación ambiental y social. El uso de esos
procedimientos de diagnóstico probablemente habría revelado la
probabilidad de “impactos adversos en el disfrute de los derechos
humanos”, el riesgo de violencia; e “impactos en la cultura indígena, es
decir, fue evidente que el diálogo podría llevar a un acuerdo que
impactaría negativamente en los petroglifos y otras formas de afectación
a la cultura de la comunidad”.
Si bien el representante
panameño del PNUD cumplió con los “compromisos importantes del PNUD en
relación con la debida diligencia, transparencia, participación,
consulta/consentimiento y derechos humanos durante la Mesa de Diálogo,”
el representante “no cumplió con estos requerimientos después de la
conclusión de la Mesa de Diálogo”.
El consentimiento de las
comunidades indígenas no recibió la atención requerida. Por ejemplo, el
PNUD continuó avanzando y participando en el proceso de diálogo
relacionado con Barro Blanco a pesar de la inundación de territorios
indígenas, incluso durante el proceso de diálogo, sin el consentimiento
de la población indígena.
La disposición del representante de
Panamá para continuar el diálogo sin la participación de las comunidades
afectadas fue problemática. “Se estaba involucrando claramente en una
situación plagada de asuntos problemáticos, en especial, aquellos
asuntos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, la
violencia e incluso la muerte,” escribieron. “En las actas de las
primeras reuniones de la Mesa de Diálogo, se hizo amplia referencia a la
necesidad de participación de las comunidades afectadas, además, se
describe el potencial de violencia, paro de actividades del proyecto, y
división entre las comunidades sin la participación de las comunidades
clave en el proceso de diálogo”.
La participación continua de la
oficina local del PNUD ” puede haber sido percibida como una señal de
que la posición de la ONU respecto al diálogo y al PHBB (Proyecto
Hidroeléctrico Barro Blanco) fueron suficientemente respetuosos de los
derechos de los pueblos indígenas”.
La participación del PNUD
fue particularmente problemática debido a los obvios problemas que
provocaron otras investigaciones de las Naciones Unidas: primero, en una
investigación técnica del PNUD en 2013 que reveló fallas importantes en
el estudio del impacto ambiental y, en segundo lugar, por James Anaya,
en ese entonces el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, quien advirtió sobre las
irregularidades en el proceso y la falta de consulta adecuada con el
pueblo Ngäbe. Anaya advirtió que ” no se debería proceder a la
inundación de las tierras del pueblo Ngäbe, ni afectar de otra manera
sus tierras, sin un acuerdo previo con las autoridades representativas
de este pueblo sobre las condiciones de tal inundación o afectación”
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO)
COMUNICADO
"Al cumplirse este 5 de febrero, siete años de las luchas contra las mineras e hidroeléctricas, el pueblo Ngäbe Bukle, sigue clamando justicia.
Al conmemorarse este 5 de febrero, siete años de las muertes de Gerónimo Rodríguez y Mauricio Méndez; en las luchas libradas por nuestro pueblo por su territorio y contra los proyectos mineros e hidroeléctricos, seguimos exigiendo justicia y cárcel para los autores materiales e intelectuales, de estos crímenes.
A parte de luchar por su territorio, nuestrod pueblo viene exigiendo inversiones sociales a través de diversas manifestaciones, como ha sido evidente durante los últimos años, las cuales en todos los casos ha sido reprimidas. Hace falta mayor voluntad y presupuestos para la comarca en materia de salud, educación, agricultura etc. En ese sentido, nos entristece como pueblo, un brote de Tosferina, donde se reporta 81 infectados por esta enfermedad y 9 decesos de niños; por falta de infraestructuras, personal, insumos y programas de salud en el distrito de Bledeshia, específicamente en el Corregimiento de Loma Yuca. Lo que ocurre en los demás distritos y no existe un Plan Urgente, para contrarrestar esta caótica situación de salud, en estas comunidades remotas.
El pueblo Ngäbe Bukle no claudica en la lucha por sus derechos, es así, que viene rechazando el proyecto ETESA, "la cuarta línea de transmisión eléctrica", que se pretende tirar por la comarca Ngäbe Bukle, por la región Ño Kribo, incluyendo el distrito de Santa Fé hasta Colón. Proyecto para la cual la empresa no ha escatimado esfuerzos en financiar grupos, con el supuesto de establecer diálogos y consultas con las comunidades y presentándolo como el inicio de las negociaciones entre un supuesto congreso y la empresa ETESA.
El momento es propicio para rendirle homenaje a nuestros mártires y al pueblo Ngäbe Bukle y campesino, como para reflexionar, denunciar y rechazar los proyectos transnacionales y los acuerdos firmados a espaldas del pueblo por un grupo de pseudo-dirigentes Ngäbes; que han violentan las leyes de la comarca, a cambio de prebendas. Hacemos un llamado al pueblo a estar alerta, a organizarse y movilizarse para rechazar estos proyectos inconsultos, impuestos e ilegales, cuenta con el aval de pseudo dirigentes de la comarca, que han vendido sus consciencias por prebendas a las transnacionales y al gobierno Neoliberal.
Alo Boquete Programa radial dirigido por el Ing. Carlos Enrique Landau por Radio Chiriqui los sabados de 4 PM a 5 PM con noticias ambientales distritales y de la provincia (www.radiochiriqui.com)
Eco Informativo IDIMA (Instituto de Investigacion y Manejo Ambiental) dirigido por el Profesor Demetrio Miranda los sabados de 12:30 PM a 1:30 PM por Radio Chiriqui (www.radiochiriqui.com)
