Represas, desarrollo y monarquías

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PROYECTOS.

Represas, desarrollo y monarquías

Osvaldo Jordán  |  21 jun 2005 - 00:00h

¿Por qué preocuparse por aquellas minorías como los nasos y los ngöbes que aparentemente han decidido nadar en contra de la corriente del desarrollo? Tal vez este sea el motivo por el que las hidroeléctricas en la región occidental de nuestro país todavía no hayan cautivado a la opinión pública con el mismo lustro que los conocidos negociados en concesiones portuarias, la liberación de delincuentes de cuello blanco y la decadencia de nuestras instituciones públicas. Tristemente, más allá de nuestras limitadas percepciones, el represamiento de nuestros caudalosos ríos no sólo refleja, sino que agravará aún más los problemas que hoy día nos afectan.

Con el encarecimiento del combustible, y ante la falta de un verdadero plan energético, el gobierno ha respondido con una solución ensayada y desprestigiada aquí y en otras latitudes: La construcción de hidroeléctricas. En los años setenta, el general Torrijos decidió comprometer al país entero en un ambicioso programa de este tipo con el comedido asesoramiento de un equipo económico que había sido entrenado en aquellos días en los que las cuestiones ambientales parecían no tener mayor importancia. Muchas fueron las promesas que se hicieron: Que se abarataría el costo de la electricidad, se sacaría de la miseria a la población local y se garantizaría la independencia energética del país. Casi treinta años después de que se cerraran las compuertas de Bayano, hoy día sabemos que se destruyeron economías de subsistencia, se despilfarró el capital natural de nuestros bosques, el precio de la electricidad ha continuado aumentando y somos aún dependientes en materia de energía. ¿Quiénes asumieron los costos de estas faraónicas inversiones y quiénes fueron los beneficiados con estos aparatosos elefantes blancos?

Ante estas críticas, los supuestos entendidos en materia económica responden que las nuevas inversiones serán realizadas por la empresa privada, y he aquí la parte más nefasta de toda esta historia. La experiencia reciente ha demostrado que estas concesiones no sólo limitan la rendición de cuentas y los beneficios sociales, sino que tampoco están exentas de la corrupción que hoy día carcome al tejido social de nuestra patria. ¿Cómo prevenir que las concesionarias abusen del ambiente y de los derechos humanos de la población marginada de Bocas del Toro si esto no ha sido posible ni siquiera en las entrañas mismas de la ciudad de Panamá? Con una inversión cercana a los quinientos millones de dólares, ¿no existe acaso la posibilidad de que haya manejos tan turbios como los que ha habido en los contratos de puentes, puertos y carreteras? ¿Ante la desaparición del IRHE, qué estamento del Estado defenderá los intereses de la población que será afectada por los proyectos y de los consumidores que terminarán pagando las facturas?

Al quitarle el envoltorio a la conocida cápsula publicitaria de que los indígenas y los ambientalistas se oponen al desarrollo, queda al descubierto la verdadera naturaleza de nuestras preocupaciones. Lo que necesitamos saber es quién garantizará que en verdad se reduzca el costo de la electricidad si las empresas generadoras tienen la posibilidad de encontrar nuevos clientes y las distribuidoras de aumentar sus ganancias. Recordemos que otrora se mintió diciendo que los ambientalistas nos oponíamos a que PYCSA construyera el Corredor Norte, una obra que se consideraba absolutamente necesaria para eliminar el tranque vehicular en la ciudad de Panamá. Hoy día ya conocemos los resultados vergonzosos de esta apresurada concesión y debemos asegurarnos de que situaciones como esta no se repitan.

Tal vez el día que empecemos a decir la verdad de por qué se quiere llenar al país de lagos artificiales, podremos finalmente descubrir el hilo que enlaza a los campesinos de la cordillera central con el ejecutivo que enciende su computadora en el centro bancario. Así también podremos entender la misteriosa manera en que Tito Santana ha sido capaz de retener su corona durante la transición de gobierno entre Moscoso y Martín Torrijos, aun cuando la población naso ya hace más de un año que le pidió que hiciera sus maletas. ¿Será que el trono se apoya sobre las espaldas de quienes quieren venderle energía a Colombia y a Centroamérica? ¿Quién obtendrá las ganancias y quién asumirá los costos de hipotecar nuestro patrimonio natural? ¿Será acaso el Estado, la población indígena o los inversionistas que al igual que en las celebradas empresas de distribución eléctrica y telefónica han decidido generosamente endeudarse para contribuir al desarrollo de nuestro país

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